“Tierra de nadie” la compra de pruebas y suplidos para la emergencia del COVID-19

Foto por Eric Rojas/CPI

Por Luis J. Valentín Ortiz y Cristina del Mar Quiles del Centro de Periodismo Investigativo

El proceso de compras del Gobierno de Puerto Rico de materiales y equipo para enfrentar la emergencia del coronavirus ha estado plagado de errores, retrasos, ineficiencia, compras cuestionables y falta de detalles.

Más de tres fuentes entrevistadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) identificaron a Adil Rosa Rivera como la persona responsable formalmente de la compra de suplidos para la emergencia, como ventiladores, pruebas y equipo de protección. Hasta hace unos días, Rosa Rivera coordinó el proceso de compras, primero desde Salud y luego en el Centro de Operaciones (COE) del Negociado de Manejo de Emergencias (NMEAD). Desde el COE, junto a los miembros del Task Force médico, el Dr. Juan Salgado y el Dr. Segundo Rodríguez, han coordinado qué comprar y a quién se le compra, aseguraron tres fuentes.

Adil Rosa Rivera, quien trabajó anteriormente como directora de Administración de la región de Caguas del Departamento de la Familia, tuvo a su cargo la secretaría auxiliar de Administración del Departamento de Salud hasta la semana pasada. Llegó a la agencia durante la incumbencia del exsecretario, Rafael Rodríguez Mercado, y su chief of staff, Mabel Cabeza Rivera.

Dos fuentes identificaron a Cabeza como la persona que La Fortaleza designó para supervisar las compras que manejaba Adil Rosa Rivera y el Task Force desde Salud y el COE.

“Fui nombrada en destaque para laborar en La Fortaleza. Ahí se me solicitó que trabajara con el Task Force en Fortaleza dirigido por el Dr. Segundo Rodríguez. No se me brindó un título o tareas en específico. […] No fui ni enlace ni coordinadora”, reaccionó por escrito Cabeza, quien salió de Salud el 30 de marzo para pasar a la mansión ejecutiva.

Añadió: “Nunca he tenido rol alguno en cuanto al proceso de compras o contrataciones de Salud, de Fortaleza ni del proceso de Emergencia”.

Pero las fuentes aseguran que Cabeza era el enlace entre la mansión ejecutiva y el Task Force médico hasta el 30 de marzo, y refirió nombres de compañías a Rosa Rivera para que se les pidiera cotización. Varias empresas referidas por La Fortaleza lograron vender sus productos al Gobierno, incluyendo las tres compañías que suplieron pruebas rápidas a Salud: Zogen (cuyo representante autorizado en la isla es 313 LLC), Castro Business y Maitland 175 Inc. Antes del cierre de cualquier transacción, el proceso incluye la revisión de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda y la secretaría del Departamento de Salud.

Cabeza negó que diera instrucciones o sugerencias a Rivera Rosa en cuanto a suplidores. “Cualquier email o mensaje de texto de propuestas que a mí me llegaban se les enviaba al Departamento de Salud para que fuesen ellos quienes evaluaran y tomaran sus determinaciones. NUNCA emití recomendación alguna sobre ninguna persona o entidad jurídica con respecto a la compra de pruebas o cualquier otra adquisición que estaba bajo consideración del Task Force”, dijo.

Las fuentes añadieron que los acercamientos de suplidores que recibe el Gobierno y el Task Force durante la emergencia se han canalizado a través de Adil Rosa Rivera, quien a su vez pide cotizaciones según las exigencias del grupo de médicos, particularmente a través del Dr. Salgado y el Dr. Rodríguez. Aunque el Task Force asegura que su rol se limita a recomendar qué se necesita y evaluar las opciones disponibles, más de tres fuentes aseguran que tanto el Dr. Rodríguez, como el Dr. Salgado tienen poder decisional e imparten instrucciones de compra.

Cabeza identificó a Adil Rosa Rivera, la Dra. Quiñones de Longo y el Dr. Segundo Rodríguez como las personas responsables del proceso de evaluación y contratación. “Yo no participaba de las reuniones de compras y/o contratación que se llevaron a cabo entre ellos”, aseguró.

El CPI supo que Rosa Rivera fue entrevistada por autoridades federales con relación a las compras realizadas. Rosa es activista del Partido Nuevo Progresista (PNP) y en sus redes sociales ha mostrado su apoyo al partido, la gobernadora Wanda Vázquez Garced y al exmandatario, Ricardo Rosselló Nevares, entre otras figuras relacionadas al PNP. Según una fuente, entre Mabel Cabeza y Adil Rosa existe una amistad, pero según Cabeza, la relación es una profesional.

