Editorial

[EDITORIAL] La inteligencia artificial y el poder de manipular la verdad

Conversando en estos días con el licenciado Federico Subervi, quien organiza, junto a otros profesionales un ciclo de conferencias sobre la Comunicación política en tiempos de la Inteligencia Artificial, estuvimos reflexionando sobre ese impacto en la cobertura periodística.

La inteligencia artificial se nos ha vendido como una maravilla tecnológica capaz de optimizar procesos, democratizar el acceso a la información y facilitar la creación de contenido. Y todo eso es cierto. Pero también es cierto que, en el terreno político, la IA se está convirtiendo en una de las herramientas más peligrosas para la democracia moderna.

No por lo que es, sino por quién la usa y para qué.

La historia demuestra que cada avance tecnológico termina siendo absorbido por las estructuras de poder. La imprenta, la radio, la televisión y las redes sociales pasaron por ese proceso. La inteligencia artificial no es la excepción. La diferencia es que ahora la manipulación puede ser automática, masiva y casi invisible.

Hoy, la IA permite fabricar discursos políticos personalizados, diseñados no para informar, sino para provocar emociones específicas: miedo, ira, resentimiento o falsa esperanza. Ya no se trata de convencer con ideas, sino de activar impulsos. La política deja de ser un debate de propuestas para convertirse en una guerra psicológica silenciosa.

El problema se agrava cuando esta tecnología se utiliza para producir desinformación. Noticias falsas con apariencia legítima, imágenes manipuladas, audios fabricados y narrativas diseñadas para sembrar dudas. El objetivo no siempre es que la gente crea una mentira, sino algo peor: que deje de creer en todo.

Cuando el ciudadano ya no distingue entre verdad y ficción, el terreno queda listo para el cinismo, la apatía y el autoritarismo. Una población confundida es una población fácil de controlar.

Ante este escenario, algunos plantean la regulación de la inteligencia artificial como solución. Y sí, regular es necesario. Pero también es peligroso si se hace sin transparencia ni participación ciudadana. En manos equivocadas, la regulación puede convertirse en censura, en control del discurso y en una nueva forma de poder político.

Por eso, el verdadero contrapeso no está solo en las leyes, sino en el periodismo responsable. En tiempos de inteligencia artificial, el periodismo ético no es un lujo: es una necesidad democrática. Verificar, contextualizar, explicar y denunciar el uso indebido de la tecnología se vuelve una función esencial.

La inteligencia artificial no crea la mentira ni la ambición de poder. Solo las amplifica. Es un espejo incómodo de nuestras debilidades como sociedad.

La pregunta de fondo no es si la IA es buena o mala. La pregunta real es esta:

¿Permitiremos que los algoritmos decidan qué es verdad, o defenderemos el criterio humano, la ética y el pensamiento crítico?

De esa respuesta depende mucho más que el futuro de la tecnología. Depende el futuro de la democracia.

[EDITORIAL] “ICE OUT”: cuando Bad Bunny pone a la política migratoria contra la pared

Con solo dos palabras —“ICE out”— el artista puertorriqueño Bad Bunny logró lo que muchos discursos políticos no han conseguido: colocar la política migratoria de Estados Unidos en el centro de una conversación global.

El mensaje, pronunciado durante la ceremonia de los Grammy 2026, no fue una propuesta legislativa ni un análisis técnico. Fue una objeción moral. Un cuestionamiento directo a la deshumanización que rodea el debate migratorio y al rol de ICE como símbolo de una política percibida por amplios sectores como punitiva y excluyente.

Para Puerto Rico, el mensaje tiene un peso particular. ICE opera en la Isla y sus acciones afectan comunidades migrantes que forman parte del tejido social y económico del país. Sin tener poder decisional sobre la política federal, Puerto Rico sí enfrenta sus consecuencias. Esa contradicción convierte el mensaje de Bad Bunny en algo más que activismo simbólico: lo convierte en un recordatorio incómodo de nuestra posición política.

“Ice out” no va a eliminar una agencia federal. Pero sí reconfigura el debate público. En momentos en que la política institucional parece incapaz de generar consenso o empatía, la cultura vuelve a ocupar ese espacio. Y esta vez, la interpelación llegó desde un escenario global, con voz puertorriqueña.

