Centro de Periodismo Investigativo busca contar cifra real de muertes provocadas por el Huracán María con el “hashtag” #QueCuenten

centro de periodismo investigativo

SAN JUAN: Ha pasado un mes desde que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ordenó el recuento de las muertes vinculadas al huracán María, y la cifra oficial permanece en 64: la misma de diciembre de 2017. El gobierno no ha explicado cómo va a hacer el recuento de las muertes para garantizar que, en efecto, todas las muertes relacionadas a la emergencia sean contadas y analizadas, como prometió públicamente Rosselló.

Ante esta realidad, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) redobló sus esfuerzos para documentar de manera independiente estas muertes a través de un formulario electrónico que las personas pueden llenar en periodismoinvestigativo.com para hacer llegar la información de los casos de sus familiares y conocidos fallecidos por circunstancias relacionadas a la devastación causada por el huracán María. Esto incluye accidentes o cualquier circunstancia que haya sido creada por el estado de emergencia que vive el país como falta de servicios médicos, falta de servicios de sostenimiento a causa del corte de electricidad, y enfermedades por los problemas con el agua potable y escasez de alimentos, entre otras.

pizza alo & john info

El CPI lanzó el formulario en internet en diciembre en alianza con el medio digital Quartz (qz.com), y con la información recopilada busca crear una base de datos que refleje la realidad de las muertes ocurridas a raíz del huracán María. La organización también hizo un llamado a entidades comunitarias, administraciones municipales y otras organizaciones que reciben continuamente información de los decesos, para que propaguen el formulario.

Aunque la cifra oficial de muertes relacionadas al huracán es 64, se sabe que los números preliminares del mismo gobierno confirman que del 20 de septiembre al 30 de octubre en la isla hubo al menos 985 muertes en exceso en comparación con el 2016. Esto plantea al menos 921 muertes que el estado reconoce que ocurrieron por encima de lo normal, pero a las cuales no les da explicación.

pinchera de papanacho

“El formulario está disponible en www.periodismoinvestigativo.com. Estamos haciendo un llamado a las personas que conocen de casos de muertes relacionadas al huracán a que hagan pública esa información, completando este formulario breve. Como indica el hashtag #QueCuenten, que no quede una muerte sin contar. Sabemos que mucha gente no tiene acceso a internet, por lo que la exhortación es a que todo aquel amigo o familiar que tenga los datos, los entre en periodismoinvestigativo.com y nos comunicaremos de inmediato para corroborar la información”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.

Con el apoyo de estudiantes de la Escuela Graduada de Salud Pública, se diseñó un protocolo para el análisis de los resultados.

El CPI divulgó la iniciativa unos días después de que Rosselló, reconoció que es necesario hacer un recuento de las muertes para asegurar que todos los casos sean revisados y analizados de forma apropiada, tomando en cuenta todas las circunstancias de esas muertes. La encomienda del recuento cayó en manos de los mismos dos funcionarios que estuvieron a cargo del deficiente proceso durante los tres meses después del huracán: el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, y la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet.

El formulario se accede en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiuFYQ1p8DmLg7a5VIZ5GJg5J6K5a2cfdCcQaqicLpmIFIdQ/viewform?embedded=true

La columna de Iván: La planta de carbon… Crónica de una contaminación anunciada

Depósito de cenizas de carbon (Archivo).

Depósito de cenizas de carbon (Archivo).

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

Hace ya varias semanas, la periodista Damaris Suárez ha estado reseñando en su programa radial, una investigación realizada por el Centro de Periodismo Investigativo acerca de los efectos de las cenizas de la planta de carbón de AES en Guayama.

Una serie de reportajes completos y bien explicados de lo que reflejó dicha investigación acerca de los efectos a la salud, al medio ambiente, hasta donde han llevado dichas cenizas, el contenido de éstas, violaciones a leyes ambientales y contratos, permisos nebulosos entre otros.

La investigación realizada por el también periodista Omar Alfonso, director de un periódico regional del Sur y un científico de la Universidad de Puerto Rico, destapa un escándalo ambiental y administrativo de grandes proporciones, a tal punto que cenizas de la planta de Guayama han sido depositadas en lugares como la República Dominicana, así como también en distintos pueblos del país.