Rosa Rivera fue designada por los tres secretarios que ha tenido el DS en el pasado mes para supervisar el proceso de compras de parte de la agencia. Un boletín interno de la agencia el 3 de abril anunció la designación de Johnny Colón González al puesto de secretaría auxiliar de Administración, pero no queda claro si Rosa Rivera continúa trabajando en Salud. La agencia no contestó si fue removida o si sigue involucrada en el proceso de compras.

El CPI intentó contactar a Adil Rosa pero no tuvo éxito.

El Dr. Salgado admitió en entrevista con el CPI su intervención en el proceso de compras desde el COE y negó que recomendara a compañías de amigos o conocidos, aunque sí refirió a suplidores que lo han contactado. Una petición de entrevista al Dr. Rodríguez Quilichini no fue atendida.

Al menos tres fuentes dijeron que La Fortaleza ha intervenido directamente en el proceso de compras, principalmente a través de Mabel Cabeza, cuando ella supervisaba desde la mansión ejecutiva las compras que realizaba Rosa y el grupo de Salud.

La Gobernadora reiteró el miércoles que La Fortaleza no intervino en el proceso de compras, incluyendo la orden de un millón de pruebas rápidas que fue cancelada. Nombró como responsable al Departamento de Salud.

El CPI preguntó a la exsecretaria de Salud, Dra. Concepción Quiñones de Longo, si las órdenes de compra que realizó Salud bajo su incumbencia se estaban gestionando desde La Fortaleza.

“Eso es correcto, las compras y las cotizaciones las gestionaban desde La Fortaleza y nos contactaban solo para firmar el visto bueno. Los procesos yo entendía que no eran los adecuados, que eso fue lo que motivó al fin y al cabo mi renuncia, porque yo no estaba dispuesta a participar de todo ese tipo de compra, porque yo entendía que no eran lo mejor para el Departamento de Salud y el Gobierno”, contestó.

Cabeza afirmó al CPI: “No tuve nada que ver con el proceso de compras ni adjudicación”.

Quiñones de Longo aprobó la compra de pruebas y otros materiales para la emergencia realizadas cuando estuvo a cargo de la agencia. Dos fuentes aseguran que la doctora evaluaba estas órdenes y tenía una persona de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) que la asistía.

La compra de materiales y equipo se hizo desde Salud hasta el 26 de marzo. Ese día, NMEAD tomó control del proceso, pero solo en papel, según dijo el jefe del Negociado, José Burgos, a El Nuevo Día. Burgos identificó a Adil Rosa como la persona que dio la instrucción de compra de un millón de pruebas rápidas que fue cancelada la semana pasada. Una entrevista solicitada a Burgos no fue concedida.

El suplidor de estas pruebas, APEX, ya había enviado una cotización, antes de que se le pidiera desde el COE. El CPI vio evidencia de que la cotización de la compañía había sido enviada con anterioridad por Juan Maldonado, exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo y abogado de APEX, a tres personas: el Dr. Segundo Rodríguez, el Dr. Roberto Rosso — ayudante de Quiñones de Longo y quien renunció tras la salida de la exsecretaria — y Mabel Cabeza Rivera.

Además, la evidencia también muestra que Eduardo “Tito” Laureano, vinculado al PNP y quien trabajó para Pedro Rosselló, ayudó a establecer el contacto entre el Task Force y el abogado de APEX, Maldonado. Laureano, quien fue contratado por el Dr. Segundo Rodríguez en el Recinto de Ciencias Médicas según reportó Metro, es amigo del Dr. Rodríguez, dijo una fuente.

En una conferencia de prensa el miércoles, el Dr. Rodríguez evadió contestar directamente su relación con Laureano, pero aceptó recibir de él la información de contacto de Maldonado y APEX.

Otra fuente dijo que el Dr. Salgado mantiene una estrecha relación de amistad con el padre de Juan Maldonado, abogado de APEX.

Cabeza, por su parte, aseguró no conocer a nadie relacionado a la compañía APEX. “Nunca recomendé a esta compañía o a cualquier otra. Nunca solicité propuesta de ninguna de las compañías contratadas por Salud ni por el NMEAD ni recomendé a ninguna”.

