Noticias del Área Oeste de Puerto Rico.
MAYAGÜEZ: El alcalde de Maricao, Wilfredo «Juny» Ruiz, aseguró que caficultores de la región montañosa del Oeste de Puerto Rico han tenido que recurrir a mano de obra extranjera, particularmente de Guatemala, para recoger el café ante la falta de interés de los locales para hacer ese trabajo. Dijo que aproximadamente un 40 por ciento de la cosecha se está perdiendo en las fincas.
La absolución del enfermero Eduardo Meléndez Velázquez por la muerte del biólogo Roberto Viqueira ha generado una reacción inmediata y comprensible: indignación, frustración y una profunda sensación de vacío. Para muchos, el fallo no satisface la necesidad de justicia. Para el derecho penal, sin embargo, la discusión quedó cerrada.
Y ahí es donde chocan dos mundos: la justicia legal y la justicia emocional.
Este caso vuelve a poner en el centro del debate dos conceptos fundamentales —y muchas veces incomprendidos— del sistema penal: la defensa propia y el principio constitucional de doble exposición.
La defensa propia no niega la tragedia
Es importante decirlo sin rodeos: una absolución por defensa propia no significa que no hubo una muerte, ni que el hecho carezca de gravedad moral. Significa, estrictamente, que el tribunal entendió que el Ministerio Público no logró probar más allá de duda razonable que el uso de la fuerza fue criminal.
La defensa propia no evalúa quién era mejor persona ni quién “merecía” vivir. Evalúa si, en el momento del hecho, el acusado percibió una amenaza real o inminente y actuó para proteger su vida. Cuando esa alegación no puede ser derrotada con prueba contundente, el derecho penal obliga a absolver, aunque el resultado sea profundamente doloroso.
La doble exposición: el muro que no se puede cruzar
Tras la absolución, muchos se preguntan:
¿Por qué no se puede apelar? ¿Por qué no se puede intentar otra vez?
La respuesta es incómoda, pero clara: la Constitución lo prohíbe.
El principio de doble exposición establece que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos una vez ha sido absuelto. No importa cuán polémica sea la decisión, ni cuán fuerte sea la presión pública. El Estado tuvo su oportunidad, presentó su caso y el tribunal decidió.
Permitir que el Ministerio Público reprocesara a una persona tras una absolución sería abrir la puerta a persecuciones interminables, donde el poder del Estado podría desgastar al ciudadano hasta lograr una convicción por agotamiento, no por prueba.
La doble exposición no protege culpables; protege a todos de un Estado sin límites.
¿Implica esto impunidad?
No necesariamente, pero sí implica una realidad difícil de aceptar: no toda muerte violenta termina en una convicción penal. El derecho penal no castiga tragedias; castiga delitos probados con certeza.
Eso no elimina:
Pero sí marca una frontera clara: el caso penal terminó.
El rol del periodismo frente a decisiones incómodas
En momentos como este, el periodismo tiene una responsabilidad mayor. No es avivar la rabia ni absolver moralmente a nadie. Es explicar, contextualizar y traducir el lenguaje jurídico a una ciudadanía que sufre y cuestiona.
Casos como el de Roberto Viqueira nos obligan a mirar de frente una verdad incómoda: el sistema de justicia no siempre ofrece consuelo, pero existe precisamente para evitar arbitrariedades mayores.
La absolución de Eduardo Meléndez Velázquez no borra la muerte de Roberto Viqueira ni sana el dolor de quienes lo amaban. Pero sí reafirma un principio esencial: el poder punitivo del Estado tiene límites, incluso cuando el resultado es impopular.
La defensa propia y la doble exposición no son excusas legales; son barreras democráticas.
Renunciar a ellas por indignación sería abrir la puerta a un sistema donde la emoción sustituya a la prueba.
Y ese, históricamente, siempre ha sido un camino peligroso.