No fue un eslogan vacío. Fue una pregunta lanzada al poder: ¿hasta cuándo una política migratoria basada en el castigo seguirá definiendo quién merece dignidad?

[EDITORIAL] PS 923: cuando el asesinato se usa como consigna política

Mientras Puerto Rico continúa registrando asesinatos vinculados al narcotráfico, la violencia de género y la marginalidad social, el Senado decidió enfocar su energía en un proyecto que no ataca la criminalidad real, sino que reconfigura el Código Penal para adelantar una agenda ideológica. El Proyecto del Senado 923 no es una política pública de seguridad: es un mensaje político disfrazado de protección.

No nace del problema, nace del discurso

El PS 923 se presenta como una medida para atender asesinatos, pero no surge de un análisis criminológico serio ni de un reclamo operativo del sistema de justicia. No responde a fallas en la investigación criminal, ni a la impunidad, ni a la lentitud procesal que permite que asesinos sigan en la calle.

No hay estudios, estadísticas ni informes oficiales que indiquen que el Código Penal carece de herramientas para procesar asesinatos en Puerto Rico. Lo que sí hay es un intento deliberado de redefinir quién es considerado “ser humano” a los fines penales, insertando al concebido dentro del delito de asesinato.

Ese no es un ajuste técnico. Es una redefinición con consecuencias profundas.

Populismo punitivo en lugar de política pública

Cuando el Estado enfrenta una crisis de violencia, tiene dos opciones: invertir en prevención, investigación y justicia, o recurrir al populismo penal. El PS 923 opta por lo segundo.

Se apela a la emoción, al simbolismo y a la moralización del derecho penal, sin resolver los problemas estructurales que permiten que los asesinatos sigan ocurriendo. El resultado no es más seguridad, sino más ambigüedad legal.

El derecho penal no puede usarse como pancarta ideológica sin consecuencias. Cada palabra añadida al Código Penal amplía el poder punitivo del Estado, y ese poder rara vez se ejerce de forma neutral.

El riesgo que nadie quiere discutir

El mayor problema del PS 923 no es lo que dice, sino lo que permite. Al incluir al concebido dentro de la definición de “ser humano” para efectos del asesinato, se abre un campo peligroso de interpretaciones futuras.

Ese cambio podría:

  • Exponer a mujeres a investigaciones criminales tras pérdidas gestacionales.
  • Colocar decisiones médicas bajo escrutinio penal.
  • Trasladar debates de salud pública al terreno criminal.
  • Convertir el embarazo en un espacio vigilado por el Estado.

Todo esto mientras los asesinatos que sí aterran a las comunidades —los de cada fin de semana, los de cada ajuste de cuentas, los de cada caso de violencia doméstica— siguen sin respuestas efectivas.

¿A quién protege realmente el PS 923?

Desde una óptica de política pública, la pregunta es inevitable:

¿Protege esta ley a las víctimas reales de la violencia en Puerto Rico?

La respuesta es incómoda, pero clara: NO.

No fortalece la Policía, no mejora la tasa de esclarecimiento de asesinatos, no apoya a fiscales ni a víctimas. Protege, principalmente, una narrativa política que convierte el Código Penal en un escenario de lucha ideológica.

Y cuando el derecho penal se escribe para enviar mensajes, no para resolver problemas, el sistema deja de servirle al pueblo.

Puerto Rico no necesita más leyes simbólicas. Necesita políticas públicas basadas en evidencia, justicia efectiva y un Estado que proteja sin invadir.

El PS 923 no combate la violencia que mata al país. La desplaza del debate.

Y cuando se legisla mirando la consigna y no la realidad, la justicia deja de ser balanza… y se convierte en arma.

[EDITORIAL] Pauta, poder y silencio: cuando el dinero habla más fuerte que la censura

En Puerto Rico no hace falta cerrar periódicos ni apagar transmisores para influir sobre la prensa. Basta con algo más sutil, menos visible y mucho más efectivo en tiempos de crisis económica: el control del oxígeno financiero. La pauta gubernamental —el dinero que el Estado invierte en publicidad— se ha convertido en uno de los mecanismos de presión indirecta más poderosos sobre los medios de comunicación, no solo en la Isla, sino en toda América Latina.

