[COLUMNA] ¿Quién manda en el DRNA?

Por Víctor Alvarado Guzmán, secretario de Asuntos Ambientales del PIP

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) es, en teoría, la agencia que tiene la responsabilidad de proteger los ecosistemas más valiosos de Puerto Rico. Sin embargo, la pregunta que surge a raíz de los últimos acontecimientos es inquietante: ¿quién manda realmente en el DRNA?

El actual secretario, Waldemar Quiles Pérez, se ha visto en el centro de decisiones que ponen en duda hasta dónde llega su autoridad. La más reciente se relaciona con la muerte de tres manatíes en Salinas desde que comenzó el 2025. Quiles, alarmado por el impacto que tienen las motoras acuáticas (jet ski) sobre esta especie en peligro de extinción, delegó la redacción de una orden administrativa para prohibir el uso de estos vehículos en esa zona.

La medida, que tiene un fin loable, busca reducir las lesiones que sufren los manatíes por choques con hélices de motoras acuáticas que circulan a exceso de velocidad en la Bahía de Salinas. La Ley de Navegación y Seguridad Acuática ya establece un límite máximo de cinco millas por hora en marinas y áreas de anclaje, precisamente para evitar oleajes que afecten a embarcaciones y fauna marina.

No obstante, según el propio Quiles, hay quienes hacen caso omiso y ponen en riesgo tanto la vida marina como la seguridad de otras personas. Además, la falta de personal que aqueja al DRNA es un obstáculo para atender la situación y expedir las multas requeridas por las infracciones en el mar.

“Esto nos debe tomar un tiempo razonable y recibir el visto bueno de más arriba”, reconoció el secretario al anunciar la iniciativa. Esa frase —“más arriba”— revela una dinámica poco discutida: el jefe de Recursos Naturales no es quien toma las decisiones en la agencia. Sus disposiciones deben pasar por un filtro de supervisores superiores. Pero ¿quiénes son y en qué momento se convierten en un poder prominente dentro de la agencia?

En la práctica, el DRNA parece operar bajo una jerarquía donde el secretario no siempre tiene la última palabra. La pregunta clave es si esas instancias “más arriba” responden a criterios técnicos de conservación ambiental o a presiones políticas y económicas. La tensión entre lo legal, lo ambiental y lo político es una constante en la historia reciente de esta dependencia.

Un ejemplo claro se dio a inicios de este mismo año, cuando Quiles firmó la Orden Administrativa 2025-01 que legalizó las casetas construidas ilegalmente en La Parguera, en Lajas. Estas estructuras, levantadas sobre terrenos marítimo-terrestres, han sido objeto de controversias legales y ambientales durante décadas. Organizaciones ambientales, expertos en derecho y hasta informes legislativos habían coincidido en que muchas de esas casetas representan una ocupación ilegal de bienes de dominio público.

La decisión de Quiles, más que resolver el problema, lo profundizó. Para sus críticos, fue una medida política que abrió la puerta a la privatización encubierta de áreas naturales, beneficiando a grupos con poder económico y conexiones políticas, como el caso de los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón.

Esa experiencia en La Parguera genera dudas sobre la nueva orden propuesta para la bahía de Salinas. ¿Será verdaderamente un ejercicio de facultad para proteger al manatí o terminará diluyéndose en el laberinto de aprobaciones “de más arriba”? La respuesta no es clara. Lo que sí está sobre la mesa es que, incluso cuando Quiles expresa determinación —“no tengo miedo en ejercerla, que me lleven a corte”—, admite que depende de un aval jerárquico.

El caso de las motoras acuáticas también plantea otro dilema: mientras se intenta restringir su uso en un área crítica para los manatíes, se mantiene libre la circulación de botes en la misma bahía. Algunos sectores ya anticipan que esta diferencia podría interpretarse como discriminatoria o inconsistente, lo que añade más presión política y legal a la medida.