La adquisición de pruebas para detectar el coronavirus muestra las irregularidades y tropiezos que ha tenido el proceso de compras en el Gobierno para enfrentar la epidemia. De las primeras pruebas que llegaron a Puerto Rico el pasado 17 de marzo — 200 pruebas moleculares o “PCR” de la compañía Quest —, el Departamento de Salud proveyó evidencia de entrega para todas estas pruebas, excepto las 50 que fueron al aeropuerto. Según la agencia, fueron entregadas a una empleada de la Administración de Servicios Médicos para el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. Estas son las pruebas que, según Concepción Quiñones de Longo, fueron entregadas sin cumplir con la cadena de mando.

La persona responsable de la custodia de pruebas era Adil Rosa, según afirmó Mabel Cabeza Rivera. Una fuente asegura que Rosa Rivera no tenía todavía la responsabilidad de custodiar las pruebas al momento que llega esa entrega, el 17 de marzo.

Una petición de todas las órdenes de compra realizadas durante la emergencia por Salud y NMEAD no fue atendida.

[MAYAGÜEZ] Senadora Evelyn Vázquez exige la renuncia del gobernador Rosselló

MAYAGÜEZ: La senadora por el distrito Mayagüez-Aguadilla, Evelyn Vázquez Nieves, exigió la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló tras darse a conocer que su nombre salió a relucir el escandaloso chat de casi 900 páginas, en el que insinuaron que era prostituta.

El sábado, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó una larga conversación entre Rosselló y miembros de su círculo íntimo en la aplicación de mensajería por Internet, Telegram.

La legisladora afirmó estar avergonzada, apenada y molesta. La insinuación salió a relucir durante una conversación entre Elías Sánchez Sifonte y Edwin Miranda.

“La información que ha trascendido públicamente me llena de profunda tristeza y coraje. A la vez siento vergüenza por cada mujer y cada persona que en esas conversaciones ha sido maltratada, menospreciada y ridiculizada, ya que bajo esos fundamentos no se fundó el Partido Nuevo Progresista, ni la institución que hoy en día representa. Tampoco para lo fue elegido el señor Gobernador, ni mucho menos los funcionarios y asesores que son pagados con el dinero del pueblo puertorriqueño”, sostuvo Vázquez en declaraciones escritas.

“Ante esta penosa y vergonzosa situación, el cual está afectando tan destructivamente al país en todas las esferas, como senadora estoy solicitando al señor gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a todos los miembros que componen este chat su renuncia inmediata a sus cargos, por el bien del país y de lo que representa”, agregó.

Al momento de la publicación de esta nota, La Fortaleza emitió un comunicado de prensa informando que el gobernador Rosselló prescindió de manera inmediata de la colaboración de todos los allegados a su administración que formaron parte del chat.

El gobernador también participó activamente del chat, pero alegó que como fue “electo por el pueblo”, continuará “la misión que le fue concedida”.

En declaraciones escritas, Rosselló dijo que “luego de analizar el contenido de las comunicaciones, resulta imposible para mí y para quienes esperan los más altos estándares éticos y de comportamiento, continuar con esta controversia que distrae y obstaculiza la gestión pública tan importante que tenemos por delante”.

Ya renunciaron el licenciado Christian Sobrino, quien dejó todos los cargos que ostenta; y el secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín.

Centro de Periodismo Investigativo busca contar cifra real de muertes provocadas por el Huracán María con el “hashtag” #QueCuenten

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SAN JUAN: Ha pasado un mes desde que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ordenó el recuento de las muertes vinculadas al huracán María, y la cifra oficial permanece en 64: la misma de diciembre de 2017. El gobierno no ha explicado cómo va a hacer el recuento de las muertes para garantizar que, en efecto, todas las muertes relacionadas a la emergencia sean contadas y analizadas, como prometió públicamente Rosselló.

Ante esta realidad, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) redobló sus esfuerzos para documentar de manera independiente estas muertes a través de un formulario electrónico que las personas pueden llenar en periodismoinvestigativo.com para hacer llegar la información de los casos de sus familiares y conocidos fallecidos por circunstancias relacionadas a la devastación causada por el huracán María. Esto incluye accidentes o cualquier circunstancia que haya sido creada por el estado de emergencia que vive el país como falta de servicios médicos, falta de servicios de sostenimiento a causa del corte de electricidad, y enfermedades por los problemas con el agua potable y escasez de alimentos, entre otras.

