Se acaban los abastos de gasolina en el Oeste

MAYAGÜEZ: Varias gasolineras de la región tuvieron el jueves que colocar letreros de “No hay gasolina”, en medio de la llamada “Asamblea Permanente” de los camioneros y transportistas, como resultado de la disputa de estos con la Junta de Control Fiscal (JCF), por las tarifas de acarreo aprobadas por el gobierno y que su aplicación ha sido detenida por el ente federal.

LA CALLE Digital estuvo verificando el efecto de la acción de los camioneros, particularmente en lo concerniente al abasto de combustible en la región más alejada del área metropolitana.

Por ejemplo, la gasolinera Texaco, que está en la marginal de Hacienda Constancia, en el barrio Lavadero de Hormigueros, se había quedado sin gasolina regular el miércoles a las 5:00 de la tarde; mientras que la gasolina “premium” se acabó a las 7:00 de la mañana del jueves.

Solo les quedaba combustible diesel.

Un panorama parecido se veía en otras gasolineras. En las que aún les quedaba gasolina, se estaban comenzando a formar largas filas de automovilistas, como sucedió en la gasolinera Ultra Top Fuel, que está en la marginal del restaurante Sazonao y los de comidas rápidas Burger King y Church’s Chicken.

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Ayer, la Junta de Directores de la Unión General de Trabajadores (UGT) aprobó respaldar solidariamente la Asamblea Permanente decretada por el Frente Amplio de Camioneros. Así lo hizo público el presidente del gremio, Gerson L. Guzmán López.

Dándole contexto a la controversia, el Frente Amplio de Camioneros rechazó la intervención de la Junta de Control Fiscal en un asunto que, según ellos, compete resolverse mediante la reglamentación aprobada por el Gobierno de Puerto Rico y los camioneros.

“Los camioneros de Puerto Rico llevan más de 15 años realizando las labores de transporte de mercancías con las mismas tarifas, lo que ha dado lugar a que no se ajusten las mismas a la realidad económica que vive el país en la actualidad. Habiendo celebrado ya las vistas públicas establecidas por el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos, los camioneros reclaman que se respeten las tarifas aprobadas el pasado mes de diciembre de 2020 y se desista, por parte de la Junta de Control Fiscal, de derogar las tarifas y obligar al Gobierno a desregular el mercado de transporte público. Tales medidas, tendrían como consecuencia deteriorar aún más las condiciones en que vienen desempeñándose los camioneros y abrirían el espacio para la competencia desleal de compañías de transporte extranjeras”, denunció Guzmán López.

Líder de la UIA-AAA Oeste pide a la AAA que oriente abonados sobre importancia de pagar sus facturas

MAYAGÜEZ: El presidente del Capítulo de Mayagüez de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA-AAA), Iván Vargas Muñiz, hizo un llamado a la presidenta ejecutiva de esa corporación pública, ingeniera Doriel Pagán, a que se comience una campaña de orientación a los clientes sobre el efecto para ellos y para la AAA el mantenerse sin pagar sus facturas de agua.

“La pasada administración aprobó la Ley número 39 del 2020 para evitar el corte del servicio de agua durante el periodo de emergencia por la pandemia. Esto ha provocado que miles de clientes hayan dejado de pagar sus facturas de agua. Hago un llamado a la ingeniera Doriel Pagán para que se inicie, por parte de la Autoridad, una campaña de medios en la cual se inste a los clientes a comenzar a emitir pagos, aunque sean de manera parcial, y que se les explique a estos las consecuencias de mantenerse sin emitir pagos durante este periodo”, dijo Vargas Muñiz en un comunicado de prensa.

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El líder sindical opinó que, si se mantiene esta situación en que clientes se mantienen sin pagar sus facturas, una vez culminada la emergencia “y luego de los dos ciclos requeridos, podríamos ver un corte masivo del servicio de agua a miles de clientes que tengan cuentas morosas o en atrasos, además de que Acueductos tiene una merma de ingresos sustancial que pone en riesgo el servicio”.