El debate resurge ahora con los rumores sobre la posible cancelación del programa Cuarto Poder, del analista y abogado Jay Fonseca. Aunque no existe evidencia pública de que el gobierno haya ordenado su salida del aire, el solo hecho de que la discusión cobre fuerza revela algo más profundo y preocupante: la fragilidad del periodismo crítico en un ecosistema mediático económicamente vulnerable.

Influencia sin órdenes

Puerto Rico no vive una censura autoritaria al estilo venezolano, donde el Estado cierra medios, revoca licencias o persigue periodistas. Tampoco ha institucionalizado el uso de la pauta como castigo sistemático, como ocurrió durante décadas en México o Argentina. Sin embargo, la Isla sí comparte un rasgo común con muchos países latinoamericanos: la ausencia de reglas claras, transparentes y fiscalizables para la distribución de la publicidad gubernamental.

Cuando el gobierno es uno de los principales anunciantes en un mercado pequeño y debilitado, el mensaje implícito se entiende sin necesidad de llamadas incómodas ni amenazas explícitas: quien incomoda demasiado, arriesga ingresos. Y en medios que ya operan con márgenes mínimos, ese riesgo pesa.

Este tipo de influencia no deja huellas documentales. No hay memorandos, ni órdenes ejecutivas, ni censores oficiales. Lo que hay es autocensura, cautela editorial y decisiones corporativas justificadas bajo el lenguaje neutro de la “viabilidad económica”.

El caso Cuarto Poder: símbolo

Conviene ser responsables: hasta hoy, no hay evidencia verificable de que Cuarto Poder haya sido cancelado por presión gubernamental. El propio Jay Fonseca ha señalado que el futuro del programa responde a negociaciones contractuales y a la dura realidad del mercado publicitario. Pero el hecho de que amplios sectores asuman inmediatamente una posible intervención política dice mucho del clima de desconfianza existente.

Y esa desconfianza no surge de la nada. Se alimenta de un contexto donde el acceso a la información pública se ha vuelto más lento y restringido, donde nuevas leyes extienden plazos y amplían excepciones, y donde el periodismo investigativo enfrenta obstáculos cada vez mayores para fiscalizar al poder.

Lecciones desde América Latina

La experiencia regional es clara. En México, la pauta fue usada durante años como premio y castigo. En Argentina, como herramienta de polarización. En Venezuela, como antesala del control total. En contraste, países como Chile han demostrado que reglas técnicas, criterios objetivos y transparencia en la publicidad estatal reducen significativamente la interferencia política en los medios.

Puerto Rico aún está lejos de los extremos autoritarios, pero también lejos de los modelos institucionales que protegen la independencia editorial. La Isla se encuentra en una zona gris peligrosa: donde no hay censura directa, pero sí incentivos para el silencio.

El verdadero riesgo

El mayor peligro no es que un programa salga del aire. Es que, poco a poco, el periodismo crítico se vuelva insostenible. Que investigar sea un lujo. Que fiscalizar sea un riesgo financiero. Que incomodar al poder deje de ser una función normal de la prensa y se convierta en una apuesta temeraria.

Cuando el dinero público se convierte en herramienta de influencia, la libertad de prensa no muere de golpe. Se debilita lentamente. Y cuando finalmente se nota su ausencia, ya es tarde para recuperarla.

Puerto Rico todavía tiene tiempo de aprender de la región. Pero para hacerlo, primero debe atreverse a mirar de frente una verdad incómoda: a veces, el silencio no se impone con censura, sino con cheques.

LA CALLE Digital se une en alianza al Centro de Periodismo Investigativo

MAYAGÜEZ: LA CALLE Digital, uno de los principales medios informativos electrónicos del Oeste, anunció el miércoles en la tarde su alianza con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) con el fin de divulgar el trabajo de investigación periodístico que esta organización sin fines de lucro realiza en beneficio de la comunidad.

El periodista Julio Víctor Ramírez, hijo, editor en jefe de LA CALLE Digital, confirmó la unión como medio aliado del CPI en el marco del vigésimo aniversario de LA CALLE como medio informativo y la década de existencia de LA CALLE Digital, que se celebrará el próximo 1 de agosto.

