Gracias por caminar con nosotros: hacia un 2026 con más compromiso y verdad

25 diciembre, 2025 2:32 pm by

En las postrimerías del año 2025, en LA CALLE Digital hacemos una pausa necesaria para agradecer. Agradecer a quienes leen, comparten, comentan, discrepan y confían. A quienes, día tras día, nos permiten entrar en sus hogares, en sus teléfonos y en sus conversaciones. A ustedes, nuestros lectores y seguidores, va dirigido este mensaje.

Este ha sido un año intenso, retador y, en muchos sentidos, decisivo para Puerto Rico. Un año en el que reafirmamos nuestra responsabilidad de informar con rigor, analizar con independencia y no apartar la mirada de los asuntos que afectan directamente a nuestra gente y a nuestras comunidades, especialmente en el Oeste del país.

Nada de esto sería posible sin el respaldo de nuestros auspiciadores y colaboradores, quienes han confiado en un proyecto periodístico que apuesta por la credibilidad, la fiscalización y la cercanía con el pueblo. Su apoyo no es solo comercial: es una inversión en la información responsable y en el derecho ciudadano a estar informado.

A nuestros lectores fieles y a quienes se sumaron en el camino durante este 2025, gracias por exigirnos más, por cuestionarnos y por acompañarnos. Ese diálogo constante es el que mantiene vivo a un medio independiente y comprometido.

Miramos al 2026 con esperanza, pero también con la firme convicción de que los desafíos continúan. Desde LA CALLE Digital, renovamos nuestro compromiso de seguir siendo un espacio para la verdad, el análisis serio y la voz de quienes muchas veces no la tienen en otros foros.

Que el nuevo año traiga salud, justicia, solidaridad y mejores oportunidades para Puerto Rico. Que sea un año de avances colectivos y de mayor conciencia ciudadana.

Gracias por estar ahí.

Gracias por creer.

Gracias por caminar con nosotros.

¡Feliz Navidad y un excelente 2026 para todos!

— Redacción de LA CALLE Digital

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[La opinión de LA CALLE Digital] El azul que no es solo azul: La bandera de Puerto Rico

20 diciembre, 2025 12:30 pm by

Por décadas se ha intentado reducir la discusión sobre la bandera de Puerto Rico a un asunto meramente estético: si el azul del triángulo debe ser claro o marino. Pero quien afirme eso, o desconoce la historia, o decide ignorarla. En Puerto Rico, los símbolos nunca han sido inocentes, y la bandera —nuestro principal emblema nacional— es prueba viva de ello.

La bandera puertorriqueña no nace del capricho ni de un comité gubernamental. Nace hace 130 años, en 1895, en el exilio, concebida por independentistas puertorriqueños en Nueva York, como un acto de afirmación nacional frente al colonialismo español. Fue diseñada deliberadamente como una hermana de la bandera cubana, invirtiendo los colores para subrayar una causa común: la libertad de las Antillas.

Ese diseño original incluía un azul claro, similar al cielo caribeño y al de la bandera cubana mambisa. No era casual. El triángulo azul representaba los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, y el color evocaba esperanza, futuro y emancipación. Así ondeó en la clandestinidad, así se conservó en la memoria histórica, y así fue reconocida por generaciones que veían en ella un símbolo de resistencia.

Todo cambia tras 1898. Con la invasión estadounidense, la bandera fue prohibida, criminalizada, perseguida. Portarla podía llevar a la cárcel. No fue hasta 1952, con el establecimiento del Estado Libre Asociado, que se legaliza su uso. Y es precisamente ahí donde comienza el silencio incómodo: nunca se legisló el tono exacto del azul.

Ese vacío no es menor. En la práctica, el azul comenzó a oscurecerse. El azul marino, más cercano al de la bandera de Estados Unidos, se impuso en edificios oficiales, escuelas y actos de gobierno. No por mandato legal, sino por inercia política y simbólica. El resultado fue una bandera que, sin cambiar su diseño, sí alteró su mensaje.

Aquí es donde el debate deja de ser cromático y se vuelve político.

El azul claro remite al proyecto inconcluso de nación, a la bandera concebida antes del dominio estadounidense, al ideal de soberanía. El azul marino, en cambio, coincide con el periodo de institucionalización del coloniaje moderno, con la subordinación política y con un Estado que administra, pero no decide plenamente su destino.

Decir que “ambos azules son válidos” puede ser legalmente correcto, pero históricamente incompleto. No todas las versiones cuentan la misma historia. No todas representan la misma aspiración. Y no todas incomodan al poder de igual forma.

Por eso no sorprende que el azul claro sea hoy reivindicado por sectores independentistas, académicos e historiadores, mientras el azul marino siga dominando la iconografía oficial. La disputa por el color es, en el fondo, una disputa por el relato: ¿somos una nación con una historia propia o un territorio con símbolos administrados?

