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Lo  que ocurrió el jueves con la ex gobernadora Sila María Calderón, a quien un individuo, escudado en la libertad de palabra, le faltó el respeto a su condición de dama  y ex mandataria de Puerto Rico, es una situación que debe ponernos a meditar en cuanto a los niveles de intolerancia que estamos viviendo en esta sociedad. A nadie se le niega el derecho a disentir de las actuaciones de un gobierno y a exigir la revisión de decisiones que pudieran perjudicar los mejores intereses de su gente.

Sin embargo, una cosa es protestar de manera pacífica y respetuosa y otra, amenazar, intimidar e impedir que un ciudadano, funcionario público o no, pueda  seguir ejerciendo sus funciones ministeriales sin intromisión de índole alguna.  En el caso de la ex gobernadora Sila María Calderón, la persona que le faltó el respeto, parece no haber aprendido nada sobre la Carta de Derechos de nuestra Constitución.

Impedir que la ex gobernadora pudiera transitar libremente por los terrenos de la Fundación que lleva su nombre, no solo constituye delito, sino, que habla pobremente de individuos que aspiran alguna vez a dirigir los destinos de esta isla.  A menos que este sujeto pretenda que lo  llamen, «el bravo de la película», su trato negativo  hacia  la ex gobernadora Calderón, no ejemplariza a la mayoría  de los jóvenes puertorriqueños, criados en hogares donde sobra la decencia y los valores.

Usted puede o no, simpatizar con doña Sila, el actual gobernador Alejandro García Padilla, o el ex gobernador Fortuño, pero eso no le concede » licencia de Corso»  para amenazar, agredir verbalmente, intimidar y atentar contra la seguridad de nuestras principales figuras políticas. No puede invocar justicia y derechos quien no respeta los derechos del prójimo.