El CPI es una organización de periodismo sin fines de lucro 501(c3) fundada en 2007, dedicada al periodismo de investigación en Puerto Rico.

La misión del CPI es ser un instrumento para promover y defender el periodismo de investigación y el derecho del público al acceso a la información.

El CPI distribuye su contenido bilingüe de forma gratuita, directamente a lectores y medios aliados en Puerto Rico y en el extranjero. Su trabajo ha sido ganador de premios de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club, y de organizaciones internacionales.

“Para nosotros es un honor unirnos como medio aliado al Centro de Periodismo Investigativo y estaremos divulgando su trabajo tanto en LA CALLE Digital como en nuestro programa CON BASE Y FUNDAMENTO, que se transmite de lunes a viernes a las 7:00 de la noche por WKJB 710 AM y el Facebook Live de LA CALLE Digital y todas nuestras plataformas”, dijo complacido el periodista Ramírez.

[EDITORIAL] Caracoles: En par de semanas veremos el resultado

LA PARGUERA: A pesar de que las redes sociales estuvieron cargadas durante todo el fin de semana de fotos y videos de embarcaciones apiñadas y personas aglomeradas sin guardar ningún tipo de distancia en el área del Cayo Caracoles en La Parguera, no fue sino hasta entrada la tarde del domingo cuando a las autoridades les dio con desalojar el área, bajo amenaza de arrestos por violar las disposiciones de la orden ejecutiva vigente.

Esta situación se produjo, no obstante, los continuos llamados de la propia comunidad para que se hiciera cumplir la disposición legal, que como resultado de la pandemia de COVID-19, prohíbe las aglomeraciones, e incluso regula la distancia entre embarcaciones.

Era evidente el comportamiento irresponsable de gente que puso la «bebelata» por encima de su propia salud.

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La Sección 9na de la Orden Ejecutiva 2021-019, vigente hasta el 11 de abril, establece que “en las embarcaciones utilizadas para propósitos recreativos se prohíbe el uso u ocupación entre personas fuera de la unidad familiar o el uso de varias embarcaciones pegadas entre sí”.

Personas que comentaron en las redes aseguraron que, en el caso de Caracoles, las autoridades “miraron para el lado” en lo concerniente a las aglomeraciones de personas y que actuaron de forma tardía, cuando ya prácticamente había concluido el largo feriado de Semana Santa.

No se puede perder de vista que las autoridades están para hacer cumplir las leyes, particularmente si hay disposiciones que ponen en «blanco y negro» la manera de trabajar con estos asuntos.

Los resultados se verán en par de semanas, era el consenso entre la gente que opinó. La preocupacion es que los casos de contagios por COVID-19 aumenten de forma alarmante después de lo que vimos este fin de semana.

En LA CALLE Digital entendemos la importancia de la reapertura económica y el impacto turístico en sectores severamente afectados por la pandemia durante todo este año. Sin embargo, olvidamos que la situación del COVID-19 está lejos de concluir y que la responsabilidad primaria para evitar que se siga propagando es NUESTRA.

El miedo de dormir bajo techo

MAYAGÜEZ: Probablemente hace una semana este panorama pudiera haber resultado hasta absurdo. ¿Dormir en una caseta de campaña frente a mi casa? ¡Nada que ver!

Sin embargo, luego de dos terremotos consecutivos y un numero ya incontable de sismos de diversas magnitudes, desde los menos perceptibles hasta los que nos pusieron el corazón en la garganta, esa idea aparenta ser lo más prudente en estos momentos de nuestra historia.

Si, historia… El terremoto de 1918 quedó en los libros de historia como referencia. La generación que lo vivió ya no está. De eso, solo nos queda el relato de nuestros abuelos y bisabuelos que lo vivieron.

Pero lo que estamos viviendo en el Suroeste de Puerto Rico, es historia. Los que habitamos nuestra hermosa isla, no habíamos experimentado esto. Lo que sabíamos era por lo que veíamos que ocurría en otras partes del Mundo. ¿Pero aquí?, “acho, eso no pasa”.