Por otro lado, la ingeniera Pagán admitió que no tiene un dato concreto de cuánto es la pérdida real de agua en la agencia.

“El hecho de que Doriel Pagán haya admitido que no tiene datos específicos de la perdida real de agua en Acueductos, nos da la razón a lo que hemos dicho en el pasado. El problema mayor no es la pérdida de agua, el hurto, ni los contadores residenciales, comerciales o industriales. Hay una combinación de factores todos relacionados a que los medidores de flujos de salida de las plantas y pozos no registran correctamente, lo que provoca que haya un desface entre producción y venta. Por lo menos ya se empezó desde la matriz, donde siempre se debió comenzar a resolver el problema”, finalizó Vargas Muñiz.

Renuncian el vicealcalde de Mayagüez, el gerente de Recursos Humanos y el director de Manejo de Emergencias del Municipio

MAYAGÜEZ: El vicealcalde de la Sultana del Oeste y exdirector estatal de la Defensa Civil, Heriberto Acevedo, presentó su renuncia al cargo con fecha de efectividad del 30 de junio, pero fue aceptada para terminar sus funciones el próximo 15 de julio.

A la dimisión de Acevedo se suma la del licenciado Samuel González, quien al momento de su renuncia ocupaba el cargo de gerente de Recursos Humanos del Municipio de Mayagüez, quien terminó funciones el 30 de junio. En el pasado, el licenciado González fue director ejecutivo de la desparecida Compañía de Parques Nacionales, que ahora es un apéndice del Departamento de Recursos Naturales (DRNA).

Otra renuncia, aparentemente motivada por disgusto y por una presunta falta de apoyo, es la del director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME), Nelson “Crucito” Cruz. LA CALLE Digital supo que a los empleados de la OMME supuestamente los tenían haciendo labores que le correspondían a empleados de Obras Públicas Municipal (OPM) y Recreación y Deportes.

Cruz cuenta con vasta experiencia en los temas de Manejo de Emergencias, ya que por años fue el director de la OMME de San Germán bajo la incumbencia del exalcalde Isidro Negrón Irizarry.

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En el comunicado del Municipio de Mayagüez confirmando la renuncia del vicealcalde Acevedo, se aduce que este deseaba regresar a su retiro.

Sin embargo, la renuncia coincide en tiempo con la reciente publicación en el diario El Nuevo Día, en la que se destaca que “la Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Piedras anunció ayer (lunes, 28 de junio) al Tribunal que enmendará su demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra del Municipio de Mayagüez y las empresas municipales Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI) y MEDI Films, para incluir entre los demandados, en su carácter personal, al alcalde José Guillermo Rodríguez y al vicealcalde Heriberto Acevedo, entre otros funcionarios”.

En la nota de la periodista Wilma Maldonado Arrigoitía, los abogados de la cooperativa, Armando Jiménez Seda y Ramón Ramos Aponte, advirtieron que demandarían a varios funcionarios municipales por las representaciones que hicieron a la entidad financiera.

“Ellos (los abogados del Municipio) están implicando que los oficiales que aprobaron todas estas transacciones y que indujeron a que se hipotecara el Palacio lo hicieron actuando de manera ilegal”, dijo Ramos Aponte. “El propio alcalde otorgó un acta ante un notario público, en un documento público, en el cual aseveró que esa transacción era válida, que se hizo en el mejor beneficio del Municipio de Mayagüez”, reseña la nota.

Vivienda Pública investigará denuncias sobre alquiler de apartamentos de caseríos por AirBNB

REDACCIÓN: El administrador de Vivienda Pública (AVP), Alejandro Salgado Colón, informó que investigará las denuncias sobre el uso de apartamentos de residenciales públicos para alquiler a través de AirBNB.