Las banderas no solo se izan; se interpretan. Y cada vez que ondea una bandera de Puerto Rico con azul marino sin cuestionamiento alguno, se normaliza una versión descafeinada de nuestra historia. Cada vez que se rescata el azul claro, se revive una memoria que nunca fue derrotada, solo silenciada.

El azul de nuestra bandera no es un detalle. Es una declaración. Y mientras Puerto Rico siga sin resolver su condición política, el triángulo seguirá siendo escenario de una lucha que no ha terminado.

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[La OPINIÓN de LA CALLE Digital] Sin información no hay pueblo soberano

16 diciembre, 2025 5:01 pm by

Cuando se habla de acceso a la información pública, con frecuencia se presenta el tema como una preocupación exclusiva de periodistas, abogados o académicos. Ese enfoque es cómodo para el poder, pero profundamente engañoso. La verdad es más simple y grave: toda restricción al acceso a la información pública es una restricción directa al derecho del pueblo a fiscalizar su propio gobierno.

La reciente firma de las enmiendas a la llamada Ley de Transparencia por la gobernadora Jenniffer González Colón no debe analizarse únicamente como un revés para el periodismo investigativo, sino como un golpe a la capacidad del ciudadano común de saber cómo se toman las decisiones, cómo se gasta el dinero público y quién responde por los errores del Estado.

La información no es un privilegio, es un derecho

En una democracia funcional, la información pública pertenece al pueblo. El gobierno no la concede; la administra en nombre de la ciudadanía. Por eso, cualquier ley que alargue plazos, multiplique requisitos burocráticos o amplíe la discreción de las agencias para negar datos no es un mero ajuste administrativo: es una redefinición peligrosa del balance de poder entre gobernantes y gobernados.

Las nuevas disposiciones permiten que una agencia tarde meses en responder una solicitud. Autorizan extensiones amplias. Eliminan la obligación de entregar datos en formatos útiles. Y, quizá lo más preocupante, otorgan mayor margen para clasificar información como confidencial sin una revisión judicial inmediata.

Traducido al lenguaje cotidiano: el ciudadano que quiera saber cómo se otorgó un contrato, cómo se usaron fondos públicos, por qué se tomó una decisión administrativa o quién falló en su deber, tendrá que esperar más, insistir más y, muchas veces, resignarse.

El impacto real: silencio por agotamiento

Estas leyes no suelen cerrar puertas de golpe. Funcionan por desgaste. El ciudadano promedio no tiene los recursos, el tiempo ni el respaldo legal para insistir durante meses. La consecuencia práctica es el abandono del reclamo.

No se trata solo de investigaciones periodísticas complejas. Se trata del residente que quiere saber por qué su comunidad no recibe servicios. Del padre que pregunta por el uso de fondos en una escuela pública. Del paciente que intenta entender decisiones en el sistema de salud. De comunidades que buscan información ambiental, presupuestaria o contractual.

Cuando el acceso a la información se vuelve lento, confuso y frustrante, la participación ciudadana se debilita. Y cuando la ciudadanía deja de preguntar, el poder deja de rendir cuentas.

Transparencia que no ilumina

Resulta irónico que una ley que lleva el nombre de “transparencia” termine oscureciendo el proceso democrático. El argumento oficial de que estas enmiendas “organizan” o “hacen más manejable” el sistema ignora un principio básico: la eficiencia administrativa nunca debe prevalecer sobre el derecho del pueblo a saber.

Un gobierno verdaderamente comprometido con la transparencia invierte en sistemas, personal y procesos para responder rápido y bien. No responde al reto ampliando plazos ni creando obstáculos adicionales. Mucho menos concentrando poder discrecional en las mismas agencias que deben ser fiscalizadas.

El peligro democrático

La historia, en Puerto Rico y en toda América Latina, demuestra que el deterioro democrático rara vez comienza con censura abierta. Empieza con retrasos, con tecnicismos, con clasificaciones amplias, con cansancio ciudadano. Empieza cuando el acceso a la información deja de ser un derecho práctico y se convierte en una carrera de obstáculos.

Hoy no estamos ante un Estado que prohíbe preguntar. Estamos ante uno que hace que preguntar sea cada vez menos efectivo. Y esa diferencia, aunque sutil, es igual de peligrosa.

Una democracia sin información es una democracia vacía

El acceso a la información pública no es un favor al periodismo ni una concesión del gobierno. Es el mecanismo mediante el cual el pueblo ejerce soberanía. Sin información oportuna, útil y completa, el voto se vacía de contenido, la fiscalización se debilita y la corrupción encuentra terreno fértil.

Defender el acceso a la información no es defender a los periodistas. Es defender al ciudadano. Es defender el derecho a saber. Y, en última instancia, es defender la democracia misma.

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[OPINIÓN] Llegamos al colmo del descaro… La corrupción no se disimula

11 noviembre, 2025 3:20 pm by

Por Marimer Lanza González-Rodiles

Ayer el pueblo de Puerto Rico tuvo frente a sus ojos a plena luz del día como aprobaron la confirmación del nombramiento para juez a Samuel Acosta, unos de los creadores de la famosa orden divina en la cual pretende legalizar lo ilegal.

