MAYAGÜEZ: Denuncias por asesinato y varias violaciones a la Ley de Armas fueron radicadas contra Micole A. Vélez Quiñones, de 22 años, a quien se le imputa la muerte violenta de Lennin Alayón Serrano, de 48 años, en hechos ocurridos el pasado domingo, 4 de noviembre, a las 11:00 de la noche, entre los edificios 11 y 12 del residencial Franklin D. Roosevelt de la Sultana del Oeste.
Otras tres personas fueron arrestadas por encubrimiento.
Los presuntos encubridores fueron identificados como a Zinyelise N. Rodríguez Agrón, de 24 años, alias “Prieta”; Joshmary Padua Rivera, de 24 años, conocida por el apodo de “Yaya”; y Luis Ángel Vega Torres, de 28 años.
Aparte del asesinato, a Vélez Quiñones se le acusó por el uso de un arma de fuego sin licencia; posesión de arma de fuego armas largas o automáticas; disparar o usar un arma de fuego; y posesión y uso de municiones.
Como cuestión de hecho, Vélez Quiñones fue arrestado el 5 de noviembre en horas de la noche por personal de la División de Homicidios, a cargo del sargento Aníbal Pérez Acevedo, en los predios del edificio 11 de ese proyecto de vivienda pública. Al sujeto le ocuparon varios casquillos de calibre 9 milímetros, una pistola Glock de 9 milímetros, tres cargadores y 17 balas del mismo calibre.
La juez María Del Pilar Vázquez encontró causa probable para arresto contra Vélez Quiñones, imponiéndole una fianza de $700 mil, que no prestó, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce.
En el caso de los alegados encubridores, Rodríguez Agrón enfrenta denuncias por encubrimiento y por violar el artículo 4.04 de la Ley Sustancias Controladas. La juez Vázquez le encontró causa probable para arresto, señalándole una fianza de $7 mil, que prestó.
Padua Rivera y Vega Torres enfrentan denuncias por encubrimiento, por las que se le encontró causa para arresto y se les impuso fianzas individuales de $5 mil, que también pagaron.
Todas las denuncias fueron sometidas por el agente Julio Rosario Barreto, de la División de Homicidios del Cuerpo Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, junto al fiscal Carlos Cáceres.