“Ante esta denuncia, hemos solicitado con carácter de urgencia que se comience una investigación al respecto. De igual forma, nos hemos comunicado con la presidenta de la Asociación de Hoteles de Puerto Rico, Clarissa Jiménez. Los estatutos federales que rigen la Administración de Vivienda Pública prohíben de manera clara esta práctica. Además, cabe mencionar que esta práctica constituye una violación al contrato de arrendamiento de vivienda pública lo que conllevaría la cancelación del mismo”, dijo Salgado Colón en declaraciones escritas.

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Asimismo, detalló que se establecerá una línea telefónica para que cualquier persona que tenga información al respecto pueda denunciarlo de forma confidencial al 787-759-9407, extensión 3743, o a través de la página www.avp.pr.gov.

Municipio Sabana Grande solidario con víctimas y familias en casos de violencia de género

SABANA GRANDE: El alcalde Marcos Valentín Flores alzó su voz el lunes para solidarizarse con el dolor que embarga a todo el pueblo puertorriqueño, en especial, a los familiares de las víctimas a las que les robaron la vida.

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“En estos momentos que el País enfrenta los más recientes casos de violencia de género, pido fortaleza para la familia que sufre esta terrible pérdida. Asimismo, me uno al sentir del pueblo que pide justicia para poder continuar”, expresó en un comunicado de prensa el ejecutivo municipal sabaneño.

Ante esta situación, Valentín Flores hizo énfasis en que “hay que seguir trabajando para sanar nuestra sociedad y así evitar que sigan ocurriendo estas tragedias que nos afectan a todos como pueblo. Lo más hermoso que tenemos es la vida. Solo quién nos la dio, la puede quitar”, concluyó.

Contratistas de MEDI querían el 5% de todas las inversiones en Mayagüez

MAYAGÜEZ: Una corporación creada por dos de los coacusados por la Fiscalía Federal involucrados en un esquema para defraudar al Municipio de Mayagüez por $9 millones, firmó un contrato con el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, en su capacidad de presidente de la Junta de Directores de Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI); en el que los honorarios de la primera corporación serían el 5 por ciento del total global de las inversiones, según reza en un documento en poder de LA CALLE Digital.

Se trata de un contrato firmado el 2 de noviembre de 2015 entre MEDI y la corporación TEGA Holdings, LLC, representada por Roberto Mejill Tellado y Eugenio García Jiménez, arrestados recientemente junto a otras cinco personas por agentes del FBI.

Haga “clic” sobre la imagen para abrir el documento completo.

Como cuestión de hecho, MEDI contrató a TEGA para hacer el trabajo para el que MEDI fue creada. La vigencia de este contrato era de cinco años, que concluyó el 2 de noviembre de 2020.

“3. HONORARIOS Y GASTOS REEMBOLSABLES

  • Una vez TEGA concluya cada acuerdo de inversión con entidades financieras, inversionistas, bancos, corporaciones, etc., conforme a lo establecido en el presente contrato, MEDI autorizará a la institución financiera donde inversionista deposite la inversión a favor de MEDI a que pague directamente a TEGA las comisiones y/u honorarios que por la presente se obliga MEDI a favor de TEGA.
  • La comisión y/u honorario que MEDI conviene pagarle a TEGA por cada inversión, préstamo, etc. será de un 5% del total global de cada inversión.
  • TEGA deberá enviar a MEDI y/o a la institución financiera donde se realice el depósito, la factura por los honorarios y los gastos reembolsables.”, reza parte de la sección 3 del contrato entre TEGA y MEDI.
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El contrato presenta a TEGA Holdings, LLC como “una compañía de responsabilidad limitada de Delaware”. Sin embargo, como parte de la investigación de LA CALLE Digital, la dirección que figura como “las oficinas principales” de TEGA en ese estado, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware; le pertenece a una empresa llamada Corporation Service Company (CSC), que se dedica a crear y dar servicio a corporaciones establecidas bajo las leyes de ese estado.

“CSC is pleased to assist you with your registered agent, business licensing, annual reports, compliance, matter management, domain & trademark, corporate transactional, UCC, or corporate trust & escrow needs”, lee la descripción de servicios de esa empresa de la que TEGA Holdings usó su dirección física.