Conversando en estos días con el licenciado Federico Subervi, quien organiza, junto a otros profesionales un ciclo de conferencias sobre la Comunicación política en tiempos de la Inteligencia Artificial, estuvimos reflexionando sobre ese impacto en la cobertura periodística.
La inteligencia artificial se nos ha vendido como una maravilla tecnológica capaz de optimizar procesos, democratizar el acceso a la información y facilitar la creación de contenido. Y todo eso es cierto. Pero también es cierto que, en el terreno político, la IA se está convirtiendo en una de las herramientas más peligrosas para la democracia moderna.
No por lo que es, sino por quién la usa y para qué.
La historia demuestra que cada avance tecnológico termina siendo absorbido por las estructuras de poder. La imprenta, la radio, la televisión y las redes sociales pasaron por ese proceso. La inteligencia artificial no es la excepción. La diferencia es que ahora la manipulación puede ser automática, masiva y casi invisible.
Hoy, la IA permite fabricar discursos políticos personalizados, diseñados no para informar, sino para provocar emociones específicas: miedo, ira, resentimiento o falsa esperanza. Ya no se trata de convencer con ideas, sino de activar impulsos. La política deja de ser un debate de propuestas para convertirse en una guerra psicológica silenciosa.
El problema se agrava cuando esta tecnología se utiliza para producir desinformación. Noticias falsas con apariencia legítima, imágenes manipuladas, audios fabricados y narrativas diseñadas para sembrar dudas. El objetivo no siempre es que la gente crea una mentira, sino algo peor: que deje de creer en todo.
Cuando el ciudadano ya no distingue entre verdad y ficción, el terreno queda listo para el cinismo, la apatía y el autoritarismo. Una población confundida es una población fácil de controlar.
Ante este escenario, algunos plantean la regulación de la inteligencia artificial como solución. Y sí, regular es necesario. Pero también es peligroso si se hace sin transparencia ni participación ciudadana. En manos equivocadas, la regulación puede convertirse en censura, en control del discurso y en una nueva forma de poder político.
Por eso, el verdadero contrapeso no está solo en las leyes, sino en el periodismo responsable. En tiempos de inteligencia artificial, el periodismo ético no es un lujo: es una necesidad democrática. Verificar, contextualizar, explicar y denunciar el uso indebido de la tecnología se vuelve una función esencial.
La inteligencia artificial no crea la mentira ni la ambición de poder. Solo las amplifica. Es un espejo incómodo de nuestras debilidades como sociedad.
La pregunta de fondo no es si la IA es buena o mala. La pregunta real es esta:
¿Permitiremos que los algoritmos decidan qué es verdad, o defenderemos el criterio humano, la ética y el pensamiento crítico?
De esa respuesta depende mucho más que el futuro de la tecnología. Depende el futuro de la democracia.
SAN JUAN: Del 23 al 26 de febrero, se celebrará en Puerto Rico el ciclo interuniversitario de conferencias Comunicación política en la era de la Inteligencia Artificial: perspectivas nacionales e internacionales, un encuentro que reunirá a académicos, investigadores, periodistas, comunicadores, juristas y estudiantes para examinar cómo la inteligencia artificial, los algoritmos, la desinformación y la automatización del discurso están transformando los procesos democráticos contemporáneos.
El evento es organizado por los profesores e investigadores Dr. Federico Subervi Vélez, Dr. Maximiliano Dueñas, Iván Cardona Jr., y Jocelyn Ponce, se realizará en modalidad híbrida, con actividades presenciales y presentaciones virtuales desde Puerto Rico, Estados Unidos, México, República Dominicana y Europa.
“Estas conferencias son una oportunidad especial y única para aprender sobre cómo se ‘bate el cobre’ cuando se entrelazan la comunicación política y la IA”, señala Subervi Vélez. Además, los conferencistas ofrecerán sugerencias para que el público pueda reconocer y evitar ser manipulado por nuevas estrategias de propaganda política.