Lo cierto es que la planta de Guayama no fue la primera que se propuso en la isla para generar energía de las llamadas fuentes renovables. De hecho, para finales de la década de los ‘80 y principios de los ’90, se propuso para Mayagüez una planta similar, pero de la empresa COGENTRIX.

mojito beach abierto ya

Recuerdo claramente que Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, se dieron a la tarea de organizar a sectores del pueblo, en alianza con sindicatos y distintas organizaciones políticas y comunitarias. En esa época, ya se conocía bastante de los efectos nocivos a la salud y el ambiente de éstas cenizas. Inmediatamente se comenzó toda una lucha para evitar a toda costa que dicha planta se ubicara en esta parte de la isla.

Se inició toda una campaña informativa a través de medios de prensa, utilizando el mecanismo de comunicados y conferencias de prensa, se visitaron comunidades, se organizaron incluso manifestaciones de distintos tipos para dejarse sentir en contra de esta planta.

En aquella ocasión, Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, que contaba en aquel momento y aun hoy cuenta en su organización, con científicos, que a su vez eran profesores del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR, detallaron el contenido de las cenizas producto de la quema de carbón y sus efectos nocivos, tanto a la salud como al medio ambiente.

Casa Mia banner 1 b

Muchos, incluyendo al propio gobierno, no le dieron la importancia que tenía, ante lo que alegaba esta organización que contenían dichas cenizas ni de sus efectos.

Hoy, poco más de 20 años después se revela que la AES de Guayama, nos está contaminando el aire, la tierra y muy posiblemente los acuíferos que se utilizan para abastecer agua a distintas comunidades. Lo que en la década de los ‘80 era simplemente unos señalamientos de un grupito del Oeste, hoy es más que una pesadilla hecha realidad.

Las cenizas están siendo utilizadas como relleno en obras como centros comerciales y urbanizaciones, poniendo en riesgo ríos subterráneos, también se utilizan como material de construcción, que al barrenar paredes de cemento hecho con éstas cenizas, la persona puede aspirarlo. Además, durante su transporte en camiones, las cenizas son levantadas por el viento y transportadas vía aire, a saber Dios dónde.

Este reportaje demostró que se incumplió un contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que disponía que no se depositarían estas cenizas en Puerto Rico, se violaron permisos de la EPA, y de la Junta de Calidad Ambiental, que prohibían la disposición de cenizas; y lo que es peor, consiguieron que, tanto la EPA como Energía Eléctrica aprobaran el depósito de éstas aquí, en Puerto Rico, básicamente sin ningún tipo de controles ambientales, tanto en transporte como en la disposición.

Hoy, lo que hace más de 20 años se le dijo al país que podía ocurrir con las cenizas, está ocurriendo en nuestras narices y estamos calladitos.

Sabemos que necesitamos fuentes renovables de energía, pero no puede ser poniendo en riesgo la salud y el ambiente de todo un país.

Fondos buitre acorralan a Puerto Rico

"Sin advertir sobre las consecuencias de la transacción, ese día los principales funcionarios financieros de la administración de Alejandro García Padilla, incluyendo a Melba Acosta, entonces secretaria del Departamento de Hacienda, y el presidente de la Junta del BGF, David Chafey, fueron fotografiados con sus lugartenientes en la sede de Morgan Stanley de Wall Street bajo un letrero que decía "Felicidades Puerto Rico, $3.5 mil millones en “Histórica Transacción de Bonos Municipales". Eran todo sonrisas y se chocaban las manos aludiendo a un gran triunfo" (Archivo).

“Sin advertir sobre las consecuencias de la transacción, ese día los principales funcionarios financieros de la administración de Alejandro García Padilla, incluyendo a Melba Acosta, entonces secretaria del Departamento de Hacienda, y el presidente de la Junta del BGF, David Chafey, fueron fotografiados con sus lugartenientes en la sede de Morgan Stanley de Wall Street bajo un letrero que decía “Felicidades Puerto Rico, $3.5 mil millones en “Histórica Transacción de Bonos Municipales”. Eran todo sonrisas y se chocaban las manos aludiendo a un gran triunfo” (Archivo).