TEGA fue “incorporada” en Delaware el 30 de junio de 2015 y según los documentos del Departamento de Estado, la corporación fue registrada el 7 de septiembre de 2015, con García Jiménez como agente residente y Mejill Tellado como presidente.

El contrato fue firmado por el alcalde Rodríguez, como presidente de MEDI; y por Mejill Tellado y García Jiménez, en representación de TEGA.

Preguntado sobre el particular en el programa CON BASE Y FUNDAMENTO de WKJB 710, el licenciado Alfredo Ocasio, conocido abogado con oficinas en Mayagüez, describió el estado de Delaware como “un paraíso corporativo”.

En Mayagüez, la sede de TEGA está en la calle De La Candelaria 3 Oeste (antigua calle McKinley), precisamente la misma dirección que usan las corporaciones RWM Consultants, también de Mejill Tellado; y L & R Consultant Group LLC, cuyo agente residente es Roberto C. Mejill Ortiz.

L & R Consultant Group tuvo un contrato con el Municipio de San Germán, bajo la administración del alcalde Virgilio Olivera, y que fue cancelado este pasado 1 de abril.

¿Quéee? ¿También “hipotecaron” el Centro Médico de Mayagüez? (Documentos)

MAYAGÜEZ: Una escritura que figura inscrita en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico evidencia que el solar y los edificios que forman parte del complejo del Centro Médico de Mayagüez fue “vendido” por el Municipio de Mayagüez a la corporación “pública” Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), transacción que forma parte de un documento cuyo enlace incluimos en esta noticia.

El documento de contrato fue otorgado el 30 de mayo de 2014 y vigente desde la misma fecha hasta el 30 de mayo de 2029, por un total de $118 millones 700 mil y en el “Tipo de Servicio” dice “TERRENOS” y el mismo no ha sido cancelado.

Cuando LA CALLE Digital bajó el documento del contrato, se encontró con la Escritura Número 46, con el título “TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD E HIPOTECA DE PRECIO APLAZADO”, otorgada por el licenciado José Clemente González Ortiz, y firmada e iniciada en todas sus páginas por el abogado, así como por el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, en representación del Municipio; y por el vicealcalde Heriberto Acevedo, en representación de MEDI.

Enlace al documento

La transferencia incluye los terrenos, el edificio principal del Centro Médico, el edificio de Salud Mental, el de Consorcio, la Residencia, la Casa de Salud y el antiguo Lounge.

A preguntas de periodistas, en un reciente “reencuentro con periodistas”, se dijo que solo el Palacio de Recreación y Deportes y el Hospital San Antonio habían sido “hipotecados”, pero se omitió el hecho incontrovertible de que existía una “HIPOTECA DE PRECIO APLAZADO” sobre el Centro Médico de Mayagüez radicada nada menos que en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.

Las partes, Municipio (alcalde) y MEDI (vicealcalde), acordaron en la escritura que el propósito de la “propiedad objeto de la presente transacción para el bienestar de la salud del pueblo servido, siendo esto base esencial de la presente escritura y contrato, aceptándose que cualquier situación de desarrollo futuro y/o ampliación del Centro Médico, es fundamental al igual que el desarrollo económico”.

“La parte compradora (MEDI) reconoce como elemento fundamental que en ningún momento podrá intervenir ni obstaculizar el plan de desarrollo y para el mejoramiento de las instalaciones del Centro Médico Ramón Emeterio Betances de Mayagüez y las acciones a ser tomadas por el arrendatario Mayagüez Medical Center Dr. Ramón Emeterio Betances, Inc.”, señala la escritura, al tiempo que aclara que el Municipio se reserva la potestad de las contrataciones con la corporación Mayagüez Medical Center.

