CPI acude al Tribunal para que agencias entreguen información sobre cabilderos

13 enero, 2026 7:24 am by

A casi tres meses de la solicitud inicial, cuatro agencias no han entregado los datos al Centro de Periodismo Investigativo…

Por Centro de Periodismo Investigativo

SAN JUAN: Al no entregar documentos relacionados con el cumplimiento de un memorando sobre medidas de transparencia gubernamental y con el Código de Ética para Contratistas, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó el lunes, 12 de diciembre, un mandamus contra cinco agencias públicas en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Entre octubre y noviembre de 2025, el periodista del CPI Luis Valentín Ortiz envió una solicitud de información a la Oficina de la Secretaría de la Gobernación, el Departamento de Vivienda, el Departamento de Salud y el Departamento de Educación sobre documentos producidos como resultado de un memorando con medidas internas de transparencia gubernamental de la Rama Ejecutiva y el Código de Ética para Contratistas.

Este memorando fue impulsado por el secretario de la Gobernación, Francisco Dómenech, para establecer “una regulación clara del ejercicio legítimo del cabildero garantizando la transparencia, evitando conflictos de interés y proteger los derechos de nuestra gente”, según informó el mismo funcionario en abril de 2025.

El memorando incluye normas conforme al “Código de Ética para contratistas, suplidores y solicitantes de incentivos del Gobierno de Puerto Rico”. Cada agencia debe velar por el cumplimiento del código y realizar las investigaciones necesarias para saber si un contratista ha violado el Código de Ética.

Sin embargo, ninguna de las agencias ni los funcionarios contactados han entregado la información que el periodista Valentín Ortiz pidió, tales como comunicaciones entre la Secretaría de la Gobernación y las entidades gubernamentales del Poder Ejecutivo, los expedientes sobre investigaciones realizadas en virtud del memorando ni los nombres de los funcionarios designados para hacerlas.

“Aquí tenemos el caso de una medida que se presentó con fuegos artificiales para prevenir ilegalidades y conflictos de interés en los procesos de cabildeo y para alegadamente traer transparencia a los mismos, y por el contrario, carece de visibilidad y no se entregan los documentos que se supone que se hayan producido en el pasado año”, dijo la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.

“La información solicitada permite verificar cómo el Gobierno ha ejecutado una iniciativa de transparencia en el ejercicio del cabildeo, según presentó el propio secretario de la Gobernación a principios del cuatrienio. Lamentablemente, a pesar de seguir el proceso que establece la ley de acceso a información pública, no hemos recibido la información y nuevamente debemos acudir a los tribunales para hacer valer este derecho y poder realizar nuestro trabajo periodístico”, expresó Valentín Ortiz.

El mandamus surge luego de que el CPI agotara todos los remedios administrativos disponibles para obtener la información solicitada. En la demanda, se establece que las “partes contra las cuales se dirige el presente recurso tienen el deber ministerial de entregar información solicitada”, además de que la negativa de las agencias “lacera los derechos constitucionales de acceso a la información y libertad de prensa”.

Este mandamus fue presentado por los licenciados Luis José Torres Asencio, Judith W. Berkan Barnett y Steven P. Lausell Recurt, del Proyecto de Acceso a la Información que es parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

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CPI demanda a la gobernadora por prohibir acceso de sus periodistas a La Fortaleza

30 diciembre, 2025 12:44 pm by

SAN JUAN: El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó sendas acciones legales contra la gobernadora Jenniffer González Colón, y su secretaria de Prensa, Marieli Padró, debido a que han violentado la libertad de prensa al negarle a los periodistas de este medio cubrir conferencias de prensa en La Fortaleza por no mostrar una credencial del Departamento de Estado, un requisito que es inconstitucional.

La organización periodística presentó un injunction preliminar y permanente, así como una sentencia declaratoria para impugnar la constitucionalidad de esta actuación contraria a la libertad de prensa, y lograr que los periodistas del CPI puedan acceder a cubrir las conferencias de la gobernadora y sus funcionarios en La Fortaleza sin la credencial que emite el Departamento de Estado y solo con la credencial de prensa del CPI, como siempre ha ocurrido.

En noviembre, la directora editorial Wilma Maldonado Arrigoitía y el periodista Luis Valentín Ortiz, ambos del CPI, enfrentaron trabas en el puesto de seguridad de La Fortaleza cuando se les exigió el carnet de prensa para entrar a las actividades en La Fortaleza. Aunque ese día tuvieron acceso al evento luego de una larga espera, el personal de seguridad y oficiales de prensa de La Fortaleza aseguraron que la identificación del Estado es un requisito para acceder a las conferencias de prensa.

A pesar de que Maldonado Arrigoitía solicitó el protocolo, reglamento o ley en el cual basan su directriz, hoy día, ninguno de los funcionarios de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón ha presentado ningún documento o certificado la información.

En otras dos ocasiones en diciembre, a Valentín Ortiz y al editor Noel Algarín Martínez se les prohibió, por separado, entrar a conferencias de prensa en La Fortaleza, pese a que ambos tenían sus identificaciones personales y sus carnets del CPI, que es lo que siempre se ha exigido en La Fortaleza a los periodistas.

“La identificación del Departamento de Estado es un documento que el o la periodista solicita y lo lleva consigo si quiere, porque no es un requisito para ejercer el periodismo. Esa identificación, que en realidad la única utilidad práctica que tenía era acceder a los estacionamientos de prensa en ciertos lugares, puede ser útil para periodistas que trabajan de manera independiente porque puede ayudarle a acceder a lugares o fuentes y tal vez a periodistas que viajan fuera de Puerto Rico. Así que requerirlo, como una condición para la cobertura a la Gobernadora, es solo un capricho. Durante décadas los periodistas han acudido a las conferencias de prensa de los gobernadores mostrando las identificaciones de sus medios, sin problemas”, señaló Maldonado Arrigoitía.

La credencial del Estado se estableció para facilitar el acceso a estacionamientos designados en instituciones públicas y eventos de interés noticioso a periodistas que soliciten una tablilla que identifique su vehículo como “de prensa” al Departamento de Transportación y Obras Públicas.

La demanda argumenta que “el poder delegado al Departamento de Estado para emitir Certificaciones de Prensa está limitado a determinar quiénes pueden solicitar una tablilla especial o rótulo removible para periodistas interesados en acceder a estacionamientos habilitados para la prensa en lugares públicos; la Certificación de Prensa expedida por el Departamento de Estado no constituye un mecanismo válido para determinar qué periodistas pueden acceder a una conferencia de prensa convocada por la Gobernadora o cualquier otro funcionario; y limitar el acceso a conferencias de prensa convocadas por las codemandadas, sean estas celebradas en La Fortaleza o en cualquier otro lugar, a periodistas que posean una Certificación de Prensa vigente expedida por el Departamento de Estado viola el derecho a la libertad de prensa del CPI y los periodistas codemandantes”.

“La libertad de prensa no puede estar sujeta a permisos discrecionales ni a credenciales que no están requeridas por ley para ejercer el periodismo”, expresó la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet. “Impedir el acceso a conferencias de prensa por no tener un carnet administrativo, creado para otros fines, es una forma de censura que limita el derecho del pueblo a estar informado”, añadió.

El CPI es representado legalmente en este caso por los licenciados Luis José Torres Asencio, Judith W. Berkan Barnett y Steven P. Lausell Recurt, del Proyecto de Acceso a la Información de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

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[COLUMNA] Con derechos, pero sin carnet

10 septiembre, 2025 10:31 am by
Carnet de prensa de mi abuelo, Francisco Hernández Vargas, quien fue redactor de El
Imparcial cuando era estudiante universitario en la década del 1930.

Por Carlos F. Ramos Hernández, del Centro de Periodismo Investigativo

El debate sobre quién debe considerarse prensa o periodista ha sido tema controversial por mucho tiempo en nuestro país y en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con la legitimidad del llamado “carnet oficial” que, en Puerto Rico, emite el Departamento de Estado.

La mayoría de los miembros de la prensa, incluyendo el equipo de periodistas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), no lo solicitan ni lo utilizan por entender que es una intromisión indebida del Estado sobre quién ejerce el rol de prensa.

El Departamento de Estado, por medio del “carnet oficial” sólo “confirma” que un periodista trabaja para un medio o que una persona freelance ha realizado labores periodísticas anteriormente. Ni más ni menos.

Se supone que con la credencial de prensa del medio al que se pertenece, un periodista pueda hacer cualquier cobertura, sin limitaciones. No necesita uno emitido por el gobierno. Y que también se permita participar a personas que buscan informar al público, con o sin carnet, pues hoy día, los que ejercen el rol de comunicar ya no son solo los que se sientan en las casi extintas salas de redacción, y hay múltiples formas en que se informa sobre el acontecer noticioso.

La administración de turno, en cada convocatoria de prensa que envía, comenzó a exigir a los periodistas llevar el “carnet de prensa oficial” del Departamento de Estado como si fuera una condición para participar de los eventos públicos de la gobernadora Jenniffer González Colón.

A pesar de la directriz, hasta ahora no suelen tener problemas los periodistas que muestran la credencial de prensa emitida por sus medios.

Sin embargo, es cuestionable esta nueva exigencia cuando, en paralelo, la mandataria y su esposo han recibido con brazos abiertos, sin credencial del Departamento de Estado, a un batallón de influencers y creadores de contenido para generar cobertura “positiva” de relaciones públicas que entremezclan con la actualidad noticiosa. ¿Será que estas personalidades tienen más privilegios que medios independientes, aunque no tengan el “carnet oficial”?

La Oficina de Prensa de La Fortaleza sabe bien que no puede exigir el carnet del Departamento de Estado. Esto es así porque representaría una clara violación a las garantías de libertad de expresión y de la prensa que operan en Puerto Rico. Y acudir al tribunal para remediar esta violación y, que un periodista obtenga una orden para que le permiten cubrir un evento, tampoco debe ser la respuesta, aunque sea una opción posible.

Hay que atender el problema de raíz: los gobernantes no deben tener la potestad de ser quienes cuestionen las cualificaciones de las personas que pueden fiscalizarlos y ejercer un rol de prensa en las conferencias desde la sede del Gobierno o desde cualquier lugar.

La definición de “prensa”, según ha sido interpretada por los tribunales al amparo de la Constitución de Puerto Rico y la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, es sencilla: cualquier persona que recopile información noticiosa con el propósito de difundirla para informar, está llevando a cabo funciones protegidas por la constitución, independientemente de si estudió formalmente periodismo o si está empleado por un medio.

Hoy día, bajo los entendidos modernos de la libertad de expresión, no existe una distinción legal entre un periodista y un ciudadano de a pie que ejerce funciones periodísticas.

Nuestro Tribunal Supremo ha explicado que la “misión de la prensa” en Puerto Rico es amplia e implica “viabilizar un vehículo de información y opinión, informar y educar al público, ofrecer críticas, proveer un foro para la discusión y el debate, y actuar como un sustituto para obtener noticias e información para sus lectores”.

El año pasado, la Overseas Press Club (OPC) llevó a cabo una campaña educativa llamada “No somos lo mismo” que buscaba delinear la diferencia clara entre periodistas, analistas políticos e influencers. En definitiva, no son lo mismo. Los periodistas tienen la obligación de publicar la verdad sin matices y regirse por un código de ética profesional. Seguir estos principios y respetar a los colegas que practican estos valores cimentan su credibilidad e independencia ante sus audiencias.

Ahora bien, si una persona recopila y difunde información noticiosa, sin importar su título u oficio, tiene la misma protección constitucional ‘como si fuese periodista’. Esto se ha convertido en un pilar de las democracias modernas, porque el principio del “consentimiento de los gobernados” requiere que el pueblo, sin distinción, pueda cuestionar las actuaciones de sus gobernantes. Lo contrario abre la peligrosa puerta de la censura oficial, como la que rigió en Puerto Rico durante los siglos pasados y que todavía existe en diversas partes del mundo.

Bajo el dominio español, los periódicos de la época requerían de licencias oficiales para su publicación, debían pagar fianzas o multas y, aún ante esta censura previa, jueces y fiscales de imprenta perseguían a directores, periodistas y lectores opuestos al Gobierno, según narra Antonio S. Pedreira en El periodismo en Puerto Rico (1941). Lo mismo sucedió durante los comienzos del dominio estadounidense cuando el Estado permitió que grupos privados atacaran a la prensa que criticara al gobierno militar; esto, por ejemplo, llevó, a la destrucción del local del Diario de Puerto Rico, dirigido por Luis Muñoz Rivera, a manos de turbas opositoras.

Vale la pena preguntarse, ¿debe seguir existiendo un “carnet oficial”? ¿Qué función cumple la credencial de prensa que emite el Departamento de Estado?

A finales de los noventa, en la decisión de Disidente Univ. de P.R. v. Depto. de Estado, una mayoría del Tribunal Supremo validó el reglamento vigente en ese momento que habilitaba al Departamento de Estado a emitir el “carnet oficial”. El tribunal resolvió que esta credencial era constitucional porque estaba ligada a la expedición de tablillas especiales para vehículos de motor que utilizan los miembros acreditados de prensa.

Pero, hoy día, ¿hay estacionamientos de prensa disponibles en las estructuras gubernamentales para toda persona que tenga esta credencial? Y si el estacionamiento es limitado, ¿bajo cuáles criterios se decide quién puede cubrir el evento noticioso? ¿Sólo los medios organizados, corporativos o “reconocidos”? ¿Y los periodistas independientes, comunitarios o freelancers? Si las tablillas especiales ya no tienen utilidad, ¿para qué sirve esta credencial?

El reglamento actual del Departamento de Estado dispone de varios requisitos de certificación y documentación que aparentan ser a todas luces sencillos. Una comisión, compuesta por representantes de medios de comunicación nombrada por el Secretario de Estado, está a cargo de revisar que un solicitante presente una certificación de que trabaja para “una empresa periodística”.

En el caso de periodistas independientes o freelance, estos deben someter una declaración jurada en donde se certifiquen “sus labores y presente evidencia de los trabajos periodísticos que realizan”. Según el reglamento, la comisión sólo presenta una recomendación y toca al Gobierno emitir y firmar la resolución final.

Los requisitos para periodistas independientes se definieron para permitir que se pueda ejercer como periodista freelance desde las redes, en parte, luego de que el Tribunal de Apelaciones resolviera en 2012 que a Juan Carlos Pedreira, quien en ese momento operaba la plataforma “CaribNews” principalmente en Twitter, le habían denegado arbitrariamente la expedición del “carnet oficial” a pesar de haber acreditado que laboraba como reportero freelance. Por primera vez, se le otorgó un “carnet oficial” a un periodista independiente que informaba a su público desde las redes sociales.

En el abstracto, la lógica detrás de una credencial de prensa no carece de todo sentido. Cumplen una función razonable de cómo identificar a personas que cubren eventos noticiosos y sirve para coordinar otros asuntos de logística y espacio físico. Son comunes en la historia reciente del periodismo.

En varios países de Europa, por ejemplo, son las asociaciones de periodistas quienes las emiten, y no siempre el Gobierno. El problema está en su oficialización y en la obligatoriedad de presentar el “carnet oficial” para las coberturas en donde participen funcionarios, porque limita quiénes y de qué manera pueden cuestionar las decisiones de política pública que nos afectan. ¿O es que el gobierno sólo quiere una audiencia de aduladores y adeptos en sus conferencias de prensa?

Según un estudio del Digital Media Law Project de la Universidad de Harvard (2014), la iniciativa académica que más a fondo ha estudiado este tema, uno de cada cinco periodistas entrevistados informó que le habían rechazado la emisión de una credencial en al menos una ocasión. El estudio señala que los periodistas freelance y los fotoperiodistas suelen ser de los grupos con mayor probabilidad de ser denegados.

La credencial se ha convertido en un mecanismo para ejercer control gubernamental arbitrario sobre la libertad de prensa. Hoy, son algunos medios independientes, la Prensa Comunitaria y los freelancers quiénes han sido objeto de esta censura del Estado. ¿Y qué pasa si se deja pasar esta arbitrariedad, y luego el Gobierno decide que los medios que le fiscalizan e incomodan, sean grandes, pequeños, corporativos, diarios, mensuarios, con o sin fines de lucro, tampoco pueden cubrir La Fortaleza?