Ya no hacen las cosas como ladrones en la noche…. Ahora con su arrogancia, prepotencia y autoritarismo lo hacen sin ningún reparo y sin ningún tipo de cargo de conciencia en avalar un acto claro de corrupción. 

Ayer fue un día para la isla en el cual quedará marcado en la historia de nuestra isla. Un día en el cual premian a una persona por su fidelidad y lealtad a sus líderes.

Líderes que nos han demostrado su poder totalitario y selectivo.

Líderes que se aprovechan de su poder para poder ejercer a su gusto y gana de como mover las fichas a su favor para poder conseguir todo lo que quieren.

Líderes que su prioridad siempre ha sido para su beneficio personal y en vez de que sea un beneficio para el pueblo.

Líderes que no se postulan para servirles al pueblo, si no para repartirse lo que le corresponde al pueblo.

Líderes que buscan una mejor calidad de vida, y no por su labor, si no de la manera más fácil en la que pueden generar dinero, lujos y buena vida….

Entonces se atreven a seguir con la frase trillada de que aquí no somos como Cuba y Venezuela.

¿Pero qué nos diferencia de ellos?

Para los cortos de memoria, aquí el que proteste en contra de las medidas y abusos de este sistema los persiguen, les dañan la reputación y hasta los indisponen.

Un sistema que utiliza a la policía para que les sirva de escudos, y hasta agreden los manifestantes… los utilizan para hacer el frente que estos no se atreven hacer, porque son unos cobardes. Y utilizan a estos servidores como marionetas para lograr sus objetivos. 

Servidores que los tienen igual de oprimidos que al pueblo, que se burlan de ellos, no les aumentan el sueldo y no les aseguran un retiro digno.

Cada vez que los necesitan, ahí es que tocan el tema de que los van a ayudar para que estos se enfrenten al pueblo. Y cuando el sistema logra su cometido también se olvidan de ellos, hasta la próxima ocasión que los necesiten.

¿En qué más ya nos parecemos a Cuba y Venezuela? Pues fácil, de la misma manera que en aquellos dos lugares sus líderes se han robado todo y han dejado al pueblo atrás…

Que ellos son los que tienen los privilegios y la buena vida a costa del sufrimiento de un pueblo que sigue tratando de tener la esperanza que algún día llegue un líder que se acuerde de ellos.

Un pueblo que grita por servicios de salud, por una buena educación, por una buena estabilidad social.

Un pueblo que sufre por no poder pagar los servicios básicos que todos necesitamos para poder vivir.

Un pueblo que sufre cada vez que uno de los suyos se tiene que ir lejos para poder echar pa’ lante para poder superarse y vivir un poco más cómodo. 

Somos un pueblo sufrido, un pueblo maltratado, un pueblo que tiene todavía la esperanza de que todo va a cambiar.

Somos un pueblo que ciegamente, que estamos depositando todas nuestras esperanzas de que algún día llegue este líder que nos mire y nos tome en cuenta…

Yo como algunos siento que está todo perdido, que estamos remando contra la corriente.

Estamos todos navegando en un mar de turbulencias y que cada vez recibimos un marullo que nos aplasta.

Pero el que me sienta así en ciertas ocasiones, no me puedo permitir caer y mucho menos claudicar mis valores y mis principios y mucho menos perder el amor a mi gente y a mi patria.

Por ahí dicen que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista… Y ya nosotros hemos sabido unirnos y nos hemos levantado.  Ya esto no es cuestión de tiempo, es cuestión de actuar. De tener el valor… De sacarnos el miedo que nos atormenta.

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OPINIÓN: “Encaramado” en una nube parte del liderato del PPD

1 noviembre, 2025 3:28 pm by

Por Marimer Lanza González-Rodiles

La arrogancia y la prepotencia son unos adjetivos calificativos distintivos en el partido PNP… Actitudes y comportamientos en los cuales imponen una línea de superioridad y altanería hacia el pueblo.

Pero cuando estas actitudes son adoptadas por miembros del partido que su lema siempre fue PAN, TIERRA y LIBERTAD, nos damos cuenta de que se han convertido en una copia del partido que por tantos años señalaron de ser los «malos».

En el PPD todavía quedan personas que son unos verdaderos líderes y su prioridad es el pueblo. Personas que no son politiqueras; que son políticos de calidad, y que manejan sus ciudades sin importarles si las personas son de su partido o no.

En cambio, están los altaneros, que tienen a sus «guerrilleros» atacando e insultando en las redes sociales. Y estas personas son empleados, o sea son servidores públicos, pagados por las personas que estos tienen valor de insultar.

¡Así de grande está su ego! ¡Se creen intocables!

Imponiendo miedo a los que se atreven hablar o denunciar alguna situación.