Por Joel Cintrón Arbasetti y John Marino

Centro de Periodismo Investigativo

La emisión de bonos del 11 de marzo de 2014 fue celebrada por los funcionarios del gobierno de Puerto Rico.

Como un buitre es un ave de rapiña que se alimenta de carne muerta, un fondo buitre viene a ser una firma de inversión con un gusto muy similar: su alimento principal proviene de los países en crisis, especialmente de la deuda de las corporaciones públicas. Y esas firmas ya aterrizaron en Puerto Rico, luego de su vuelo por países en desgracia económica como Argentina, Grecia y España.

De Puerto Rico a los fondos buitre les apetece, por ejemplo, la deuda de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), pues el alto costo de la factura del agua les asegura sus ganancias. Ya tres firmas de fondos buitre compraron casi toda la deuda de la AAA.

Les gustan también los Bonos de Obligación General (BOG), con los que el gobierno pide préstamos amparado en la buena fe, el buen crédito y los impuestos del Estado Libre Asociado. Además, los BOG cuentan con una garantía constitucional de repago.

Estos fondos también desean los bonos de COFINA, los bonos de obligación del Sistema de Retiro, los del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y los de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), pero los dos últimos no tienen suficiente oferta de bonos en el mercado para satisfacerlos.

¿Qué no le gusta a los fondos buitre? La deuda de la Universidad de Puerto Rico, debido a la resistencia a subir los cargos de matrícula y por la tendencia demográfica que muestra que cada vez más jóvenes se mudan del país.

Lo que le gusta y no le gusta a los fondos buitre lo precisaron fuentes del sector financiero al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), quienes detallaron que actualmente entre un 40 o un 50 por ciento de la deuda del gobierno de Puerto Rico está bajo control de los fondos de cobertura (hedge funds en inglés), de los que forman parte los fondos buitre.

“De pronto bajó radicalmente el valor de todos los bonos de Puerto Rico. Ahí llegaron los fondos buitre”. Así describe un asesor de finanzas el reciente interés de estos fondos por los bonos del país.

¿De dónde salen los fondos buitre?

Los fondos buitre son compañías de inversión, principalmente estadounidenses, que pertenecen al grupo de firmas llamadas fondos de cobertura. La U.S. Securities and Exchange Commision (SEC), agencia federal que se supone regule el mercado de valores, no distingue entre fondos de cobertura y los llamados fondos buitre.

La SEC describe a los fondos de cobertura en general como un tipo de fondo que usa estrategias de inversión especulativas con menos regulaciones federales y en los que pueden invertir solamente individuos de altos ingresos a los cuales denomina “inversores acreditados”.

Sin embargo, expertos del sector financiero y abogados familiarizados con Wall Street sí distinguen a los fondos buitre entre los fondos de cobertura, confirmó el CPI.

“Los fondos buitre como tal, son fondos que se dedican a buscar bonos y acciones de compañías y países que ellos creen que están bajo presión económica y que tienen un alto riesgo de impago. Pero no todos los fondos de cobertura hacen eso, son solamente un subconjunto dentro del universo de fondos de cobertura que se dedican a ese tipo de inversión”, especificó Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE).

“Les decimos fondos buitre porque tradicionalmente a ellos no les interesaba para nada invertir en los bonos de Puerto Rico. Si usted va cinco años atrás, ninguno de esos fondos de cobertura estaban ahí. Ellos buscan la crisis y muchas veces cuando se aprovechan de invertir en esa situación agudizan la crisis de la entidad en la cual están invirtiendo. Es una forma de invertir que no añade al crecimiento de la economía a largo plazo y cobran cargos muy altos por usar sus servicios”, añadió Stephen Albrecht, asesor financiero de la Unión Internacional de Empleados de Servicio (conocida en inglés como SEUI).