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El dinero producto de la “compraventa” del Centro Médico de Mayagüez por MEDI sería depositado en la cuenta número Fondo de Desarrollo Económico Estratégico 1-02-FED-14001-14-03-04-000-00-87.09. Se desconoce si para la época en que se otorgó esa escritura MEDI tenía la liquidez económica para asumir el pago de $118 millones 700 mil o se trató de una mera “compraventa simulada”.

Cabe señalar que la escritura se otorgó el 30 de mayo de 2014, mientras que la corporación MEDI fue creada en virtud de una autorización de la Legislatura Municipal de Mayagüez en la Ordenanza 23, Serie 2013-2014) del 13 de marzo de 2014; y que fue enmendada por la Ordenanza 25, Serie 2013-2014, del 19 de marzo; por lo que por lo reciente de su creación y la fecha de la compraventa surge la interrogante de si tenía liquidez financiera.

Como cuestión de hecho, del documento surge que el terreno en donde están el estacionamiento, las edificaciones y anexos tiene un valor de $111 millones 350 mil; mientras que el remanente fue valorado por tasación en $7 millones 350 mil. El compromiso de pago fue a 15 años, 1 por ciento de interés anual.

Añade que la propiedad retorna al Municipio de Mayagüez si MEDI se declara “insolvente”, se acoge a la Ley de Quiebras, “si permitiera que cualquier acreedor pudiera llevar acción de cobro de dinero y/o ejecución de hipoteca por incumplimiento del pago de lo debido y cualquier resolución que pudiera poner en riesgo continuar el desarrollo del centro de salud existente y planificado”.

En nuestro próximo reportaje, los detalles del contrato entre MEDI y TEGA Holdings LLC, de Roberto Mejill Tellado y Eugenio García Jiménez; ambos arrestados en el reciente operativo del FBI en Mayagüez.

Secretaria del DTOP asegura que la “licencia virtual” ya es un documento válido

REDACCIÓN: La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la ingeniera Eileen M. Vélez Vega, lamentó que aún queden comercios que no reconozcan la llamada Licencia Virtual como identificación válida.

Sin embargo, la funcionaria celebró el éxito que la Licencia Virtual ha tenido la durante sus primeros seis meses, así como el aumento en descargas de la aplicación CESCO Digital que ofrece esta identificación de forma segura en los teléfonos móviles.

Aunque no representan una mayoría, la secretaria Vélez Vega emitió declaraciones escritas para recordarles a los comerciantes que “por virtud de la Ley 141 del 30 de septiembre de 2020, a nivel estatal, la Licencia Virtual constituye un documento de identificación legítimo y tan válido como la licencia física”.

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Vélez Vega aclaró que “siendo Puerto Rico la primera y única jurisdicción de los Estados Unidos en tener una licencia virtual, esta identificación aún no es válida para asuntos a nivel federal. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), según ha trascendido, evalúa el proceso a seguir para que una vez otros estados incorporen sus licencias virtuales o digitales, estas puedan ser utilizadas como identificaciones válidas. Sin embargo, aún no se ha materializado dicha autorización, por lo que no son válidas para viajar o visitar alguna facilidad federal”.

“Mientras, la Licencia Virtual de Puerto Rico es válida y está siendo honrada por la mayoría de los comercios, las agencias gubernamentales, bancos y otras entidades. Sin embargo, hemos recibido quejas de que algunos comercios se niegan a aceptarla, a pesar de ser un documento de identificación válido y totalmente legítimo”, añadió.

Finalmente, la secretaria Vélez Vega exhortó a aquellos comercios, empleados o público en general que tengan alguna duda sobre la Ley 141 de 2020 y la validez de la Licencia Virtual, a que se comuniquen a través de las redes sociales de la agencia @DTOP tanto en Facebook como en Twitter.

“Puerto Rico va encaminado a una transformación tecnológica sin precedentes. CESCO Digital y la Licencia Virtual son solo algunos ejemplos de cuán exitosos podemos ser a la hora de facilitar los servicios a la ciudadanía. Es importante, y esa es mi exhortación, que todos pongamos nuestro granito de arena para que ese éxito continúe”, concluyó.