E irónicamente, eso mismo que estos hacen ahora, es lo mismo que le criticaban a la «pasada administración «…

Ustedes no se pueden molestar cuando les dicen que ustedes y ellos son iguales… PNP=PPD.

Ustedes mismos sancionan a los de ustedes que se atreva a decir la verdad de lo que pasa dentro del partido.

Al parecer esa es una de las grandezas de la gran «refundación»… Tapar las verdades, pasarle la manito a los que lo hacen mal y hasta mirar hacia otro lado.

Ustedes llegaron tristemente en las pasadas elecciones en un tercer lugar… ¿Todavía no se dan cuenta de que el pueblo les está pasando factura por su silencio e inacción ante tanta injusticia y tantas vicisitudes que pueblo está viviendo?

Que ustedes se han acomodado en lugar más cómodo sin importarles el pueblo.

¡Que muchos de ustedes traicionaron al pueblo!

Y… A los arrogantes y prepotentes les recuerdo, que por más arriba que se crean que están, siempre, pero siempre caen… Que gane por muchos votos no significa que sea el mejor; es que el otro era peor y nadie lo quería…

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[COLUMNA] ¿Quién manda en el DRNA?

15 septiembre, 2025 8:03 am by

Por Víctor Alvarado Guzmán, secretario de Asuntos Ambientales del PIP

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) es, en teoría, la agencia que tiene la responsabilidad de proteger los ecosistemas más valiosos de Puerto Rico. Sin embargo, la pregunta que surge a raíz de los últimos acontecimientos es inquietante: ¿quién manda realmente en el DRNA?

El actual secretario, Waldemar Quiles Pérez, se ha visto en el centro de decisiones que ponen en duda hasta dónde llega su autoridad. La más reciente se relaciona con la muerte de tres manatíes en Salinas desde que comenzó el 2025. Quiles, alarmado por el impacto que tienen las motoras acuáticas (jet ski) sobre esta especie en peligro de extinción, delegó la redacción de una orden administrativa para prohibir el uso de estos vehículos en esa zona.

La medida, que tiene un fin loable, busca reducir las lesiones que sufren los manatíes por choques con hélices de motoras acuáticas que circulan a exceso de velocidad en la Bahía de Salinas. La Ley de Navegación y Seguridad Acuática ya establece un límite máximo de cinco millas por hora en marinas y áreas de anclaje, precisamente para evitar oleajes que afecten a embarcaciones y fauna marina.

No obstante, según el propio Quiles, hay quienes hacen caso omiso y ponen en riesgo tanto la vida marina como la seguridad de otras personas. Además, la falta de personal que aqueja al DRNA es un obstáculo para atender la situación y expedir las multas requeridas por las infracciones en el mar.

“Esto nos debe tomar un tiempo razonable y recibir el visto bueno de más arriba”, reconoció el secretario al anunciar la iniciativa. Esa frase —“más arriba”— revela una dinámica poco discutida: el jefe de Recursos Naturales no es quien toma las decisiones en la agencia. Sus disposiciones deben pasar por un filtro de supervisores superiores. Pero ¿quiénes son y en qué momento se convierten en un poder prominente dentro de la agencia?

En la práctica, el DRNA parece operar bajo una jerarquía donde el secretario no siempre tiene la última palabra. La pregunta clave es si esas instancias “más arriba” responden a criterios técnicos de conservación ambiental o a presiones políticas y económicas. La tensión entre lo legal, lo ambiental y lo político es una constante en la historia reciente de esta dependencia.

Un ejemplo claro se dio a inicios de este mismo año, cuando Quiles firmó la Orden Administrativa 2025-01 que legalizó las casetas construidas ilegalmente en La Parguera, en Lajas. Estas estructuras, levantadas sobre terrenos marítimo-terrestres, han sido objeto de controversias legales y ambientales durante décadas. Organizaciones ambientales, expertos en derecho y hasta informes legislativos habían coincidido en que muchas de esas casetas representan una ocupación ilegal de bienes de dominio público.

La decisión de Quiles, más que resolver el problema, lo profundizó. Para sus críticos, fue una medida política que abrió la puerta a la privatización encubierta de áreas naturales, beneficiando a grupos con poder económico y conexiones políticas, como el caso de los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón.

Esa experiencia en La Parguera genera dudas sobre la nueva orden propuesta para la bahía de Salinas. ¿Será verdaderamente un ejercicio de facultad para proteger al manatí o terminará diluyéndose en el laberinto de aprobaciones “de más arriba”? La respuesta no es clara. Lo que sí está sobre la mesa es que, incluso cuando Quiles expresa determinación —“no tengo miedo en ejercerla, que me lleven a corte”—, admite que depende de un aval jerárquico.

El caso de las motoras acuáticas también plantea otro dilema: mientras se intenta restringir su uso en un área crítica para los manatíes, se mantiene libre la circulación de botes en la misma bahía. Algunos sectores ya anticipan que esta diferencia podría interpretarse como discriminatoria o inconsistente, lo que añade más presión política y legal a la medida.