No podemos permitir que el Gobierno dicte quién es o no periodista. Esto, claro, tiene que venir acompañado de la defensa constante de los principios éticos por los cuales deben regirse todos los que dicen ejercer el oficio del periodismo. Más importante aún, si la misión de la prensa en Puerto Rico incluye “ofrecer críticas, proveer un foro para la discusión y el debate”, entonces el “carnet oficial” no puede ser un obstáculo ni una condición impuesta por el Gobierno para ejercer la libertad de palabra.

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[CPI] Las miradas silenciosas del proyecto Esencia

13 marzo, 2025 9:22 am by

Los tres inversionistas del proyecto Esencia en Cabo Rojo asistieron a los dos días de vistas públicas sobre la Declaración de Impacto Ambiental presentada a la Oficina de Gerencia de Permisos. Las vistas continúan hoy, jueves.

Por Luis Joel Méndez González | Centro de Periodismo Investigativo

CABO ROJO: A un costado del Salón de Vistas de la Asamblea Municipal de Cabo Rojo, en la Casa Alcaldía, está sentado Roberto Ruiz Vargas, uno de los desarrolladores del proyecto Esencia que se propone construir en el barrio Boquerón de ese municipio. A su lado, con ropa negra y audífonos, están los otros dos proponentes, Will Bennett y Harish Venkatesh, a quienes dos intérpretes traducen simultáneamente al inglés las decenas de ponencias que se presentan durante las vistas públicas acerca del proyecto residencial-turístico.

Con brazos cruzados, inclinados hacia adelante y recostados sobre las butacas azules acojinadas del salón municipal, los tres inversionistas extranjeros escuchan la vista organizada por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que tiene ante su consideración la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por Cabo Rojo Land Acquisition LLC, empresa a cargo del desarrollo de 530 unidades de hotel, 1,132 residencias turísticas, una escuela privada con 500 dormitorios para estudiantes, campos de golf, así como áreas recreativas, de servicio médico, de agricultura, para comercios y para entretenimiento.

Esencia, según los proponentes, tendría cuatro accesos públicos vehiculares a la playa, los cuales están en controversia. Los ciudadanos denuncian que para acceder a la playa por esos caminos habría que atravesar accesos que privatizan el área debido a que la entrada con vehículos será controlada.

Fuera del ayuntamiento, ciudadanos se manifiestan en contra del proyecto financiado por la firma de inversión británica Reuben Brothers y la desarrolladora Three Rules Capital. Al ritmo de música y estribillos levantan pancartas dibujadas a mano en cartulina con consignas en contra de Esencia.

El salón no es lo suficientemente grande para acoger a todos los que se presentan para escuchar y expresarse a favor o en contra. Casi no hay sillas vacías. Así que los menos afortunados tienen que esperar afuera bajo una carpa blanca y ver la vista pública a través de un televisor que instaló alguna de las organizaciones que se han movilizado en contra del proyecto. Para entrar a la alcaldía, unos cuatro policías municipales solicitan a los asistentes que firmen una hoja de registro, les inspeccionan con un detector de metales y revisan sus bultos.

Durante los dos días de vistas públicas deponen ciudadanos de diferentes clases sociales, ideologías y profesiones: pescadores, agricultores, ingenieros, planificadores, biólogos, ecólogos, abogados y ciclistas.

El primer día

Las calles del casco urbano de Cabo Rojo están repletas de afiches rojo y negro que rechazan la construcción del proyecto con consignas como “¡No a Esencia!”.

Es el primer día de vistas públicas y los desarrolladores del proyecto llegan escoltados. Un vehículo negro se estaciona prácticamente frente a la alcaldía, aunque la calle está cerrada con vallas de seguridad por la Policía Municipal.

La llegada de los desarrolladores a la alcaldía llama la atención y se esparce como pólvora en las redes sociales.

El salón de vistas está copado de residentes de Cabo Rojo, de municipios aledaños y del resto de Puerto Rico.

Daniel “Danny” Hernández, exoficial de prensa del expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló, me llama por mi nombre y me saluda tras entrar al salón. Me parece curioso porque no recuerdo que hayamos conversado antes.

Entre los relacionistas públicos de Esencia están, además de Hernández, Misael Vargas, oficial de prensa del Municipio de Hormigueros y de varios legisladores, todos del Partido Popular Democrático (PPD). Entran y salen de la sala de control técnico del salón, donde están las consolas de sonido y de las pantallas en las que se proyectan las presentaciones.

El Municipio también transmite las vistas públicas por medio de su cuenta de Facebook, y lo mismo hacen periodistas ciudadanos como José Luis Lebrón, de Observadorxs Press Comunitario y El León Fiscalizador. Otros asistentes también transmiten las ponencias en sus redes o por videollamada para familiares, amigos o compañeros de lucha.

La arquitecta Natasha Jordán de la firma de arquitectos Álvarez-Díaz & Villalón presenta el diseño de Esencia.

Junto a la arquitecta están Celio Cruz y Vionette Benítez, abogados del bufete Muñoz Benítez Brugueras & Cruz en representación de Esencia. En la fila de atrás también están los expertos de VAG Transportation Engineering Consultants, PSC y Estudios Técnicos Inc. a la espera de su turno. Estas firmas, así como otras, trabajaron en la confección de la DIA sometida por Cabo Rojo Land Acquisition LLC.

La vista pública es moderada por los oficiales examinadores de la OGPe, Viviana Pereira y Miguel Mijalhevich.

–              “No estamos juzgando la belleza del proyecto, sino el impacto [ambiental] sobre esos recursos [naturales]”, le recordó el oficial examinador a la arquitecta tras su presentación.

En múltiples ocasiones Pereira y Mijalevich tienen intercambios con el público, el cual reclama que se extiendan las vistas para que se les honre el turno a los deponentes que no podrán expresarse por falta de tiempo y que se busque un salón con mayor capacidad para que más personas puedan entrar.

— “Nos tenemos que escuchar”, repite Pereira ante los gritos de la audiencia.

— “Les pedimos respeto a los deponentes”, insiste Mijalevich.

Los oficiales examinadores regañan al público por sus aplausos a los deponentes con los que coinciden y por sus abucheos a aquellos con los que no.

Unos días antes de las vistas públicas, los proponentes del proyecto comenzaron a pagar anuncios en medios de comunicación locales como La Voz Digital para mejorar la percepción del proyecto entre los residentes de Cabo Rojo. También han surgido cuentas en redes sociales y páginas web anónimas como Conoce la verdad para promover Esencia.

La vista pública es una secuencia de miradas y gestos. El más expresivo de los inversionistas es Ruiz Vargas. Durante las deposiciones de los exintegrantes de la Junta de Planificación, Luis García Pelatti y Pedro Cardona Roig, el inversionista sonríe. Entre otras observaciones, los planificadores mencionan que la DIA carece de un estudio hidrológico y que no precisa cuáles serán los impactos ambientales de la propuesta en la infraestructura pública y en los sistemas naturales aledaños. El desarrollador levanta sus cejas con asombro y mira de vez en cuando a Bennett o a Venkatesh. Ocasionalmente, los inversionistas también bromean entre sí durante las ponencias.

Junto a los tres desarrolladores del proyecto, se sientan políticos y funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP), como el alcalde de San Germán, Virgilio Olivera, y la exdirectora de la Oficina de Ética Gubernamental y ahora comentarista política, Zulma Rosario.

El alcalde de San Germán es abucheado por el público mientras se expresa a favor del proyecto: “Las leyes 20 y 22 son las nuevas 936 para Puerto Rico”, asevera durante su exposición. La Sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos era un incentivo fiscal que se aplicó en Puerto Rico para atraer inversiones de corporaciones foráneas. Se eliminó en 1995. Las leyes 20 y 22 (hoy bajo el Código de Incentivos o Ley 60), aprobadas durante la administración del exgobernador Luis Fortuño (2009-2013), tienen el objetivo de atraer inversionistas extranjeros a cambio de exenciones contributivas.

Olivera dice que el proyecto generaría empleos bien remunerados para sus residentes y que sería un motor económico para la región oeste.

El segundo día

Media hora antes de que comience el segundo día de vistas públicas, ya hay personas en fila para asegurarse un asiento en primera fila.

Escucho a un señor de edad mayor, con una camisa alusiva a Puerto Rico, que le grita a otro con pantalón corto, camisa roja: 

— “¡Estás en candela!”

— “¡Yo soy popular de corazón!”, responde el hombre de rojo.

— “Hay que defender las playas, lo que es nuestro, del abuso que tienen”, añade el señor mientras se aleja de la fila y repite la consigna como grito de guerra.

El alcalde de Cabo Rojo, Jorge Wiscovitch Morales, finalmente se presenta en el salón. Es viernes por la tarde y se sienta calladamente junto al analista político y portavoz del proyecto, René “Chile” Comas, afiliado al PPD. El alcalde del PNP ha sido duramente criticado por residentes y organizaciones ambientales por apoyar el proyecto de forma condicionada a que el agua para el mantenimiento de las áreas verdes, campos de golf y limpieza de áreas comunales sea producto del tratamiento y recirculación de aguas usadas debido a las limitaciones de la infraestructura pluvial del municipio, entre otras condiciones.

Una vez en la mesa frente a los oficiales examinadores, se mantiene en silencio mientras los asistentes le abuchean y gritan.

— “¡Nadie te quiere aquí!”, exclama una mujer. “¡Que ceda su turno!”, insiste.

El ambiente está tenso. El alcalde no voltea su mirada en ningún momento.

Morales Wiscovitch declara que Esencia generaría empleos para los caborrojeños y caborrojeñas, especialmente durante su construcción. Que las viviendas construidas como parte del proyecto pagarían impuestos sobre la propiedad y arbitrios, lo cual produciría millones en ingresos para el ayuntamiento. Que ha sido un proyecto divisivo y polarizante para el pueblo.

La Compañía de Turismo de Puerto Rico, además de otorgar casi $498 millones en créditos contributivos para el desarrollo costero, concedió varias exenciones contributivas, como el ahorro de 90% en impuestos del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales.

Luego de echarle flores al proyecto Esencia, el alcalde advierte: “No deseamos una buena economía a cambio del detrimento ambiental”. Asegura que solicitará a las agencias gubernamentales que ejecutan las leyes ambientales que atiendan las preocupaciones de los deponentes.

El desarrollador Roberto Cacho Pérez ha estado por momentos en las vistas públicas. No se le ve con los demás proponentes del proyecto. El asiduo donante del PNP, que ha favorecido principalmente a Pedro Pierluisi y Miguel Romero, lleva varios años impulsando proyectos similares a Esencia y estuvo involucrado en la compra de parte de los terrenos del proyecto. 

En otras partes del salón, se encuentran el exrepresentante PPD por el Distrito 20, Joel Sánchez Ayala; el senador independiente Eliezer Molina; y el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González Costa.

La sala está fría. Destaca un cuadro inmenso del prócer caborrojeño conocido como “el Padre de la Patria” Ramón Emeterio Betances, con la bandera de Lares en su brazo mientras una bandera de Cabo Rojo ondea sobre una catedral. Betances aparece acompañado de una familia de esclavos libertos, y de fondo, hay un mapa de las Antillas Mayores.

Una señora de cabello rizado negro y piel bronceada tiene lágrimas en sus ojos. Está parada debajo del cuadro mientras un ingeniero y desarrollador Ángel Cabán González depone en contra del proyecto. Sus palabras la conmueven:

— “Yo tengo un sueño de que los caborrojeños compren esos terrenos y los conviertan en una gran reserva natural”, proclamó el hombre.

Al otro lado del salón, frente a la pintura de Betances, Ruiz Vargas ríe tímidamente mientras escucha al ingeniero. Mira con cara de incredulidad a la persona a su lado, y tras los aplausos eufóricos del público, fija su mirada en el suelo. Mientras, los oficiales examinadores fijan una tercera vista pública para hoy jueves, 13 de marzo, nuevamente en la Casa Alcaldía.

Luis Joel Méndez González es integrante de Report for America.

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CPI: [CHEQUEO DE DATOS] Jenniffer González sobre corrupción: “Voy a hacer capacitación a todos los funcionarios que tengan interés en los recursos públicos”

5 octubre, 2024 9:31 am by

Veredicto: Engañoso

Por Valeria Santos Dávila | Centro de Periodismo Investigativo

Durante el turno de preguntas sobre el tema de corrupción en el debate de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico transmitido el miércoles por Wapa TV, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, expresó que bajo su plan de Gobierno los funcionarios públicos deberán tomar cursos obligatorios con miras a combatir la corrupción.

La candidata por el Partido Nuevo Progresista (PNP) sostuvo que, similar a lo ya establecido en Estados Unidos, implementará un sistema de adiestramientos obligatorios anticorrupción para los funcionarios públicos del país.

“La realidad es que yo he tenido la experiencia en la capital federal, la tengo a nivel local. En Washington obligan a los funcionarios, en este caso a los miembros del Congreso, a tomar cursos cada rato, cada seis meses, sobre distintas áreas. Y es lo que voy a hacer en capacitación a todos los funcionarios que tengan interés en los recursos públicos”, dijo la comisionada.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) ya exige el cumplimiento de adiestramientos a todo servidor público de la Rama Ejecutiva. El Artículo 3.3 de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico establece que: “Todo servidor público de la Rama Ejecutiva tiene que tomar cada dos años un mínimo de 20 horas de adiestramientos en materia de ética”.

Los cursos de la Oficina de Ética también incluyen otros temas relacionados al servicio público y la empatía con los ciudadanos.

El servidor que se niegue a cumplir con la cantidad de horas requeridas de talleres puede ser sancionado por la OEG.

La OEG implementó además el Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético, el cual busca “intensificar la política pública de prevención a través de la educación”. Como parte de los objetivos, el organismo debe: “proveer los adiestramientos que promuevan una adecuada formación académica y práctica sobre los valores, la ética gubernamental y la administración de los recursos públicos a los servidores públicos”.

Al cuestionar a González sobre si esta propuesta que hizo es necesaria, dado que la OEG ya establece ciertas capacitaciones y requisitos de educación continua, la comisionada residente dijo que: “Mientras los servidores públicos de la Rama Ejecutiva tienen la obligación bienal de 20 horas de educación continua, estas horas se cumplen con capacitación dentro de una gama de temas que incluyen violencia doméstica, suicidio, derechos civiles, etcétera. Además, muchos cursos son virtuales. Bajo nuestra propuesta, requeriremos que un número mínimo de 10 horas sean en la modalidad presencial y en cursos que tengan que ver con el manejo de fondos públicos, buen gobierno y sana administración”.

La candidata novoprogresista indicó al CPI luego del debate que su propuesta trae como novedad añadir a los empleados legislativos. “Nuestra propuesta requeriría que tanto los legisladores como los servidores públicos de la Rama Legislativa estén obligados a la capacitación continua sobre estos temas”, añadió en declaraciones escritas.

Los miembros de la Asamblea Legislativa, por ser funcionarios electos, ya tienen también el requisito de tomar un adiestramiento de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) sobre sana administración pública y principios de contabilidad gubernamental. El Código Electoral de Puerto Rico dispone que todo candidato electo antes de su juramentación tome dicho curso de una duración mínima de seis horas, una vez por cuatrienio.

Mientras las expresiones de la Comisionada Residente sugieren como novedosa una iniciativa anticorrupción que ya existe, la página digital con el plan de Gobierno del PNP, en lugar de establecer que obligará a todo servidor público a tomar adiestramientos anticorrupción, indica que González fortalecerá las “capacitaciones obligatorias de carácter continuo” a los funcionarios, pero no se detalla cómo gestionará tal fortalecimiento.

Ante el conglomerado de leyes y estrategias de política pública que explícitamente exigen la toma de talleres anticorrupción por parte de funcionarios públicos, las declaraciones de la comisionada residente, Jenniffer González, son engañosas, pues intenta hacer ver como una propuesta innovadora el que los servidores públicos tomen cursos anticorrupción cuando ya existen leyes que exigen esto para la mayoría de los empleados del Gobierno.