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El CPI lanzó el formulario en internet en diciembre en alianza con el medio digital Quartz (qz.com), y con la información recopilada busca crear una base de datos que refleje la realidad de las muertes ocurridas a raíz del huracán María. La organización también hizo un llamado a entidades comunitarias, administraciones municipales y otras organizaciones que reciben continuamente información de los decesos, para que propaguen el formulario.

Aunque la cifra oficial de muertes relacionadas al huracán es 64, se sabe que los números preliminares del mismo gobierno confirman que del 20 de septiembre al 30 de octubre en la isla hubo al menos 985 muertes en exceso en comparación con el 2016. Esto plantea al menos 921 muertes que el estado reconoce que ocurrieron por encima de lo normal, pero a las cuales no les da explicación.

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“El formulario está disponible en www.periodismoinvestigativo.com. Estamos haciendo un llamado a las personas que conocen de casos de muertes relacionadas al huracán a que hagan pública esa información, completando este formulario breve. Como indica el hashtag #QueCuenten, que no quede una muerte sin contar. Sabemos que mucha gente no tiene acceso a internet, por lo que la exhortación es a que todo aquel amigo o familiar que tenga los datos, los entre en periodismoinvestigativo.com y nos comunicaremos de inmediato para corroborar la información”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.

Con el apoyo de estudiantes de la Escuela Graduada de Salud Pública, se diseñó un protocolo para el análisis de los resultados.

El CPI divulgó la iniciativa unos días después de que Rosselló, reconoció que es necesario hacer un recuento de las muertes para asegurar que todos los casos sean revisados y analizados de forma apropiada, tomando en cuenta todas las circunstancias de esas muertes. La encomienda del recuento cayó en manos de los mismos dos funcionarios que estuvieron a cargo del deficiente proceso durante los tres meses después del huracán: el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, y la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet.

El formulario se accede en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiuFYQ1p8DmLg7a5VIZ5GJg5J6K5a2cfdCcQaqicLpmIFIdQ/viewform?embedded=true

Revelan que García Padilla dio mensaje en fábrica de Cabo Rojo acusada de abuso laboral, discrimen por género y acoso sexual

El gobernador García Padilla en una de sus visitas a la Propper International de Cabo Rojo (Suministrada).

El gobernador García Padilla en una de sus visitas a la Propper International de Cabo Rojo (Suministrada).

Por Joel Cintrón Arbasetti, del Centro de Periodismo Investigativo

Alberto Torres no tardó en reconocer el lugar donde el gobernador Alejandro García Padilla emitió hace unos días su mensaje sobre transformación del sistema contributivo: una de las fábricas de uniformes militares de Propper International, empresa que lo despidió en 2009 luego de apoyar los esfuerzos por unionar al personal de la planta de Adjuntas.

García Padilla dio su mensaje desde las instalaciones de Propper International en Cabo Rojo, donde según dijo se han creado más de 2,000 empleos. De ser cierta la cantidad de puestos, esas personas no dispondrán de los mismos beneficios que el personal de otras industrias, y se podrían exponer a condiciones de trabajo muy precarias.

A Propper International se le ha acusado de no tener agua en sus instalaciones, de reducir la hora de almuerzo y negar días de vacaciones, explicó Víctor Vélez, abogado que llevó un caso en contra la empresa y quien recordó que, debido al hacinamiento, trabajadores se quejaban de sufrir calores extremos en sus instalaciones.

“No había papel de baño, a veces había que trabajar los días de vacaciones, tenías supervisores con reloj mientras hacías las piezas, intimidaban al trabajador. Pagaban el mínimo o por producción”, recordó el ex empleado Alberto Torres, quien llevó un caso en contra de esa empresa ante la Junta Laboral Federal por persecución y que ahora trabaja para un sindicato.

Ninguna de esas denuncias ha dañado la buena relación entre el gobierno de Puerto Rico y Propper International; empresa de Missouri con alrededor de 30 años operando en la isla como una de las mayores manufactureras de uniformes militares y que es, además, una de las principales contratistas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

No solo García Padilla grabó su mensaje desde una de sus instalaciones en Cabo Rojo, sino que actualmente la empresa goza de nueve contratos con la Compañía de Fomento Industrial, varios firmados bajo la pasada administración y algunos con vigencia hasta 2021 y que en total suman $9,519,564 millones todos exentos de “servicios, arrendamientos, hipotecas y ventas”, indica el registro de contratos de la Oficina del Contralor.

