[COLUMNA] Therians: ¿Búsqueda de identidad o síntoma de una generación desorientada?

El fenómeno ha ganado visibilidad en redes sociales y genera preguntas legítimas sobre identidad, cultura juvenil y el papel de la sociedad frente a nuevas formas de autoidentificación.

En la era digital, la identidad ya no es un proceso íntimo. Es contenido.

En las últimas semanas ha comenzado a discutirse con mayor frecuencia el término “Therians”: jóvenes que afirman identificarse —a nivel interno o psicológico— con animales no humanos. Lobos, tigres, zorros, aves o reptiles se convierten en referentes simbólicos de una identidad que, según quienes la adoptan, no se siente completamente humana.

La pregunta no es si existe el fenómeno. La pregunta es qué significa.

Más que una moda viral

El término proviene del griego therion, que significa “animal salvaje”. En su forma contemporánea, describe a personas que sostienen que su identidad interna está vinculada a un animal específico.

No es un diagnóstico médico reconocido.

No es una transformación física.

No es, necesariamente, un trastorno clínico.

Es una narrativa identitaria.

Sin embargo, cuando una narrativa se vuelve colectiva y viral, deja de ser individual y se convierte en fenómeno cultural.

Redes sociales: amplificadores de identidad

TikTok, Instagram y foros digitales han permitido que experiencias aisladas encuentren comunidad inmediata. Lo que antes podía ser una exploración privada hoy se convierte en tendencia pública.

Las plataformas digitales premian lo diferente.

La diferencia genera atención.

La atención genera validación.

Y en la adolescencia, la validación es moneda poderosa.

Identidad simbólica y vacío generacional

Identificarse con un lobo puede simbolizar fortaleza o independencia.

Con un gato, autonomía.

Con un ave, libertad.

En muchos casos, el animal funciona como metáfora emocional. Pero cuando la metáfora sustituye la identidad humana básica, surge el debate legítimo.

¿Estamos ante una exploración simbólica inofensiva?

¿O ante una señal de desconexión social más profunda?

No se trata de ridiculizar. Tampoco de aceptar acríticamente.

Se trata de analizar.

El papel de la familia, la escuela y el Estado

Toda generación atraviesa procesos de redefinición. Lo que distingue este momento histórico es la velocidad y la exposición pública.

Cuando fenómenos como el therianismo comienzan a aparecer en entornos escolares o espacios institucionales, la discusión deja de ser cultural y pasa a ser de política pública.

¿Debe el sistema educativo validar toda identidad autoasumida?

¿Debe intervenir?

¿Debe limitarse a observar?

Estas preguntas no son ataques. Son parte del deber democrático de deliberar.

Más allá del escándalo

El fenómeno Therian no redefine la biología.

Redefine, para algunos jóvenes, su narrativa personal.

Y tal vez esa sea la clave: estamos ante una generación que no solo cuestiona estructuras sociales tradicionales, sino la propia definición de lo humano como categoría cerrada.

Ignorar el fenómeno sería irresponsable.

Alarmarse sin contexto también lo sería.

Lo sensato es discutirlo con datos, con calma y con profundidad.

Porque detrás de cada tendencia viral hay una pregunta más grande que la moda:

¿Qué está buscando esta generación cuando decide sentirse algo distinto a lo que siempre hemos entendido como humano?

Ahí es donde comienza el verdadero debate.

[COLUMNA] La absolución del enfermero Eduardo Meléndez

La absolución del enfermero Eduardo Meléndez Velázquez por la muerte del biólogo Roberto Viqueira ha generado una reacción inmediata y comprensible: indignación, frustración y una profunda sensación de vacío. Para muchos, el fallo no satisface la necesidad de justicia. Para el derecho penal, sin embargo, la discusión quedó cerrada.

Y ahí es donde chocan dos mundos: la justicia legal y la justicia emocional.

Este caso vuelve a poner en el centro del debate dos conceptos fundamentales —y muchas veces incomprendidos— del sistema penal: la defensa propia y el principio constitucional de doble exposición.