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CPI: Registro Electrónico de Electores “eRE” entorpece proceso y desalienta registro de nuevos votantes

10 septiembre, 2024 12:35 pm by

Por Tatiana Díaz Ramos y José Encarnación Martínez | Centro de Periodismo Investigativo

A dos semanas de que cierren las inscripciones para votar en las elecciones generales del 5 de noviembre, se han registrado menos de la mitad de nuevos electores al compararse con el pasado ciclo electoral, pese a que en esta ocasión la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tiene una plataforma digital pagada con más de $3.7 millones en fondos públicos que se supone facilite el trámite.

Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) encontró que la nueva plataforma, que comenzó en octubre de 2023 y fue bautizada como el Registro Electrónico de Electores o eRE, lo que ha hecho es entorpecer el proceso y desalentar el registro de algunos que desean votar por primera vez.

La plataforma no es práctica, rechaza documentos requeridos, limita la cantidad de transacciones de cada ciudadano, y en muchos casos, no completa de manera efectiva el registro, obligando a los solicitantes a duplicar los procesos de manera presencial o a perder la oportunidad de votar si salen del País, como es el caso de los universitarios que estudian en el exterior.

Para las elecciones de 2020, se registraron 121,358 nuevos electores, mientras que a 18 días del cierre (3 de septiembre de 2024) del registro electoral, la CEE dijo que 58,943 nuevos electores se habían inscrito para votar en los próximos comicios. De estos, solo 18.6% (11,054) personas se inscribieron por medio del eRE.

Al cierre de esta edición, el número de nuevos electores según la CEE aumentó a 62,426, luego de un esfuerzo de artistas, “influencers” y jóvenes en general que mantuvieron una exhortación intensiva en las redes sociales para sacar la tarjeta. No se especificó cuántas de esas inscripciones de la pasada semana se lograron a través de eRE.

Para el catedrático del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, Luis Cámara Fuertes, “Puerto Rico lleva una tendencia bastante larga de baja participación electoral, desde finales de los 80. Esa reducción se acelera desde el 2000, y la caída es catastrófica desde 2016. Cuando uno mira el 2020, basado en edad para votar, votó un 49%. Menos de la mitad de los electores”.

Cámara Fuertes describió como “arcaico” el sistema de inscripción de la CEE. “El registro cierra en septiembre, mientras que en Estados Unidos es a 30 días de las elecciones. Incluso muchos estados cierran hasta el día antes. Otra cosa, en EE. UU., en todas las oficinas de Gobierno puedes inscribirte”, dijo.

Francisco Rodríguez tiene 19 años y estaba interesado en sacar su tarjeta electoral. Lo trató a través de eRE. Pero luego de varios intentos, dejó de tratar, pues nunca pudo someter con éxito los documentos requeridos.

“Traté de enviar todo, pero se me hacía imposible”, aseguró el joven. Explicó que, al momento de subir los archivos, la plataforma lo devolvía a la página principal o simplemente no podía presionar ningún botón del portal.

“Entonces, para ir a las oficinas [JIP] es complicado porque yo estudio y trabajo. Cuando no estoy en la universidad, estoy en el trabajo”, dijo. “También he visto que el tiempo de espera para hacer todo en persona es bien largo. Por eso no he seguido intentando”, añadió el joven.

Asimismo, Ariana Sosa, quien es estudiante universitaria en Estados Unidos, junto a su hermana, intentaron el registro en línea para participar por primera vez en unas elecciones. Ariana no pudo completarlo en la web. Su hermana lo logró en un segundo intento.

“Queríamos inscribirnos en línea porque estudiamos fuera de Puerto Rico y, según me dijeron, era más fácil así. Nos llevó aproximadamente dos horas y media intentar responder todas las preguntas en línea. El sitio web fallaba”, contó la joven de 20 años.

“Cuando llegamos a la parte de los documentos, tuvimos que poner el certificado de nacimiento, el pasaporte, la licencia de conducir y una foto. Tenía que refrescar la página e intentar enviar documento por documento, y eso fue lo que nos tomó tiempo. Finalmente, completamos todo el proceso”, dijo.

Pero al día siguiente, por medio del correo electrónico, la CEE le notificó que rechazó su solicitud y que tenía que presentar un “certificado de nacimiento válido”, aun cuando el documento sometido cumplía con todos los requisitos, y demostrar su ciudadanía estadounidense.

“Cuando revisé mi cuenta, justo en la parte superior, decía que tenía que comunicarme directamente con la Comisión [Estatal de Elecciones]. Me quedé en shock porque ya habíamos presentado las cosas: el certificado y el pasaporte, que ahí se veía que yo era ciudadana americana”, recordó.

A la semana siguiente, aún sin completar el proceso, Ariana tomó la iniciativa de ir personalmente a gestionar su caso. “Me explicaron que desde el domingo no tenían luz. Me atendieron en el lobby. Llevé todos los documentos por si acaso, y pude registrarme, pero tuve que ir hasta allá”. Le tomó alrededor de una hora.

A su hermana también le rechazaron la solicitud por la misma razón, por el certificado de nacimiento, según la comunicación vía correo electrónico. Cuando Ariana preguntó al personal de la CEE por qué rechazaron las solicitudes, “ellos no sabían y dijeron que iban a investigar. Preguntaron si tenía número electoral, a lo que respondí que no sabía. Cuando verifico el correo de confirmación de cuando me rechazaron, me habían dado un número electoral. Pero cuando ellos revisaron el sistema, no existía”.

Según el director de la Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) de la Comisión, Eduardo Nieves Cartagena, cuando se realiza una nueva inscripción “el número será provisional desde el inicio. Ese número se separa para esa persona, y si es rechazada, ese número no se vuelve a utilizar, se pierde”.

Estuvieron así una semana más, sin conocer detalles y en espera para completar el registro de su hermana.

“Cuando por fin nos dan una explicación sobre el problema de los certificados, me dicen que tenemos que presentar un certificado de nacimiento que sea posterior al 2010. Pero cuando revisamos el PDF que sometimos, el documento es del año 2013. No sabemos por qué lo rechazaron. Entonces, mi hermana ya está en Estados Unidos, y si tiene que ir físicamente a la Comisión, no tendrá tiempo, porque ya empezó a estudiar y esto es hasta el 21 de septiembre”, detalló Ariana.

El CPI cotejó los documentos, y en efecto, el sello es de julio de 2013.

A ella le dieron su tarjeta electoral. Al día siguiente de su visita a la CEE, solicitó el voto ausente en línea para irse a su universidad en Estados Unidos. Y nuevamente la plataforma digital falló.

“Entré a mi cuenta para solicitar ese voto ausente y hay dos opciones: dice si estás registrado o no. Seleccioné que estaba inscrita y puse toda mi información, todos mis datos: mi nombre, apellido, el nombre de mi mamá, mi número de seguro social, mi número de licencia, etcétera. Cuando intenté someter, no me dejó”. Según Ariana, la página web se paralizaba. Si presionaba el botón de continuar varias veces seguidas, la obligaba iniciar sesión una y otra vez.

“Así que estuve en ese loop [círculo] durante mucho tiempo. No volví a iniciar sesión en el sitio web porque simplemente no me lo permitía. Me informaron [personal de la CEE] que depende si, por ejemplo, tu mamá tiene un segundo nombre y lo escribieron mal, es posible que el sistema no lo reconozca. Pero eso no fue mi culpa, fue culpa de ellos”, aseguró.

Ariana pudo completar su solicitud de voto ausente. Su hermana, que ya inició estudios en Estados Unidos, pudo inscribirse en línea días después recibiendo asistencia desde Puerto Rico, pero aún espera por la aprobación del voto ausente.

Registro electrónico limita cantidad de transacciones

La Secretaría de la CEE es la unidad que sabe la cantidad de transacciones rechazadas en el Registro Electrónico de Electores, explicó el director de OSIPE, Eduardo Nieves Cartagena. El eRE permite un máximo de tres transacciones al mes por elector, explicó el funcionario, y una unidad de control de calidad establece el protocolo para rechazar cualquier solicitud.

La agencia informó que en agosto la unidad de control de calidad revisó 6,796 transacciones de las que 1,803 fueron rechazadas. De acuerdo con el Protocolo de Control de Calidad de Transacciones Electorales, las solicitudes son rechazadas cuando las pruebas de identidad son ilegibles, si los datos provistos no concuerdan con estas pruebas, si la prueba de identidad y ciudadanía no coinciden en el lugar de nacimiento, entre otros.

“Su solicitud de inscripción en el Registro Electoral ha sido rechazada por la Comisión Estatal de Elecciones por las siguientes razones: R”, lee la primera parte de la notificación enviada por la CEE a otro elector que trataba de registrarse, solo con una letra, en lugar de la razón específica del rechazo. “Usted puede acceder a su cuenta eRE para realizar una nueva solicitud de inscripción o comunicarse con nosotros al XXX-XXX-XXXX para orientación y ayuda en el proceso de inscripción”, continúa. Ni el número de teléfono ponía.

Este caso no es aislado, validó el CPI con otros jóvenes que han intentado inscribirse.

Nieves Cartagena justificó que “algunos operadores es posible que hayan olvidado pegar la información más allá de seleccionarla [del Protocolo de Control de Calidad de Transacciones Electorales]. Por eso en algunos casos sale una letra, en lugar de la razón del rechazo”.

Otras personas han denunciado que luego de someter documentos personales, incluyendo tarjetas de Global Entry y facturas de agua y luz, el sistema les pide más información.

“Recibí un email cuando completé el proceso, pero no tengo estatus”, escribió una internauta en la web, solicitando ayuda con el proceso. Global Entry se refiere a la identificación que obtienen los viajeros bajo un programa de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, Nieves Cartagena reconoció que, “el elemento que más nos han traído a la atención ha sido el de subir la foto de la faz del elector. Desde el inicio del proyecto nosotros fuimos afinando la rigurosidad con la que se acepta la foto al punto que ese mecanismo de validación de la foto está lo más laxo posible, donde meramente lo que hace es verificar el posicionamiento de los ojos”. De paso, recomendó que la foto al potencial elector sea tomada por otra persona, con un fondo claro, encuadrando a nivel del torso.

Según el Protocolo de Control de Calidad de Transacciones Electorales las fotos son rechazadas si no coinciden con la prueba de identidad o no están tomadas sobre fondo claro y sólido.

“Lo más seguro es ir a una JIP, que seguir tratando con eRE”

Ante las trabas que presenta el Registro Electrónico de Electores, sumado a la reducción de Juntas de Inscripción Permanente de 78 que existían en 2020 a 16 establecimientos y 26 Juntas Temporeras que existen ahora, organizaciones sin fines de lucro como La Tejedora y Somos Más han ocupado el espacio abandonado por la CEE para motivar las inscripciones de los más jóvenes o la reactivación de electores.

La Tejedora es una organización que se dedica a “conectar a líderes jóvenes que trabajan hacia la autodeterminación, descolonización y justicia climática en Puerto Rico” que desde el verano presentó la campaña #prendetuvoto para motivar la inscripción de electores.

Por su parte, la entidad Somos Más persigue “la participación ciudadana en asuntos políticos más allá del derecho al sufragio y la protesta, en donde buscamos soluciones concretas a problemas sociales y políticos mediante la radicación de proyectos de ley”. Desde las elecciones de 2020, impulsa la participación en los comicios “para fortalecer la democracia”.

Kari Claudio Betancourt, quien dirige La Tejedora, dijo que, según su experiencia en los pasados meses, “el Sistema eRE es difícil y complicado de utilizar. Tienes que tener documentos en un formato específico. Si no tienes toda la información te hace empezar otra vez. Lo más seguro es ir a una JIP [Junta de Inscripción Permanente], que seguir tratando con eRE”.

Pero los electores que han ido a completar sus trámites de manera presencial tampoco están exentos de problemas. Aún con la puesta en función de eRE para, en teoría, agilizar los procesos, son largas las filas, existen problemas de infraestructura, en algunos lugares solo hay una computadora disponible, el servicio de internet es inestable, así como el servicio de energía eléctrica.

Claudio Betancourt opinó que la CEE debe hacer más para alcanzar a los jóvenes en sus espacios de ocio, por ejemplo, durante los fines de semana, así como retomar las visitas a las escuelas.

Sobre el Registro Electrónico, el director ejecutivo de Somos Más, Johnny Rullán Schmidt, también denunció dificultades para cargar facturas de luz o agua, requisito para probar domicilio.

El “eRE no especifica qué páginas [de la factura] hay que cargar; debe ser la primera y la tercera. Entonces le impugnan el trámite [al potencial elector]. Los jóvenes de 18 a 21 que aún viven con los padres, si las facturas no están a su nombre, existe la opción para indicar que la factura no está a su nombre en la plataforma, pero no explican eso, y terminan acudiendo a la JIP”, detalló.

A la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte, le preocupa que, al cerrar el registro el próximo 21 de septiembre, existan “miles de transacciones pendientes de aprobar. Ese elector tiene derecho a participar en las elecciones, y tiene que subsanarse, porque demostró su intención de participar”.

La Comisión tendrá una semana más “para que internamente podamos validar todo tipo de transacciones, aprobarlas, y asignarle un precinto y unidad al elector”, aseguró Nieves Cartagena.

Aponte criticó que solo 12 Juntas de Inscripción operan los sábados hasta la una de la tarde. “Nos opusimos al cierre de Juntas porque no había un plan de cómo impacta ese cierre y el eRE no estaba en función. Se supone que saliera en 2022, y no fue hasta diciembre de 2023. No se pudieron ni hacer pruebas de la plataforma”, denunció.

Para el comisionado electoral del Proyecto Dignidad, Juan M. Frontera, “el problema ha sido que en la Comisión se están implementado varios sistemas a la vez sin haberlos probado. El eRE se implementó este año, entonces es con eJavaa para voto adelantado. También está el e-poll book. Las pruebas fueron las primarias para todos los sistemas tecnológicos a la vez”.

Más de $7 millones invertidos en publicidad

Influmedia LLC es una compañía registrada en 2018 para “uso de influencers para promocionar marcas o negocios”, según se desprende de la página del Departamento de Estado. Desde diciembre de 2023 a julio de 2024 la CEE le ha otorgado a esta agencia $7,549,620 en contratos. Influmedia tiene como agente residente y presidente a Rubén J. Rodríguez Cid.

La CEE le otorgó un contrato en diciembre de 2023 para desarrollar las campañas de información y orientación “relacionadas con los procesos de educación sobre los nuevos proyectos tecnológicos a ser utilizados en los procesos eleccionarios”. Luego de dos enmiendas, en las que se incluyó publicitar la participación en las “primarias presidenciales” y el “voto por teléfono”, el contrato alcanzó la suma de $2,274,620, de los que $1,119,188 se reservaron para la campaña sobre el sistema eRE.

Una de las pautas publicitarias para promover el uso del eRE lo describe como “el poder” en las manos del elector, y como un sistema “fácil, seguro y confiable”.

La Comisión otorgó otro contrato a la compañía en julio, y un mes después fue enmendado, para un total de $5,275,000 en dos fases: una “de las campañas de beneficios del Sistema eRE, todas las modalidades del voto adelantado” y otra de “inscripción, reactivación, transferencias, eJavaa, exhortación al voto, cómo votar, voto ausente y máquinas de escrutinio electrónico”.

Otra de las pautas desarrolladas por Influmedia explica los requisitos para inscribirse por primera vez por medio de eRE, mencionando una lista de opciones para probar la identidad.

Sin embargo, la información que ofrece es incompleta porque, por ejemplo, no especifica que el sistema requiere que se suban identificaciones válidas, así como una foto de perfil, con ciertos requisitos.

Durante las vistas de presupuesto este verano, la presidenta alterna de la CEE, Jessica Padilla Rivera, solicitó una partida de $5,500,000 para anuncios y pautas que ha coordinado la agencia Influmedia. Rullán Schmidt llamó la atención sobre el contraste de que, aunque la organización que dirige, Somos Más, no tiene presupuesto para invertir en campañas como lo tiene la CEE, le parece que han sido más efectivos en el esfuerzo.

“Estamos presentes en medios, haciendo videos apelando a la juventud. El contenido de la Comisión tiene bajo engagement [reacciones de la audiencia], no hay buena asesoría de contenido que apele a los jóvenes. Entendemos que se han quedado cortos”.

Una búsqueda rápida en la cuenta de Instagram de Somos Más refleja sobre 122,000 reproducciones de un vídeo explicativo para inscribir nuevos electores a través de eRE publicado el 27 de agosto.