Lo que ocurre en el DRNA es un reflejo de la fragilidad institucional en Puerto Rico. Una agencia llamada a ser guardiana de la naturaleza opera bajo sombras de presiones externas, conflictos internos y decisiones administrativas que no siempre responden al interés público. Cuando un secretario admite que sus órdenes requieren aprobación “más arriba”, se diluye la idea de que la protección ambiental está en manos de quienes se supone lideran esa misión.

Por eso la pregunta inicial cobra más fuerza: ¿quién manda realmente en el DRNA? Algunos pensarán que la contestación es obvia. Pero, mientras no se aclare esa línea de mando, las decisiones sobre el futuro de nuestras playas, bosques, arrecifes y especies en peligro seguirán siendo rehenes de intereses ajenos a la conservación. Y eso, en un país que depende tanto de su entorno natural, es un riesgo demasiado grande.

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[COLUMNA] Con derechos, pero sin carnet

10 septiembre, 2025 10:31 am by
Carnet de prensa de mi abuelo, Francisco Hernández Vargas, quien fue redactor de El
Imparcial cuando era estudiante universitario en la década del 1930.

Por Carlos F. Ramos Hernández, del Centro de Periodismo Investigativo

El debate sobre quién debe considerarse prensa o periodista ha sido tema controversial por mucho tiempo en nuestro país y en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con la legitimidad del llamado “carnet oficial” que, en Puerto Rico, emite el Departamento de Estado.

La mayoría de los miembros de la prensa, incluyendo el equipo de periodistas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), no lo solicitan ni lo utilizan por entender que es una intromisión indebida del Estado sobre quién ejerce el rol de prensa.

El Departamento de Estado, por medio del “carnet oficial” sólo “confirma” que un periodista trabaja para un medio o que una persona freelance ha realizado labores periodísticas anteriormente. Ni más ni menos.

Se supone que con la credencial de prensa del medio al que se pertenece, un periodista pueda hacer cualquier cobertura, sin limitaciones. No necesita uno emitido por el gobierno. Y que también se permita participar a personas que buscan informar al público, con o sin carnet, pues hoy día, los que ejercen el rol de comunicar ya no son solo los que se sientan en las casi extintas salas de redacción, y hay múltiples formas en que se informa sobre el acontecer noticioso.

La administración de turno, en cada convocatoria de prensa que envía, comenzó a exigir a los periodistas llevar el “carnet de prensa oficial” del Departamento de Estado como si fuera una condición para participar de los eventos públicos de la gobernadora Jenniffer González Colón.

A pesar de la directriz, hasta ahora no suelen tener problemas los periodistas que muestran la credencial de prensa emitida por sus medios.

Sin embargo, es cuestionable esta nueva exigencia cuando, en paralelo, la mandataria y su esposo han recibido con brazos abiertos, sin credencial del Departamento de Estado, a un batallón de influencers y creadores de contenido para generar cobertura “positiva” de relaciones públicas que entremezclan con la actualidad noticiosa. ¿Será que estas personalidades tienen más privilegios que medios independientes, aunque no tengan el “carnet oficial”?

La Oficina de Prensa de La Fortaleza sabe bien que no puede exigir el carnet del Departamento de Estado. Esto es así porque representaría una clara violación a las garantías de libertad de expresión y de la prensa que operan en Puerto Rico. Y acudir al tribunal para remediar esta violación y, que un periodista obtenga una orden para que le permiten cubrir un evento, tampoco debe ser la respuesta, aunque sea una opción posible.

Hay que atender el problema de raíz: los gobernantes no deben tener la potestad de ser quienes cuestionen las cualificaciones de las personas que pueden fiscalizarlos y ejercer un rol de prensa en las conferencias desde la sede del Gobierno o desde cualquier lugar.

La definición de “prensa”, según ha sido interpretada por los tribunales al amparo de la Constitución de Puerto Rico y la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, es sencilla: cualquier persona que recopile información noticiosa con el propósito de difundirla para informar, está llevando a cabo funciones protegidas por la constitución, independientemente de si estudió formalmente periodismo o si está empleado por un medio.

Hoy día, bajo los entendidos modernos de la libertad de expresión, no existe una distinción legal entre un periodista y un ciudadano de a pie que ejerce funciones periodísticas.

Nuestro Tribunal Supremo ha explicado que la “misión de la prensa” en Puerto Rico es amplia e implica “viabilizar un vehículo de información y opinión, informar y educar al público, ofrecer críticas, proveer un foro para la discusión y el debate, y actuar como un sustituto para obtener noticias e información para sus lectores”.

El año pasado, la Overseas Press Club (OPC) llevó a cabo una campaña educativa llamada “No somos lo mismo” que buscaba delinear la diferencia clara entre periodistas, analistas políticos e influencers. En definitiva, no son lo mismo. Los periodistas tienen la obligación de publicar la verdad sin matices y regirse por un código de ética profesional. Seguir estos principios y respetar a los colegas que practican estos valores cimentan su credibilidad e independencia ante sus audiencias.