Las conferencias y actividades afines se llevarán a cabo en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; la Universidad del Sagrado Corazón; el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico; la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en Hato Rey; la Universidad de Puerto Rico en Humacao; y la Librería Norberto González en Plaza Las Américas.
La jornada inaugural se llevará a cabo el lunes 23 de febrero en el Anfiteatro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPR-Río Piedras, donde se discutirán los marcos de referencia de la comunicación política, los nuevos retos que impone la inteligencia artificial, la desinformación y la transformación del discurso público.
Ese mismo día, en horas de la noche, el ciclo se trasladará al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico con el panel “Aspectos legales y éticos del uso de la inteligencia artificial en campañas electorales y propaganda gubernamental”, enfocado en los desafíos jurídicos, la regulación emergente y la protección de la democracia.
El martes 24 de febrero, la programación incluirá actividades académicas en la Universidad del Sagrado Corazón durante la mañana, y culminará con un conversatorio abierto al público en la Librería Norberto González en Plaza Las Américas, donde reconocidos autores presentarán libros recientes y dialogarán sobre los desafíos de la comunicación política en la era algorítmica.
El ciclo continuará el miércoles 25 de febrero en la UPR-Río Piedras con sesiones dedicadas al análisis crítico de las elecciones de 2024 en Puerto Rico, el papel de los influencers, los algoritmos y la inteligencia artificial en la construcción del mensaje político, así como estudios de caso internacionales.
Ese mismo día, en la noche, la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en Hato Rey será sede del panel: El periodismo bajo ataque: testimonios de credibilidad, poder y democracia en la era algorítmica.
El cierre del ciclo se realizará el jueves 26 de febrero en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, con sesiones dedicadas a la historia de la comunicación política en Puerto Rico y su relación con los procesos de manipulación mediática desde el siglo XIX hasta la actualidad.
“Confiamos que estas conferencias estimulen el desarrollo de más estudios e investigaciones sobre comunicación política en Puerto Rico”, recalcó Subervi Vélez.
Los medios de comunicación, periodistas, estudiantes, profesionales del derecho, la comunicación y el público en general están invitados a participar de este espacio de análisis y reflexión crítica sobre el futuro de la democracia en la era digital. Para más información, detalles de programación y acceso a las transmisiones, pueden comunicarse jponcebarnes@gmail.com.
Con solo dos palabras —“ICE out”— el artista puertorriqueño Bad Bunny logró lo que muchos discursos políticos no han conseguido: colocar la política migratoria de Estados Unidos en el centro de una conversación global.
El mensaje, pronunciado durante la ceremonia de los Grammy 2026, no fue una propuesta legislativa ni un análisis técnico. Fue una objeción moral. Un cuestionamiento directo a la deshumanización que rodea el debate migratorio y al rol de ICE como símbolo de una política percibida por amplios sectores como punitiva y excluyente.
Para Puerto Rico, el mensaje tiene un peso particular. ICE opera en la Isla y sus acciones afectan comunidades migrantes que forman parte del tejido social y económico del país. Sin tener poder decisional sobre la política federal, Puerto Rico sí enfrenta sus consecuencias. Esa contradicción convierte el mensaje de Bad Bunny en algo más que activismo simbólico: lo convierte en un recordatorio incómodo de nuestra posición política.
“Ice out” no va a eliminar una agencia federal. Pero sí reconfigura el debate público. En momentos en que la política institucional parece incapaz de generar consenso o empatía, la cultura vuelve a ocupar ese espacio. Y esta vez, la interpelación llegó desde un escenario global, con voz puertorriqueña.
No fue un eslogan vacío. Fue una pregunta lanzada al poder: ¿hasta cuándo una política migratoria basada en el castigo seguirá definiendo quién merece dignidad?
