Hallan causa para arresto contra exjuez administrativo de San Germán por apropiación fondos públicos

Departamento de JusticiaSAN JUAN: Causa para arresto en cinco cargos graves de apropiación ilegal de fondos públicos contra Ramón Luis Segarra Aponte, exjuez del Tribunal Administrativo Municipal de San Germán, a quien se le imputa falsificar una resolución del Tribunal Supremo en la que se le recomendaba un salario básico de $4 mil mensuales con el propósito de defraudar al Gobierno Municipal sangermeño, para obtener un aumento de sueldo que de otra forma no hubiese obtenido.

Segarra Aponte fue señalado por violaciones al Artículo 193 por Apropiación Ilegal de Fondos Públicos; Artículo 216 por Apropiación Ilegal de Identidad; Artículo 218 por Falsificación de Documentos; Artículo 222 por Falsificación de Licencia; Certificación y otra documentación y el Artículo 224 por Posesión; y Traspaso de Documentos Falsificados del Código Penal de 2004.

La investigación fue realizada por el fiscal de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, Edwin Ortiz Rivera; y el agente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Juan J. Pastrana.

El imputado comenzó a trabajar para el Municipio de San Germán en calidad de director de Recursos Humanos desde el año 2001 hasta el año 2005.  Posteriormente, pasó a ocupar el puesto de Asesor Legal Laboral, y luego, desde el 1 de julio de 2007 hasta el 30 de noviembre de 2011 ocupó el puesto de Juez Administrativo del Tribunal Administrativo de San Germán.

El juez Darrick Cruz del Tribunal Primera Instancia de Mayagüez, luego de evaluar la prueba encontró causa por los delitos imputados, imponiendo una fianza de por un total de $5 mil, la cual fue prestada mediante fiador.

La vista preliminar quedó señalada para el 11 de septiembre.

Regresa al Supremo caso de extinta reina de belleza

Tras reiterar que los tres jóvenes jamás cometieron el crimen por el cual  fueron juzgados y hallados culpables, la defensa de  José A. Caro Pérez, Nelson Ruiz Colón y Nelson Ortíz Alvarez, radicó un recurso de » Certiorari» ante el Tribunal Supremo, en solicitud de que el Alto Foro entre los méritos de la petición y ordene que se le haga una prueba de ADN a los convictos. Los aguadeños cumplen sentencias de cadena perpetua por el crimen de la extinta reina de belleza Glorimar Pérez Santiago, hechos ocurridos hace más de 17 años en una playa del área noroeste.

Aunque los tres reos juraron en todo momento ser inocentes de la violación y asesinato de la joven Pérez Santiago, el jurado que entendió en el proceso llevado a cabo en el Centro Judicial de Aguadilla, los halló culpables en todos los delitos. Familiares de Caro Pérez, Ruiz Colón y Ortíz Alvarez, han mantenido una cruzada durante casi dos décadas para reiterar la inocencia de los jóvenes que se dedicaban al negocio de pizzeria.

A pesar de que dos testigos se retractaron de sus declaraciones, alegando que ninguno de los convictos tuvo relación alguna con el crimen de Glorimar, los tribunales se han negado a revisar el  caso que conmovió a los residentes de la región de Aguadilla.

Incluso, el entonces  juez Reinaldo Franqui Carlo, del Tribunal Superior de Aguadilla, dictaminó con lugar el pedido de los jovenes para que se ordenara un nuevo juicio, pero El Tribunal Apelativo revocó al magistrado del área oeste. Si bien el testigo Luis Martínez, aseguró en sala haber sido presionado para señalar a los 3 acusados como los victimarios de Glorimar, durante la vista ante el juez Franqui Carlo, indicó que ellos nada tuvieron que ver con el asesinato de la joven.

Tribunal Supremo le dice «no» a representante Rivera Guerra

SAN JUAN: En resolución emitida el 5 de este mes, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, dictaminó «no  ha lugar» el recurso de certiorari incoado en ese alto foro por el representante novoprogresista José Luis Rivera Guerra, cuyos abogados pedían la paralización de los procedimientos de revisión radicados en el Tribunal de Apelaciones por el Partido Nuevo Progresista, que demanda se le retire al candidato la certificación expedida a su favor por la Comisión Estatal de Elecciones.

» A la solicitud de certiorari de la parte peticionaria, José Luis Rivera Guerra y a la moción en auxilio de jurisdicción  y en solicitud de paralización de los procedimientos, no ha lugar», señala el Supremo en un documento dado a conocer hoy viernes en horas de la tarde. El Juez Presidente Federico Hernández Denton, hace constar que «provería no ha lugar en esta etapa de los procedimientos».

Con su decisión,  la Corte Suprema de la isla permite que el Tribunal de Apelaciones, siga adelante con los argumentos de las partes, incluyendo, el recurso civil donde el alto liderato del PNP, solicita dejar fuera de la papeleta al legislador por el distrito 17  de Moca-Aguadilla.

A pesar de que la Comisión Estatal de Elecciones, no halló causa de acción para impedir la candidatura de Rivera Guerra,  para las elecciones de noviembre próximo , el alto liderato de la colectividad, incluyendo al gobernador Luis Fortuño, entienden  que el señor Rivera Guerra, no es la persona idónea para representar al partido y a los electores del distrito Moca-Aguadilla.

Aunque una juez del Tribunal Superior de Aguadilla, falló a favor de que Rivera Guerra, fuese certificado como candidato oficial de la palma, el PNP adelantó que seguirá adelante con el recurso para que se le retire la certificación de la CEE.