Por algo se han estado haciendo los ejercicios Shakeout y Caribe Wave, entre otros simulacros coordinados por la Red Sísmica de Puerto Rico, el Negociado de Manejo de Emergencias y los municipios. Por algo se dan orientaciones y charlas. Pero todo nos entraba por el oído derecho y nos salía por el izquierdo.

Tuvimos que literalmente sentir la sacudida de la tierra para enfrentarnos con la cruda y dura realidad de ver nuestros vecinos durmiendo en casetas de campaña en las aceras frente a sus hogares, por el racional temor de que su casa colapse sobre ellos y pase como con el terremoto del 7 de enero… Que los agarre durmiendo.

La misma escena la vimos en refugios que visitamos. Los refugiados de Guánica duermen en catres bajo carpas instaladas en el estacionamiento del coliseo Mariano “Tito” Rodríguez, porque no quieren dormir dentro de la instalación deportiva por miedo a que les caiga encima.

En la antigua Guardia Nacional de San Germán vimos casetas de “camping” fuera del edificio, aunque adentro se colocaron catres.

Y no los culpo. Al contrario, se lo aplaudo.

En medio de una entrevista radial (Con Base y Fundamento – WKJB 710), el gerente de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres del Municipio de Mayagüez, Israel Martínez Cuevas, elogió la práctica y comentó que no descartaba usar la caseta que había adquirido para su hijo, que es miembro de los Niños Escuchas.

Por último, no olvidemos, esto que estamos viviendo va a ser tema de conversación dentro de 100 años, de la misma forma que hoy hablamos del “terremoto del 18”. Se está escribiendo la historia.

Comerciante asesinado en San Germán… Wito solo quería “limpiar” su barrio

Por Julio Víctor Ramírez, hijo

SAN GERMÁN: Halló la muerte sin lograr su propósito, limpiar el barrio Duey Bajo de la Ciudad de las Lomas de la basura y la pudrición que representa la droga y la delincuencia. Coincidía frecuentemente con Wilfredo Sepúlveda Vélez, a quien todos sus amigos conocían cariñosamente por el apodo de “Wito”.

Lo conocí en febrero, a raíz del asesinato del agente encubierto Alfred Zanyet Pérez, de 52 años, adscrito a la División de Drogas de Yauco, que fue ultimado el 15 de febrero de este año, en los predios del negoció Colón Grocery, que era propiedad de “Wito”. Desde entonces, conversábamos sobre la situación de la criminalidad en la Isla, y particularmente, de su deseo de limpiar el barrio en donde vivía de la delincuencia que lo arropa.

“A esos delincuentes hay que sacarlos del barrio. Uno trata de tener un negocio decente, y esos tipos hacen de las suyas impunemente”, recuerdo haberle escuchado decir a Wito, en una de nuestras conversaciones.

Recuerdo cuando algunos de sus amigos le recomendaban que se mudara y vendiera el colmado. Su respuesta era que eso sería «acabar de entregarle el barrio a los bandoleros».

Wito Sepúlveda fue cobardemente asesinado por un sujeto que lo espero oculto en la marquesina de su residencia en el mismo barrio Duey Bajo. Del informe policíaco surge que el asesino usó una pistola calibre .40 para acabar con una vida productiva y de puro trabajo de este hombre de 59 años.

Mi petición a las autoridades policíacas, háganle justicia a “Wito” y honren su deseo, devolviéndole el barrio Duey Bajo a la gente decente.

Políticos: Dejen el conformismo… El cuartel del Poblado Rosario ¡NO DEBE CERRAR!

Durante el fin de semana vino a nuestro conocimiento la noticia del cierre del cuartel de la Policía del Poblado Rosario de San Germán, y lo que vimos el domingo fue la actitud conformista de unos políticos, que aceptarían un mero “patrullaje preventivo”, en lugar de luchar por la comunidad para evitar el cierre de esa dependencia localizada en una comunidad alejada de la zona urbana de la Ciudad de las Lomas.

Para quienes aún no lo saben, el Poblado Rosario es una comunidad establecida en el primer tercio del Siglo 19, en la zona montañosa que está entre los pueblos de San Germán, Mayagüez y Maricao, pero que para efectos jurisdiccionales, forma parte del Municipio de San Germán.

