REDACCIÓN: Un proyecto de ley que fue presentado por petición de la organización “Ayuda Legal PR” y radicado por la senadora María de Lourdes Santiago, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, fue firmado el viernes en La Fortaleza para denominar la violencia económica como una modalidad de violencia doméstica.

Se trata de la ahora Ley 74-2023 que define violencia económica como aquella conducta ejercida con el fin de menoscabar la capacidad financiera presente o futura, la estabilidad económica y la seguridad habitacional y de vivienda de la mujer.

Algunos ejemplos de esta modalidad de violencia doméstica incluyen el impago de rentas o hipotecas, prohibirle a alguien trabajar, amenazas de desalojo, forzarle a endeudarse o quitarle el control de sus finanzas. La finalidad de este tipo de abuso es ejercer poder y control sobre la persona, colocándola en una posición de dependencia económica, afectando así su autonomía.

La medida legislativa contó con el apoyo de legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Popular Democrático en el Senado, al igual que en la Cámara de Representantes con Denis Márquez Lebrón, portavoz del PIP y representantes del Movimiento Victoria Ciudadana, del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista.

El nuevo estatuto enmienda el Artículo 1.3 de la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, también conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de reconocer la violencia económica como una modalidad de violencia doméstica.

Para la Secretaría de Asuntos de Mujer y Género del PIP la nueva ley permitirá “promover una política amplia para erradicar la violencia doméstica”, al mismo tiempo que se indicó en declaraciones escritas que, “es importante definir de manera clara la violencia económica como una modalidad de violencia doméstica, de manera que contemos con mecanismos que protejan a las sobrevivientes de sus distintas manifestaciones”.