En Puerto Rico no hace falta cerrar periódicos ni apagar transmisores para influir sobre la prensa. Basta con algo más sutil, menos visible y mucho más efectivo en tiempos de crisis económica: el control del oxígeno financiero. La pauta gubernamental —el dinero que el Estado invierte en publicidad— se ha convertido en uno de los mecanismos de presión indirecta más poderosos sobre los medios de comunicación, no solo en la Isla, sino en toda América Latina.

El debate resurge ahora con los rumores sobre la posible cancelación del programa Cuarto Poder, del analista y abogado Jay Fonseca. Aunque no existe evidencia pública de que el gobierno haya ordenado su salida del aire, el solo hecho de que la discusión cobre fuerza revela algo más profundo y preocupante: la fragilidad del periodismo crítico en un ecosistema mediático económicamente vulnerable.

Influencia sin órdenes

Puerto Rico no vive una censura autoritaria al estilo venezolano, donde el Estado cierra medios, revoca licencias o persigue periodistas. Tampoco ha institucionalizado el uso de la pauta como castigo sistemático, como ocurrió durante décadas en México o Argentina. Sin embargo, la Isla sí comparte un rasgo común con muchos países latinoamericanos: la ausencia de reglas claras, transparentes y fiscalizables para la distribución de la publicidad gubernamental.

Cuando el gobierno es uno de los principales anunciantes en un mercado pequeño y debilitado, el mensaje implícito se entiende sin necesidad de llamadas incómodas ni amenazas explícitas: quien incomoda demasiado, arriesga ingresos. Y en medios que ya operan con márgenes mínimos, ese riesgo pesa.

Este tipo de influencia no deja huellas documentales. No hay memorandos, ni órdenes ejecutivas, ni censores oficiales. Lo que hay es autocensura, cautela editorial y decisiones corporativas justificadas bajo el lenguaje neutro de la “viabilidad económica”.

El caso Cuarto Poder: símbolo

Conviene ser responsables: hasta hoy, no hay evidencia verificable de que Cuarto Poder haya sido cancelado por presión gubernamental. El propio Jay Fonseca ha señalado que el futuro del programa responde a negociaciones contractuales y a la dura realidad del mercado publicitario. Pero el hecho de que amplios sectores asuman inmediatamente una posible intervención política dice mucho del clima de desconfianza existente.

Y esa desconfianza no surge de la nada. Se alimenta de un contexto donde el acceso a la información pública se ha vuelto más lento y restringido, donde nuevas leyes extienden plazos y amplían excepciones, y donde el periodismo investigativo enfrenta obstáculos cada vez mayores para fiscalizar al poder.

Lecciones desde América Latina

La experiencia regional es clara. En México, la pauta fue usada durante años como premio y castigo. En Argentina, como herramienta de polarización. En Venezuela, como antesala del control total. En contraste, países como Chile han demostrado que reglas técnicas, criterios objetivos y transparencia en la publicidad estatal reducen significativamente la interferencia política en los medios.

Puerto Rico aún está lejos de los extremos autoritarios, pero también lejos de los modelos institucionales que protegen la independencia editorial. La Isla se encuentra en una zona gris peligrosa: donde no hay censura directa, pero sí incentivos para el silencio.

El verdadero riesgo

El mayor peligro no es que un programa salga del aire. Es que, poco a poco, el periodismo crítico se vuelva insostenible. Que investigar sea un lujo. Que fiscalizar sea un riesgo financiero. Que incomodar al poder deje de ser una función normal de la prensa y se convierta en una apuesta temeraria.

Cuando el dinero público se convierte en herramienta de influencia, la libertad de prensa no muere de golpe. Se debilita lentamente. Y cuando finalmente se nota su ausencia, ya es tarde para recuperarla.

Puerto Rico todavía tiene tiempo de aprender de la región. Pero para hacerlo, primero debe atreverse a mirar de frente una verdad incómoda: a veces, el silencio no se impone con censura, sino con cheques.