Ahora bien, si una persona recopila y difunde información noticiosa, sin importar su título u oficio, tiene la misma protección constitucional ‘como si fuese periodista’. Esto se ha convertido en un pilar de las democracias modernas, porque el principio del “consentimiento de los gobernados” requiere que el pueblo, sin distinción, pueda cuestionar las actuaciones de sus gobernantes. Lo contrario abre la peligrosa puerta de la censura oficial, como la que rigió en Puerto Rico durante los siglos pasados y que todavía existe en diversas partes del mundo.

Bajo el dominio español, los periódicos de la época requerían de licencias oficiales para su publicación, debían pagar fianzas o multas y, aún ante esta censura previa, jueces y fiscales de imprenta perseguían a directores, periodistas y lectores opuestos al Gobierno, según narra Antonio S. Pedreira en El periodismo en Puerto Rico (1941). Lo mismo sucedió durante los comienzos del dominio estadounidense cuando el Estado permitió que grupos privados atacaran a la prensa que criticara al gobierno militar; esto, por ejemplo, llevó, a la destrucción del local del Diario de Puerto Rico, dirigido por Luis Muñoz Rivera, a manos de turbas opositoras.

Vale la pena preguntarse, ¿debe seguir existiendo un “carnet oficial”? ¿Qué función cumple la credencial de prensa que emite el Departamento de Estado?

A finales de los noventa, en la decisión de Disidente Univ. de P.R. v. Depto. de Estado, una mayoría del Tribunal Supremo validó el reglamento vigente en ese momento que habilitaba al Departamento de Estado a emitir el “carnet oficial”. El tribunal resolvió que esta credencial era constitucional porque estaba ligada a la expedición de tablillas especiales para vehículos de motor que utilizan los miembros acreditados de prensa.

Pero, hoy día, ¿hay estacionamientos de prensa disponibles en las estructuras gubernamentales para toda persona que tenga esta credencial? Y si el estacionamiento es limitado, ¿bajo cuáles criterios se decide quién puede cubrir el evento noticioso? ¿Sólo los medios organizados, corporativos o “reconocidos”? ¿Y los periodistas independientes, comunitarios o freelancers? Si las tablillas especiales ya no tienen utilidad, ¿para qué sirve esta credencial?

El reglamento actual del Departamento de Estado dispone de varios requisitos de certificación y documentación que aparentan ser a todas luces sencillos. Una comisión, compuesta por representantes de medios de comunicación nombrada por el Secretario de Estado, está a cargo de revisar que un solicitante presente una certificación de que trabaja para “una empresa periodística”.

En el caso de periodistas independientes o freelance, estos deben someter una declaración jurada en donde se certifiquen “sus labores y presente evidencia de los trabajos periodísticos que realizan”. Según el reglamento, la comisión sólo presenta una recomendación y toca al Gobierno emitir y firmar la resolución final.

Los requisitos para periodistas independientes se definieron para permitir que se pueda ejercer como periodista freelance desde las redes, en parte, luego de que el Tribunal de Apelaciones resolviera en 2012 que a Juan Carlos Pedreira, quien en ese momento operaba la plataforma “CaribNews” principalmente en Twitter, le habían denegado arbitrariamente la expedición del “carnet oficial” a pesar de haber acreditado que laboraba como reportero freelance. Por primera vez, se le otorgó un “carnet oficial” a un periodista independiente que informaba a su público desde las redes sociales.

En el abstracto, la lógica detrás de una credencial de prensa no carece de todo sentido. Cumplen una función razonable de cómo identificar a personas que cubren eventos noticiosos y sirve para coordinar otros asuntos de logística y espacio físico. Son comunes en la historia reciente del periodismo.

En varios países de Europa, por ejemplo, son las asociaciones de periodistas quienes las emiten, y no siempre el Gobierno. El problema está en su oficialización y en la obligatoriedad de presentar el “carnet oficial” para las coberturas en donde participen funcionarios, porque limita quiénes y de qué manera pueden cuestionar las decisiones de política pública que nos afectan. ¿O es que el gobierno sólo quiere una audiencia de aduladores y adeptos en sus conferencias de prensa?

Según un estudio del Digital Media Law Project de la Universidad de Harvard (2014), la iniciativa académica que más a fondo ha estudiado este tema, uno de cada cinco periodistas entrevistados informó que le habían rechazado la emisión de una credencial en al menos una ocasión. El estudio señala que los periodistas freelance y los fotoperiodistas suelen ser de los grupos con mayor probabilidad de ser denegados.