Otro vídeo publicado hace una semana, en el que un grupo de jóvenes acuerda ir a una junta de inscripción, obtuvo casi 16 mil reproducciones. El pasado 5 de septiembre, la organización exhorta en un vídeo a “inspirar a otros a inscribirse” y tuvo casi 45 mil reproducciones.

En cambio, la cuenta de la CEE en esta red social contiene más publicaciones de fotos que de vídeos. Aquellos relacionados a las maneras de inscribirse o de las transacciones que se pueden hacer en eRE lograron entre 1,800 a 3,500 reproducciones.

El fenómeno de TikTok también es protagonista, principalmente a través de los electores que fluctúan entre los 18 y 25 años. Una búsqueda rápida con la frase “Sácala, dale úsala”, en referencia a la tarjeta electoral, identifica decenas de videos, algunos con más de 265,000 reproducciones. A pesar de este fenómeno mediático, la CEE no tiene cuenta de TikTok para atraer ese grupo demográfico con sus campañas publicitarias a través de las redes.

Influmedia tiene un total de 14 contratos desde el 2020 con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, la Compañía de Turismo, además de la CEE.

El CPI solicitó a la CEE la propuesta de servicios sometida por Influmedia para obtener estos contratos, las facturas que han sometido y la lista de campañas aprobadas. Al cierre de esta historia, la agencia solicitó una prórroga para entregar el 17 de septiembre la información pedida desde el 20 de agosto.

Prohíben y suspenden iniciativas electorales en la UPR

El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se quedó sin servicio de energía eléctrica el mismo día que iniciaba un ejercicio de inscripción y en el Recinto de Humacao (UPRH) estudiantes y profesores denunciaron la suspensión de una iniciativa para promover el derecho al voto.

La presidenta del Consejo General de Estudiantes de UPRH, Adriana Piñero, dijo al CPI que a pesar de que este año la administración del recinto canceló la iniciativa relacionada a los procesos electorales, “el año pasado uno de nuestros estudiantes logró que la CEE hiciera una iniciativa para inscribir estudiantes en el recinto”. Mencionó que lograron tener dos mesas de la CEE para las inscripciones.

Piñero añadió que “no se ha podido realizar un esfuerzo como el del año pasado, a pesar de que ha habido intentos. Un profesor de la Facultad de Ciencias Sociales intentó hacer una actividad educativa sobre estos temas y la importancia del proceso electoral, pero la administración del recinto prohibió que eso se hiciera. No sabemos por qué, pero fue cancelado”, sentenció.

El director del Departamento de Ciencias Sociales de UPRH, Luis Rafael Rodríguez, explicó que la actividad, encabezada por la organización sin fines de lucro Proyecto 85, fue aprobada por su departamento y también por el Decanato de Asuntos Académicos. Sin embargo, indicó que el Decanato de Administración no aprobó la celebración de la iniciativa.

“Se trataba de una actividad educativa, para promover el derecho al voto, nada de política [partidista]. En principio, esta iniciativa de uno de los colegas profesores de la Facultad era para dos grupos de Ciencias Sociales, y se tomó la decisión de abrir la puerta para todos los estudiantes interesados, por la importancia que tienen estos temas”, explicó el profesor de Economía.

Aunque no pudo precisar cuáles fueron las razones del Decanato de Administración para tomar su decisión, Rodríguez considera que se perdió una oportunidad importante, reconociendo la coyuntura. Indicó que han iniciado diálogos para realizar una actividad de inscripción en el campus, replicando el ejercicio celebrado en otros recintos del Sistema UPR con la CEE. Luego de la entrevista con el CPI, el CGE de UPRH anunció que el jueves, 12 de septiembre, se realizarán inscripciones electorales en el recinto.

En el Recinto de Río Piedras se llevó a cabo una actividad el semestre pasado donde se inscribieron sobre 600 personas, al tiempo que 1,300 participaron para resolver otros trámites electorales, una muestra de que “sí hay respuesta de los estudiantes y la comunidad”, destacó la presidenta interina del Consejo General de Estudiantes, Fabiola Del Valle.

En esta ocasión, organizaron un evento con la CEE desde el 3 hasta el 5 de septiembre, pero el personal de las Juntas de Inscripción no fue puntual. Aunque se les citó a las 8:00 de la mañana, llegaron con media hora de retraso y no comenzaron labores hasta las 9:00 a.m. el primer día. Además, una impresora dejó de funcionar.

“En un aparte más temprano con la prensa dije lo que estaba pasando, y ‘mágicamente’, comenzaron a funcionar todas las máquinas sin ningún problema”, contó la estudiante universitaria.

Aunque las organizaciones estudiantiles coordinadoras del evento solicitaron al menos cinco funcionarios para los trámites de los electores, solo llegaron tres.

“La primera estudiante llegó aquí a las 6:30 de la mañana y se fue a las 9:10. Hay estudiantes que se han tenido que ir porque tienen clases y no pueden esperar tanto tiempo”, advirtió Del Valle.

Pese a la extensa fila, los fallos de las impresoras y la escasez de personal de la CEE, para el estudiante de primer año de la UPRRP, José Carlos Santiago Ortiz, “el proceso fue rápido y sencillo. Tomó un poco el asunto de la foto y que imprimieran [la tarjeta], pero fue fácil”. El proceso para obtener la identificación electoral le tomó cerca de dos horas.

Santiago Ortiz reconoció que su motivación para participar de la actividad, “fue mi mamá y ella me dio todo lo necesario [respecto a documentos] para inscribirme”.

La CEE informó que durante el evento de tres días en el recinto riopedrense se inscribieron para votar 944 universitarios.

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CPI: A su suerte las personas sin hogar ante el calor extremo

27 agosto, 2024 10:12 am by

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla | Centro de Periodismo Investigativo

Día a día, Mayibel Castro Santiago busca cómo protegerse del calor extremo desde que se levanta hasta que se va a dormir. No es una tarea fácil, su pequeña cama está a la intemperie y durante el día deambula por la caliente zona urbana de Ponce, municipio que el mes pasado registró índices de calor de hasta 115 grados Fahrenheit. 

La mujer de 36 años descansa cerca de la entrada de lo que fue una farmacia que cerró en la zona urbana en Ponce, cuya estructura está abandonada desde hace dos años. Hace un año forma parte de una comunidad compuesta por otras personas sin hogar, a los que considera su familia.

Mayibel es una de las 2,096 personas sin hogar en Puerto Rico, uno de los grupos demográficos más afectados por las históricas olas de calor que azotan al País desde el año pasado por causa del cambio climático y el calentamiento global. Las personas sin hogar son una de las poblaciones más vulnerables a las temperaturas extremas, ha dicho la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, según los entrevistados para esta investigación, son el segmento poblacional más ignorado por las autoridades gubernamentales.

No existe un plan aprobado, ni fondos asignados para lidiar con el problema, pese a que hay cuatro agencias del Gobierno de Puerto Rico mayormente responsables de proteger a esta población — el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, el Departamento de la Vivienda y el Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población Sin Hogar adscrito a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) —, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) — creado por el Gobierno — propuso medidas para ayudar a las poblaciones vulnerables, incluyendo a las personas sin hogar a enfrentar el calor extremo desde septiembre de 2023, pero ninguna se ha puesto en vigor.

Lo único que hay en proceso es un plan para atender el sinhogarismo que ASSMCA comenzó a hacer desde enero 2023, no terminó, y encomendó en abril de 2024 a la compañía estadounidense de contabilidad y consultoría en desastres Horne, LLP a un costo de $120,804 entre los dos contratos. Los contratos otorgados para la tarea no precisan cuándo se terminará el plan, pero el segundo contrato tiene vigencia hasta diciembre de 2024, antes de que inicie el cambio de administración.

Mientras tanto, las personas sin hogar como Mayibel quedan desamparadas a la merced del calor extremo. En su caso, está el agravante de que su pueblo de residencia, Ponce, es el segundo municipio con mayor cantidad de personas sin hogar en el País, según el Conteo de Personas Sin Hogar en Puerto Rico de 2024.

Además de su cama, sus pertenencias están al aire libre, donde el sol azota sin piedad. Cuenta que se las ingenia para protegerse del sol y también de la lluvia. Usa un plástico que la tapa a ella y a su cama cuando llueve. A unos pasos de su área para dormir, está su silla de playa, debajo de un árbol donde Mayibel se resguarda del calor.

Mientras cuenta su historia, la mujer intenta que su perro Thunder salude, pero el animal no quiere salir de abajo de la cama donde se escondía del sol inclemente.

El calor está sofocante. El termómetro, que a las 7:00 a.m. leyó 82 grados Fahrenheit en el casco urbano de Ponce, ya marca los 102 grados Fahrenheit después del mediodía. Hay vigente una advertencia de calor del Servicio Nacional de Meteorología (SNM). Castro Santiago no deja de secar su rostro con un paño blanco.

Desde el 1 de enero al 20 de agosto de 2024, en Puerto Rico se han emitido 30 advertencias de calor excesivo y 80 avisos de calor. Mientras que para el mismo periodo el año pasado se emitieron 34 advertencias de calor excesivo y 77 avisos de calor.

“Mayormente cuando está bien caluroso, tratamos de buscar un lugar donde la sombra y el viento sople a nuestro favor. Como nos encontramos en una farmacia, pues el área del servicarro”, dice Mayibel. La temperatura en esa área es más baja por la dirección en la que sopla el viento y la sombra que regalan los árboles.

Las olas de calor pueden provocar la exacerbación de enfermedades crónicas y provocar condiciones de salud relacionadas a las altas temperaturas, como el agotamiento por calor, golpe de calor o calambres. El calor extremo, incluso, puede causar la muerte. Entre las poblaciones más vulnerables a sufrir los efectos del calor extremo, según la OMS, figuran las personas sin hogar, mujeres embarazadas, infantes y niños, trabajadores que laboran al aire libre y los adultos mayores.

El estrés por calor le arrebata la vida a más personas mundialmente cada día que cualquier otra causa de muerte relacionada al clima, y muchas de estas muertes ocurren en exteriores, dice la OMS.

El doctor Pablo Méndez Lázaro, catedrático asociado del Departamento de Salud Ambiental en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y estudioso del tema, sostuvo que en Puerto Rico las muertes por calor están subestimadas porque se contabilizan solo causas directas, como el golpe de calor, cuando en realidad el calor extremo provoca mortalidad por otras condiciones como las cardiovasculares.

“Al final la causa de muerte es porque tenía un problema cardiovascular, claro, pero ese problema cardiovascular se vio exacerbado por las condiciones climáticas”, explicó.

“El episodio de calor lo que hace es que lleva tu sistema y tu organismo al límite. Y si ya tú tienes alguna condición de salud preexistente, esa condición de salud se va a ver exacerbada hasta tal punto que, lamentablemente, te puede llevar a fallecer”, agregó.

Este año, Mayibel ha sentido los efectos del calor al punto que su tía tuvo que llamar a un servicio de ambulancias para que la socorriera uno de esos días de temperatura extrema, aseguró.

“Me tuve que recostar porque me sentía bien mal, y era que tenía la presión, la tenía demasiado débil, y era tanta la calor (sic). Por más que bebía líquido [no sentía mejoría], eso era algo insoportable”, expresó.

El doctor Andrés Calvo Díaz, médico internista, indicó que el calor extremo puede causar hipotensión o baja presión arterial por la deshidratación. Además, puede aumentar el pulso, lo que puede provocar arritmia.

“La calor (sic) hace que nos cansemos demasiado e incluso que no podamos dormir”, puntualizó Mayibel.

Las necesidades en la población sin hogar en Ponce se recrudecen debido al calor, aseguró Brenda Pérez Acevedo, coordinadora del Proyecto Sistema Coordinado de Entrada de la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar, una organización sin fines de lucro que gestiona proyectos de vivienda y servicios para personas sin hogar.

“Tú puedes caminar por las calles, no hay árboles, pasas por el paseo Atocha [en el casco urbano de Ponce] y las localidades están cerradas”, sostuvo Pérez Acevedo.

Casi dos años trabajando un plan que aún no está listo

El calor extremo ya comenzó a tener efectos sobre la salud de las personas sin hogar de distintos puntos de la Isla, dijeron al CPI organizaciones que trabajan con esta población.

Las personas sin hogar, además de enfrentar el discrimen, lo que muchas veces les afecta en la búsqueda de un lugar donde tomar agua o resguardarse ante el calor, son susceptibles a deshidratación y a la exacerbación de enfermedades, según el doctor Calvo Díaz y la doctora Wanda Pacheco, quien dirige la Clínica Alternativa Integrada de la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar.

A pesar de que las personas sin hogar son una de las poblaciones más vulnerables ante el calor extremo, Puerto Rico no tiene un protocolo o plan dirigido para evitar o mitigar el impacto de las altas temperaturas en su salud y bienestar, incluso cuando se espera que las mismas continúen aumentando ante los efectos del cambio climático, encontró el CPI.

Según la ley 130 de 2007, el Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población Sin Hogar tiene el deber ministerial de atender las distintas situaciones por las que las personas sin hogar atraviesan diariamente, pero en los más de ocho años que lleva adscrito a la ASSMCA no ha producido ningún protocolo para proteger a las personas sin hogar, según Belinda Hill, directora ejecutiva de Solo por Hoy, Inc., organización que atiende el sinhogarismo en Puerto Rico.

El Concilio ni siquiera ha concluido un plan para atender el sinhogarismo, que lleva desde el 2023 trabajando. Luego de múltiples reuniones con organizaciones sin fines de lucro, en abril de este año, el Concilio contrató a Horne LLP, una compañía estadounidense de contabilidad que, a partir del huracán Katrina, que afectó particularmente Louisiana, diversificó sus servicios para entrar en la industria de la asistencia posdesastre. Según su propuesta de servicios para hacer el plan, su experiencia se basa en asistir a personas cuyas viviendas se afectaron debido a desastres, pero no especifica pericia en trabajar con poblaciones que, por diversas razones, están en las calles sin un techo. De hecho, las organizaciones que en Puerto Rico trabajan con estas poblaciones consultadas por el CPI no le reconocen ese expertise.

Desde 2018, las compañías Horne LLP y Horne Federal LLC, de los mismos dueños, han generado un total de $341.6 millones en contratos con distintas agencias del Gobierno de Puerto Rico. Horne LLP es el administrador de los fondos federales para la recuperación de desastres, conocidos como CDBG-DR, asignados al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.

Carmen Bonet, administradora de la ASSMCA, y Pedro Dedós, director ejecutivo del Concilio, no estuvieron disponibles para entrevista con el CPI para contestar preguntas sobre el borrador del Plan, las razones para la contratación de Horne para esta tarea, y las medidas específicas que están implementando, si alguna, para proteger a la población de personas sin hogar de los efectos del cambio climático, en particular del calor. En su lugar, Bonet envió declaraciones escritas en las que confirma que existe un borrador que está ante la consideración de los miembros del Concilio, pero no da detalles sobre su contenido ni detalles sobre las medidas que han tomado hasta el presente.

“[En el Plan] nos enfocamos en promover política pública, así como coordinar y colaborar con organizaciones, agencias y municipios que ofrecen servicios directos a la población sin hogar, incluyendo en situaciones críticas como las olas de calor”, sostuvo.

Sobre las medidas, Bonet indicó de manera general que han repartido agua y orientado “a las personas sin hogar” sobre dónde pueden conseguir refugio, alimentos o duchas en albergues de organizaciones sin fines de lucro.

Por su parte, el secretario de la Vivienda, William Rodríguez, indicó que su agencia reparte vales de vivienda para esta población a través del programa federal Rental Assistance Program, Continuum of Care PR- 502. No precisó cuántas personas sin hogar han obtenido un hogar bajo este programa. También, dijo que han entregado empaques con artículos de primera necesidad ante una ola de calor a sus participantes sin hogar.

El Departamento de Salud (DS) tampoco cuenta con un protocolo dirigido a esta población. Su portavoz, Lisdián Acevedo, indicó que la agencia no brinda servicios a las personas sin hogar y ningún funcionario de esa agencia estuvo disponible para hablar del tema.