La defensa propia no niega la tragedia

Es importante decirlo sin rodeos: una absolución por defensa propia no significa que no hubo una muerte, ni que el hecho carezca de gravedad moral. Significa, estrictamente, que el tribunal entendió que el Ministerio Público no logró probar más allá de duda razonable que el uso de la fuerza fue criminal.

La defensa propia no evalúa quién era mejor persona ni quién “merecía” vivir. Evalúa si, en el momento del hecho, el acusado percibió una amenaza real o inminente y actuó para proteger su vida. Cuando esa alegación no puede ser derrotada con prueba contundente, el derecho penal obliga a absolver, aunque el resultado sea profundamente doloroso.

La doble exposición: el muro que no se puede cruzar

Tras la absolución, muchos se preguntan:

¿Por qué no se puede apelar? ¿Por qué no se puede intentar otra vez?

La respuesta es incómoda, pero clara: la Constitución lo prohíbe.

El principio de doble exposición establece que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos una vez ha sido absuelto. No importa cuán polémica sea la decisión, ni cuán fuerte sea la presión pública. El Estado tuvo su oportunidad, presentó su caso y el tribunal decidió.

Permitir que el Ministerio Público reprocesara a una persona tras una absolución sería abrir la puerta a persecuciones interminables, donde el poder del Estado podría desgastar al ciudadano hasta lograr una convicción por agotamiento, no por prueba.

La doble exposición no protege culpables; protege a todos de un Estado sin límites.

¿Implica esto impunidad?

No necesariamente, pero sí implica una realidad difícil de aceptar: no toda muerte violenta termina en una convicción penal. El derecho penal no castiga tragedias; castiga delitos probados con certeza.

Eso no elimina:

  • El dolor de los familiares
  • La indignación social
  • Las preguntas sin respuesta

Pero sí marca una frontera clara: el caso penal terminó.

El rol del periodismo frente a decisiones incómodas

En momentos como este, el periodismo tiene una responsabilidad mayor. No es avivar la rabia ni absolver moralmente a nadie. Es explicar, contextualizar y traducir el lenguaje jurídico a una ciudadanía que sufre y cuestiona.

Casos como el de Roberto Viqueira nos obligan a mirar de frente una verdad incómoda: el sistema de justicia no siempre ofrece consuelo, pero existe precisamente para evitar arbitrariedades mayores.

La absolución de Eduardo Meléndez Velázquez no borra la muerte de Roberto Viqueira ni sana el dolor de quienes lo amaban. Pero sí reafirma un principio esencial: el poder punitivo del Estado tiene límites, incluso cuando el resultado es impopular.

La defensa propia y la doble exposición no son excusas legales; son barreras democráticas.

Renunciar a ellas por indignación sería abrir la puerta a un sistema donde la emoción sustituya a la prueba.

Y ese, históricamente, siempre ha sido un camino peligroso.

[COLUMNA] «No procesable» e «inimputable» no son lo mismo

En Puerto Rico, cada vez que un caso criminal de alto perfil involucra a una persona con aparentes condiciones mentales, surge una frase que se repite casi como un veredicto popular: “no es procesable”. En otros momentos, la palabra que domina el debate es “inimputable”. El problema es que, aunque suenan parecidas, no significan lo mismo. Confundirlas no es un error menor: distorsiona la discusión pública, erosiona la confianza en el sistema de justicia y crea falsas narrativas de impunidad.

Dos conceptos distintos que no deben mezclarse

La diferencia entre una persona no procesable y una persona inimputable no es semántica; es jurídica y fundamental.

La no procesabilidad es un concepto procesal. Se refiere a la capacidad actual de una persona para enfrentar el proceso penal. El sistema de justicia exige que el acusado pueda comprender lo que ocurre en sala y colaborar con su defensa. Si una persona, por una condición mental o de comunicación, no puede hacerlo, el Estado está impedido de juzgarla o sentenciarla en ese momento. No porque sea inocente, ni porque el delito no exista, sino porque el proceso dejaría de ser justo.