Alcalde de Mayagüez alega que “no sabía” pero documentos demuestran lo contrario (Documentos)

MAYAGÜEZ: Contrario a la representación que hizo durante el “reencuentro con la prensa” que convocó este pasado martes, en el que dijo desconocer las maniobras financieras que se hicieron desde la corporación municipal Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, en su capacidad de presidente de la Junta de Directores de esa entidad, figura como firmante en resoluciones corporativas en las que se le da la autoridad al ahora acusado federal Alejandro Riera para que abra en España una “sociedad limitada” con el nombre de Mayagüez Economic Development Ibérica y emita bonos ascendentes a 500 millones de euros.

La evidencia documental obra en poder de LA CALLE Digital y se publica en esta noticia.

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En la primera resolución corporativa, fechada el 26 de julio de 2018, Rodríguez consignó con su firma en su capacidad de alcalde de Mayagüez y al mismo tiempo como presidente de la Junta de MEDI, que Alejandro Riera Fernández, entonces director ejecutivo de la corporación, estaba autorizado para en nombre de la entidad “comparezca en aquellos documentos que sean necesarios, incluyendo pero sin que ello constituya una limitación, para avalar, garantizar totalmente, sin limitación ni excepción las obligaciones que en base al artículo 404.1, D de la Ley de Sociedades de Capital del Reino de España, va a suscribir ante Notario Público en el Reino de España, MAYAGÜEZ ECONOMIC DEVELOPMENT IBÉRICA, SOCIEDAD LIMITADA…”.

Ese mismo día, el alcalde Rodríguez firmó otra resolución corporativa en la que autorizaba a Riera Fernández a emitir “un bono por importe de QUINIENTOS MILLONES DE EUROS (500,000,000 €) sin limitación ni excepción las obligaciones que en base del artículo 404. 1, D de la Ley de Sociedades de Capital del Reino de España…”.

En ambos documentos está la firma del alcalde Rodríguez y del secretario de la Junta de MEDI, Alfred Kenneth Soto.

A preguntas de LA CALLE Digital, durante el “reencuentro con la prensa”, el alcalde Rodríguez negó tener conocimiento de resoluciones corporativas firmadas por Soto, diciendo que no tenía conocimiento de actos ejecutados por Riera y que le exigiría a Soto poner “bajo juramento” lo relacionado con las resoluciones.

Una fuente de LA CALLE Digital aseguró que en la Junta de MEDI “no se movía un papel sin el conocimiento y la autorización del alcalde”.

En otro documento titulado “Certificado de Resolución Corporativa Mayagüez Economic Development, Inc.”, Soto juramentó ante el licenciado José Clemente González Ortiz, el 29 de junio de 2018, que en una reunión de la Junta de MEDI efectuada el 4 de septiembre de 2015, se resolvió nombrar a Riera Fernández como director ejecutivo de MEDI, con la facultad de representar a la corporación “en todos los actos oficiales, firmas de documentos y en los bancos en donde esta Corporación tenga cuentas o determine abrirlas”.

El affidavit tiene el número 9669.

El documento en el que se certifica lo acordado por la Junta de MEDI también destaca que Riera tendría “plena autoridad y facultad para ejecutar, contratar, enajenar, hipotecar, adquirir, permutar, arrendar, ceder y cualquier acto que envuelva titularidad y/o posesión de los bienes muebles e inmuebles corporativos”.

En poder de LA CALLE Digital también obra el affidavit 9662 en el que Soto certifica que, en la reunión de la Junta, que tuvo lugar el 19 de junio de 2018 se autorizó el traspaso del Hospital San Antonio de Mayagüez por valor de $17 millones 190 mil, a MEDI; y se autorizó a Riera a comparecer y firmar los documentos y las escrituras en representación de MEDI.

En su “reencuentro con la prensa”, el alcalde Rodríguez negó tener conocimiento de esto, a pesar de ser el presidente de la Junta de MEDI.

