[EDITORIAL] La inteligencia artificial y el poder de manipular la verdad

Conversando en estos días con el licenciado Federico Subervi, quien organiza, junto a otros profesionales un ciclo de conferencias sobre la Comunicación política en tiempos de la Inteligencia Artificial, estuvimos reflexionando sobre ese impacto en la cobertura periodística.

La inteligencia artificial se nos ha vendido como una maravilla tecnológica capaz de optimizar procesos, democratizar el acceso a la información y facilitar la creación de contenido. Y todo eso es cierto. Pero también es cierto que, en el terreno político, la IA se está convirtiendo en una de las herramientas más peligrosas para la democracia moderna.

No por lo que es, sino por quién la usa y para qué.

La historia demuestra que cada avance tecnológico termina siendo absorbido por las estructuras de poder. La imprenta, la radio, la televisión y las redes sociales pasaron por ese proceso. La inteligencia artificial no es la excepción. La diferencia es que ahora la manipulación puede ser automática, masiva y casi invisible.

Hoy, la IA permite fabricar discursos políticos personalizados, diseñados no para informar, sino para provocar emociones específicas: miedo, ira, resentimiento o falsa esperanza. Ya no se trata de convencer con ideas, sino de activar impulsos. La política deja de ser un debate de propuestas para convertirse en una guerra psicológica silenciosa.

El problema se agrava cuando esta tecnología se utiliza para producir desinformación. Noticias falsas con apariencia legítima, imágenes manipuladas, audios fabricados y narrativas diseñadas para sembrar dudas. El objetivo no siempre es que la gente crea una mentira, sino algo peor: que deje de creer en todo.

Cuando el ciudadano ya no distingue entre verdad y ficción, el terreno queda listo para el cinismo, la apatía y el autoritarismo. Una población confundida es una población fácil de controlar.

Ante este escenario, algunos plantean la regulación de la inteligencia artificial como solución. Y sí, regular es necesario. Pero también es peligroso si se hace sin transparencia ni participación ciudadana. En manos equivocadas, la regulación puede convertirse en censura, en control del discurso y en una nueva forma de poder político.

Por eso, el verdadero contrapeso no está solo en las leyes, sino en el periodismo responsable. En tiempos de inteligencia artificial, el periodismo ético no es un lujo: es una necesidad democrática. Verificar, contextualizar, explicar y denunciar el uso indebido de la tecnología se vuelve una función esencial.

La inteligencia artificial no crea la mentira ni la ambición de poder. Solo las amplifica. Es un espejo incómodo de nuestras debilidades como sociedad.

La pregunta de fondo no es si la IA es buena o mala. La pregunta real es esta:

¿Permitiremos que los algoritmos decidan qué es verdad, o defenderemos el criterio humano, la ética y el pensamiento crítico?

De esa respuesta depende mucho más que el futuro de la tecnología. Depende el futuro de la democracia.

Senador PPD denuncia traqueteo con información en gobierno

SAN JUAN: Alarmado por el monto de propiedades reposeídas en manos de los bancos comerciales, el senador por acumulación del Partido Popular Democrático, Eduardo Bathia, tronó esta semana contra el gobernador Luis Fortuño, «por seguir manipulando las estadísticas de la economía a su favor». El legislador se refiere al hecho de que a pesar de que el gobernador hace alardes de un supuesto mejoramiento económico en el sector de la vivienda, el Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), publica estadísticas sobre el monto de residencias y otras estructuras reposeídas por los bancos está en su nivel más alto en la historia.

» El gobierno de Fortuño continúa con su conducta sistemática de esconderle información al pueblo. A inicios de esta semana vimos como el equipo económico de la Fortaleza le mintió al país sobre las cifras de desempleo y ahora le esconden la realidad sobre el sector de la vivienda, acerca de un aumento del 175 por ciento  en cuatro años en el valor de las propiedades reposeídas por los bancos», reiteró Bathia.

Indicó además, » que la crisis en el sector de la vivienda es alarmante». «Aparte de los números oficiales, basta con visitar varias urbanizaciones, condominios o hacer una búsqueda de viviendas para ver la realidad enorme de casas reposeídas», recalcó el legislador del PPD.

» Parece que  el  gobernador vive en otro país», comentó Bathia, quien le exigió cuentas claras a la actual administración del gobernador Fortuño.

Con mano libre la Policía para manejar las estadísticas

Ante la determinación del Departamento de Justicia de no recomendar acción criminal contra los funcionarios de la Policía que pudieron haber avalado la manipulación de estadísticas de delitos en esa agencia, ahora la ciudadanía tendrá que pensarlo dos veces si son confiables  las cifras sobre la incidencia de casos graves en Puerto Rico. Lo anterior es el resultado de las averiguaciones llevadas a cabo por fiscales de Justicia, luego de la serie investigativa que fuera publicada en mayo pasado por el diario «El Nuevo Día».

En los escritos se marcaba una notable diferencia entre las estadísticas que ofrecía a diario la Policía y los números reales en poder del periódico. De la investigación también trascendió, que delitos tipificados como graves aparecían en el renglón de menos graves. Incluso, surgieron serias discrepancias entre los casos de homicidio llegados a conocimiento de la Policía estatal y las muertes reportadas al Instituto de Ciencias Forenses.

No obstante la gravedad de los señalamientos, varios fiscales de Justicia concluyeron que no existe base legal para penalizar a persona alguna por este tipo de «traqueteo», por lo que todo puede reducirse a sanciones administrativas si es que el superintendente Emilio Díaz Colón, ordena investigar por cuenta propia.

Aunque se da por seguro que a la alta oficialidad de la Uniformada no le preocupa ofrecer al pueblo las estadísticas confiables en cuanto a la criminalidad en la isla, la situación no es tan sencilla como aparenta. La situación amenaza con repercutir en el foro federal, ya que Puerto Rico recibe cientos de millones de dólares anualmente para la lucha contra la criminalidad.