Algunas medidas que pudieran ser de beneficio en medio de las olas de calor, como los centros de enfriamiento, y que fueron incluidas en el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia que presentó el CEACC ante la Legislatura en septiembre de 2023, están muy lejos de concretarse, ya que el mismo no fue evaluado en la pasada sesión legislativa y el presidente del Senado, José Luis Dalmau, relegó esa responsabilidad a los legisladores que sean electos en noviembre próximo.

En vista de las altas temperaturas, en varias ciudades de Estados Unidos se usan como centros de enfriamiento espacios públicos ya existentes como bibliotecas, centros comunitarios y estaciones de policía. Los centros de enfriamiento son instalaciones públicas con aire acondicionado donde las personas y familias pueden ir para aliviar los efectos del calor extremo.

El gobernador Pedro Pierluisi dijo por escrito que el DS “vigila de cerca este asunto y, de resultar en una emergencia, podría establecer recomendaciones para atajarlo”. Agregó que esta misma agencia realizó una evaluación de la viabilidad de las propuestas del Comité “para poder implementar acciones concretas de salud pública y atender la población ante la ola de calor”, pero no especificó cuáles ni cuándo se hará.

El impacto en la salud

Francisco Rodríguez, presidente ejecutivo de la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar, aseguró que el calor extremo está afectando la salud de la población a la que atienden, sobre todo en los adultos mayores y las personas con situaciones de salud física o mental. Contó que han tenido que llamar a emergencias médicas para llevarlos al hospital porque están deshidratados, se sienten mareados o muy débiles.

“Eso está pasando por toda la Isla”, aseguró.

Por su parte, Josué Maysonet Colón, director ejecutivo de La Fondita de Jesús, aseguró que el año pasado recibieron participantes mareados y con síntomas de golpe de calor, por lo que este año han trabajado con los participantes en la prevención y dándoles hidratación, evitando así emergencias.

Mayor impacto a la salud por el uso de sustancias y el calor 

Por su parte, la doctora Wanda Pacheco, quien dirige la Clínica Alternativa Integrada de la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar, aseguró que entre las consecuencias del calor extremo en esta población están la deshidratación y el empeoramiento de las úlceras, especialmente durante el verano.

Agregó que otras situaciones de salud se pueden exacerbar, como los catarros, que pueden complicarse y terminar en neumonía por la misma deshidratación. 

“No importa su estado de salud, esta situación de calor es peligrosa para una persona que está o tomando medicamentos de salud mental o tomando medicamentos de uso de sustancias o también por el uso de sustancias. El calor exacerba la situación”, mencionó Rodríguez. Aunque no todas las personas sin hogar utilizan sustancias, las que sí las usan tienen un mayor riesgo de complicaciones a su salud.

El doctor Andrés Calvo, médico internista y especialista en medicina de adicciones, sostuvo que el uso de sustancias, incluyendo el alcohol, la nicotina, el cannabis, la cocaína y los opioides, pone a la persona en riesgo de complicaciones médicas, entre ellas la deshidratación. Agregó que el metabolismo de la persona puede acelerarse provocando que consuma más calorías de las que ingiere a través de los alimentos, lo que hace que el cuerpo tenga más estrés y consuma más energía.

“Personas que están sin hogar o que están sin techo, sin las facilidades necesarias, muchas veces tienen menor ingesta de comida y de hidratación y de agua, que es algo básico, y, pues se exponen a esos efectos directos de las sustancias a mayor riesgo”, al incrementar el calor, expresó.

Como consecuencia pueden sufrir un heatstroke o un golpe de calor, agregó.

Asimismo, Rodríguez dijo, además, que hay estudios que evidencian cómo el calor afecta el estado de ánimo y agrava condiciones como la depresión y la ansiedad. Según la Asociación Americana de Psicología, las temperaturas elevadas pueden provocar aumento del estrés y ansiedad, irritabilidad y comportamientos agresivos, entre otros efectos.

El senador José Vargas Vidot, presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, y experto en el manejo de esta población, dijo que el efecto del calor en las personas que usan sustancias “es el doble”.

“Hay una deshidratación típica de la mayoría de las sustancias. Por ejemplo, la benzodiacepina y los opioides hacen que se reseque la mucosa. La persona necesita más agua y tener mejor temperatura que cualquier otra persona, porque típicamente es un efecto natural secundario adverso de este tipo de medicamentos. Encima, la persona no tiene acceso a volumen hídrico, o sea a agua”, dijo.

Perfil de las personas sin hogar en Puerto Rico

El presidente de la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar dijo que para el 2008, cuando su organización comenzó a trabajar una base de datos sobre las personas sin hogar en Puerto Rico, el 60% de la población era usuaria de drogas. Pero eso ha cambiado, dijo.  

Indicó que la mayoría de las personas que viven en las calles es por asuntos económicos, como la pérdida de empleo o desahucios. Esto se ha visto, sobre todo, en los pasados 10 años.

Según el más reciente Conteo de Personas Sin Hogar en Puerto Rico 2024, se estima que hay 2,096 personas sin hogar en la Isla. A pesar de que hubo una leve reducción al comparar los números del 2022, aumentó la cantidad de personas que están viviendo en las calles por primera vez, con un 55.4% de las personas entrevistadas. Las razones mayores de estar en la calle por primera vez son consumo de drogas (41.9%), problemas familiares (34.3%), problemas financieros (16.9%), desempleo (15.9%) y problemas de salud mental (14.1%).

No hay plan para las personas sin hogar

El presidente ejecutivo de la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar aseguró que el Estado no ha tomado este asunto con la seriedad que amerita.

“No hay un plan que nos permita trabajar con esto de alguna manera. Así que las organizaciones, lo que estamos haciendo, es cada una haciendo lo que puede con los recursos que tiene”, sostuvo Rodríguez.

Agregó que la situación para las personas sin hogar se complica por los códigos de orden público, “donde no los quieren en lugares públicos tampoco” y “los castigan” por estar en dichos lugares. “Así es que no tienen donde estar, pero no pueden estar en el lugar público. Entonces, esto es palo si boga y palo si no boga”.

Según Rodríguez, la Coalición logró el año pasado la aprobación de una propuesta que le fue sometida al Departamento de la Vivienda, bajo el programa de fondos CDBG-DR, para hacer un plan de resiliencia comunitaria para las personas sin hogar. “Nos encontramos trabajando con ese tema, incluyendo obviamente el tema del calor, ante cómo prepararse y cómo cambiar el escenario y sobre todo el estigma en momentos de desastre”.

El director de La Fondita de Jesús coincidió con Rodríguez en que no existe un plan por parte del Gobierno que ayude a mitigar los efectos del calor en las personas sin hogar ni en otras poblaciones vulnerables, como lo son los adultos mayores que están en cama.

“No estamos solamente hablando de la ola de calor, sino que simultáneamente el sistema eléctrico no está funcionando. La mayoría de las comunidades vulnerabilizadas ahora trabajan con sistema de bombeo, o sea que, si no hay luz, no hay agua, y, entonces, a la misma vez el calor extremo. Es como que todo ese tornado se mezcla”, expresó Maysonet Colón.

“En una persona que no cuenta con los recursos y ya tiene una vulnerabilidad en el sentido de salud, en el sentido económico, todos estos factores terminan, poco a poco, desgastando al ser humano hasta que lamentablemente muere”, agregó.

El director de La Fondita dijo que desde abril de este año se han triplicado los requerimientos de servicios de salud que ofrecen a las comunidades por medio de una unidad móvil que tienen.

Además, observó que desde el año pasado hay un aumento significativo en el uso de las instalaciones de La Fondita. Agregó que, desde abril de este año, el uso de los servicios básicos allí se duplicó, lo que incluye el uso de las duchas, la búsqueda de agua y productos de higiene. Además, las personas sin hogar que antes se iban luego de recibir los servicios, ahora están pernoctando en una sala común que tienen en el patio.

“Específicamente con el asunto del calor, [las personas sin hogar] se quedan más tiempo debajo de los abanicos, hidratándose, participando en las diferentes actividades. Usan más lo que vienen siendo las duchas”, sostuvo Maysonet Colón.

Méndez Lázaro aseguró que hace falta el protocolo para atender los efectos del calor en las personas sin hogar. “Estamos siendo reactivos, no proactivos”.

La única propuesta formal se ha hecho en Puerto Rico para atender este asunto la hizo el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. El grupo de científicos propone, dentro del plan que sometió a la Legislatura, el establecimiento de al menos un centro de enfriamiento por municipio.

El doctor Rafael Méndez Tejeda, climatólogo y miembro del CEACC, dijo que en primer lugar se debe mejorar el sistema eléctrico del País “para poder brindarle a la gente espacio en donde pudiesen mitigar el calor”. Además, explicó que se podrían usar rociadores de agua, como los que se utilizan en Europa y en parques de atracciones en Florida.

Mencionó, además, que los municipios pudiesen establecer lugares frescos en donde las personas puedan ir en las horas pico del calor.

“Tendríamos que mejorar el sistema energético para que la gente pueda usar el aire acondicionado y, si no tiene la posibilidad de un aire acondicionado, pueda ir a un centro comercial. Pero si la Autoridad de Energía [Eléctrica] o LUMA, nos dice: no pueden encender los aires acondicionados porque se consume mucha energía, pues también tenemos un grave problema”, advirtió.

“Las personas vulnerables, evidentemente, como siempre, son las más afectadas”, lamentó el climatólogo.

¿Qué se espera para los próximos meses?

Se espera que los meses de agosto y septiembre sean aún más calientes, según coincidieron los expertos Ernesto Morales, coordinador de Avisos del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, y Méndez Tejeda, catedrático de la Universidad de Puerto Rico.

Según Méndez Tejeda, podría haber muchos días con índices de calor de hasta 110 grados Fahrenheit.

“La razón de esto es que, si el agua que nos rodea no se enfría, no vamos a obtener una diferencia significativa”, explicó Morales.

Agregó que lo que ayuda a enfriar el océano son los huracanes, ya que al pasar un ciclón “empuja el agua caliente y sale agua más fría del fondo, lo que se conoce como afloramiento”.

“El problema es que hemos estado por tanto tiempo con estas aguas calientes que ya la profundidad de las aguas calientes ha crecido tanto que, por ejemplo, cuando pasó Beryl, no vimos ningún rastro de agua fría detrás de las áreas del afloramiento. Lo que quiere decir que no solamente el agua superficial está caliente, sino también las aguas profundas están calientes. Esto es muy preocupante porque no solamente nos afecta nuestras temperaturas, sino también afecta la vida marina”, dijo Morales.

Por otra parte, el agua caliente en el océano intensifica los huracanes, por lo que se proyecta que esta temporada de huracanes será hiperactiva, sostuvo.

“Los ciclones tropicales se alimentan y se intensifican a base de agua caliente. Lo que se necesita para que un sistema se intensifique o se organice son 80 grados o más. Y estamos hablando de que entre África y Puerto Rico las temperaturas están de 82 a 84 grados”, dijo.

“En las partes más llanitas, como La Parguera, [en Lajas] podemos ver que las temperaturas están en los 90 [grados Fahrenheit] o más, por tanto la energía está ahí. Si tenemos la energía en eso, pues podría estar afectando la intensificación de estos sistemas, a medida que pasan por nuestras aguas locales”, advirtió.

Luego del paso de la tormenta Ernesto, Puerto Rico experimentó días de mucho calor, como había pronosticado el SNM.

Por su parte, Méndez Tejeda aseguró que otro problema que influye en el calor extremo es el polvo del Sahara.

“El polvo del Sahara tiende a disminuir la precipitación. Y tiende a disminuir la precipitación, al igual que El Niño, pues hay más calor, las tormentas se forman menos, porque cuando se introduce el polvo del Sahara, éste absorbe la humedad”, explicó el climatólogo.

Mencionó que este polvo puede irritar los ojos y la piel y generar problemas respiratorios. Los expertos médicos sostienen que las personas que están mucho tiempo al aire libre — como las personas sin hogar — son las más afectadas y recomiendan estar en espacios cerrados cuando está presente esta condición climatológica.

Mientras tanto, Mayibel sigue luchando entre las botellas de agua que le obsequian para sobrevivir a la intemperie en los meses más calurosos del año.

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CPI: Salud se niega a hacer una lista de pacientes vulnerables durante apagones

20 agosto, 2024 10:06 am by

Por Eliván Martínez Mercado | Centro de Periodismo Investigativo

LUMA, la empresa privatizadora del sistema de energía, urgió a que los pacientes conectados a aparatos eléctricos se registraran en una lista, cuando era inminente que la tormenta Ernesto causaría un nuevo apagón en Puerto Rico. “En este momento tenemos tres mil personas registradas con equipo de preservación de vida y eso es muy poquito”, dijo Juan Saca, presidente de la compañía, en una conferencia de prensa el 12 de agosto.

Alegó que LUMA les daría prioridad para devolverles la luz.

Aunque evadió responder si el Gobierno le había compartido información sobre esos pacientes vulnerables, aseguró que sólo tenía los datos de la lista que estaba levantando en ese momento durante la emergencia.

Siete años después del huracán María, que causó casi 3,000 muertes principalmente por falta de acceso a la electricidad, Puerto Rico carece de un sistema integrado de información que identifique quiénes son y dónde están las personas con necesidades especiales, como los electrodependientes, con el fin de socorrerlos antes, durante y después de los desastres. El Departamento de Salud (DS) ha optado por evitarse el trabajo de crear esa lista en vez de intentar hacerla para salvar vidas.

“En su momento deberíamos tener una única base de datos. Así que esa tiene que ser la meta”, reconoció el gobernador Pedro Pierluisi en la conferencia de prensa antes de que la tormenta Ernesto llegara. El CPI le había pedido una reacción ante el hecho de que LUMA hiciera un llamado a sus clientes vulnerables a marcar el 848-888-5862 para registrarse. Los municipios, el gobierno federal, el Departamento de Salud y organizaciones sin fines de lucro también han hecho esfuerzos por separado y descoordinados para crear la lista de personas que dependen de equipos eléctricos para vivir.

Estos pacientes no pueden contar con LUMA para su seguridad durante un desastre, porque su categoría “no se considera una prioridad de restauración”, según su Plan de Respuesta a Emergencias. Ese plan contradice las declaraciones de su presidente Juan Saca y de su portavoz Hugo Sorrentini, quienes afirmaron por separado que los electrodependientes iban a recibir prioridad luego de que la empresa atienda áreas críticas como las líneas de transmisión que estabilizan el sistema eléctrico y los hospitales.

En Puerto Rico, a pesar de la falta de un registro nacional, la Ley 152 del 19 de julio de 1998 permite a los pacientes recibir subsidios por consumo de energía con equipos necesarios para conservar la vida. Un informe de LUMA indica que unas 2,799 personas están acreditadas para recibirlo. Esto apenas representa el 6% de los pacientes identificados por emPOWER Program, una herramienta del gobierno federal que ofrece datos de los electrodependientes, y por el registro de infantes, niños y adolescentes del DS.

La base de datos nacional se pudo haber creado a partir del 2021, si el Senado hubiera aprobado el proyecto de ley P del S 281, que buscaba crear el registro de pacientes de diálisis y con necesidades especiales, con el fin de crear un plan que garantice su sobrevivencia.

Pero el secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo durante las vistas públicas que esa responsabilidad debía recaer en los municipios. Los electrodependientes no solo son vulnerables durante los desastres naturales, sino siempre, dado el frágil sistema eléctrico de Puerto Rico, donde se va la luz con frecuencia sin que haya una tormenta.

Alexis Torres, secretario del Departamento de Seguridad Pública, también le sacó el cuerpo a que su agencia hiciera la lista, al sostener en las vistas públicas que ese trabajo debía recaer en los municipios y en el Departamento de Salud. El desacuerdo entre la Rama Ejecutiva estaba claro.

Nelson Torres Yordán, el entonces director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a mandatarios del Partido Popular Democrático (PPD), devolvió el balón a Mellado: “Esto es una facultad inherente al Departamento de Salud”, expresó. Y la Federación de Alcaldes, que reúne a los jefes de ayuntamientos del Partido Nuevo Progresista (PNP), añadió que el registro no debía ser impuesto a los municipios. Como los municipios y las agencias de salud y seguridad evadieron la responsabilidad, se colgó la legislación.

“Esto es un asunto de luchas y desacuerdos entre agencias estatales y de los municipios”, dijo Ralph Rivera, principal investigador del Centro de Preparación en Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, en respuesta al fracaso del proyecto de ley. “Si tuviéramos ese registro, en teoría no hubiera que improvisar después del desastre”.