En Puerto Rico, cada vez que un caso criminal de alto perfil involucra a una persona con aparentes condiciones mentales, surge una frase que se repite casi como un veredicto popular: “no es procesable”. En otros momentos, la palabra que domina el debate es “inimputable”. El problema es que, aunque suenan parecidas, no significan lo mismo. Confundirlas no es un error menor: distorsiona la discusión pública, erosiona la confianza en el sistema de justicia y crea falsas narrativas de impunidad.
Dos conceptos distintos que no deben mezclarse
La diferencia entre una persona no procesable y una persona inimputable no es semántica; es jurídica y fundamental.
La no procesabilidad es un concepto procesal. Se refiere a la capacidad actual de una persona para enfrentar el proceso penal. El sistema de justicia exige que el acusado pueda comprender lo que ocurre en sala y colaborar con su defensa. Si una persona, por una condición mental o de comunicación, no puede hacerlo, el Estado está impedido de juzgarla o sentenciarla en ese momento. No porque sea inocente, ni porque el delito no exista, sino porque el proceso dejaría de ser justo.
Por eso, las Reglas de Procedimiento Criminal prohíben continuar el juicio cuando el acusado está mentalmente incapacitado. El caso no se cae: se suspende. Si la persona recupera su capacidad, el proceso puede reanudarse.
La inimputabilidad, en cambio, es un concepto sustantivo. No mira el presente, sino el momento en que ocurrió el hecho. Una persona inimputable es aquella que, al cometer el delito, carecía de la capacidad mental para comprender la ilicitud de su conducta o para actuar conforme a esa comprensión. En términos simples: no puede ser responsabilizada penalmente, aunque hoy esté plenamente consciente y pueda sentarse frente a un juez.
El error que alimenta la indignación
En el debate público se suele decir que alguien “sale libre porque no es procesable”. Esa afirmación es, en la mayoría de los casos, incorrecta. La no procesabilidad no equivale a libertad automática ni a exoneración penal. Conlleva evaluaciones médicas, medidas de tratamiento y revisiones periódicas ordenadas por el tribunal.
Más aún: una persona puede ser no procesable hoy y plenamente imputable mañana, si recupera la capacidad necesaria para enfrentar juicio. Del mismo modo, una persona puede ser procesable pero inimputable, lo que significa que el proceso se lleva a cabo, pero el resultado no puede ser una condena penal.
Cuando el lenguaje distorsiona la justicia
Usar indistintamente “no procesable” e “inimputable” no solo es un error técnico. Es una forma de desinformación que genera la percepción de que el sistema protege al agresor y abandona a las víctimas. La realidad es más compleja y, precisamente por eso, exige rigor.
La justicia no se debilita cuando respeta el debido proceso; se debilita cuando el debate público se construye sobre conceptos mal entendidos. En un país donde la violencia y la criminalidad generan emociones legítimas, la precisión del lenguaje es una forma de responsabilidad social.
No toda persona que no puede ser juzgada hoy es inocente.
No toda persona que no puede ser castigada es irresponsable moralmente.
Pero solo entendiendo la diferencia entre no procesable e inimputable podemos exigir justicia sin sacrificar derechos, y verdad sin caer en consignas fáciles. En tiempos de ruido, llamar las cosas por su nombre también es un acto de justicia.
Que el Departamento de Salud haya decretado una epidemia de influenza en Puerto Rico no debería sorprender a nadie. Las cifras ya venían en ascenso desde semanas antes. Lo que sí merece un análisis honesto —y sin rodeos— es cómo las aglomeraciones multitudinarias de público, celebradas sin mayores controles, terminan funcionando como aceleradores silenciosos de contagios.
Las recientes Fiestas de la Calle San Sebastián, con una asistencia estimada en más de un millón de personas en apenas cuatro días, representan un ejemplo perfecto de esa realidad incómoda que a veces preferimos ignorar: la cultura del festejo masivo y la salud pública no siempre caminan de la mano.