Por eso, las Reglas de Procedimiento Criminal prohíben continuar el juicio cuando el acusado está mentalmente incapacitado. El caso no se cae: se suspende. Si la persona recupera su capacidad, el proceso puede reanudarse.

La inimputabilidad, en cambio, es un concepto sustantivo. No mira el presente, sino el momento en que ocurrió el hecho. Una persona inimputable es aquella que, al cometer el delito, carecía de la capacidad mental para comprender la ilicitud de su conducta o para actuar conforme a esa comprensión. En términos simples: no puede ser responsabilizada penalmente, aunque hoy esté plenamente consciente y pueda sentarse frente a un juez.

El error que alimenta la indignación

En el debate público se suele decir que alguien “sale libre porque no es procesable”. Esa afirmación es, en la mayoría de los casos, incorrecta. La no procesabilidad no equivale a libertad automática ni a exoneración penal. Conlleva evaluaciones médicas, medidas de tratamiento y revisiones periódicas ordenadas por el tribunal.

Más aún: una persona puede ser no procesable hoy y plenamente imputable mañana, si recupera la capacidad necesaria para enfrentar juicio. Del mismo modo, una persona puede ser procesable pero inimputable, lo que significa que el proceso se lleva a cabo, pero el resultado no puede ser una condena penal.

Cuando el lenguaje distorsiona la justicia

Usar indistintamente “no procesable” e “inimputable” no solo es un error técnico. Es una forma de desinformación que genera la percepción de que el sistema protege al agresor y abandona a las víctimas. La realidad es más compleja y, precisamente por eso, exige rigor.

La justicia no se debilita cuando respeta el debido proceso; se debilita cuando el debate público se construye sobre conceptos mal entendidos. En un país donde la violencia y la criminalidad generan emociones legítimas, la precisión del lenguaje es una forma de responsabilidad social.

No toda persona que no puede ser juzgada hoy es inocente.

No toda persona que no puede ser castigada es irresponsable moralmente.

Pero solo entendiendo la diferencia entre no procesable e inimputable podemos exigir justicia sin sacrificar derechos, y verdad sin caer en consignas fáciles. En tiempos de ruido, llamar las cosas por su nombre también es un acto de justicia.

La influenza: epidemia anunciada

Que el Departamento de Salud haya decretado una epidemia de influenza en Puerto Rico no debería sorprender a nadie. Las cifras ya venían en ascenso desde semanas antes. Lo que sí merece un análisis honesto —y sin rodeos— es cómo las aglomeraciones multitudinarias de público, celebradas sin mayores controles, terminan funcionando como aceleradores silenciosos de contagios.

Las recientes Fiestas de la Calle San Sebastián, con una asistencia estimada en más de un millón de personas en apenas cuatro días, representan un ejemplo perfecto de esa realidad incómoda que a veces preferimos ignorar: la cultura del festejo masivo y la salud pública no siempre caminan de la mano.

El escenario perfecto para la propagación

La influenza no es un virus exótico ni misterioso. Se transmite por gotas respiratorias: hablar, gritar, cantar, toser, estornudar. Justo lo que ocurre —de manera intensa y constante— en eventos multitudinarios. Calles estrechas, cuerpos pegados, filas interminables, consumo de alcohol que reduce precauciones y personas que asisten aun con síntomas leves porque “no es nada”.

Todo eso configura un escenario ideal para que un virus respiratorio circule sin resistencia.

Nadie necesita un doctorado en epidemiología para entenderlo: cuando juntas a cientos de miles de personas durante horas, el contagio deja de ser una posibilidad y se convierte en una probabilidad.

El problema no es la fiesta, es la negación

Es importante decirlo claro: la epidemia no comenzó en la SanSe. La transmisión comunitaria ya estaba activa y sostenida. Pero eventos de esta magnitud no ocurren en el vacío. Funcionan como multiplicadores, como gasolina sobre una llama ya encendida.