Lo que ocurre en el DRNA es un reflejo de la fragilidad institucional en Puerto Rico. Una agencia llamada a ser guardiana de la naturaleza opera bajo sombras de presiones externas, conflictos internos y decisiones administrativas que no siempre responden al interés público. Cuando un secretario admite que sus órdenes requieren aprobación “más arriba”, se diluye la idea de que la protección ambiental está en manos de quienes se supone lideran esa misión.

Por eso la pregunta inicial cobra más fuerza: ¿quién manda realmente en el DRNA? Algunos pensarán que la contestación es obvia. Pero, mientras no se aclare esa línea de mando, las decisiones sobre el futuro de nuestras playas, bosques, arrecifes y especies en peligro seguirán siendo rehenes de intereses ajenos a la conservación. Y eso, en un país que depende tanto de su entorno natural, es un riesgo demasiado grande.

DRNA incauta 100 cotorras durante operativo en Sabana Grande

SABANA GRANDE: El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) informó que miembros del Cuerpo de Vigilantes intervinieron con una persona residente en Sabana Grande que se dedicaba, presuntamente de forma ilegal, a importar cotorras de la raza “ringneck”.

Durante el operativo, los vigilantes incautaron unas 100 de estas cotorras.

“En la tarde de hoy nuestros vigilantes intervinieron con una persona que tenía en su residencia unas 100 cotorras “ringneck” sin los permisos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para su importación y crianza. Los miembros del Cuerpo de Vigilantes que laboraron este caso desde que inició en la oficina dentro del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín con el trabajo de un grupo de técnicos de Internet, entre otros”, se informó en un comunicado de prensa.

Se alega que la persona intervenida tenía un negocio de venta de estas aves que fluctuaban entre los $250 y $300 por cotorra. Esto es una violación a los articulados de la Ley 93-2025. Esta persona se expone a multas que podrían ascender hasta $500 por cada ave.

Las cotorras serían trasladadas al Centro de Detención de Especies Exóticas del DRNA, que está localizado en la reserva natural del Bosque de Cambalache en Arecibo.

Solicitan al DRNA transparencia e información sobre licencias y permisos de caza

REDACCIÓN: Las organizaciones Vínculo Animal PR y el proyecto JUSTA P.R. (Justicia Animal PR), anunciaron el envío de una carta al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, solicitando la publicación inmediata de toda la información relacionada con las licencias y permisos para la caza de animales en Puerto Rico.

La solicitud se fundamenta en lo dispuesto por la Ley Núm. 241-1999, Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico, así como en las Leyes Núm. 122-2019 (Ley de Datos Abiertos) y Ley Núm. 141-2019 (Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública).

Se solicita que esta información sea publicada en el portal del DRNA de manera clara, accesible y actualizada, incluyendo detalles como el tipo de licencia, nombre del titular, fechas de emisión y vigencia, incluyendo ubicación y cantidad de cotos de caza en Puerto Rico.

Ambas entidades activistas recalcaron que esta gestión se realiza con el propósito de proteger a los animales, promover la fiscalización ciudadana y garantizar que el Estado cumpla con su obligación legal de transparencia.

Fuerte ofensiva contra el “voceteo” en el mar

REDACCIÓN: El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) anunció hoy que personal del Cuerpo de Vigilantes, junto a miembros de la División de Vigilancia Marítima del Negociado de la Policía estuvieron orientando a los aficionados de navegación sobre la entrada en vigor de la Orden Administrativa 2025-02 la cual prohíbe la práctica del llamado “voceteo” en reservas naturales y zonas de playa.

“Este fin de semana, personal del Cuerpo de Ingenieros, junto a miembros de las Divisiones de Vigilancia Marítima del Negociado de la Policía en los municipios de Fajardo y Ceiba estuvieron navegando por las islitas, como Icacos y Palomino, que componen la famosa ‘Cordillera’, a las afueras de Fajardo, para orientar a los propietarios de embarcaciones, así como a todo aficionado a la navegación, sobre la entrada en vigor de la orden Administrativa 2025-02 la cual prohíbe la práctica del voceteo en reservas y playas”, comentó Waldemar Quiles, secretario del DRNA.