El escenario perfecto para la propagación
La influenza no es un virus exótico ni misterioso. Se transmite por gotas respiratorias: hablar, gritar, cantar, toser, estornudar. Justo lo que ocurre —de manera intensa y constante— en eventos multitudinarios. Calles estrechas, cuerpos pegados, filas interminables, consumo de alcohol que reduce precauciones y personas que asisten aun con síntomas leves porque “no es nada”.
Todo eso configura un escenario ideal para que un virus respiratorio circule sin resistencia.
Nadie necesita un doctorado en epidemiología para entenderlo: cuando juntas a cientos de miles de personas durante horas, el contagio deja de ser una posibilidad y se convierte en una probabilidad.
El problema no es la fiesta, es la negación
Es importante decirlo claro: la epidemia no comenzó en la SanSe. La transmisión comunitaria ya estaba activa y sostenida. Pero eventos de esta magnitud no ocurren en el vacío. Funcionan como multiplicadores, como gasolina sobre una llama ya encendida.
Negarlo es irresponsable.
El argumento de que “no hay evidencia directa” suele usarse como escudo político, pero en salud pública no siempre se espera la evidencia perfecta para reconocer patrones claros. El periodo de incubación de la influenza —de uno a cuatro días— coincide con los picos de casos reportados posteriormente. Eso no prueba causalidad absoluta, pero sí una relación plausible y predecible.
¿Dónde estuvo el mensaje preventivo?
Si el gobierno sabía —como ahora reconoce— que la influenza estaba fuera de control, ¿por qué no se reforzó el mensaje preventivo antes y durante los eventos?
¿Dónde estaban las campañas visibles de vacunación, el llamado a no asistir con síntomas, el uso voluntario de mascarillas en áreas congestionadas, o incluso advertencias claras al público?
La respuesta es incómoda: nadie quiso ser el aguafiestas.
La salud pública volvió a ceder ante la presión del turismo, la economía informal y la narrativa de “normalidad”, aun cuando los datos advertían lo contrario.
Cultura vs. responsabilidad
Puerto Rico tiene todo el derecho a celebrar sus tradiciones. Pero también tiene la obligación de aprender de sus propias crisis. Después de pandemias, huracanes, terremotos y emergencias sanitarias, insistir en que las aglomeraciones no tienen consecuencias es una forma de autoengaño colectivo.
No se trata de cancelar eventos, sino de organizarlos con responsabilidad, transparencia y medidas claras cuando el contexto epidemiológico así lo exige.
El costo invisible
La epidemia no se mide solo en estadísticas. Se mide en salas de emergencia llenas, ausencias laborales, adultos mayores hospitalizados, niños enfermos, y muertes que, en algunos casos, pudieron evitarse.
Las multitudes no enferman solas. Enferman a otros cuando regresan a sus casas, trabajos y escuelas.
Las aglomeraciones multitudinarias no son las villanas únicas de esta epidemia, pero sí fueron cómplices silenciosas. Ignorarlo es repetir el mismo error: actuar cuando el sistema colapsa, no cuando aún se puede prevenir.
La influenza no distingue entre fiesta y rutina. Y el virus no pide permiso para propagarse.
Cuando nos preparábamos ayer para nuestra entrevista con la doctora Luisa Seijo y con la licenciada María Gaud, de la organización Siemprevivas, en nuestro programa CON BASE Y FUNDAMENTO (WKJB 710 AM), encontramos que la violencia contra las mujeres en Puerto Rico no es un fenómeno aislado ni reciente.
Es una crisis estructural que se manifiesta en agresiones físicas, violencia psicológica, violencia sexual y, en su forma más extrema, en feminicidios. Aunque en años recientes se han fortalecido los sistemas de recopilación de datos, las cifras disponibles confirman una realidad alarmante que coloca a la Isla en sintonía —y en ocasiones en desventaja— frente a los promedios regionales e internacionales.