Negarlo es irresponsable.

El argumento de que “no hay evidencia directa” suele usarse como escudo político, pero en salud pública no siempre se espera la evidencia perfecta para reconocer patrones claros. El periodo de incubación de la influenza —de uno a cuatro días— coincide con los picos de casos reportados posteriormente. Eso no prueba causalidad absoluta, pero sí una relación plausible y predecible.

¿Dónde estuvo el mensaje preventivo?

Si el gobierno sabía —como ahora reconoce— que la influenza estaba fuera de control, ¿por qué no se reforzó el mensaje preventivo antes y durante los eventos?

¿Dónde estaban las campañas visibles de vacunación, el llamado a no asistir con síntomas, el uso voluntario de mascarillas en áreas congestionadas, o incluso advertencias claras al público?

La respuesta es incómoda: nadie quiso ser el aguafiestas.

La salud pública volvió a ceder ante la presión del turismo, la economía informal y la narrativa de “normalidad”, aun cuando los datos advertían lo contrario.

Cultura vs. responsabilidad

Puerto Rico tiene todo el derecho a celebrar sus tradiciones. Pero también tiene la obligación de aprender de sus propias crisis. Después de pandemias, huracanes, terremotos y emergencias sanitarias, insistir en que las aglomeraciones no tienen consecuencias es una forma de autoengaño colectivo.

No se trata de cancelar eventos, sino de organizarlos con responsabilidad, transparencia y medidas claras cuando el contexto epidemiológico así lo exige.

El costo invisible

La epidemia no se mide solo en estadísticas. Se mide en salas de emergencia llenas, ausencias laborales, adultos mayores hospitalizados, niños enfermos, y muertes que, en algunos casos, pudieron evitarse.

Las multitudes no enferman solas. Enferman a otros cuando regresan a sus casas, trabajos y escuelas.

Las aglomeraciones multitudinarias no son las villanas únicas de esta epidemia, pero sí fueron cómplices silenciosas. Ignorarlo es repetir el mismo error: actuar cuando el sistema colapsa, no cuando aún se puede prevenir.

La influenza no distingue entre fiesta y rutina. Y el virus no pide permiso para propagarse.

Carlos Beltrán y la justicia que siempre llega

Por años, el nombre de Carlos Beltrán flotó en la conversación de Cooperstown como una obviedad incómoda. Todo el mundo sabía que pertenecía allí, pero el veredicto se hacía esperar. Hoy, finalmente, la historia se corrige: Beltrán es inmortal.

No es una sorpresa. Es justicia.

Porque el Salón de la Fama del Béisbol no puede narrar con honestidad las últimas tres décadas de las Grandes Ligas sin detenerse en la figura del jardinero puertorriqueño que lo hacía todo —y lo hacía bien— sin necesidad de escándalos, excesos ni protagonismos innecesarios.

Beltrán fue excelencia sostenida. Y eso, a veces, tarda más en reconocerse.

Beltrán fue uno de los jugadores más completos de su generación: bateó con poder, defendió con inteligencia, corrió las bases como estratega y elevó su juego cuando más importaba, en octubre. Sus números no son un accidente; son la consecuencia de preparación, disciplina y lectura del juego.

Con esta elección, Puerto Rico reafirma su lugar en la historia grande del béisbol. No somos invitados ocasionales al Salón de la Fama; somos parte de su estructura. Desde Roberto Clemente hasta hoy, la isla ha producido peloteros que no solo jugaron, sino que definieron épocas.

Beltrán se suma a ese linaje no como heredero simbólico, sino como protagonista legítimo de su tiempo.

El mensaje que deja esta elección

La entrada de Carlos Beltrán a Cooperstown envía un mensaje claro a las futuras generaciones de peloteros puertorriqueños:

El talento abre puertas, pero la consistencia, la longevidad y el entendimiento del juego las mantiene abiertas.

No fue el más ruidoso. No fue el más mediático.

Fue, sencillamente, uno de los mejores.