Un ejemplo patente de cómo los fondos buitre agudizan la crisis es el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), donde los bonistas, en caso de una nueva transacción, podrían pedir como garantía los “activos físicos”, es decir, edificios, plantas, maquinarias y terrenos de la corporación pública.

Las estrategias especulativas

Los fondos de cobertura y los fondos buitre usan varias estrategias de inversión para aprovechar las crisis económicas. Una de ellas, según la SEC, es la venta corta (short selling en inglés), una estrategia donde los inversores venden a un precio alto hoy, compran a un precio bajo en poco tiempo -entre seis a nueve meses- y la diferencia es su ganancia.

En Puerto Rico esto se refleja también en la AEE, donde los fondos buitre “lo que quieren es que se reestructure la corporación y poder sacar su dinero lo más rápido posible. A ellos lo que les interesa es tener una ganancia rápida, o sea que a ellos en verdad les importa muy poco lo que pase en la economía de Puerto Rico a largo plazo. Estos fondos están disponibles para proveer liquidez al gobierno de Puerto Rico, pero va a ser a un precio mucho más alto de lo que era antes”, explicó Marxuach.

“Puerto Rico ha aumentado su dependencia en inversores no tradicionales que tienden a tener estrategias de inversión a corto plazo, lo cual incrementa nuestro nivel de preocupación”, comentó la casa de corretaje UBS de Nueva York en el informe Puerto Rico Credit and Market Update.

Las estrategias especulativas de inversión de los fondos buitre han sido denunciadas a nivel internacional. El experto independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre las consecuencias de la deuda externa, Juan Pablo Bohoslavsky, declaró que los fondos buitre “obstaculizan saldar las deudas externas de los Estados y atentan contra los derechos humanos”. Por esa razón, Bohoslavsky exigió a la ONU el mes pasado una mayor regulación de las entidades comerciales privadas del sector financiero como los fondos buitre.

“No solo los países menos desarrollados, sino también los de recursos medianos y los altamente desarrollados están siendo blanco, cada vez más, de los fondos buitre”, advierte Bohoslavsky.

¿Cómo llegaron a la isla?

Atraídos por la colosal tasa de interés real pagado de 8.727% libre de impuestos (el llamado rendimiento), los fondos de cobertura no dejaron pasar el negocio que Bank of America Merrill Lynch describió como la transacción de bonos basura más grande y más costosa de la historia hecha por un emisor de bonos municipales: la emisión de $3.5 mil millones que hizo el gobierno de Puerto Rico el 11 de marzo de 2014.

Sin advertir sobre las consecuencias de la transacción, ese día los principales funcionarios financieros de la administración de Alejandro García Padilla, incluyendo a Melba Acosta, entonces secretaria del Departamento de Hacienda, y el presidente de la Junta del BGF, David Chafey, fueron fotografiados con sus lugartenientes en la sede de Morgan Stanley de Wall Street bajo un letrero que decía “Felicidades Puerto Rico, $3.5 mil millones en “Histórica Transacción de Bonos Municipales”. Eran todo sonrisas y se chocaban las manos aludiendo a un gran triunfo.

Pero desde finales del año pasado la presidenta del BGF, Melba Acosta, ha estado discutiendo esfuerzos para ampliar la base de inversionistas de Puerto Rico, a medida que lograr ofertas para los bonos de la isla se ha vuelto cada vez más difícil debido a las crecientes demandas de los fondos de cobertura y la cada vez mayor resistencia de los legisladores para cumplir con ellos.

Puerto Rico ha tenido que depender de los fondos de cobertura en parte porque los inversionistas tradicionales del mercado municipal de Puerto Rico, que son conservadores por naturaleza, se asustaron por la rebaja de los bonos del país a la condición de chatarra.

“Queremos ver cómo acceder a otros grupos de inversores. Tú tienes los inversionistas del mercado municipal, los fondos de cobertura y otro grupo de inversores que compran deuda soberana. Estas personas tienen métricas que no usamos necesariamente o típicamente. Así que estamos pensando cómo podemos acceder a ellos”, dijo Acosta.