Muertes violentas de mujeres: un retrato anual
Según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, las muertes violentas de mujeres han mostrado fluctuaciones preocupantes en el periodo reciente:
En 2023, el propio Instituto detalló que 52 por ciento de estas muertes fueron homicidios y 42 porciento suicidios, con la mitad de los homicidios concentrados en mujeres entre 25 y 44 años. Aunque la cifra disminuyó respecto a 2022, continúa siendo elevada para una jurisdicción con poco más de tres millones de habitantes.
La violencia no letal: el día a día invisible
Más allá de la letalidad, los datos de violencia doméstica revelan la frecuencia con la que las mujeres enfrentan agresiones en su vida cotidiana. Un resumen estadístico de 2023 indica que:
Estos números confirman que la violencia física sigue siendo el patrón predominante en los casos que llegan a las autoridades, aunque expertos advierten que la violencia psicológica suele estar subreportada y normalizada.
El riesgo de feminicidio: una alerta temprana
Un estudio conjunto del Departamento de Justicia y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico reveló un dato clave: Una de cada cuatro mujeres que presenta una querella por violencia doméstica enfrenta un riesgo severo o extremo de muerte.
Este hallazgo desmonta la narrativa de que la mayoría de los casos “no escalan” y subraya la importancia de las evaluaciones de riesgo como herramienta de prevención.
Puerto Rico frente al mundo: ¿cómo estamos?
A nivel global, ONU Mujeres estima que alrededor del 30 por ciento de las mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual fuera de la pareja en algún momento de su vida. Es decir, una de cada tres.
En América Latina y el Caribe, la CEPAL reportó que miles de feminicidios ocurren cada año, convirtiendo a la región en una de las más peligrosas para las mujeres. Puerto Rico, aunque no siempre aparece en los rankings internacionales por su estatus político, comparte dinámicas similares: alta letalidad, relaciones de poder desiguales y sistemas de protección insuficientes.
Cuando se compara con países que cuentan con encuestas nacionales robustas —como España—, surge otra brecha: la falta de datos completos y continuos en Puerto Rico dificulta medir la prevalencia real de la violencia sexual y psicológica, más allá de los casos denunciados.
Vacíos de datos, retos de política pública
Diversos organismos internacionales han señalado que Puerto Rico todavía enfrenta retos para:
Sin datos completos, la formulación de políticas públicas efectivas se vuelve cuesta arriba.
Una emergencia que no admite normalización
Las cifras confirman lo que organizaciones comunitarias y feministas han denunciado durante años: la violencia contra las mujeres en Puerto Rico es una emergencia sostenida, no un conjunto de eventos aislados. La reducción en un año específico no equivale a una solución estructural, especialmente cuando una de cada cuatro víctimas enfrenta riesgo real de muerte.
Mientras no se traduzcan las estadísticas en prevención efectiva, protección temprana y rendición de cuentas, Puerto Rico seguirá contando mujeres agredidas, desplazadas y asesinadas. Las cifras no solo informan: acusan. Y obligan al Estado —y a la sociedad— a dejar de mirar hacia otro lado.
MAYAGÜEZ: El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emitió un comunicado de prensa señalando que «en lo que inician los trabajos de transformación del antiguo Zoológico Dr. Juan A. Rivero de Mayagüez y como medida de seguridad para evitar accidentes, miembros del Cuerpo de Vigilantes del DRNA instalaron una serie de rótulos de seguridad en varios portones de entrada al perímetro con el objetivo de informarle a la ciudadanía que no se puede traspasar a dicha facilidad».
El anuncio lo hizo el secretario Waldemar Quiles, quien además informó que brigadas de la agencia continuarán realizando tareas de mantenimiento constante a las áreas verdes del otrora zoológico durante el período antes de comenzar los «trabajos de transformación» de esa instalación.
“Personal de la Oficina Regional del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en el municipio de Mayagüez, en conjunto con miembros del Cuerpo de Vigilantes, instalaron una serie de nuevos rótulos para reiterarle a los ciudadanos que no puedan pasar a los predios del antiguo zoológico, pues el mismo se encuentra listo para el proceso de evaluación y obra de su transformación. Es peligroso la entrada a esas facilidades en estos momentos, por eso reiteramos nuestro llamado a la ciudadanía”, comentó el secretario en declaraciones escritas.
