Redoblan vigilancia Policía en residencial Ducós de Aguadilla

AGUADILLA:  Ante confidencias sobre la supuesta intervención de sicarios procedentes de otros puntos de la isla que han tenido enfrentamientos violentos con sujetos de este litoral, efectivos de la Uniformada han redoblado el patrullaje y vigilancia preventiva en las inmediaciones del residencial público Juan J. Ducós.  Aún se investiga la muerte a tiros del jovencito Carlos Acevedo Pérez, sucedida en las afueras del caserío, mientras el infortunado esperaba en una intersección,

Varios individuos lo ultimaron de ocho disparos en diferentes partes del cuerpo. También agentes del Cuerpo de Investigación Criminal dirigidos por el teniente Carlos Peña,  intentan esclarecer otros dos casos reportados recientemente en terrenos del residencial Ducós.

Aunque Ducós es un complejo de vivienda pública donde residen muchas familias cumplidoras de las leyes, en este lugar también se “cuelan” individuos de dudosa reputación que  crean una imágen negativa al residencial. En protección de las personas que viven preocupadas ante la ola de violencia que viene ocurriendo allí, la Uniformada ha redoblado su presencia en el residencial aguadillano.

Con mano libre la Policía para manejar las estadísticas

Ante la determinación del Departamento de Justicia de no recomendar acción criminal contra los funcionarios de la Policía que pudieron haber avalado la manipulación de estadísticas de delitos en esa agencia, ahora la ciudadanía tendrá que pensarlo dos veces si son confiables  las cifras sobre la incidencia de casos graves en Puerto Rico. Lo anterior es el resultado de las averiguaciones llevadas a cabo por fiscales de Justicia, luego de la serie investigativa que fuera publicada en mayo pasado por el diario “El Nuevo Día”.

En los escritos se marcaba una notable diferencia entre las estadísticas que ofrecía a diario la Policía y los números reales en poder del periódico. De la investigación también trascendió, que delitos tipificados como graves aparecían en el renglón de menos graves. Incluso, surgieron serias discrepancias entre los casos de homicidio llegados a conocimiento de la Policía estatal y las muertes reportadas al Instituto de Ciencias Forenses.

No obstante la gravedad de los señalamientos, varios fiscales de Justicia concluyeron que no existe base legal para penalizar a persona alguna por este tipo de “traqueteo”, por lo que todo puede reducirse a sanciones administrativas si es que el superintendente Emilio Díaz Colón, ordena investigar por cuenta propia.

Aunque se da por seguro que a la alta oficialidad de la Uniformada no le preocupa ofrecer al pueblo las estadísticas confiables en cuanto a la criminalidad en la isla, la situación no es tan sencilla como aparenta. La situación amenaza con repercutir en el foro federal, ya que Puerto Rico recibe cientos de millones de dólares anualmente para la lucha contra la criminalidad.