Senador Juan Dalmau propone eliminación de contribución sobre propiedad mueble

EL CAPITOLIO: El senador independentista Juan Dalmau Ramírez aseguró el sábado que se debe considerar el Proyecto del Senado 1041 que busca eliminar la contribución a la propiedad mueble.

La medida del portavoz del PIP en el Senado fue radicada el 8 de agosto de 2018 y busca enmendar la “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad” que lleva vigente desde 1991 y que impone contribuciones sobre el inventario y otras propiedades muebles.

En un comunicado de prensa, el legislador pipiolo emplazó a la Secretaria de Hacienda a “hacer valer sus expresiones recientes” sobre la eliminación del tributo a la vez que expresó que la medida de su autoría tendría un efecto positivo para el consumidor puertorriqueño.

“Radiqué el PS 1041 para que nuestros empresarios sean más competitivos, para hacerle justicia a miles de pequeños y medianos comerciantes, para que puedan tener mayores abastos en el inventario y al mismo tiempo asegurar que en caso de una crisis como la que sufrimos recientemente, podamos tener suficientes reservas alimentarias y de productos de primera necesidad. Este es el momento para acabar por fin con una contribución anacrónica que afecta adversamente en términos económicos a los comerciantes, y pone en riesgo la seguridad de nuestro pueblo”, aseguró Dalmau.

Según el senador Dalmau, es importante hacer una evaluación integrada de lo que son las obligaciones contributivas para hacerle justicia a la clase media y trabajadora del país, ante la consideración de la reforma contributiva que el gobierno insiste en aprobar.

Sostuvo que hay que crear “un verdadero balance con respecto a las obligaciones de los ciudadanos y los recaudos del gobierno”.

“Por lo tanto, insisto que se debe imponer una contribución no confiscatoria ni penalizante a las empresas extranjeras en donde podamos aumentar los recaudos al tiempo que se hace justicia a la clase trabajadora. Un 10 por ciento a la repatriación de ganancias permite un recaudo de $3 mil 700 millones”, dijo.

Senador Juan Dalmau legisla para que consumidores puedan cancelar contratos con compañías de celulares, cable e Internet por falta de servicio

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CAPITOLIO: El portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, anunció el miércoles la radicación del Proyecto del Senado 687, medida dirigida a proteger a los clientes de las compañías de telecomunicaciones que operan en Puerto Rico para que tengan la facultad de cancelar los contratos de servicios acordados con aquéllas sin penalidades en casos en que el servicio resulte interrumpido por 21 días consecutivos o más.

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“La catástrofe ocasionada por el huracán María demostró la incapacidad de las compañías de telecomunicaciones para funcionar ininterrumpidamente en tiempos de crisis. Miles de personas y comerciantes quedaron incomunicadas. Mientras algunas compañías han logrado levantar sus operaciones, otras no. No obstante, muchos ciudadanos y pequeños y medianos comerciantes continúan afectados por los problemas de incomunicación, al verse maniatados por contratos suscritos con compañías cuyas redes permanecen total o parcialmente inhabilitadas. Es necesario, por tanto, posibilitar la oportunidad de que todo consumidor fluya entre compañías, sin exponerse a penalidades o a malograr su historial crediticio. Habida cuenta de que en muchos sectores del país estas empresas continúan incumpliendo con la provisión de servicios al día de hoy. Esta ley provee a los consumidores que así los deseen una protección a su favor ante el incumplimiento de servicio de las empresas de teléfonos celulares”, indicó Dalmau en un comunicado de prensa.

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Dalmau Ramírez explicó que las moratorias parciales que han ofrecido estas empresas son a discreción de las compañías y bajo sus condiciones. La realidad legal es que el consumidor continúa maniatado a un contrato leonino y nada evita que eventualmente reciba extensiones contractuales no deseadas o facturas con cargos por parte las compañías.

“Las empresas de telefonía celular, Internet y sistema de cable han incumplido y tienen que asumir su responsabilidad ante el consumidor. El consumidor puertorriqueño necesita defensas legales ante los contratos abusivos que esas compañías de telecomunicaciones”, concluyó.