El pasado lunes se produjo la firma de la Orden Administrativa 2025-02, que prohíbe el uso de sistemas de sonido de alto volumen en vehículos y embarcaciones dentro de las áreas naturales protegidas bajo la jurisdicción del DRNA.

La nueva orden prohíbe la contaminación acústica generada por el voceteo, una práctica en la que vehículos y embarcaciones modifican sus sistemas de sonido para alcanzar niveles de ruido excesivos. Esta actividad ha sido objeto de numerosas quejas ciudadanas debido a su impacto en la tranquilidad y el equilibrio ecológico de estas áreas protegidas.

La orden administrativa puede ser accedida visitando la página del DRNA en la Internet (www.drna.pr.gov).

Intensa búsqueda de cazador perdido en Mona

MAYAGÜEZ: Continuaba la intensa búsqueda en horas de la mañana del cazador Ángel L. Ferrer Pabón, de 64 años, reportado como desaparecido en la Isla de Mona, mientras que el secretario designado del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, suspendió temporalmente los permisos de caza en la isla localizada al oeste de Puerto Rico.

Ferrer Pabón formaba parte de un grupo de seis personas que tenían un permiso para cazar en Mona y el último lugar donde fue visto fue en el área conocida como el “Corral de los Cerdos”, en el Camino del Indio.

Se informó que el lugar es cercano a la zona de Playa Pájaros, sector designado para acampar.

La búsqueda de hoy comenzó a las 6:00 de la mañana, luego de que se detuviera el rastreo que se detuviera sin éxito a las 7:30 de la noche.

Como parte de los esfuerzos de búsqueda de Ferrer Pabón, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), coordina con el DRNA, el Strike Team de la zona de Mayagüez, la Policía de Puerto Rico y la Guardia Costera de los Estados Unidos.

El diario El Vocero informó en su sitio web que la temporada de caza en Isla de Mona se extiende de diciembre a abril e incluye modalidades de arco y flecha, desde diciembre, y escopeta en enero.

Opinión: Indignante lo que está pasando a 9 días del ascenso al «poder» de JGo

Por Marimer Lanza González-Rodiles

El pueblo se indigna cuando el sistema de justicia no es justo en la conclusión en muchos de los casos que son sometidos. 

Yo espero que ahora también se indignen sin importarle su fanatismo político partidista con lo que está ocurriendo en el Departamento de Recursos Naturales.

Es un delito construir en zona marítimo terrestre; es delito destruir mangles y afectar toda la fauna y flora.

Los que tenemos un poco de conocimiento sobre la señora González les advertimos que estas cosas y muchas otras más iban a ocurrir.

Una persona sedienta de poder, una persona arrogante, una persona que es una mentirosa compulsiva.

Una persona que se ha atrevido a tirarse esta maroma para beneficiar a su familia y beneficiarse ella, nos demuestra de lo que es capaz de hacer para lograr lo que ella quiere.

Este gobierno no va a tener ninguna transparencia y mucho menos va a traer algún cambio a lo que anteriormente hemos vivido.

Esto que nos espera será peor.

Los nuevos nombramientos que han hecho han sido un ejemplo del reciclaje de «servidores» que ya en el pasado le han fallado al pueblo. «Servidores» que vienen a servirse y ponerle todo en bandeja de plata a esta nueva administración para que puedan destruir lo poco que nos queda.

Mientras ellos se van a despachar con la cuchara grande, mientras ellos van a hacer todo lo que esté en sus manos para lograr la impunidad de todos sus actos, que el pueblo que se levante para luchar contra todos estos abusos no sólo les va a caer la ley encima, prepárense para ver y vivir los abusos y atropellos que van a ocurrir para callarlos.

Les recomiendo que dejen de meter miedo con Cuba y Venezuela y que abran los ojos. Aquí nos han impuesto una dictadura disfrazada de democracia. Este “partido nuevo progresista” incurre en las campañas de miedo, la misma estrategia que utilizan esos comunistas que ellos tanto critican.

