El suspendido alcalde de Guayanilla mientras posaba dentro de la «celda» de la manifestación por la liberación de Oscar López en Ponce (Foto Facebook).
PONCE: El suspendido alcalde popular de Guayanilla, Edgardo Arlequín Vélez, fue encarcelado por orden del juez superior Carlos Salgado Schwarz, luego de que fuera hallado culpable de acoso sexual y de violar la Ley de Ética Gubernamental.
Sin embargo, uno de los abogados de Arlequín Vélez, el licenciado Carlos Padilla, indicó que de inmediato estará radicando un recurso de apelación para revertir el ingreso a prisión del funcionario, quien al momento del veredicto se encontraba suspendido de empleo, pero no de sueldo.
Se informó que en sala estuvo presente Lumarie Torres Pérez, quien fue la empleada de la Oficina de Programas Federales que se querelló contra el incumbente municipal, quien se anticipa, será destituido de su cargo.
La esposa e hijos de Arlequín, al escuchar el veredicto de culpabilidad, comenzaron a llorar y gritarle al juez para que cambiara su dictamen. Ante la actitud, el juez Salgado ordenó sacarlos de sala.
Lumari Torres Pérez decidió querellarse contra el incumbente municipal en la División de Delitos Sexuales de Ponce, el 18 de julio de 2014.
Según se desprende de la investigación, en junio del año 2013 Arlequín Vélez dirigió “palabras impropias, con alto contenido sexual y no deseadas contra la mujer relacionadas a un tatuaje. En ese momento el alcalde pretendió mantener en contra de su voluntad a Torres Pérez en su oficina, al cerrar la puerta con seguro”.
Asimismo, la empleada municipal indicó que en ocasiones posteriores el alcalde continuó con su conducta impropia al hacer comentarios de índole sexual, inclusive en la presencia de sus hijos.
Como resultado de estos hechos, compañeros de trabajo de la dama han indicado bajo juramento que desde los incidentes esta se ha tornado triste, nerviosa y con falta de concentración.
Tras verse afectada en su aspecto laboral y emocional, Torres Pérez ha recibido tratamiento privado y en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).
La investigación concluyó que Edgardo Arlequín Vélez violó el Artículo 135 del Código Penal, correspondiente al delito de acoso sexual. A su vez, incurrió en violación al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, que tipifica como delito grave con pena fija de cuatro años de cárcel el que un servidor público use los deberes y facultades de su cargo para obtener, directa o indirectamente, para él o para persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley.