El Salón de la Fama no ganó a Carlos Beltrán.

Carlos Beltrán completó al Salón de la Fama.

Y Puerto Rico, una vez más, ve cómo uno de los suyos queda inscrito donde siempre debió estar: en la historia permanente del béisbol.

Gracias por caminar con nosotros: hacia un 2026 con más compromiso y verdad

En las postrimerías del año 2025, en LA CALLE Digital hacemos una pausa necesaria para agradecer. Agradecer a quienes leen, comparten, comentan, discrepan y confían. A quienes, día tras día, nos permiten entrar en sus hogares, en sus teléfonos y en sus conversaciones. A ustedes, nuestros lectores y seguidores, va dirigido este mensaje.

Este ha sido un año intenso, retador y, en muchos sentidos, decisivo para Puerto Rico. Un año en el que reafirmamos nuestra responsabilidad de informar con rigor, analizar con independencia y no apartar la mirada de los asuntos que afectan directamente a nuestra gente y a nuestras comunidades, especialmente en el Oeste del país.

Nada de esto sería posible sin el respaldo de nuestros auspiciadores y colaboradores, quienes han confiado en un proyecto periodístico que apuesta por la credibilidad, la fiscalización y la cercanía con el pueblo. Su apoyo no es solo comercial: es una inversión en la información responsable y en el derecho ciudadano a estar informado.

A nuestros lectores fieles y a quienes se sumaron en el camino durante este 2025, gracias por exigirnos más, por cuestionarnos y por acompañarnos. Ese diálogo constante es el que mantiene vivo a un medio independiente y comprometido.

Miramos al 2026 con esperanza, pero también con la firme convicción de que los desafíos continúan. Desde LA CALLE Digital, renovamos nuestro compromiso de seguir siendo un espacio para la verdad, el análisis serio y la voz de quienes muchas veces no la tienen en otros foros.

Que el nuevo año traiga salud, justicia, solidaridad y mejores oportunidades para Puerto Rico. Que sea un año de avances colectivos y de mayor conciencia ciudadana.

Gracias por estar ahí.

Gracias por creer.

Gracias por caminar con nosotros.

¡Feliz Navidad y un excelente 2026 para todos!

— Redacción de LA CALLE Digital

[La opinión de LA CALLE Digital] El azul que no es solo azul: La bandera de Puerto Rico

Por décadas se ha intentado reducir la discusión sobre la bandera de Puerto Rico a un asunto meramente estético: si el azul del triángulo debe ser claro o marino. Pero quien afirme eso, o desconoce la historia, o decide ignorarla. En Puerto Rico, los símbolos nunca han sido inocentes, y la bandera —nuestro principal emblema nacional— es prueba viva de ello.

La bandera puertorriqueña no nace del capricho ni de un comité gubernamental. Nace hace 130 años, en 1895, en el exilio, concebida por independentistas puertorriqueños en Nueva York, como un acto de afirmación nacional frente al colonialismo español. Fue diseñada deliberadamente como una hermana de la bandera cubana, invirtiendo los colores para subrayar una causa común: la libertad de las Antillas.

Ese diseño original incluía un azul claro, similar al cielo caribeño y al de la bandera cubana mambisa. No era casual. El triángulo azul representaba los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, y el color evocaba esperanza, futuro y emancipación. Así ondeó en la clandestinidad, así se conservó en la memoria histórica, y así fue reconocida por generaciones que veían en ella un símbolo de resistencia.

Todo cambia tras 1898. Con la invasión estadounidense, la bandera fue prohibida, criminalizada, perseguida. Portarla podía llevar a la cárcel. No fue hasta 1952, con el establecimiento del Estado Libre Asociado, que se legaliza su uso. Y es precisamente ahí donde comienza el silencio incómodo: nunca se legisló el tono exacto del azul.

Ese vacío no es menor. En la práctica, el azul comenzó a oscurecerse. El azul marino, más cercano al de la bandera de Estados Unidos, se impuso en edificios oficiales, escuelas y actos de gobierno. No por mandato legal, sino por inercia política y simbólica. El resultado fue una bandera que, sin cambiar su diseño, sí alteró su mensaje.