En mi islita muchos saben que no pueden hablar o quejarse porque saben que esta gente tiene tanto poder que te pueden hacer perder el trabajo con sus influencias.

En mi islita saben que por décadas se han hecho persecuciones por el mero hecho de no ser parte de su partido.

En mi islita saben que, si usted perteneció a ese partido y usted decidió no seguirlos más, los insultan, los rechazan y les hacen la vida imposible.

En mi islita saben que, si se sale a protestar, van a salir rociados con pepper spray y con uno que otro macanazo.

En mi islita saben que la ley se mide con dos varas… Si eres de ellos puedes estar tranquilo porque vas a salir bien, pero si no lo eres, prepárate para lo peor.

En mi islita saben que pueden atentar contra tu vida y hasta matarte para sacarte del medio.

En mi islita saben que si nos unimos logramos grandes cosas y cambios.

Una cosa les digo… yo de este plano terrenal no me voy a ir sin haber luchado por mi isla y por mi gente.

No nací para ser una más y pasar desapercibida. Nací para ser parte del cambio.

Nací para luchar por las causas justas.

Nací para darles voz a los que no pueden.

¡Nací para vivir sin miedo!

Nací para romper ciclos y abrir nuevos caminos.

Y nací para morir con la conciencia tranquila de que luché por el futuro de mis hijos, sus generaciones y mi pueblo.

FEMA aprueba fondos para alojamiento turístico en Añasco y Hatillo

AÑASCO: La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) asignó sobre $4.3 millones para las reparaciones de proyectos recreacionales y turísticos. que incluyen el área de acampar Punta Maracayo de Hatillo y el centro vacacional Villas de Añasco.

“Estos alojamientos, alternativos a las hospederías tradicionales, atienden un turismo enfocado en desarrollar una conexión con la naturaleza. En la agencia estamos conscientes de lo importante que es apoyar proyectos que contribuyan a una oferta variada para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, mientras se fomenta el valorar nuestras costas y recursos naturales”, señaló José G. Baquero, coordinador federal de Recuperación por Desastres.

Sin embargo, a pesar de ser el centro vacacional de mayor tamaño en la región y en un momento dado, la principal alternativa para los turistas locales que no tienen recursos para pagar habitaciones de hoteles o paradores, el Centro Vacacional de Boquerón, en Cabo Rojo no fue mencionado en el comunicado de FEMA, desconociéndose si hay algún plan para estas importantes instalaciones.

Incluso, durante el pasado cuatrienio el exalcalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz, acusó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de “desmantelar” el Centro Vacacional de Boquerón, llevándose equipo para las Villas de Añasco.

FEMA dijo que el DRNA cuenta con sobre $4 millones de esa agencia federal para las Villas de Añasco. Se reemplazarán los postes de luz y parte de la infraestructura para los servicios de agua y energía eléctrica. También hay reparaciones para las oficinas administrativas, el concesionario, el área de salvavidas, el centro de convenciones, las cabañas, las piscinas y el área de acampar.

Además, se instalarán techos y paneles resistentes a huracanes para fortalecer las estructuras contra eventos atmosféricos. Las medidas de mitigación de este proyecto contemplan tormenteras para las puertas y ventanas, el refuerzo de estructuras con sujetadores resistentes a huracanes y el reemplazo de tejas acústicas impermeables para el techo del centro de convenciones, a fin de prevenir el moho por la filtración de agua.

Mientras, el área de acampar Punta Maracayo, abierta al público los siete días de la semana desde hace unos 30 años, cuenta con dos proyectos de FEMA bajo el municipio de Hatillo. La atracción incluye un parque acuático con chorreras y piscinas, bohíos cerca de la playa Sardinera y un área abierta con servicio de agua y energía para ubicar casas rodantes (trailers).