Desde entonces, en el Poblado Rosario desarrolló una identidad propia, prácticamente separada de la Ciudad de las Lomas.

Pero volvamos a la realidad actual…

Para el 2016, en el Rosario se produjo una ola de robos contra comerciantes, que obligó a éstos a tomar sus propias medidas para protegerse, como la instalación de cámaras de circuito cerrado, alarmas y cerraduras de seguridad, entre otras, para de alguna manera enfrentar la situación.

Todo el mundo sabe que el “patrullaje preventivo” que piden en su comunicado de prensa, divulgado el domingo por los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Maricarmen Mas y José Aponte Hernández, brilla por su ausencia en muchas comunidades de Puerto Rico y que en el Rosario no será la excepción.

No queremos pensar que la expresión se hace solo para salir del paso, salvar cara y echarle la culpa a la Junta de Control Fiscal.

Cuando se publicó la nota sobre el cierre del cuartel del Poblado Rosario, un ex residente de esa comunidad comentó algo que nos llamó la atención, y citamos:

“Yo viví en el Rosario por muchos años y es muy peligroso, especialmente de noche, dada la distancia de cuarteles u hospitales. En caso de una emergencia, tardaría demasiado el llegar ayuda y existe mucha gente de edad avanzada que depende de la cercanía y seguridad de un cuartel para auxiliarla.

¡Eliminarlo sería una negligencia criminal y una afrenta al servicio público!”.

Por su parte, el presidente del Capítulo de Mayagüez de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA-AAA), Iván Vargas Muñiz, que reside en el barrio Rosario de Mayagüez, que también depende del cuartel del Poblado Rosario para su seguridad, dijo:

“En vez de exigir que se mantenga abierto, solo piden que pase una patrulla de vez en cuando y ya. El conformismo es lo que nos tiene así”.

Legisladores, el “patrullaje preventivo” no es suficiente para comunidades alejadas de la zona urbana, como lo son Poblado Rosario y los barrios Rosario Alto y Rosario Peñón de San Germán; así como el barrio Rosario de Mayagüez.

El mensaje para el comisionado Henry Escalera tiene que ser: ¡EN EL ROSARIO NECESITAN SU CUARTEL!

Así nadie “echa pa’ lante”… El Gobierno es el peor enemigo de los comerciantes en Puerto Rico

¿Cómo pretenden que se levante la economía, si el peor enemigo que tiene el comerciante es el propio gobierno?

En esta semana hemos sido testigos de cómo empresas han sufrido pérdidas económicas por la aparente falta de diligencia y rapidez de agencias gubernamentales al otorgar los permisos para que comerciantes, particularmente pequeños, puedan operar sus establecimientos y ayudar a echar hacia adelante la maltrecha economía de esta bendita isla.

Por ejemplo, el dueño de un negocio recién abierto en Mayagüez tuvo que esperar casi dos meses para conseguir los permisos gubernamentales para operar. Mientras tanto, estuvo pagando renta por el lugar y otros gastos, como por ejemplo energía eléctrica, sin aún haber tenido ni un dólar de entrada.

“Desde hace tiempo estábamos listos, e hicimos gestiones con suficiente tiempo de anticipación con las agencias, pero hemos tenido que esperar todo este tiempo. Sin ganancias. Y hemos cumplido al pie de la letra con todo lo que nos impusieron”, explicó el comerciante.

Mientras tanto, otro negocio que tenía pautado abrir a las 12:00 del mediodía el jueves de esta semana, no pudo abrir a esa hora, por “un papelito” que hacía falta. Después de llevar horas en la agencia gubernamental que les debía el documento, finalmente pudieron abrir a las 5:00 de la tarde.

Entre las 12:00 y las 5:00, los empleados uniformados se “estaban mirando las caras” dentro del negocio cerrado, cobrando, ya que a algún burócrata no le dio la gana de tener listo el documento del permiso para la hora de la apertura.

Esa es la historia con la que comerciantes, especialmente jóvenes emprendedores, se encuentran cada vez que tienen un proyecto.

 

Y todavía preguntan por qué la gente se está mudando.