Aquí es donde el debate deja de ser cromático y se vuelve político.

El azul claro remite al proyecto inconcluso de nación, a la bandera concebida antes del dominio estadounidense, al ideal de soberanía. El azul marino, en cambio, coincide con el periodo de institucionalización del coloniaje moderno, con la subordinación política y con un Estado que administra, pero no decide plenamente su destino.

Decir que “ambos azules son válidos” puede ser legalmente correcto, pero históricamente incompleto. No todas las versiones cuentan la misma historia. No todas representan la misma aspiración. Y no todas incomodan al poder de igual forma.

Por eso no sorprende que el azul claro sea hoy reivindicado por sectores independentistas, académicos e historiadores, mientras el azul marino siga dominando la iconografía oficial. La disputa por el color es, en el fondo, una disputa por el relato: ¿somos una nación con una historia propia o un territorio con símbolos administrados?

Las banderas no solo se izan; se interpretan. Y cada vez que ondea una bandera de Puerto Rico con azul marino sin cuestionamiento alguno, se normaliza una versión descafeinada de nuestra historia. Cada vez que se rescata el azul claro, se revive una memoria que nunca fue derrotada, solo silenciada.

El azul de nuestra bandera no es un detalle. Es una declaración. Y mientras Puerto Rico siga sin resolver su condición política, el triángulo seguirá siendo escenario de una lucha que no ha terminado.

[La OPINIÓN de LA CALLE Digital] Sin información no hay pueblo soberano

Cuando se habla de acceso a la información pública, con frecuencia se presenta el tema como una preocupación exclusiva de periodistas, abogados o académicos. Ese enfoque es cómodo para el poder, pero profundamente engañoso. La verdad es más simple y grave: toda restricción al acceso a la información pública es una restricción directa al derecho del pueblo a fiscalizar su propio gobierno.

La reciente firma de las enmiendas a la llamada Ley de Transparencia por la gobernadora Jenniffer González Colón no debe analizarse únicamente como un revés para el periodismo investigativo, sino como un golpe a la capacidad del ciudadano común de saber cómo se toman las decisiones, cómo se gasta el dinero público y quién responde por los errores del Estado.

La información no es un privilegio, es un derecho

En una democracia funcional, la información pública pertenece al pueblo. El gobierno no la concede; la administra en nombre de la ciudadanía. Por eso, cualquier ley que alargue plazos, multiplique requisitos burocráticos o amplíe la discreción de las agencias para negar datos no es un mero ajuste administrativo: es una redefinición peligrosa del balance de poder entre gobernantes y gobernados.

Las nuevas disposiciones permiten que una agencia tarde meses en responder una solicitud. Autorizan extensiones amplias. Eliminan la obligación de entregar datos en formatos útiles. Y, quizá lo más preocupante, otorgan mayor margen para clasificar información como confidencial sin una revisión judicial inmediata.

Traducido al lenguaje cotidiano: el ciudadano que quiera saber cómo se otorgó un contrato, cómo se usaron fondos públicos, por qué se tomó una decisión administrativa o quién falló en su deber, tendrá que esperar más, insistir más y, muchas veces, resignarse.

El impacto real: silencio por agotamiento

Estas leyes no suelen cerrar puertas de golpe. Funcionan por desgaste. El ciudadano promedio no tiene los recursos, el tiempo ni el respaldo legal para insistir durante meses. La consecuencia práctica es el abandono del reclamo.

No se trata solo de investigaciones periodísticas complejas. Se trata del residente que quiere saber por qué su comunidad no recibe servicios. Del padre que pregunta por el uso de fondos en una escuela pública. Del paciente que intenta entender decisiones en el sistema de salud. De comunidades que buscan información ambiental, presupuestaria o contractual.

Cuando el acceso a la información se vuelve lento, confuso y frustrante, la participación ciudadana se debilita. Y cuando la ciudadanía deja de preguntar, el poder deja de rendir cuentas.