El acceso a este nuevo inversor requerirá que Puerto Rico equilibre su presupuesto, mejore sus informes financieros y sea más transparente, según el analista de inversiones Charles Blitzer.

Como parte de esos requerimientos, el BGF contrató a una empresa consultora que tiene como empleados a ex funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) para incorporar requisitos más rigurosos de información financiera. También contrató al analista financiero Todd Hagerman como especialista en relaciones con inversores. Hagerman ha trabajado para los principales bancos de Estados Unidos y para el Banco de la Reserva Federal. Además, recientemente organizó Rockwood Capital, una firma de inversión en Bienes Raíces que maneja 6 mil millones en fondos con oficinas en San Francisco, Los Ángeles y Nueva York.

La idea es tener información más oportuna en todas las entidades del gobierno que dé un panorama más claro de la deuda y la posición de otros activos líquidos de Puerto Rico. Esto pondría a Puerto Rico en una posición de poder cumplir con las normas de información financiera del FMI requeridas por todos los inversores de deuda soberana.

Para algunas compañías de fondos buitre, la emisión de bonos del 11 de marzo de 2014 presentaba una oportunidad dorada para obtener ganancias invirtiendo en Puerto Rico, donde una larga década de recesión económica hizo trizas el valor de activos, tales como propiedades, acciones locales y ahora los bonos municipales.

Firmas como Paulson & Company, Och-Ziff Capital Management LLC, Fir Tree Partners, Perry Capital LLC y Brigade Capital Management compraron cada una más de $100 millones de la emisión de bonos del 2014.

Los fondos buitres con los que el gobierno de Alejandro García Padilla contrajo deuda incluyen  a firmas notorias por la presión que ejercen sobre los gobiernos de Grecia, Argentina y otros países en crisis para que paguen la totalidad de sus deudas.

Un ejemplo de la presión y el nivel de influencia que los fondos buitre ejercen en Argentina se ve en el hecho de que, aunque representan solo el 1% de los bonistas, no estuvieron de acuerdo con la reestructuración de la deuda que ese país logró en 2004 y 2005 con otro 93% de sus bonistas. Desde entonces, los fondos buitres llevan litigando ante el juez de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, quien determinó que Argentina debe pagar el 100% de la deuda con los “fondos buitre” que no aceptaron la reestructuración. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner continúa apelando las demandas en Nueva York e invirtiendo millones en ese proceso.

Entre las firmas que compraron la emisión de bonos de Puerto Rico se encuentran también Third Point, Appaloosa Management, Farallon Capital Management, Avenue Capital Group, Maglan Capital, Matlin Patterson, Highbridge, PSAM, Apolo, Angelo Gordon, Fundamental Advisors, Arrowgrass, Marathon Asset Management, Pine River Capital Management, Knighthead Capital Management, Davison Kempner, Candlewood Invest Group, Meehan Combs y Blue Mountain Capital Management.

A ciegas el gobierno sobre quién posee los bonos del país

Los bonos se compran en primer lugar en el “mercado primario”, que es cuando el inversor o una firma compra directamente al gobierno en su emisión de bonos original. Pero si ese inversor a su vez decide revender a terceros los bonos que compró, lo hace en lo que se llama el “mercado secundario”.

“Ahí el inversor lo vende a otra entidad o a otra persona en una transacción que ya no tiene nada que ver con el gobierno de Puerto Rico. Ellos lo que tienen son unos bonos que dicen que el gobierno de Puerto Rico les va a pagar ‘tanto de interés’ y un principal a tal fecha. Y si necesitan venderlos antes de esa fecha, buscan a otra persona que esté interesada en comprarlos. Usualmente esa venta se hace a través de un broker como UBS o Popular Securities. Ellos se encargan de conseguir un comprador y el inversor le vende a esa persona esos bonos a cambio de un precio en el que estén mutuamente de acuerdo; ese es el mercado secundario”, abundó Marxuach.

“El Banco Gubernamental de Fomento no controla el mercado secundario por lo que no tenemos la información del universo de fondos que puedan tener deuda de Puerto Rico ni qué cantidades de bonos poseen en la actualidad cada compañía”, dijo Betsy Nazario, portavoz de prensa del BGF.