“Me molesté (al ver el lugar desde donde el gobernador emitió su mensaje) porque nosotros hemos llevado la voz a los dos administraciones, y deberían saber que los trabajadores están peleando contra Propper en Cabo Rojo”, dijo Torres.

Los empleados y empleadas de la “Industria de Manufactura de Artículos de la Aguja” no tienen los mismos beneficios que otros trabajadores y trabajadoras, pues continúan rigiéndose por el Decreto Mandatorio Núm 35, revisado por última vez en 1992 y que establece en su artículo III que en la industria de la aguja, el empleado no acumulará días por enfermedad, sino que se le descontarán de los días de vacaciones que tengan acumulados. El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) está facultado para revisar el decreto, pero desde 1992 nadie lo ha tocado.

“Mi posición es que el decreto se debe enmendar. En principio, creo que se le debe conceder (la licencia por enfermedad al personal de la industria de la aguja). Tan temprano como a mediados de 2013 solicitamos un estudio en el que se basará nuestra propuesta y ya lo tenemos. Luego que decidamos cómo se hará el proceso para enmendar el Decreto, lo haremos público”, declaró Vance Thomas, secretario del DTRH, al Centro de Periodismo Investigativo.

En una entrevista con The New York Times en 2008, el director ejecutivo de Propper International en Puerto Rico, Tom Kellim, aceptó que su empresa no concede a sus empleados y empleadas los días por enfermedad que manda la Ley de Salario Mínimo. Dijo que “un viejo decreto mandatorio del gobierno de Puerto Rico” exime a la industria de la aguja de algunas disposiciones laborales. El CPI trató de comunicarse con Kellim a su teléfono personal, pero la persona que contestó, en inglés, colgó luego de decir que Kellim ya no trabaja en ese lugar. En una segunda llamada al mismo número, apareció un mensaje de voz de Kellim.

La administración central de Propper International, con sede en Cabo Rojo, tampoco respondió la a solicitud de entrevista del CPI.

Oscar Quiles Casimiro, presidente de la fábrica Pentaq de Sabana Grande, aseguró que se afectaría “grandemente” con una enmienda del Decreto Mandatorio Núm. 35 que implique dar una licencia por enfermedad a sus cerca de 250 empleados y empleadas. “Los contratos (de las fábricas de artículos militares) con el Departamento de Defensa están establecidos a cinco años y no se pueden cambiar”, añadió, y aseguró que todas las fábricas en Puerto Rico se benefician del Decreto. “No podemos desaparecer”, dijo en alusión a la industria de la aguja. Quiles no contestó más preguntas al CPI.

Vanesa Moretta Díaz, presidenta de Moretta Díaz Corporation, fábrica que opera en Adjuntas, expresó también que la eliminación del Decreto Núm. 35 afectaría a la industria de la aguja. “Los días por enfermedad no aplican por el Decreto, si se establecen estos días por enfermedad, como está la industria, con tanto cambio, nos va a afectar”. Moretta Díaz tiene alrededor de 150 empleadas y empleados y aseguró que ninguno se ha quejado por no tener días por enfermedad.

“Muchos van a su cita y regresan (a la fábrica) o con par de horitas reponen (las horas empleadas en ir a la cita)”, explicó Moretta.

¿No cree que los empleados de la industria de la aguja deberían tener sus horas por enfermedad, como los empleados de otras industrias?, preguntó el CPI.

“Entiendo que sí, pero, la industria de la aguja no se puede comparar con otras industrias. Por ejemplo, la industria farmacéutica no se puede comparar con la industria de la aguja porque no tenemos el mismo ‘jale’”, contestó Moretta.

El secretario Thomas explicó que la Ley de Salario Mínimo, que incluye días pagos por enfermedad, aplica a la industria de la aguja, pero que al existir el Decreto Mandatorio Núm. 35 los patronos de esa industria pueden cargar los días por enfermedad a los días por vacaciones, sin que esto represente una violación a la ley.

Según un análisis del economista Juan Lara, la industria vinculada a la fabricación de uniformes e indumentaria militar, goza de “un mercado protegido y lucrativo, con un cliente de extremada solvencia y estabilidad financiera, que le permite mantener una operación rentable aún con los costos salariales prevalecientes en lugares como Puerto Rico y los 50 estados”. En su análisis, citado en una vista pública sobre el Decreto Núm. 35 en el 2012, Lara subraya que “hay un consenso en la economía mundial de que la competitividad industrial no puede basarse en la negación de los derechos laborales… La industria de la ropa, especialmente la de ropa militar, está en condiciones de cumplir con los días de vacaciones y de enfermedad que determina la Ley 180, sin que ello le resulte oneroso en sus resultados financieros”.