Transparencia que no ilumina

Resulta irónico que una ley que lleva el nombre de “transparencia” termine oscureciendo el proceso democrático. El argumento oficial de que estas enmiendas “organizan” o “hacen más manejable” el sistema ignora un principio básico: la eficiencia administrativa nunca debe prevalecer sobre el derecho del pueblo a saber.

Un gobierno verdaderamente comprometido con la transparencia invierte en sistemas, personal y procesos para responder rápido y bien. No responde al reto ampliando plazos ni creando obstáculos adicionales. Mucho menos concentrando poder discrecional en las mismas agencias que deben ser fiscalizadas.

El peligro democrático

La historia, en Puerto Rico y en toda América Latina, demuestra que el deterioro democrático rara vez comienza con censura abierta. Empieza con retrasos, con tecnicismos, con clasificaciones amplias, con cansancio ciudadano. Empieza cuando el acceso a la información deja de ser un derecho práctico y se convierte en una carrera de obstáculos.

Hoy no estamos ante un Estado que prohíbe preguntar. Estamos ante uno que hace que preguntar sea cada vez menos efectivo. Y esa diferencia, aunque sutil, es igual de peligrosa.

Una democracia sin información es una democracia vacía

El acceso a la información pública no es un favor al periodismo ni una concesión del gobierno. Es el mecanismo mediante el cual el pueblo ejerce soberanía. Sin información oportuna, útil y completa, el voto se vacía de contenido, la fiscalización se debilita y la corrupción encuentra terreno fértil.

Defender el acceso a la información no es defender a los periodistas. Es defender al ciudadano. Es defender el derecho a saber. Y, en última instancia, es defender la democracia misma.

[OPINIÓN] Llegamos al colmo del descaro… La corrupción no se disimula

Por Marimer Lanza González-Rodiles

Ayer el pueblo de Puerto Rico tuvo frente a sus ojos a plena luz del día como aprobaron la confirmación del nombramiento para juez a Samuel Acosta, unos de los creadores de la famosa orden divina en la cual pretende legalizar lo ilegal.

Ya no hacen las cosas como ladrones en la noche…. Ahora con su arrogancia, prepotencia y autoritarismo lo hacen sin ningún reparo y sin ningún tipo de cargo de conciencia en avalar un acto claro de corrupción. 

Ayer fue un día para la isla en el cual quedará marcado en la historia de nuestra isla. Un día en el cual premian a una persona por su fidelidad y lealtad a sus líderes.

Líderes que nos han demostrado su poder totalitario y selectivo.

Líderes que se aprovechan de su poder para poder ejercer a su gusto y gana de como mover las fichas a su favor para poder conseguir todo lo que quieren.

Líderes que su prioridad siempre ha sido para su beneficio personal y en vez de que sea un beneficio para el pueblo.

Líderes que no se postulan para servirles al pueblo, si no para repartirse lo que le corresponde al pueblo.

Líderes que buscan una mejor calidad de vida, y no por su labor, si no de la manera más fácil en la que pueden generar dinero, lujos y buena vida….

Entonces se atreven a seguir con la frase trillada de que aquí no somos como Cuba y Venezuela.

¿Pero qué nos diferencia de ellos?

Para los cortos de memoria, aquí el que proteste en contra de las medidas y abusos de este sistema los persiguen, les dañan la reputación y hasta los indisponen.

Un sistema que utiliza a la policía para que les sirva de escudos, y hasta agreden los manifestantes… los utilizan para hacer el frente que estos no se atreven hacer, porque son unos cobardes. Y utilizan a estos servidores como marionetas para lograr sus objetivos. 

Servidores que los tienen igual de oprimidos que al pueblo, que se burlan de ellos, no les aumentan el sueldo y no les aseguran un retiro digno.

Cada vez que los necesitan, ahí es que tocan el tema de que los van a ayudar para que estos se enfrenten al pueblo. Y cuando el sistema logra su cometido también se olvidan de ellos, hasta la próxima ocasión que los necesiten.