“Los fondos de cobertura pudieran comprar en ambos mercados, pero los fondos buitre en específico usualmente compran primero en el mercado secundario a precios bien baratos, porque ahí es que ellos ven la oportunidad de después poder reestructurarlos o revenderlos a un precio más alto”, añadió el economista.

Aunque no sabemos en detalle quiénes son los que tienen qué cantidad de la deuda del país, su influencia en las decisiones de política pública cada vez es más evidente.

Entre abril y mayo de 2015 el gobierno de Puerto Rico pretende hacer una nueva emisión de bonos. Entre los aspectos que complican la transacción, según Acosta, están los cuestionamientos de los bonistas sobre la reforma contributiva, la AEE y la baja en los recaudos de Hacienda.

Revelan que García Padilla dio mensaje en fábrica de Cabo Rojo acusada de abuso laboral, discrimen por género y acoso sexual

El gobernador García Padilla en una de sus visitas a la Propper International de Cabo Rojo (Suministrada).

El gobernador García Padilla en una de sus visitas a la Propper International de Cabo Rojo (Suministrada).

Por Joel Cintrón Arbasetti, del Centro de Periodismo Investigativo

Alberto Torres no tardó en reconocer el lugar donde el gobernador Alejandro García Padilla emitió hace unos días su mensaje sobre transformación del sistema contributivo: una de las fábricas de uniformes militares de Propper International, empresa que lo despidió en 2009 luego de apoyar los esfuerzos por unionar al personal de la planta de Adjuntas.

García Padilla dio su mensaje desde las instalaciones de Propper International en Cabo Rojo, donde según dijo se han creado más de 2,000 empleos. De ser cierta la cantidad de puestos, esas personas no dispondrán de los mismos beneficios que el personal de otras industrias, y se podrían exponer a condiciones de trabajo muy precarias.

A Propper International se le ha acusado de no tener agua en sus instalaciones, de reducir la hora de almuerzo y negar días de vacaciones, explicó Víctor Vélez, abogado que llevó un caso en contra la empresa y quien recordó que, debido al hacinamiento, trabajadores se quejaban de sufrir calores extremos en sus instalaciones.

“No había papel de baño, a veces había que trabajar los días de vacaciones, tenías supervisores con reloj mientras hacías las piezas, intimidaban al trabajador. Pagaban el mínimo o por producción”, recordó el ex empleado Alberto Torres, quien llevó un caso en contra de esa empresa ante la Junta Laboral Federal por persecución y que ahora trabaja para un sindicato.

Ninguna de esas denuncias ha dañado la buena relación entre el gobierno de Puerto Rico y Propper International; empresa de Missouri con alrededor de 30 años operando en la isla como una de las mayores manufactureras de uniformes militares y que es, además, una de las principales contratistas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

No solo García Padilla grabó su mensaje desde una de sus instalaciones en Cabo Rojo, sino que actualmente la empresa goza de nueve contratos con la Compañía de Fomento Industrial, varios firmados bajo la pasada administración y algunos con vigencia hasta 2021 y que en total suman $9,519,564 millones todos exentos de “servicios, arrendamientos, hipotecas y ventas”, indica el registro de contratos de la Oficina del Contralor.

“Me molesté (al ver el lugar desde donde el gobernador emitió su mensaje) porque nosotros hemos llevado la voz a los dos administraciones, y deberían saber que los trabajadores están peleando contra Propper en Cabo Rojo”, dijo Torres.

Los empleados y empleadas de la “Industria de Manufactura de Artículos de la Aguja” no tienen los mismos beneficios que otros trabajadores y trabajadoras, pues continúan rigiéndose por el Decreto Mandatorio Núm 35, revisado por última vez en 1992 y que establece en su artículo III que en la industria de la aguja, el empleado no acumulará días por enfermedad, sino que se le descontarán de los días de vacaciones que tengan acumulados. El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) está facultado para revisar el decreto, pero desde 1992 nadie lo ha tocado.