La credencial se ha convertido en un mecanismo para ejercer control gubernamental arbitrario sobre la libertad de prensa. Hoy, son algunos medios independientes, la Prensa Comunitaria y los freelancers quiénes han sido objeto de esta censura del Estado. ¿Y qué pasa si se deja pasar esta arbitrariedad, y luego el Gobierno decide que los medios que le fiscalizan e incomodan, sean grandes, pequeños, corporativos, diarios, mensuarios, con o sin fines de lucro, tampoco pueden cubrir La Fortaleza?

No podemos permitir que el Gobierno dicte quién es o no periodista. Esto, claro, tiene que venir acompañado de la defensa constante de los principios éticos por los cuales deben regirse todos los que dicen ejercer el oficio del periodismo. Más importante aún, si la misión de la prensa en Puerto Rico incluye “ofrecer críticas, proveer un foro para la discusión y el debate”, entonces el “carnet oficial” no puede ser un obstáculo ni una condición impuesta por el Gobierno para ejercer la libertad de palabra.

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“Gracias por nada, José Guillermo…”

11 junio, 2025 6:59 am by

Por Iván Vargas Muñiz*

José Guillermo:

Le fallaste al pueblo, a los que te dimos el voto, a los pacientes de trauma, a la legislatura al Partido Popular, pero sobre todo le fallaste a Puerto Rico.

Durante toda tu vida como funcionario público, tomaste los mismos adiestramientos que los que tomamos mis hermanos, mi papá (QPD) y yo, como empleados del gobierno. Como funcionario electo, tomaste más adiestramientos que los que se me requieren a mí, a mi padre y a mis hermanos.

Sin embargo, Guillito, ni mis hermanos, ni mi papá, ni yo, hemos sido señalados por corrupción y tú sí.

Hoy siento vergüenza ajena. Si, porque hoy en el Tribunal, no tuviste la misma valentía para pedir perdón que la que tuviste para cometer los actos de los que te declaraste culpable. No te atreviste a decirle a Mayagüez, en el Tribunal, que te sentías arrepentido.

En cambio, saliste con la soberbia que te caracterizó siempre, a decir que tú nunca habías recibido ningún señalamiento como alcalde. Que, por tus acciones, se habían recuperado los $9 millones cuando tú sabes que se recuperaron gracias a que los seguros respondieron.

No, Guillito. Mayagüez no merecía lo que nos hiciste. Nos dejaste sin las mejoras que necesitaba el Centro Médico de Mayagüez para convertirse en el Centro de Trauma del Oeste. Por tus acciones o inacciones, murió gente, Guillito.

Tu conciencia debe traicionarte y comenzar a recordarte todas esas personas que no pudieron recibir estos servicios.

Enredaste a una funcionaria la cual, tal vez, actuando por lealtad, tiene que ver su récord dañado. Toda una profesional que hizo lo que su jefe le pedía, tal vez sin saber, tal vez sabiéndolo, pero por miedo, actúo contrario a la ley.

Con esto, esperamos cerrar este triste capítulo en la historia mayagüezana.

Hoy Mayagüez tiene un nuevo alcalde. Uno que tiene las verdaderas ganas de levantar nuestra ciudad. Que está fomentando el deporte, la cultura, el entretenimiento y la educación. Un alcalde que está pavimentando los caminos que tú, José Guillermo, dejaste abandonados. Que está dándole vida al casco urbano. Que está levantando los barrios que estaban en el olvido.

Por lo menos sabemos que no puedes volver a posiciones en el servicio público.

Gracias por nada, José Guillermo.

*El autor es legislador municipal del PPD en Mayagüez.

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Francisco: El papa que trató

23 abril, 2025 10:31 am by

Por Julio Víctor Ramírez, hijo, editor LA CALLE Digital

Ante el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, nos preguntamos qué será de la milenaria institución de la Iglesia Católica, que el pontífice argentino intentó reformar, llevando la iglesia a la gente. Llegándole al pueblo.

Francisco, el primer jesuita, el primer hispanoamericano, el primer argentino y el primero en 600 años en ser electo papa sin que su predecesor hubiese fallecido; vivió desde el primer momento dando el ejemplo de humildad, modestia y austeridad.

No es extraño que escogiera el nombre de Francisco, honrando a San Francisco de Asís, quien hizo votos de pobreza.

¿Sabían que Francisco no devengaba salario? A pesar de que el Vaticano posee activos considerables y un grandísimo patrimonio, la vida del papa Francisco no ha estado exactamente bañada en opulencia. De hecho, el pontífice no recibió un salario mensual ni honorarios. Sin embargo, la Santa Sede cubrió exclusivamente sus necesidades básicas, como alimentación, alojamiento, vestimenta y viajes.

En nuestra búsqueda supimos que otros cardenales de jerarquía viven bajo una estructura financiera muy diferente a la de Francisco, con ingresos mensuales de entre 10 mil y 13 mil euros, según el medio alemán Focus.

Papa Francisco renunció a vivir en los lujosos apartamentos papales del Palacio Apostólico y usaba vehículos sencillos, como un Ford Focus, dentro del Vaticano.