Punta Maracayo es un emprendimiento municipal que se sostiene de los ingresos que recibe. De hecho, es una de las atracciones principales del pueblo hatillense, según indicó la gerente de Planificación del municipio de Hatillo, Dermaly Toledo. La temporada de verano suele ser la época pico y todo suele estar reservado. Punta Maracayo cuenta con 16 villas y entre sus atracciones principales está un restaurante y el área recreativa.

FEMA asignó sobre $332 mil para trabajos que incluyen reemplazar techos, aires acondicionados y gabinetes de cocina, además de pintar ciertas áreas de las instalaciones. Las medidas de mitigación de riesgos incluyen sujetadores para fortalecer los techos y otras medidas para proteger las estructuras ante daños por las marejadas y erosión costera.

Municipio de Cabo Rojo se “conforma” con acuerdo colaborativo con el DRNA para administrar el parking del Balneario de Boquerón

CABO ROJO: A pesar de que administraciones anteriores tanto populares como novoprogresistas habían exigido la transferencia de las instalaciones del Balneario y el Centro Vacacional de Boquerón, al extremo de que en 2019 se aprobó legislación a esos fines, hoy se anunció un “acuerdo colaborativo” entre el Municipio de Cabo Rojo y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que establece que “el DRNA cederá la administración del área de estacionamiento y los concesionarios del lugar al ayuntamiento”

El documento fue firmado por la secretaria de la agencia, Anaís Rodríguez, y el alcalde Jorge Morales Wiscovitch, durante la visita a Cabo Rojo del gobernador Pedro Pierluisi. 

Como parte del acuerdo anunciado, se establece un canon de arrendamiento mensual de $3 mil, que tiene una vigencia de 60 meses, con opción a renovación y los primeros seis meses serán gratis. Los ingresos generados por el Municipio durante la vigencia del acuerdo deben reinvertirse en las instalaciones del balneario tras cubrir los costos operacionales. 

Pese al anuncio del miércoles, en 2019, la legislatura dominada por el Partido Nuevo Progresista aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 376 (RCC 376), que buscaba traspasar los balnearios de Cabo Rojo, Luquillo y Fajardo a manos municipales. Esa legislación fue firmada por el entonces gobernador Ricardo Rosselló, y fue de la autoría del exrepresentante popular Carlos Bianchi Angleró. 

Esa medida establecía que, “la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, reconociendo el valor turístico y recreacional los balnearios de Boquerón, La Monserrate y Seven Seas, ordena que el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, (Comité) creado por la Ley Núm. 26 – 2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evalúe conforme a las disposiciones de Ley y reglamento, la transferencia libre de costo de la administración y mantenimiento a los Municipios de Cabo Rojo, Luquillo y Fajardo, respectivamente a fin de proteger y conservar estas facilidades públicas de tanto valor y potencial económico para éstos. Asimismo, de aprobarse el traspaso de administración y mantenimiento a cada uno de estos municipios deberá considerar acuerdos de colaboración con otros municipios, organizaciones del tercer sector o entidades privadas (con o sin fines de lucro) para desarrollar planes y estrategias de mejoramiento y desarrollo a corto, mediano y largo plazo”

Eso finalmente no se materializó. 

Como cuestión de hecho, en esa época el expresidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, comentó en una nota publicada por LA CALLE Digital el 1 de abril de 2019, que, “a través de la Isla existen balnearios que son administrados por la el DRNA, que, en su mayoría, representan operaciones perdidosas para la agencia”

Centro Vacacional de Boquerón es el más grande dentro del Programa de Parques Nacionales, adscrito al DRNA. En condiciones óptimas, esa facilidad cuenta con unas 294 unidades para hospedaje, entre cabañas y villas. 

Mientras tanto, aceptar un mero acuerdo colaborativo por el estacionamiento y las concesiones del Balneario de Boquerón, dista de la solicitud del alcalde Morales Wiscovitch, cuando el 19 de agosto de 2023 le solicitó al gobernador Pierluisi el traspaso y la administración total del Balneario de Boquerón para el pasado 1 de noviembre.   