La nueva rotulación recalca que el “Parque está cerrado debido a mantenimiento en las áreas verdes”.
El antiguo Jardín Zoológico de Mayagüez Dr. Juan A. Rivero, como es conocida la facilidad, sufrió devastadores daños con el impacto del huracán María en septiembre de 2017 y fue finalmente cerrado en febrero de 2023 por orden del gobierno federal y gran parte de sus animales fueron trasladados otros zoológicos y santuarios en diferentes partes de los Estados Unidos.
“Desde nuestra llegada al DRNA en enero de 2025, y acorde con las instrucciones de nuestra gobernadora Jenniffer González, hemos agilizado todos los proyectos y trámites que involucran fondos federales asignados. Una de esas obras es la transformación del antiguo zoológico. Logramos que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) reiterara su asignación de $6,205,634.97, fondos logrados por la gobernadora cuando se desempeñaba como comisionada residente en Washington. Esos recursos están ya obligados y el diseño preliminar está completado. Mientras ese proceso culmina, estamos realizando trabajos de mantenimiento continuo a las áreas verdes de la facilidad”, añadió Quiles.
MAYAGÜEZ: Sin respuesta. Así se encuentra la representante Lilibeth “Lilly” Rosas Vargas (PPD/Distrito 19) ante el silencio por parte del secretario de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, sobre el futuro del zoológico de Mayagüez. Según expresó la legisladora la situación tiene preocupados a los residentes de la zona oeste ante el deterioro en el que se encuentran las instalaciones.
“Todavía estoy en espera de una respuesta clara y contundente sobre el futuro del Zoológico de Mayagüez. A pesar de la radicación de la Resolución de la Cámara 444, de mi autoría, la cual busca investigar el estatus del lugar y a pesar de varias promesas realizadas por parte del gobierno, la realidad es que, desde el cierre de operaciones en 2023, se desconocen los pasos realizados y el estatus de las mejoras de las instalaciones. Peor aún es que el secretario de la agencia se limita en las expresiones públicas que hace del tema de las cuales se confirma que en efecto el DRNA ni siquiera brinda el mantenimiento y ornato necesario al lugar, lo que podría representar un problema de seguridad y salubridad”, aseguró Rosas Vargas.
La representante Rosas Vargas alude a declaraciones realizadas por el secretario a un rotativo del país donde indicó que no estaba invirtiendo ahí (en el zoológico) porque si va a construir en dos o tres meses, no vale la pena poner dinero “en algo que no se está usando”.
“Estas expresiones por parte del secretario son preocupantes y denotan la falta de acción por parte de la agencia en conservar un espacio con mantenimiento y ornato, gestión que podría contribuir a abaratar costos para un proyecto futuro”, expresó Rosas Vargas.
“El país necesita conocer con certeza cuál es el futuro del zoológico, cómo ese futuro involucra el sentir, las necesidades y preocupaciones de las comunidades aledañas y del alcalde de Mayagüez, entre otros sectores. Le solicito al secretario Quiles Pérez que responda la solicitud de información cobijada por la resolución en aras de conocer los planes de desarrollo de la instalación”, solicitó la legisladora.
La representante repasó que los planes sobre el desarrollo del zoológico cambiaron desde que cerró operaciones en febrero de 2023, cuando el zoológico dejó de operar.
“En ese momento se dijo que desarrollaría para un ecojardín. Luego el secretario del DRNA, solicitó cambios en el diseño inicial para incorporar un centro de investigación adscrito a la Universidad de Puerto relacionado con las serpientes invasoras. Sin embargo, a casi tres años del cierre todavía se desconoce el futuro real del mismo. Le toca al secretario proveer las respuestas”, señaló Rosas Vargas quien reiteró ofrece seguimiento continuo al tema.