Algunos lo tildaron de muy “conservador”, o de muy “progre”… Todo depende del cristal con que se mire.

El sociólogo argentino Fortunato Horacio Mallimaci dijo que entre sus grandes aportes ha sido el de desclericalizar.

“No es sencillo, no lo ha podido del todo. Habla entonces de la sinodalidad, de que “el pueblo de Dios” (palabra clave en el Concilio Vaticano II de la década de los ‘60, es decir, la horizontalidad como manera también de entender esa institución católica), no solo va de arriba para abajo, sino sobre todo de abajo para arriba. El otro gran aporte ha sido el diálogo interreligioso. En un mundo cada vez más globalizado, cada vez más derechizado, cada vez más con violencia, con guerras, bueno, pedir por la paz, pedir por la comprensión, e ir él, viajar él, a visitar al líder sunnita en Emiratos Árabes Unidos, ir él a visitar al líder sunnita en Irak, en ir él a visitar al patriarca de Constantinopla, al patriarca de Moscú, visitar al Consejo Mundial de Iglesias… Hay ahí una idea que las religiones hoy, en un mundo de odio, de crueldad, de individualidad, de dejar de lado, de pensar solo en el dinero, tienen un papel especial en la cultura global y que para eso hay que tener estos gestos de sumar, buscar lo que existe en común y a partir de ahí plantear un Dios en el cual todos tienen cabida”, explicó.

No obstante, afirmó que Francisco se quedó corto en lo que concierne a participación de la mujer en la institucionalidad y el serio problema de curas pederastas que ha manchado la imagen de la Iglesia Católica a nivel mundial.

“No puede ser que en el 2025 una mujer tenga la discriminación y el segundo lugar que tiene al interior de la Iglesia Católica. Si todas las personas somos iguales porque fuimos creadas por Dios, bueno, entonces mujer, varón, para ocupar las distintas responsabilidades al interior de la institución deben ser iguales. Ahí hay un debate profundísimo del cual él es muy conservador, no ha aceptado. Lo otro es sobre el tema de los sacerdotes pederastas. Ahí ha intentado, pero muestra esa crisis de que hay episcopados y obispos que no aceptan que eso es un delito que hay que denunciar en la justicia y esas personas deben ser expulsadas. Salvo la Iglesia francesa, que lo llevó a fondo, ni en América Latina ni en Argentina ha sido tomado como política central”, expresó el sociólogo para el medio Tiempo Argentino.

Ahora solo queda esperar quién ocupará “el trono de San Pedro” y con cuál actitud vendrá.

Francisco levantó la vara muy alta y no se puede esperar menos de su sucesor.

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[OPINIÓN] El cierre del Hospital San Antonio: ¡LA CULPA ES SUYA!

11 abril, 2025 7:00 am by

Por Fátima Seda Barletta

Amanecemos con la noticia del cierre del Hospital San Antonio de Mayagüez. Hospital que nació hace casi dos siglos, hijo del agradecimiento de un mallorquín, don Antonio Blanes Juan, al pueblo que lo recibió y lo llevó al éxito en su vida.

Los Blanes, que hoy consideramos nuestros, por generaciones han donado escuelas, orfanatos y hospitales, silenciosamente, sin aspavientos.

Con el Hospital San Antonio compartieron su patrimonio con Mayagüez. No sólo su patrimonio, Antonio Blanes Juan -que no tuvo hijos- trajo a sus sobrinos médicos para que metieran el hombro y ayudaran a esa villa que hasta ese momento no tenía hospital. Y me quedo corta.

En el Hospital San Antonio, trabajaron incansablemente el Dr. Ramón Emeterio Betances, ¿les suena? Ni se diga de ese otro héroe, el Dr. José Francisco Basora, que murió desterrado en Haití. Allí trabajó -con dinero y sin dinero- el Dr. Benito Gaudier Texidor.

Entonces llegó a la administración del San Antonio uno que casi lo cierra, José Guillermo Rodríguez, si no fuera porque lo sacaron a tiempo. Pero no paró ahí la cosa.

Cuando lo emborrachó el poder como alcalde, derrochó, esfumó, evaporó, 9.8 millones de dólares que estaban destinados a crear el tan desesperadamente necesitado Centro de Trauma de Mayagüez.

Me preguntara qué tiene que ver el Hospital San Antonio con eso. Pregúntenle a José Guillermo Rodríguez, no a mí.

Pregúntenle a ese que dice ser inocente de lo que se declaró culpable, que ni el mejor abogado de Puerto Rico se atrevió a exponer a juicio, porque es responsable de todas las muertes de los que no tuvieron acceso rápido a tratamiento especializado para traumas gracias a sus maniobras turbias.

Y ahora se va el San Antonio. ¿A dónde va a ir el ciudadano pobre de Mayagüez? ¿A dónde va a ir el mayagüezano de a pie? ¿A otro pueblo?

Nota: Fátima Seda Barletta es una veterana periodista mayagüezana.

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