La medida bipartita, de los senadores Gregorio Matías (PNP) y Gretchen Hau (PPD), buscaba que el Gobierno estuviera listo para no tener que solicitar esos datos a nadie durante una emergencia: precisamente evitar la posición en que estaba LUMA, haciendo una lista de pacientes vulnerables a veinticuatro horas de que llegara la tormenta Ernesto.

El tras bastidores de estas decisiones tomadas al interior del DS, que pueden significar la vida o la muerte para las personas, es ahora público, ya que el CPI accedió a miles de emails, informes y otros documentos tras una demanda de acceso a la información, presentada en diciembre de 2023. Estas comunicaciones demuestran que en la agencia hay un cuadro peligroso de desinformación, negligencia y falta de continuidad de las iniciativas necesarias para socorrer a los más vulnerables. Otros documentos sobre este mismo asunto se obtuvieron tras una petición de información al gobierno federal por medio del Freedom of Information Act (FOIA).

Apagón significa peligro

Flaquito, medio encorvado y de 21 años, Carlos Manuel Cruz le sonríe a su mamá, a la enfermera y al visitante. No ve, no habla, pero siente. Dibujó en el aire un sol imaginario con la mano derecha, y luego imitó los sonidos del galope de un caballo y del croar de un sapo. El síndrome de Klinefelter, condición genética que solo afecta a los hombres, había frenado el desarrollo de su cuerpo. Padece ceguera y dificultades para comprender qué sucede a su alrededor. Durante la primera semana de junio, estaba ajeno a que, en su casa, en el barrio Pasto de Coamo, se había interrumpido la electricidad. La explosión de un transformador de la red eléctrica que administra LUMA provocó un apagón en Coamo, Santa Isabel y Aibonito. Una semana después del paso de la tormenta Ernesto, su vecindario aún estaba a oscuras.

Cuando se va la luz, para los padres de Carlitos se activa una alerta de peligro. Tienen que “correr a prender una planta eléctrica o buscar gasolina”, explicó su madre, Lizzie Santiago. A Carlitos la epilepsia le provoca convulsiones y le baja la oxigenación, y tiene que recibir terapias con el concentrador de oxígeno, un aparato que depende de electricidad.

Mientras el Gobierno aún no ha creado el registro global de estos pacientes, el gobierno federal tiene disponible desde 2013 la base de datos emPOWER, que identifica a más de 44,000 electrodependientes en Puerto Rico. Esta lista es limitada: solo incluye a beneficiarios del programa de Medicare, que están conectados a alimentadores, camas de posiciones y máquinas de diálisis, entre otros equipos.

Durante las vistas públicas por el proyecto de ley que buscaba crear el registro de pacientes de diálisis y con necesidades especiales, el Secretario de Salud indicó que esa información ya la tenía emPOWER. Eran declaraciones engañosas.

Los documentos obtenidos tras la demanda del CPI confirman que el DS ha dado un uso muy limitado a esos datos y que ha incurrido en un patrón de errores con esa herramienta. El Secretario no dijo a los legisladores que su agencia obvió usar los datos de emPOWER durante el peor desastre natural en la historia moderna de Puerto Rico, la dupla de huracanes Irma y María. Y tampoco informó que, aunque solicitó al gobierno federal los datos de los pacientes identificados tras los terremotos de 2020, no los compartió con los funcionarios de primera respuesta municipales que estaban necesitados de información sobre quiénes eran y dónde estaban los electrodependientes. El problema se repitió en 2022 luego del huracán Fiona, que causó un apagón general.

El programa emPOWER publica datos agregados (sin identificar información personal de los pacientes), para que el gobierno pueda hacer planes de preparación y respuesta. Cuando hay una emergencia, entonces sí ofrece la información personal, para que los gobiernos estatales y municipales puedan identificar, localizar y rescatar a estas personas vulnerables. Desde antes del huracán María, el Departamento de Salud ha tenido oportunidades para adiestrarse sobre cómo funciona esa herramienta, según documentan los emails.

El exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, aseguró a Notiséis 360, en septiembre de 2019, que esa información no estaba disponible para el huracán María.

Según Rodríguez Mercado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal (HHS) “no se lo dejaba usar a los territorios y a algunos estados. Y por lo que pasó en María lo están dejando usar”.

La agencia federal desmintió tajantemente esas expresiones. “Esas declaraciones son incorrectas”, dijo un portavoz de HHS al CPI, y aseguró que los datos con identificadores individuales de los pacientes sí estaban disponibles.

Mellado y Shirley Esquilín, directora de la Oficina de Preparación y Coordinación en Respuesta de Salud Pública, no aceptaron peticiones de entrevista del CPI. La agencia aseguró por escrito que emPOWER solo le provee las direcciones de los pacientes dependientes de electricidad. Pero HHS envió otras declaraciones que desmienten esa aseveración: “los datos identificados, incluyendo nombres, direcciones y tipos de equipo que usan [los pacientes], han estado disponible para oficiales de estados y territorios desde 2013, para actividades de salvar vidas, en respuesta a los desastres, incluyendo huracanes”.

Para que Salud pueda compartir la información de pacientes particulares con los funcionarios de primera respuesta, estos deben firmar un acuerdo federal de intercambio de información y recibir un entrenamiento sobre la ley HIPAA, que protege la privacidad de los pacientes.

“No sé cuál es ese celo de Salud en guardar los datos, si no puede hacer nada solo. Si se pone a guardar los datos, entonces no está haciendo salud pública”, dijo al CPIMariola Rivera, una neumóloga pediátrica que ha sido vocal en la red social Twitter (X)sobre la importancia de usar esa información para atender a los electrodependientes.

“No es una cosa difícil hacer un curso de HIPAA. Te toma una mañana. Bien fácil. Salud tiene que aprender a delegar. ¿Por qué crear tanto problema y tanto obstáculo cuando puede ser algo tan sencillo? Es impresionante que llevemos tantos años peleando por una cosa tan sencilla”, añadió Rivera.

“A ciegas” las sin fines de lucro durante las emergencias

Dos importantes organizaciones sin fines de lucro, la Cruz Roja Americana y la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP), fueron a La Fortaleza el 5 de agosto de 2022, a recomendar precisamente lo que el Gobierno había rechazado un año antes: una lista sobre los pacientes con necesidades especiales.

Aunque una portavoz del Departamento de Salud indicó al CPI que desconoce de la recomendación de la Cruz Roja, la directora ejecutiva de esa organización de respuesta a desastres, Lee Feliciano, confirmó que le hicieron la recomendación en la reunión de La Fortaleza de ese 5 de agosto, hace dos años, ante funcionarios del DS y del NMEAD. Les pidieron una mejor estrategia de preparación y respuesta a los desastres. De uno de los emails obtenidos se desprende que al encuentro asistió Nivia Gerena, enlace de las poblaciones con necesidades funcionales y de acceso en el DS, Abner Torres, director del Área de Planificación del NMEAD, y Ciení Rodríguez, secretaria del Departamento de la Familia, entre otros.

El registro, según Feliciano, “no se puede empezar a hacer en medio del desastre”. Debe estar actualizado constantemente y alimentarse con bases de datos gubernamentales, privadas y de organizaciones sin fines de lucro, lo que se puede hacer en cumplimiento con la ley HIPAA, dijo. “Debe ser una herramienta para nosotros, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones como los departamentos de emergencia de los municipios, para ayudar a preparar mejor a esas familias cuando viene ese desastre. Sin la información es muy difícil hacerlo. Porque estamos actuando después del desastre y no antes”, añadió.

La Cruz Roja, al igual que el Gobierno, orienta a la población sobre la importancia de que cada individuo asuma responsabilidad por sí mismo y por su familia. “Esa educación a nivel general, que es mucho de lo que vemos, de preparación familiar y de cómo hacer la mochila de emergencias, está bien y es necesaria”, dijo al CPI Lee Feliciano. “Sin embargo hay unas poblaciones vulnerables que necesitan educación particularmente diseñada para ellos y ellas, como la comunidad de sordos y las personas encamadas. Y los cuidadores, que es gente que se agota. Hay que ver cómo ayudamos a esos cuidadores a estar mejor preparados para un desastre”, sostuvo. “Hubo personas de la comunidad sorda que se enteraron tarde de que venía el huracán María y de cuán potente era”.

José Acarón, director de AARP en Puerto Rico, manifestó su frustración cuando el CPI le preguntó por las listas. Su organización se había aliado al Departamento de Salud en 2015, dos años antes del huracán María, para colaborar en la creación del Registro de Poblaciones con Necesidades Funcionales y de Acceso. Los pacientes se inscribían de forma voluntaria, llamando a la línea de servicios gubernamentales 3-1-1.

La fallecida artista dominicopuertorriqueña Sandra Zaiter, quien quedó cuadrapléjica tras un trágico accidente en el mar en 1975, fue el rostro público de esa campaña. En 2016, con el cambio de gobierno, el DS abandonó la iniciativa, dijo Acarón.

“La única forma de atender esto es que haya voluntad desde arriba hacia abajo, desde el Gobierno de Puerto Rico, el federal, hasta los municipios. Y que sean las organizaciones sin fines de lucro las que ejecuten el plan. Pero están ciegas”, advirtió Acarón.

Salud le indicó al CPI que no administra este registro, sino que pertenece a Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1, adscrita al Departamento de Estado. “Según se nos ha informado, el Registro no se encuentra activo hace unos siete años aproximadamente. Es importante mencionar que ese registro no sustituía la responsabilidad y preparación individual. Cada residente debe desarrollar su propio plan de emergencias para su seguridad y la de su familia en caso de una emergencia”, dijo la portavoz de Salud.

Salud indicó que cuenta con el Registro de Niños Jóvenes Dependientes de Tecnología, creado después de los huracanes Irma y María en el 2017, que recoge datos de 299 menores de edad.

En su ponencia para el Proyecto del Senado 281, Mellado sostuvo que la actualización de los datos no podría hacerla su agencia porque no contaba con el recurso humano. La alegada necesidad de empleados contrasta con un patrón de uso de fondos públicos para contratar servicios profesionales de empresas de tecnología en esa agencia, con posibles cobros inflados y duplicidad de servicios, que poco han mejorado el rendimiento o datos disponibles en el DS, según una investigación del CPI.

En sus respuestas escritas al CPI, Salud sostuvo que ha desarrollado una visualización más amigable (“user friendly”) de los datos de emPower por municipio y por zona, sin identificar a los pacientes, además de un resumen general de datos agregados de esa plataforma que se actualiza mensualmente, para suministrar a las alcaldías.

Seis días después de que el CPI le enviara las preguntas al DS, el 7 de agosto de 2024, el Secretario de Salud emitió una orden que obliga a las aseguradoras a reportar mensualmente a cuántos pacientes conectados a equipos médicos le dan cubierta. Esa orden administrativa, sin embargo, no obliga a que, cuando haya una emergencia, las aseguradoras suministren a Salud los nombres, las direcciones y las condiciones de salud de los pacientes para poder identificarlos y socorrerlos antes y durante los desastres.

El registro global funciona en otros países

Una noche de diciembre de 2015, en la Provincia de Buenos Aires, Mauro Stefanizzi despertó al escuchar unos ruidos guturales. Fue hasta el cuarto de Joaquín, su hijo de un año que padecía patologías pulmonares crónicas, y se percató de que el concentrador de oxígeno no estaba funcionando. Había ocurrido un apagón. Stefanizzi cobró conciencia de que las interrupciones en el servicio eléctrico podían matar a su hijo, contó al CPI. Además, había aumentado el costo de la electricidad y a Stefanizzi se le hacía difícil pagarla. Comenzó a hacer activismo y a aparecer en medios de comunicación, se le unieron familias y nació la Asociación Argentina de Electrodependientes (AADED). Una de sus tareas fue abogar por que el Estado aprobara la ley 27.351, que estableció un registro de pacientes y garantizó que tengan electricidad de forma permanente, aunque los beneficios comenzaron a afectarse con la llegada del presidente Javier Milei, según denuncia la AADED.

Los pacientes se inscriben en una lista del Ministerio de Salud argentino, que la actualiza cada mes y la comparte con el Ministerio de Energía, que a su vez envía los datos a los gobiernos provinciales. Estos costean la totalidad de la electricidad de los pacientes, explicó Stefanizzi. “Al Estado argentino le cuesta menos pagar la luz al paciente en su casa que tenerlo en un hospital en terapia intensiva. Como parte de la ley, no se le puede cortar la luz”, añadió. El Gobierno argentino parte de la premisa de que, si las empresas eléctricas no pueden controlar los apagones, entonces son responsables de costear los equipos de resguardo, como baterías, para que los electrodependientes puedan conectar sus aparatos. “La empresa monitorea las casas por conexión remota y, si las baterías se están quedando sin carga, va a reemplazarlas y manda un generador eléctrico”.

Colombia y Chile también cuentan con registros de electrodependientes

El 18 de junio de 2024, en una conferencia de prensa celebrada en respuesta a losapagones continuos y masivos de ese mes, el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente delColegio de Médicos y Cirujanos, sostuvo que las interrupciones del servicio eléctricoagravan la crisis salubrista de Puerto Rico. Estos retrasan los tratamientos, las cirugíasy las pruebas de laboratorio de la población en general, y sobrecargan los hospitalespor causa de los electrodependientes que llegan por no tener energía en sus casas.

Los galenos recomendaron a Pierluisi un plan para que la crisis energética no afecte más la salud pública, lo que incluye crear un censo sobre los dependientes de electricidad.

Comentarios a emartinez@periodismoinvestigativo.com

Esta investigación es posible en parte con el apoyo de Hispanic Federation y The Fund for Investigative Journalism.

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A ciegas el restablecimiento de la energía eléctrica en Puerto Rico durante las emergencias

16 agosto, 2024 5:36 pm by

Por Wilma Maldonado, Luis Joel Méndez González, Damaris Suárez y Omaya Sosa Pascual / Centro de Periodismo Investigativo

Casi la mitad de los municipios de Puerto Rico tuvieron a todos sus barrios simultáneamente sin electricidad durante o después del paso de la tormenta Ernesto, que apenas tocó la Isla, sino que se trasladó entre 35 a 40 millas al norte de San Juan.

De los municipios que han estado a oscuras, varios son del área oeste o suroeste, que fue la región donde menos se sintieron los vientos.

Tres días después del evento, LUMA Energy, la compañía privada a cargo de la transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico, no ha explicado las causas para la interrupción eléctrica tan generalizada a consecuencia de la tormenta Ernesto, que se mantuvo en el Océano Atlántico con vientos de cerca de 55 millas por hora. Tampoco ha dado un estimado de cuándo se restablecerá el servicio cuya interrupción dejó sin electricidad a la mitad de la población.

Juan Saca, presidente de LUMA, reconoció que no “hemos visto nada catastrófico que haya pasado” en el sistema eléctrico, pero sí “mucho daño por todo el sistema” por árboles caídos sobre líneas y equipo derribado por “el tema del clima”. Dijo que todavía están “en el proceso de entender dónde hay más daños” al tiempo que mostraba complacencia de que presuntamente había casi 400,000 clientes sin luz el jueves, de más de 700,000 que había la noche anterior. “Se ha reducido dramáticamente el número de clientes sin servicio…Así es que vamos bien en cuanto a la recuperación”.

“Hasta que no terminemos esa evaluación no podemos darle al Pueblo de Puerto Rico una hora o fecha específica [de cuándo se restaurará el sistema]”, dijo Saca en conferencia de prensa mientras el gobernador Pedro Pierluisi, que estaba a su lado, le ayudaba a completar la contestación al periodista diciéndole que lo importante era que se estuviese “aumentando el número de personas con servicio”, y el presidente de la empresa repetía en el micrófono lo que Pierluisi le decía.

El viernes, al otro día de esa conferencia de prensa, LUMA dijo que aspiraba a tener para el domingo el 90% del servicio restablecido.