“Mi posición es que el decreto se debe enmendar. En principio, creo que se le debe conceder (la licencia por enfermedad al personal de la industria de la aguja). Tan temprano como a mediados de 2013 solicitamos un estudio en el que se basará nuestra propuesta y ya lo tenemos. Luego que decidamos cómo se hará el proceso para enmendar el Decreto, lo haremos público”, declaró Vance Thomas, secretario del DTRH, al Centro de Periodismo Investigativo.

En una entrevista con The New York Times en 2008, el director ejecutivo de Propper International en Puerto Rico, Tom Kellim, aceptó que su empresa no concede a sus empleados y empleadas los días por enfermedad que manda la Ley de Salario Mínimo. Dijo que “un viejo decreto mandatorio del gobierno de Puerto Rico” exime a la industria de la aguja de algunas disposiciones laborales. El CPI trató de comunicarse con Kellim a su teléfono personal, pero la persona que contestó, en inglés, colgó luego de decir que Kellim ya no trabaja en ese lugar. En una segunda llamada al mismo número, apareció un mensaje de voz de Kellim.

La administración central de Propper International, con sede en Cabo Rojo, tampoco respondió la a solicitud de entrevista del CPI.

Oscar Quiles Casimiro, presidente de la fábrica Pentaq de Sabana Grande, aseguró que se afectaría “grandemente” con una enmienda del Decreto Mandatorio Núm. 35 que implique dar una licencia por enfermedad a sus cerca de 250 empleados y empleadas. “Los contratos (de las fábricas de artículos militares) con el Departamento de Defensa están establecidos a cinco años y no se pueden cambiar”, añadió, y aseguró que todas las fábricas en Puerto Rico se benefician del Decreto. “No podemos desaparecer”, dijo en alusión a la industria de la aguja. Quiles no contestó más preguntas al CPI.

Vanesa Moretta Díaz, presidenta de Moretta Díaz Corporation, fábrica que opera en Adjuntas, expresó también que la eliminación del Decreto Núm. 35 afectaría a la industria de la aguja. “Los días por enfermedad no aplican por el Decreto, si se establecen estos días por enfermedad, como está la industria, con tanto cambio, nos va a afectar”. Moretta Díaz tiene alrededor de 150 empleadas y empleados y aseguró que ninguno se ha quejado por no tener días por enfermedad.

“Muchos van a su cita y regresan (a la fábrica) o con par de horitas reponen (las horas empleadas en ir a la cita)”, explicó Moretta.

¿No cree que los empleados de la industria de la aguja deberían tener sus horas por enfermedad, como los empleados de otras industrias?, preguntó el CPI.

“Entiendo que sí, pero, la industria de la aguja no se puede comparar con otras industrias. Por ejemplo, la industria farmacéutica no se puede comparar con la industria de la aguja porque no tenemos el mismo ‘jale’”, contestó Moretta.

El secretario Thomas explicó que la Ley de Salario Mínimo, que incluye días pagos por enfermedad, aplica a la industria de la aguja, pero que al existir el Decreto Mandatorio Núm. 35 los patronos de esa industria pueden cargar los días por enfermedad a los días por vacaciones, sin que esto represente una violación a la ley.

Según un análisis del economista Juan Lara, la industria vinculada a la fabricación de uniformes e indumentaria militar, goza de “un mercado protegido y lucrativo, con un cliente de extremada solvencia y estabilidad financiera, que le permite mantener una operación rentable aún con los costos salariales prevalecientes en lugares como Puerto Rico y los 50 estados”. En su análisis, citado en una vista pública sobre el Decreto Núm. 35 en el 2012, Lara subraya que “hay un consenso en la economía mundial de que la competitividad industrial no puede basarse en la negación de los derechos laborales… La industria de la ropa, especialmente la de ropa militar, está en condiciones de cumplir con los días de vacaciones y de enfermedad que determina la Ley 180, sin que ello le resulte oneroso en sus resultados financieros”.

