Alejandro García Padilla, gobernador de Puerto Rico (Archivo).

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA/AAA

Mucho se ha hablado los pasados días del informe presentado al país, por el gobernador Alejandro García Padilla y preparado por Ann Krueger, una exdirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI). Un informe de 25 páginas donde se recoge la situación económica del gobierno y hace una serie de recomendaciones, la mayoría de ellas afectarían directamente a los trabajadores.

Pero este informe se suma al otro preparado por Lisa Donahue y que también recoge la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a la vez que hace unas recomendaciones, que casualmente, algunas afectan directamente a los empleados de dicha corporación pública.

En ambos casos, las recomendaciones hechas, tanto por Krueger como por Donahue, son complementarias a lo que ha sido la política pública del gobernador Alejandro García Padilla en lo relacionado a los empleados públicos, eliminar derechos y beneficios.

Desde que empezó su mandato, la política pública que estableció el gobernador, fue atacar al empleado público. La aprobación de la Ley de Retiro, la privatización del aeropuerto, la eliminación de beneficios a través de la Ley 66, así como la eliminación de días feriados resumen las medidas aprobadas que van directamente en contra del servidor público.

Ya escuchamos una vez más al gobernador decir que viene nuevamente a quitar más beneficios y restringir derechos adquiridos por los trabajadores. Ya dijo claramente que estará reduciendo las licencias de vacaciones y las licencias de enfermedad, porque según el expresó, dichas licencias, ligadas a los días feriados son un obstáculo para el desarrollo económico y la creación de empleos.

Lo que el gobernador omitió descaradamente y con el fin de crear opinión pública, es que los días de licencia por enfermedad no pueden ser contabilizados como días libres de los empleados. Esos días están acumulados para ser utilizados en caso de que el empleado se enferme, ya sea por uno o varios días. El decir que se utilizan para ir a la playa, como alegó el gobernador, es mentirle al país con la intención de volcar la opinión pública a su favor.

Lo que hemos visto en los pasados dos años y medio de administración, ha sido una guerra frontal a los empleados públicos del país, en la que incluso sus más recientes expresiones tienen como fin, tildar de vagos a los trabajadores del sector público.

El problema de todo esto, es que salvo algunos sectores de corporaciones públicas, no vemos al sector sindical de los empleados cobijados bajo la Ley 45, manifestándose. Este sector, que ha sido bien afectado por las medidas implantadas, han guardado silencio convirtiéndose en cómplices de todo este ataque despiadado.

Si tanto las medidas implantadas, como las recomendaciones de ambos informes se hubieran hecho en otro país, incluyendo Estados Unidos, hace rato que el pueblo estuviera en la calle protestando. ¿Qué vamos a esperar?