El Gobernador se mostró molesto cuando el CPI le preguntó en conferencia de prensa a qué se debe la lentitud en el proceso de recuperación del sistema eléctrico, específicamente en la región de Carolina, que en la página de LUMA no se indica qué municipios incluye, y donde ayer el porcentaje de clientes sin servicio al momento de la conferencia de prensa (1:55 p.m.) era de 60%, para 85,555. Hoy viernes, a las 9:35 de la mañana, era de 93%, para 131,799 clientes. Por cada cliente sin servicio, podría haber tres personas necesitadas de electricidad, tomando en cuenta que ese es el promedio de residentes que vive en los hogares de Puerto Rico, según la más reciente Encuesta Sobre la Comunidad.

“Algo que yo voy a decir por sentido común es que sabemos que el área Este fue el área mayormente impactada por los vientos de fuerza de tormenta tropical y en algunos casos hasta fuerza de vientos huracanados […] Digo esto porque no me sorprende que en el área este se esté tardando más el restablecer el servicio”, dijo el gobernador. Los municipios de la zona este recibieron entre tres y diez pulgadas de lluvia.

En un recorrido por los municipios de la región de Carolina el CPI pudo constatar que gran parte del impacto en la red eléctrica se relaciona a la falta de mantenimiento de las líneas, muchas de ellas enredadas en árboles y ramas. El director de operaciones de líneas de la región centro-sur de LUMA, Alejandro González, reconoció que allí “hay un problema de vegetación, el sistema está perdido, no hay control de vegetación. Estamos trabajando [con el problema]”.

González añadió que hace tres años comenzaron a trabajar con el manejo de la vegetación.

Por su parte, Juan Saca indicó que “el problema es que debajo de las líneas hay árboles que crecieron por décadas” e hizo énfasis en que “hay que despejar antes de poder comenzar a mantener las líneas”.

No se enteran

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) llamó a todos los alcaldes y alcaldesas de los 78 municipios para conocer cómo habían experimentado las interrupciones en sus barrios ante la falta de claridad de los mapas provistos por LUMA en su página electrónica y las imprecisiones del Gobierno, que se ha mantenido manos afuera en la respuesta del restablecimiento del servicio y en la exigencia de cuentas al operador privado.

Ni LUMA ni el Gobierno de Puerto Rico han dado información exacta sobre la energización de los municipios y el porcentaje de clientes con servicio por pueblo, como acostumbraba a hacer la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Incluso, el director de prensa y medios digitales de LUMA, Hugo Sorrentini, dijo al CPI que la compañía no tiene la capacidad de saber cómo está el servicio eléctrico en cada municipio. Esto pese a que los alcaldes y el personal municipal necesitan esa información porque son la primera línea de respuesta y apoyo a los ciudadanos durante emergencias.

“Ahora mismo no tengo el dato de cuáles puedan ser esos municipios [sin servicio Eléctrico]”, dijo Sorrentini.

Cuando se le planteó que había decenas de alcaldes que afirmaban que sus municipios quedaron 100% sin electricidad, Sorrentini dijo que era posible que eso hubiese ocurrido, pero se sostuvo en que LUMA no podía identificar cuáles eran esos municipios que quedaron completamente a oscuras, aunque aceptó que LUMA sí tiene esos datos que surgen de los alimentadores, pero aseguró que no los organizan por municipio.

La AEE actualizaba esta información cuando había apagones por situaciones de emergencia.

El miércoles, mientras Ernesto se alejaba de la costa noreste, el CPI le solicitó a Sorrentini el desglose por municipio de los 750,000 clientes que la compañía alegaba que no tenían servicio, y este dijo que LUMA no podía proveer esa información porque no la tenía recopilada de esa manera. Según explicó, el sistema cuenta con un total de 1,127 alimentadores distribuidos en seis regiones y estas líneas — que sirven a entre 500 y 10,000 abonados cada una — cruzan municipios.

Aseguró que, para saber cómo se distribuyen estos clientes por municipio, tendrían que verificar uno por uno los 1,127 alimentadores y recoger manualmente la información, lo cual tomaría mucho tiempo.

“No tenemos estadísticas por municipio porque el sistema corre por regiones operacionales, porque los alimentadores de las líneas que van desde los alimentadores hasta las comunidades recorren varios municipios”, indicó. “Hasta que no tengamos esos contadores inteligentes no podemos saber cuántos contadores hay y dónde están”, añadió.

La instalación de 1.5 millones de contadores inteligentes tomaría por lo menos tres años a un costo de $875 millones.

Sin embargo, el exdirector ejecutivo interino de la AEE, Justo González, dijo al CPI que LUMA tiene la capacidad de enterarse en tiempo real de la situación del sistema por municipio. Por ejemplo, explicó que la compañía eléctrica dispone de un equipo de recolección de datos que, entre otras cosas, tiene la capacidad para asociar el número de teléfono del cliente que llama para poner una querella con el número de contador y que esa información se registra en un centro de información que está en las mismas subestaciones y de ahí al área comercial, donde está toda la información de los clientes.

LUMA anunció el miércoles que no recibiría más querellas de interrupción de servicio de los ciudadanos mediante su página web y su aplicación móvil, según publicó Metro. No se explicó por qué se tomó esa determinación y pidió a las personas afectadas que llamaran por teléfono al 1-844-888-5862.

Sin luz en todos los puntos cardinales

De los más de 60 ejecutivos municipales que respondieron al CPI personalmente o por medio de sus portavoces, 30 dijeron que tuvieron a sus municipios en un 100% sin servicio eléctrico en algún momento, y en muchos casos, durante varias horas. En el caso de Patillas y Canóvanas, el CPI encontró en páginas de Facebook, como la de la alcaldesa o el propio ayuntamiento, que también estuvieron sin el servicio en su totalidad. Fajardo y Lajas lo hicieron público en varios medios.

Otros 17 municipios tuvieron entre 60% y 95% de sus barrios sin luz en algún momento desde el martes que inició el paso de la tormenta, y el jueves. Los alcaldes aclararon que los porcentajes son estimados de acuerdo a los reportes que recibieron de la gente y las visitas del personal municipal y de los propios ejecutivos municipales a los barrios.

San Juan, la ciudad capital, tuvo aproximadamente 40% de la población sin servicio eléctrico, según un portavoz de prensa del alcalde Miguel Romero.

Los más afortunados fueron los municipios de Cataño, Toa Baja y Manatí, que informaron haber tenido solo un 1%, 3% y 10%, respectivamente, de sus residentes sin luz.

La mayoría de los municipios que se quedaron totalmente a oscuras están en la región central y este de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra.

Varios alcaldes, como el de Dorado, el popular Carlos López, se quejaron a través de los medios de comunicación de que la coordinación con LUMA ha sido ineficiente, pues los ejecutivos municipales han citado para reuniones virtuales por la plataforma Zoom, en las cuales solo hablan representantes de la empresa y no se les permite presentar sus preguntas o prioridades, sino que se les sugiere enviarlas por correo electrónico.

Los oficiales de prensa de los municipios de Ponce y de San Juan, Eduardo Questell y Aníbal Jover, escribieron por separado al CPI que la comunicación con LUMA ha sido nula. La directora de la Oficina de Planificación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Económico de Loíza, Yeidy Mar Escobar Del Valle, dijo lo mismo.

El alcalde penepé de Aibonito, William Alicea Pérez, afirmó que el miércoles nadie en el pueblo tenía servicio eléctrico. Completamente apagados estaban también sus vecinos de Coamo, Salinas, Cayey, Cidra, Comerío y Barranquitas.

El alcalde popular de Coamo, Juan Carlos García Padilla, informó que a las 5:00 a.m. del miércoles, el 100% del municipio se quedó sin luz debido a que colapsó la línea de respaldo (numerada 4800).

El alcalde penepé de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, dijo que, aunque inicialmente se le indicó que la falta de energía fue provocada por el sistema de autoprotección, entendía que la situación se había tornado más compleja porque los vientos que soplaron durante el día tumbaron algunos tendidos y postes.

“Aquí ha habido mucha lluvia, pero poco viento. No hay ninguna razón para que el 100% de mi ciudad esté sin servicio. No ha habido ninguna comunicación de LUMA dirigida a decirnos la condición del sistema, anticipar los planes de cuándo regresa el servicio. Esa es mi frustración, porque parece que no aprendimos de Fiona, que precisamente por eso fue que los municipios entramos a levantar la red”, dijo el alcalde popular de Villalba, Luis Javier Hernández, quien además preside la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.

De manera similar se expresó el ejecutivo municipal popular de Juana Díaz, Ramón Antonio Hernández, que tuvo a más de la mitad de los residentes sin el servicio eléctrico desde la madrugada del miércoles. “La entrega total de la AEE a compañías privadas, a hacer trabajos chapuceros”, respondió el alcalde cuando se le preguntó cuál ha sido la causa de la falta de servicio eléctrico. “La incompetencia que ha demostrado LUMA” porque, según dijo, no observó en su pueblo postes caídos que provocaran la interrupción del servicio o retrasarán su restablecimiento.

Municipios de la región oeste, que fue donde menos se sintieron los vientos con fuerza de tormenta, también perdieron el servicio entre un 50% y 100% de sus territorios.

“La realidad es que aquí, en Lajas, los daños [al sistema eléctrico] fueron prácticamente mínimos, nada que no se hubiese podido resolver en menos de 24 horas, pero, pues así opera LUMA”, expresó el alcalde penepé de Lajas y exempleado de la AEE, Jayson Martínez, en su página personal de Facebook. “Es frustrante como esta compañía, la cual tiene un montón de millones de dólares para fortalecer un sistema de energía eléctrica y que quede mejor, pues sin que pasara nada, ya llevamos dos días sin servicio de energía eléctrica”, se quejó.

Por el contrario, el alcalde popular de Hormigueros, Pedro García, atribuyó la falta de servicio eléctrico en su pueblo a que este se suple de la subestación de Las Acacias que se encuentra en un sector inundable y que además es muy vieja por lo que siempre que hay lluvias fuertes se va el servicio eléctrico.

El alcalde popular de Arroyo, Eric E. Bachier Román, informó que el servicio de energía en su municipio fue interrumpido en el 85% del pueblo desde las 2:00 de la mañana del miércoles hasta aproximadamente las 7:30 de la noche de ese mismo día. Rincón experimentó hasta un 90% de clientes sin luz, indicó un portavoz del alcalde popular, Carlos López Bonilla.

El alcalde popular de Arecibo, Carlos Ramírez, indicó que, en la noche del martes y madrugada del miércoles, más de la mitad de la población tenía energía eléctrica en sus hogares, pero que el jueves el número de personas sin luz aumentó a cerca del 80%.

Las fluctuaciones en el voltaje en Arecibo provocaron daños en el motor y fusibles de la estación de bombas Dos Millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) lo que ocasionó que dejara de operar y dejó a miles de clientes sin agua en sectores de Arecibo y Hatillo.

La falta de energía eléctrica también provocó la interrupción del servicio de agua potable en varios sectores de todos los municipios. El viernes 257,000 clientes de la AAA seguían sin el servicio de agua potable en sus hogares, según expresó la directora ejecutiva de la corporación pública Doriel Pagán a El Vocero.

Pagán indicó que de 50 plantas de filtración que están en operación, 31 operaban con generadores.

La mayoría de los alcaldes y alcaldesas no sabían a ciencia cierta por qué en sus pueblos falló el servicio eléctrico total o parcialmente. Algunos ejecutivos municipales, como el de Sabana Grande, el de Aibonito y el de Comerío, mencionaron el colapso de líneas de distribución como la razón para la falta de energía eléctrica en sus pueblos. El jueves en la noche hubo un fuego en una subestación de Carolina que volvió a dejar a la gente sin luz después de que ya tenían el servicio. Otra avería afectó anoche a sectores de Hatillo y Arecibo.

“Imagínate que viniera un huracán de verdad. Estaríamos meses y meses sin energía eléctrica”, expresó el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, quien aspira a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad.

Los periodistas José M. Encarnación, Eliván Martínez y Vanessa Colón Almenas contribuyeron en esta historia.

Por Wilma Maldonado, Luis Joel Méndez González, Damaris Suárez y Omaya Sosa Pascual / Centro de Periodismo Investigativo

Casi la mitad de los municipios de Puerto Rico tuvieron a todos sus barrios simultáneamente sin electricidad durante o después del paso de la tormenta Ernesto, que apenas tocó la Isla, sino que se trasladó entre 35 a 40 millas al norte de San Juan.

De los municipios que han estado a oscuras, varios son del área oeste o suroeste, que fue la región donde menos se sintieron los vientos.

Tres días después del evento, LUMA Energy, la compañía privada a cargo de la transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico, no ha explicado las causas para la interrupción eléctrica tan generalizada a consecuencia de la tormenta Ernesto, que se mantuvo en el Océano Atlántico con vientos de cerca de 55 millas por hora. Tampoco ha dado un estimado de cuándo se restablecerá el servicio cuya interrupción dejó sin electricidad a la mitad de la población.

Juan Saca, presidente de LUMA, reconoció que no “hemos visto nada catastrófico que haya pasado” en el sistema eléctrico, pero sí “mucho daño por todo el sistema” por árboles caídos sobre líneas y equipo derribado por “el tema del clima”. Dijo que todavía están “en el proceso de entender dónde hay más daños” al tiempo que mostraba complacencia de que presuntamente había casi 400,000 clientes sin luz el jueves, de más de 700,000 que había la noche anterior. “Se ha reducido dramáticamente el número de clientes sin servicio…Así es que vamos bien en cuanto a la recuperación”.

“Hasta que no terminemos esa evaluación no podemos darle al Pueblo de Puerto Rico una hora o fecha específica [de cuándo se restaurará el sistema]”, dijo Saca en conferencia de prensa mientras el gobernador Pedro Pierluisi, que estaba a su lado, le ayudaba a completar la contestación al periodista diciéndole que lo importante era que se estuviese “aumentando el número de personas con servicio”, y el presidente de la empresa repetía en el micrófono lo que Pierluisi le decía.

El viernes, al otro día de esa conferencia de prensa, LUMA dijo que aspiraba a tener para el domingo el 90% del servicio restablecido.

El Gobernador se mostró molesto cuando el CPI le preguntó en conferencia de prensa a qué se debe la lentitud en el proceso de recuperación del sistema eléctrico, específicamente en la región de Carolina, que en la página de LUMA no se indica qué municipios incluye, y donde ayer el porcentaje de clientes sin servicio al momento de la conferencia de prensa (1:55 p.m.) era de 60%, para 85,555. Hoy viernes, a las 9:35 de la mañana, era de 93%, para 131,799 clientes. Por cada cliente sin servicio, podría haber tres personas necesitadas de electricidad, tomando en cuenta que ese es el promedio de residentes que vive en los hogares de Puerto Rico, según la más reciente Encuesta Sobre la Comunidad.

“Algo que yo voy a decir por sentido común es que sabemos que el área Este fue el área mayormente impactada por los vientos de fuerza de tormenta tropical y en algunos casos hasta fuerza de vientos huracanados […] Digo esto porque no me sorprende que en el área este se esté tardando más el restablecer el servicio”, dijo el gobernador. Los municipios de la zona este recibieron entre tres y diez pulgadas de lluvia.

En un recorrido por los municipios de la región de Carolina el CPI pudo constatar que gran parte del impacto en la red eléctrica se relaciona a la falta de mantenimiento de las líneas, muchas de ellas enredadas en árboles y ramas. El director de operaciones de líneas de la región centro-sur de LUMA, Alejandro González, reconoció que allí “hay un problema de vegetación, el sistema está perdido, no hay control de vegetación. Estamos trabajando [con el problema]”.

González añadió que hace tres años comenzaron a trabajar con el manejo de la vegetación.

Por su parte, Juan Saca indicó que “el problema es que debajo de las líneas hay árboles que crecieron por décadas” e hizo énfasis en que “hay que despejar antes de poder comenzar a mantener las líneas”.

No se enteran

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) llamó a todos los alcaldes y alcaldesas de los 78 municipios para conocer cómo habían experimentado las interrupciones en sus barrios ante la falta de claridad de los mapas provistos por LUMA en su página electrónica y las imprecisiones del Gobierno, que se ha mantenido manos afuera en la respuesta del restablecimiento del servicio y en la exigencia de cuentas al operador privado.