Pacto de Silencio

El 29 de enero de 2015, la Junta de Directores de MEDI acordó firmar un “Acuerdo de Confidencialidad” que incluía todos los asuntos tratados en sus reuniones en lo concerniente con “procesos, negociaciones, trámites y toda gestión económica, comercial, pública o de cualquier índole en que esté envuelta (sic) la Corporación (MEDI)”.

En el documento, cuyas firmas las encabezan las del alcalde Rodríguez y la del vicealcalde Heriberto Acevedo, se apercibe a los firmantes sobre las consecuencias civiles y penales a las que se enfrentan de violar el pacto.

Representantes referirán a Justicia caso de alegadas “mordidas” a contratistas municipales de Mayagüez

MAYAGÜEZ: Los representantes José “Che” Pérez (PNP-Acumulación) y Wilson Román (PNP-Distrito 17) adelantaron el martes que estarán sometiendo ante el Departamento de Justicia un referido para que se inicie una profunda investigación sobre un alegado esquema de “pay for play” en el Municipio de Mayagüez, involucrando al hermano del alcalde José G. Rodríguez, y el jefe de Subastas, Pedro Ballester.

“La noticia publicada en un medio de comunicación estatal sobre un alegado esquema de pedido de favores y donativos a contratistas del Municipio de Mayagüez a cambio de la otorgación de contratos se tiene que investigar de manera profunda e inmediata. Hoy estamos solicitando al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, que comience, de manera expedita, una profunda investigación sobre esto. Lo que detalla la noticia es pura corrupción pública que debe ser investigada y repudiada”, comentó Pérez en un comunicado de prensa.

El martes en la mañana, el diario digital Noticel publicó una noticia en la que un contratista del Municipio de Mayagüez, identificado como Roberto Ríos Vargas, dijo para récord que el hermano del alcalde mayagüezano, Osvaldo Rodríguez, junto a Pedro José Ballester, jefe de la Junta de Subastas, solicitaban dinero y regalías, como arreglos a residencias privadas, a cambio de la asignación de contratos para la construcción de obra en la ciudad.

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“Estas alegaciones son bien serias. El hecho de que un contratista hablara de esto para récord detalla lo preocupante de la situación. Como representantes del área oeste de la Isla, es nuestro deber velar por el buen uso de los fondos públicos. Hoy pedimos al Secretario de Justicia una pesquisa y en los próximos días estaremos evaluando futuras acciones, como un posible referido a la Oficina del Panel del Fiscal Independiente y el departamento de Justicia federal”, comentó Román, representante por Aguadilla y Moca.

La publicación de esta noticia se suma a otras publicadas tanto por Noticel, el diario El Nuevo Día y LA CALLE Digital sobre los manejos de la corporación Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI) con propiedades municipales, en las que se evidenció con documentos que hasta se llegaron a hipotecar lugares emblemáticos como el Hospital Municipal San Antonio de la Sultana del Oeste.

Aparte de eso, el pasado 23 de marzo, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) realizaron un operativo donde arrestaron a un grupo de siete personas, incluyendo el exasesor del alcalde de Mayagüez, Alejandro Irizarry. El caso está vinculado con un presunto esquema para cometer fraude mediante una inversión que totaliza $8,761,839.

Según el pliego acusatorio emitido por el Gran Jurado, entre marzo de 2016 y junio de 2018, los acusados utilizaron la corporación municipal MEDI para abrir una cuenta de inversiones e iniciaron la transferencia de una parte de esos fondos públicos, utilizando toda la cartera que crearon como garantía contra futuros préstamos y la compra de $8,999,276.72 en varios valores del Tesoro de los Estados Unidos. MEDI es una entidad con fines de lucro en la que el alcalde Rodríguez funge como presidente de la Junta de Directores; el vicealcalde Heriberto Acevedo es su vicepresidente; y Yahaira Valentín, gerente de Finanzas del Municipio, figuraba en los documentos como secretaria de esa corporación.