¿En qué más ya nos parecemos a Cuba y Venezuela? Pues fácil, de la misma manera que en aquellos dos lugares sus líderes se han robado todo y han dejado al pueblo atrás…

Que ellos son los que tienen los privilegios y la buena vida a costa del sufrimiento de un pueblo que sigue tratando de tener la esperanza que algún día llegue un líder que se acuerde de ellos.

Un pueblo que grita por servicios de salud, por una buena educación, por una buena estabilidad social.

Un pueblo que sufre por no poder pagar los servicios básicos que todos necesitamos para poder vivir.

Un pueblo que sufre cada vez que uno de los suyos se tiene que ir lejos para poder echar pa’ lante para poder superarse y vivir un poco más cómodo. 

Somos un pueblo sufrido, un pueblo maltratado, un pueblo que tiene todavía la esperanza de que todo va a cambiar.

Somos un pueblo que ciegamente, que estamos depositando todas nuestras esperanzas de que algún día llegue este líder que nos mire y nos tome en cuenta…

Yo como algunos siento que está todo perdido, que estamos remando contra la corriente.

Estamos todos navegando en un mar de turbulencias y que cada vez recibimos un marullo que nos aplasta.

Pero el que me sienta así en ciertas ocasiones, no me puedo permitir caer y mucho menos claudicar mis valores y mis principios y mucho menos perder el amor a mi gente y a mi patria.

Por ahí dicen que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista… Y ya nosotros hemos sabido unirnos y nos hemos levantado.  Ya esto no es cuestión de tiempo, es cuestión de actuar. De tener el valor… De sacarnos el miedo que nos atormenta.

OPINIÓN: “Encaramado” en una nube parte del liderato del PPD

Por Marimer Lanza González-Rodiles

La arrogancia y la prepotencia son unos adjetivos calificativos distintivos en el partido PNP… Actitudes y comportamientos en los cuales imponen una línea de superioridad y altanería hacia el pueblo.

Pero cuando estas actitudes son adoptadas por miembros del partido que su lema siempre fue PAN, TIERRA y LIBERTAD, nos damos cuenta de que se han convertido en una copia del partido que por tantos años señalaron de ser los «malos».

En el PPD todavía quedan personas que son unos verdaderos líderes y su prioridad es el pueblo. Personas que no son politiqueras; que son políticos de calidad, y que manejan sus ciudades sin importarles si las personas son de su partido o no.

En cambio, están los altaneros, que tienen a sus «guerrilleros» atacando e insultando en las redes sociales. Y estas personas son empleados, o sea son servidores públicos, pagados por las personas que estos tienen valor de insultar.

¡Así de grande está su ego! ¡Se creen intocables!

Imponiendo miedo a los que se atreven hablar o denunciar alguna situación.

E irónicamente, eso mismo que estos hacen ahora, es lo mismo que le criticaban a la «pasada administración «…

Ustedes no se pueden molestar cuando les dicen que ustedes y ellos son iguales… PNP=PPD.

Ustedes mismos sancionan a los de ustedes que se atreva a decir la verdad de lo que pasa dentro del partido.

Al parecer esa es una de las grandezas de la gran «refundación»… Tapar las verdades, pasarle la manito a los que lo hacen mal y hasta mirar hacia otro lado.

Ustedes llegaron tristemente en las pasadas elecciones en un tercer lugar… ¿Todavía no se dan cuenta de que el pueblo les está pasando factura por su silencio e inacción ante tanta injusticia y tantas vicisitudes que pueblo está viviendo?

Que ustedes se han acomodado en lugar más cómodo sin importarles el pueblo.

¡Que muchos de ustedes traicionaron al pueblo!

Y… A los arrogantes y prepotentes les recuerdo, que por más arriba que se crean que están, siempre, pero siempre caen… Que gane por muchos votos no significa que sea el mejor; es que el otro era peor y nadie lo quería…