Ni LUMA ni el Gobierno de Puerto Rico han dado información exacta sobre la energización de los municipios y el porcentaje de clientes con servicio por pueblo, como acostumbraba a hacer la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Incluso, el director de prensa y medios digitales de LUMA, Hugo Sorrentini, dijo al CPI que la compañía no tiene la capacidad de saber cómo está el servicio eléctrico en cada municipio. Esto pese a que los alcaldes y el personal municipal necesitan esa información porque son la primera línea de respuesta y apoyo a los ciudadanos durante emergencias.

“Ahora mismo no tengo el dato de cuáles puedan ser esos municipios [sin servicio Eléctrico]”, dijo Sorrentini.

Cuando se le planteó que había decenas de alcaldes que afirmaban que sus municipios quedaron 100% sin electricidad, Sorrentini dijo que era posible que eso hubiese ocurrido, pero se sostuvo en que LUMA no podía identificar cuáles eran esos municipios que quedaron completamente a oscuras, aunque aceptó que LUMA sí tiene esos datos que surgen de los alimentadores, pero aseguró que no los organizan por municipio.

La AEE actualizaba esta información cuando había apagones por situaciones de emergencia.

El miércoles, mientras Ernesto se alejaba de la costa noreste, el CPI le solicitó a Sorrentini el desglose por municipio de los 750,000 clientes que la compañía alegaba que no tenían servicio, y este dijo que LUMA no podía proveer esa información porque no la tenía recopilada de esa manera. Según explicó, el sistema cuenta con un total de 1,127 alimentadores distribuidos en seis regiones y estas líneas — que sirven a entre 500 y 10,000 abonados cada una — cruzan municipios.

Aseguró que, para saber cómo se distribuyen estos clientes por municipio, tendrían que verificar uno por uno los 1,127 alimentadores y recoger manualmente la información, lo cual tomaría mucho tiempo.

“No tenemos estadísticas por municipio porque el sistema corre por regiones operacionales, porque los alimentadores de las líneas que van desde los alimentadores hasta las comunidades recorren varios municipios”, indicó. “Hasta que no tengamos esos contadores inteligentes no podemos saber cuántos contadores hay y dónde están”, añadió.

La instalación de 1.5 millones de contadores inteligentes tomaría por lo menos tres años a un costo de $875 millones.

Sin embargo, el exdirector ejecutivo interino de la AEE, Justo González, dijo al CPI que LUMA tiene la capacidad de enterarse en tiempo real de la situación del sistema por municipio. Por ejemplo, explicó que la compañía eléctrica dispone de un equipo de recolección de datos que, entre otras cosas, tiene la capacidad para asociar el número de teléfono del cliente que llama para poner una querella con el número de contador y que esa información se registra en un centro de información que está en las mismas subestaciones y de ahí al área comercial, donde está toda la información de los clientes.

LUMA anunció el miércoles que no recibiría más querellas de interrupción de servicio de los ciudadanos mediante su página web y su aplicación móvil, según publicó Metro. No se explicó por qué se tomó esa determinación y pidió a las personas afectadas que llamaran por teléfono al 1-844-888-5862.

Sin luz en todos los puntos cardinales

De los más de 60 ejecutivos municipales que respondieron al CPI personalmente o por medio de sus portavoces, 30 dijeron que tuvieron a sus municipios en un 100% sin servicio eléctrico en algún momento, y en muchos casos, durante varias horas. En el caso de Patillas y Canóvanas, el CPI encontró en páginas de Facebook, como la de la alcaldesa o el propio ayuntamiento, que también estuvieron sin el servicio en su totalidad. Fajardo y Lajas lo hicieron público en varios medios.

Otros 17 municipios tuvieron entre 60% y 95% de sus barrios sin luz en algún momento desde el martes que inició el paso de la tormenta, y el jueves. Los alcaldes aclararon que los porcentajes son estimados de acuerdo a los reportes que recibieron de la gente y las visitas del personal municipal y de los propios ejecutivos municipales a los barrios.

San Juan, la ciudad capital, tuvo aproximadamente 40% de la población sin servicio eléctrico, según un portavoz de prensa del alcalde Miguel Romero.

Los más afortunados fueron los municipios de Cataño, Toa Baja y Manatí, que informaron haber tenido solo un 1%, 3% y 10%, respectivamente, de sus residentes sin luz.

La mayoría de los municipios que se quedaron totalmente a oscuras están en la región central y este de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra.

Varios alcaldes, como el de Dorado, el popular Carlos López, se quejaron a través de los medios de comunicación de que la coordinación con LUMA ha sido ineficiente, pues los ejecutivos municipales han citado para reuniones virtuales por la plataforma Zoom, en las cuales solo hablan representantes de la empresa y no se les permite presentar sus preguntas o prioridades, sino que se les sugiere enviarlas por correo electrónico.

Los oficiales de prensa de los municipios de Ponce y de San Juan, Eduardo Questell y Aníbal Jover, escribieron por separado al CPI que la comunicación con LUMA ha sido nula. La directora de la Oficina de Planificación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Económico de Loíza, Yeidy Mar Escobar Del Valle, dijo lo mismo.

El alcalde penepé de Aibonito, William Alicea Pérez, afirmó que el miércoles nadie en el pueblo tenía servicio eléctrico. Completamente apagados estaban también sus vecinos de Coamo, Salinas, Cayey, Cidra, Comerío y Barranquitas.

El alcalde popular de Coamo, Juan Carlos García Padilla, informó que a las 5:00 a.m. del miércoles, el 100% del municipio se quedó sin luz debido a que colapsó la línea de respaldo (numerada 4800).

El alcalde penepé de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, dijo que, aunque inicialmente se le indicó que la falta de energía fue provocada por el sistema de autoprotección, entendía que la situación se había tornado más compleja porque los vientos que soplaron durante el día tumbaron algunos tendidos y postes.

“Aquí ha habido mucha lluvia, pero poco viento. No hay ninguna razón para que el 100% de mi ciudad esté sin servicio. No ha habido ninguna comunicación de LUMA dirigida a decirnos la condición del sistema, anticipar los planes de cuándo regresa el servicio. Esa es mi frustración, porque parece que no aprendimos de Fiona, que precisamente por eso fue que los municipios entramos a levantar la red”, dijo el alcalde popular de Villalba, Luis Javier Hernández, quien además preside la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.

De manera similar se expresó el ejecutivo municipal popular de Juana Díaz, Ramón Antonio Hernández, que tuvo a más de la mitad de los residentes sin el servicio eléctrico desde la madrugada del miércoles. “La entrega total de la AEE a compañías privadas, a hacer trabajos chapuceros”, respondió el alcalde cuando se le preguntó cuál ha sido la causa de la falta de servicio eléctrico. “La incompetencia que ha demostrado LUMA” porque, según dijo, no observó en su pueblo postes caídos que provocaran la interrupción del servicio o retrasarán su restablecimiento.

Municipios de la región oeste, que fue donde menos se sintieron los vientos con fuerza de tormenta, también perdieron el servicio entre un 50% y 100% de sus territorios.

“La realidad es que aquí, en Lajas, los daños [al sistema eléctrico] fueron prácticamente mínimos, nada que no se hubiese podido resolver en menos de 24 horas, pero, pues así opera LUMA”, expresó el alcalde penepé de Lajas y exempleado de la AEE, Jayson Martínez, en su página personal de Facebook. “Es frustrante como esta compañía, la cual tiene un montón de millones de dólares para fortalecer un sistema de energía eléctrica y que quede mejor, pues sin que pasara nada, ya llevamos dos días sin servicio de energía eléctrica”, se quejó.

Por el contrario, el alcalde popular de Hormigueros, Pedro García, atribuyó la falta de servicio eléctrico en su pueblo a que este se suple de la subestación de Las Acacias que se encuentra en un sector inundable y que además es muy vieja por lo que siempre que hay lluvias fuertes se va el servicio eléctrico.

El alcalde popular de Arroyo, Eric E. Bachier Román, informó que el servicio de energía en su municipio fue interrumpido en el 85% del pueblo desde las 2:00 de la mañana del miércoles hasta aproximadamente las 7:30 de la noche de ese mismo día. Rincón experimentó hasta un 90% de clientes sin luz, indicó un portavoz del alcalde popular, Carlos López Bonilla.

El alcalde popular de Arecibo, Carlos Ramírez, indicó que, en la noche del martes y madrugada del miércoles, más de la mitad de la población tenía energía eléctrica en sus hogares, pero que el jueves el número de personas sin luz aumentó a cerca del 80%.

Las fluctuaciones en el voltaje en Arecibo provocaron daños en el motor y fusibles de la estación de bombas Dos Millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) lo que ocasionó que dejara de operar y dejó a miles de clientes sin agua en sectores de Arecibo y Hatillo.

La falta de energía eléctrica también provocó la interrupción del servicio de agua potable en varios sectores de todos los municipios. El viernes 257,000 clientes de la AAA seguían sin el servicio de agua potable en sus hogares, según expresó la directora ejecutiva de la corporación pública Doriel Pagán a El Vocero.

Pagán indicó que de 50 plantas de filtración que están en operación, 31 operaban con generadores.

La mayoría de los alcaldes y alcaldesas no sabían a ciencia cierta por qué en sus pueblos falló el servicio eléctrico total o parcialmente. Algunos ejecutivos municipales, como el de Sabana Grande, el de Aibonito y el de Comerío, mencionaron el colapso de líneas de distribución como la razón para la falta de energía eléctrica en sus pueblos. El jueves en la noche hubo un fuego en una subestación de Carolina que volvió a dejar a la gente sin luz después de que ya tenían el servicio. Otra avería afectó anoche a sectores de Hatillo y Arecibo.

“Imagínate que viniera un huracán de verdad. Estaríamos meses y meses sin energía eléctrica”, expresó el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, quien aspira a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad.

Los periodistas José M. Encarnación, Eliván Martínez y Vanessa Colón Almenas contribuyeron en esta historia.

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SERIE: La “encerrona” de LUMA… Lecciones de la privatización por Ondeo no se aplicaron a LUMA

18 julio, 2024 7:24 am by

Por Damaris Suárez | Centro de Periodismo Investigativo

A la inestabilidad del servicio, las averías y las fluctuaciones de electricidad que experimentan los puertorriqueños, se suman el aumento continuo del costo operacional de la privatizadora LUMA Energy.

“LUMA se ha mantenido dentro de su presupuesto anual para cada año fiscal”, dijo mediante declaraciones escritas el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), que fiscaliza y asegura la ejecución e implementación de la política pública del servicio eléctrico. Pero esas expresiones son engañosas porque dan la impresión de que no se le han aumentado las partidas presupuestarias desde que LUMA asumió la administración del sistema de transmisión y distribución eléctrica.

El ente regulador aprobó aumentar de $636 a $693 millones el presupuesto operacional y para mejoras de capital con fondos del gobierno local para el año fiscal 2024 a 2025. Ese presupuesto se utiliza para dar mantenimiento y operar el sistema de transmisión y distribución de energía.

El Gobierno paga, además, una compensación anual al consorcio por administrar el sistema. Desde que entró en vigor el contrato suplementario en 2021, LUMA también ha solicitado y se le han aprobado aumentos en su compensación, que acumulativamente ya suman $500 millones hasta el 30 de junio de 2025.

En su primer año administrando la red, LUMA cobró $115 millones, cifra que está sujeta a revisión anual por concepto de inflación, según dispone el contrato suplementario. Inicialmente, se habían presupuestado $100.6 millones para ese año fiscal 2021-2022, confirmó el NEPR al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). “La tarifa para el año fiscal 2025 es de $135 millones”, informó mediante declaraciones escritas la empresa.

Cuando LUMA pide más dinero, resuena el caso de Ondeo

Tras los apagones continuos, sumados a los cortes masivos de luz en junio, el sector empresarial, organizaciones sin fines de lucro y políticos que favorecieron la contratación de LUMA han pedido una mayor fiscalización y hasta la cancelación del contrato.

El reclamo de que se cancele el acuerdo remite al momento histórico en que la administración de la exgobernadora Sila María Calderón retomó la operación pública del sistema de suministro de agua, al cancelar el contrato de privatización con la empresa Ondeo, que había otorgado apenas un año y medio antes.

El exgobernador Pedro Rosselló González había privatizado en 1995 la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), al otorgarle un contrato a la Compañía de Aguas PSG, subsidiaria de la empresa franco-española Vivendi. La empresa acumuló un déficit de $325 millones y, según informes de la Oficina del Contralor, tampoco mejoró el servicio.

Este contrato venció en 2002 y, bajo la administración de Calderón, se determinó mantener la operación en manos privadas y abrir el proceso para recibir propuestas de otras compañías. El Gobierno escogió en 2002 a Ondeo, subsidiaria de la empresa francesa Suez, por $400 millones anuales.

Se trataba de un contrato de diez años con una empresa de reconocimiento mundial en manejo de sistema de aguas. La administración de Calderón lo canceló a los 18 meses de otorgado porque la compañía solicitaba $100 millones para cubrir el déficit del primer año de operación y un aumento de $27 millones al pago anual, dijo en entrevista con el CPI Juan Agosto Alicea, quien lideró el proceso de adjudicación y cancelación del contrato con Ondeo.

Héctor Rosario Hernández, exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, ya había dicho en una vista senatorial en 2021 que si “el contrato [de LUMA] incluye un incentivo por buen desempeño, también debe incluir penalidades por desempeño insatisfactorio”.

“Hay diferencias sustanciales entre el contrato con Ondeo y el de LUMA. Por ejemplo, Ondeo tenía penalidades por el pobre desempeño. Además, contrario a LUMA, en aquella ocasión se escogió una empresa con experiencia en el manejo de sistemas pluviales. LUMA se creó para contratar en Puerto Rico”, dijo Héctor Rosario Hernández, quien también fue parte del comité que trabajó en el acuerdo con Ondeo.

LUMA es un consorcio tejanocanadiense formado en enero de 2020 entre las empresas ATCO, Quanta Services y IEM.

La administración Calderón se aseguró además de que la empresa asumiera cualquier costo adicional a la cantidad anual pactada para la operación, dijo por su parte Agosto Alicea. El contador público autorizado, a quien se le llamó entonces “el Super Secretario”, fue secretario del Departamento de Hacienda en 1985 y luego presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento y de la AAA, esta última posición durante el contrato con Ondeo.

Agosto Alicea y Rosario Hernández señalaron que las cláusulas contractuales que salvaguardaban la operación adecuada de la empresa, la fiscalización de la ejecución y los límites presupuestarios facilitaron la cancelación del contrato al primer intento de Ondeo de aumentar el dinero público anual pactado.

La parte más importante de un contrato de este tipo es que la compañía asuma el déficit, porque es la que va a administrar, dijo Agosto Alicea. Explicó que esta cláusula — a la que inicialmente Ondeo se rehusaba — fue recomendada por los miembros de un grupo asesor que evaluó todas las jurisdicciones y países en los que se había privatizado el sistema de acueductos.

Rosario Hernández y Agosto Alicea coincidieron en que una movida estratégica que permitió al Gobierno retomar las operaciones del sistema de aguas fue obligar a la privatizadora a mantener la plantilla de trabajadores.

“Mantienes la memoria institucional. Aquí no se obligó a LUMA y parte de lo que estamos viendo es que el personal que ha contratado [LUMA] desconoce de las operaciones diarias del sistema”, indicó Rosario Hernández. Uno de los ejemplos más evidentes fue el traslado del transformador a Santa Isabel, que no solo no funcionó, sino que, en otras circunstancias, personal de la AEE lo hubiera podido mover a menor costo y en menos tiempo, ya que eso formaba parte de las tareas regulares de la corporación, sostuvo.

“La única experiencia que tiene LUMA es administrando un sistema muy pequeño en Montana [en Estados Unidos], donde el clima de invierno ‘poda’ la vegetación naturalmente. Es evidente que no entienden que nuestra poda, a la que le han adjudicado los problemas de averías y apagones, se tiene que hacer regularmente”, añadió.

La exgobernadora Sila María Calderón declinó ofrecer declaraciones sobre el proceso que redundó en la cancelación del contrato a Ondeo.

“Lo primero que deberíamos hacer es legislar para que la administración de ese contrato, en vez de ser la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, esa administración pase a la Autoridad de Energía Eléctrica, donde hay el peritaje para fiscalizar su cumplimiento”, recomendó Rosario Hernández, quien fue director ejecutivo de la AEE y parte de la Junta de Directores de la AAA durante el proceso de contratación con Ondeo.

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