El alcalde Morales expresó entonces que “que la solicitud no se trata de un capricho, sino de una necesidad urgente y respaldada por la experiencia y el compromiso de todos los que forman parte del Municipio”

Comienza hoy la veda en la pesca y posesión de mero

MAYAGÜEZ: El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) anunció que, a partir de hoy, 1 de febrero, comienza la temporada de veda de pesca y posesión de cinco tipos de mero (grouper) en las aguas de jurisdicción federal del Caribe estadounidense.

La prohibición se extiende hasta el 30 de abril, según determinado por el Caribbean Fishery Management Council (CFMC) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). La prohibición para la posesión de estos meros no aplica a aquellos meros capturados y desembarcados antes de la temporada de veda.

Estas vedas de pesca protegen las especies durante su desove (reproducción), cuando son más vulnerables a la presión de la pesca, permitiendo así su posterior disponibilidad.

La prohibición de pesca en aguas de jurisdicción federal incluye los meros rojos, negro (prieto), dientes de sable (tigre), guajil (mero pinto) y guajil amarillo.

El área de prohibición abarca de 9 a 200 millas náuticas alrededor de Puerto Rico y de 3 a 200 millas náuticas alrededor de las Islas Vírgenes Estadounidenses (USVI).

Mientras, en las «aguas locales» de Puerto Rico, durante ese periodo, sólo se prohíbe la pesca del guajil (mero pinto).

La veda no aplica al guajil amarillo en St. Croix (Santa Cruz), ya que esta especie ya no es manejada por el CFMC en aguas federales de esa isla. El CFMC es responsable de la conservación y el manejo de los recursos pesqueros dentro de la jurisdicción federal del Caribe estadounidense, que incluye a Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Este consejo regional es uno de ocho establecidos en 1976 por la Ley de Conservación y Administración Pesquera, rebautizada como Magnuson-Stevens Act.

Además, en las «aguas locales» de USVI se prohíbe la pesca de todas las especies de mero mencionadas, durante el mismo periodo de veda.

También en esa fecha está prohibido cualquier tipo de posesión y pesca (peces, moluscos, crustáceos, y cualquier otro animal y planta marinos vivos, aparte de aves y mamíferos marinos) dentro del área del Grammanik Bank, en St. Thomas, excepto las especies altamente migratorias.

Turista muere ahogada anoche en la bahía bioluminiscente de La Parguera

LAJAS: Una turista de 70 años murió ahogada el martes a las 9:31 de la noche, en medio de un paseo por la bahía bioluminiscente de La Parguera, en Lajas.

Según el informe preliminar de las autoridades, los agentes del cuartel lajeño fueron alertados sobre “un caso médico” en la zona, mientras que los paramédicos fueron activados a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

La infortunada fue identificada como Gail Blumstrong, de 70 años, residente en el estado de Washington.

La Policía no entró en el detalle de las circunstancias en que se produjo la muerte de la septuagenaria más allá de decir que murió ahogada.

El caso fue referido al agente Sánchez, de la División de Homicidios de Mayagüez, mientras que la fiscal Yanilsa Vázquez ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses.

En junio del año pasado, el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) ordenó que, en el ánimo de proteger la bahía bioluminiscente de La Parguera, realizar cierres temporeros durante cada noche de luna llena.

La noche de ayer era de luna llena.

Según la Orden Administrativa Número 2023-02, firmada por la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, el cierre, será durante tres días de Luna llena en cada ciclo lunar, destacándose que, en la condición en la que se encuentra la bahía, amerita que se establezcan medidas específicas para regular el uso y su aprovechamiento.

En declaraciones ofrecidas el 8 de junio de 2023, la secretaria Rodríguez dijo que “la bahía bioluminiscente de La Parguera recibe un gran número de visitantes durante el año, especialmente en épocas de vacaciones. Aunque a los concesionarios se les exige asegurarse de que sus clientes cumplan con las reglamentaciones que rigen estas actividades; persiste el problema de personas que visitan la Bahía sin los permisos necesarios e ilegalmente utilizan embarcaciones de motor”.