La administración García Padilla proyecta que ha incentivado el crecimiento y la inversión de Propper International en Puerto Rico, tanto en el mensaje desde una de sus fábricas, como en un artículo publicado en The Huffington Post en 2014. Poco parece importar el hecho de que la empresa ha enfrentado, además, 11 demandas de parte de ex empleados y empleadas, incluyendo una del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, región de Utuado, según el registro de casos de la Rama Judicial.

El historial de abuso laboral con el que carga Propper International incluye evidencia de acoso sexual y discriminación en contra de las trabajadoras de parte de un gerente de esa empresa, denunciado en un informe de 61 páginas sobre Propper International en Puerto Rico y República Dominicana, publicado en 2010 por Workers Rights Consortium (WRC).

Esa organización encontró “evidencia creíble de discriminación por género en la planta de Adjuntas, en la forma de acoso sexual a mujeres trabajadoras por parte un gerente general. Trabajadoras denunciaron que el gerente las tocaba de manera inapropiada… las saludaba tocando sus hombros o brazos por tiempo prolongado… Varias trabajadoras dijeron que le pidieron al gerente que sacara sus manos de su cuerpo, pero el gerente continuaba con la misma conducta hacia otras empleadas. También se quejaron de que el gerente permanecía mirándolas de forma creepy e intimidatoria mientras trabajaban”.

En el año 2009, trabajadores y trabajadoras presentaron una demanda en contra de Propper International exigiendo el pago completo del período de alimentos, compensación según establece la Ley 180 para los días de enfermedad y de vacaciones, reclamando horas extras, entre otras cosas. Esta acción se presentó en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, originalmente con 15 trabajadores de las ocho fábricas que operaba Propper en ese momento. Luego se unieron más trabajadores en una acción colectiva que llegó a totalizar 213 empleados, de los cuales 114 eran de la planta de Adjuntas. En total, luego de que se presentó la demanda liderada por los trabajadores de la planta de Adjuntas, cesantearon a alrededor de 100 empleados de esa planta. Hasta ahora el tribunal no ha tomado determinación sobre esta demanda.

En el 2009, luego de presentar la demanda, fueron al Departamento del Trabajo y lograron que se anunciara la celebración de vistas públicas para adjudicarles días por enfermedad y más días de vacaciones. La vista se celebraría el 29 de febrero de 2012, pero días después se les notificó el cierre de la planta de Adjuntas, luego de 22 años de operaciones.

Después del cierre de Propper International en Adjuntas, abrió la fábrica Moretta Díaz Corporation. Jaime Barlucea, alcalde de Adjuntas, dijo en un comunicado que “la apertura se logró luego de que el municipio le otorgara un incentivo económico para el pago de la mitad de la nómina de sus empleados. Parte del equipo son ex empleados de la extinta fábrica Propper. Uní todos los fondos que le corresponden a mi pueblo en el Consorcio Norte Central, al cual pertenecemos y los aportamos para pago de nómina. Ese fue el incentivo para que se establecieran aquí en una instalación propiedad de Fomento Industrial. Así logramos acuerdos con esta empresa nativa, cuyos directivos se comprometieron en invertir en este pueblo de la montaña”. Moretta Díaz es una subcontratista de Propper International, aseguró Torres.

La fábrica de Propper International en Lajas también cerró y en 2012 abrió MM Manufacturing, propiedad de María Meléndez, ex empleada gerencial de Propper International. En una vista del Senado en 2012, donde se ordenó al DT y al Senado realizar una investigación en torno a Propper International, surgió que MM Manufacturing recibió un incentivo de $250,000 y que su producción depende de contratos que le pasa Propper International. En la vista, la senadora Lucy Arce preguntó a José Mahía, gerente general de Propper International, ¿Cuál es la relación con la Sra. María Meléndez? “Actualmente no trabaja con nosotros, es dueña de su propia empresa”, contestó.

Las tres fábricas de Propper en Mayagüez cerraron en 2012. En Las Marías, Propper International opera bajo el nombre Koman Propper y en Cabo Rojo, las dos fábricas que había se fusionaron en un solo edificio, desde donde el gobernador dio su mensaje, explicó Alberto Torres, cesanteado de Propper International.