MAYAGÜEZ: Varias gasolineras de la región tuvieron el jueves que colocar letreros de “No hay gasolina”, en medio de la llamada “Asamblea Permanente” de los camioneros y transportistas, como resultado de la disputa de estos con la Junta de Control Fiscal (JCF), por las tarifas de acarreo aprobadas por el gobierno y que su aplicación ha sido detenida por el ente federal.

LA CALLE Digital estuvo verificando el efecto de la acción de los camioneros, particularmente en lo concerniente al abasto de combustible en la región más alejada del área metropolitana.

Por ejemplo, la gasolinera Texaco, que está en la marginal de Hacienda Constancia, en el barrio Lavadero de Hormigueros, se había quedado sin gasolina regular el miércoles a las 5:00 de la tarde; mientras que la gasolina “premium” se acabó a las 7:00 de la mañana del jueves.

Solo les quedaba combustible diesel.

Un panorama parecido se veía en otras gasolineras. En las que aún les quedaba gasolina, se estaban comenzando a formar largas filas de automovilistas, como sucedió en la gasolinera Ultra Top Fuel, que está en la marginal del restaurante Sazonao y los de comidas rápidas Burger King y Church’s Chicken.

Ayer, la Junta de Directores de la Unión General de Trabajadores (UGT) aprobó respaldar solidariamente la Asamblea Permanente decretada por el Frente Amplio de Camioneros. Así lo hizo público el presidente del gremio, Gerson L. Guzmán López.

Dándole contexto a la controversia, el Frente Amplio de Camioneros rechazó la intervención de la Junta de Control Fiscal en un asunto que, según ellos, compete resolverse mediante la reglamentación aprobada por el Gobierno de Puerto Rico y los camioneros.

“Los camioneros de Puerto Rico llevan más de 15 años realizando las labores de transporte de mercancías con las mismas tarifas, lo que ha dado lugar a que no se ajusten las mismas a la realidad económica que vive el país en la actualidad. Habiendo celebrado ya las vistas públicas establecidas por el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos, los camioneros reclaman que se respeten las tarifas aprobadas el pasado mes de diciembre de 2020 y se desista, por parte de la Junta de Control Fiscal, de derogar las tarifas y obligar al Gobierno a desregular el mercado de transporte público. Tales medidas, tendrían como consecuencia deteriorar aún más las condiciones en que vienen desempeñándose los camioneros y abrirían el espacio para la competencia desleal de compañías de transporte extranjeras”, denunció Guzmán López.