La administración García Padilla proyecta que ha incentivado el crecimiento y la inversión de Propper International en Puerto Rico, tanto en el mensaje desde una de sus fábricas, como en un artículo publicado en The Huffington Post en 2014. Poco parece importar el hecho de que la empresa ha enfrentado, además, 11 demandas de parte de ex empleados y empleadas, incluyendo una del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, región de Utuado, según el registro de casos de la Rama Judicial.

El historial de abuso laboral con el que carga Propper International incluye evidencia de acoso sexual y discriminación en contra de las trabajadoras de parte de un gerente de esa empresa, denunciado en un informe de 61 páginas sobre Propper International en Puerto Rico y República Dominicana, publicado en 2010 por Workers Rights Consortium (WRC).

Esa organización encontró “evidencia creíble de discriminación por género en la planta de Adjuntas, en la forma de acoso sexual a mujeres trabajadoras por parte un gerente general. Trabajadoras denunciaron que el gerente las tocaba de manera inapropiada… las saludaba tocando sus hombros o brazos por tiempo prolongado… Varias trabajadoras dijeron que le pidieron al gerente que sacara sus manos de su cuerpo, pero el gerente continuaba con la misma conducta hacia otras empleadas. También se quejaron de que el gerente permanecía mirándolas de forma creepy e intimidatoria mientras trabajaban”.

En el año 2009, trabajadores y trabajadoras presentaron una demanda en contra de Propper International exigiendo el pago completo del período de alimentos, compensación según establece la Ley 180 para los días de enfermedad y de vacaciones, reclamando horas extras, entre otras cosas. Esta acción se presentó en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, originalmente con 15 trabajadores de las ocho fábricas que operaba Propper en ese momento. Luego se unieron más trabajadores en una acción colectiva que llegó a totalizar 213 empleados, de los cuales 114 eran de la planta de Adjuntas. En total, luego de que se presentó la demanda liderada por los trabajadores de la planta de Adjuntas, cesantearon a alrededor de 100 empleados de esa planta. Hasta ahora el tribunal no ha tomado determinación sobre esta demanda.

En el 2009, luego de presentar la demanda, fueron al Departamento del Trabajo y lograron que se anunciara la celebración de vistas públicas para adjudicarles días por enfermedad y más días de vacaciones. La vista se celebraría el 29 de febrero de 2012, pero días después se les notificó el cierre de la planta de Adjuntas, luego de 22 años de operaciones.

Después del cierre de Propper International en Adjuntas, abrió la fábrica Moretta Díaz Corporation. Jaime Barlucea, alcalde de Adjuntas, dijo en un comunicado que “la apertura se logró luego de que el municipio le otorgara un incentivo económico para el pago de la mitad de la nómina de sus empleados. Parte del equipo son ex empleados de la extinta fábrica Propper. Uní todos los fondos que le corresponden a mi pueblo en el Consorcio Norte Central, al cual pertenecemos y los aportamos para pago de nómina. Ese fue el incentivo para que se establecieran aquí en una instalación propiedad de Fomento Industrial. Así logramos acuerdos con esta empresa nativa, cuyos directivos se comprometieron en invertir en este pueblo de la montaña”. Moretta Díaz es una subcontratista de Propper International, aseguró Torres.

La fábrica de Propper International en Lajas también cerró y en 2012 abrió MM Manufacturing, propiedad de María Meléndez, ex empleada gerencial de Propper International. En una vista del Senado en 2012, donde se ordenó al DT y al Senado realizar una investigación en torno a Propper International, surgió que MM Manufacturing recibió un incentivo de $250,000 y que su producción depende de contratos que le pasa Propper International. En la vista, la senadora Lucy Arce preguntó a José Mahía, gerente general de Propper International, ¿Cuál es la relación con la Sra. María Meléndez? “Actualmente no trabaja con nosotros, es dueña de su propia empresa”, contestó.

Las tres fábricas de Propper en Mayagüez cerraron en 2012. En Las Marías, Propper International opera bajo el nombre Koman Propper y en Cabo Rojo, las dos fábricas que había se fusionaron en un solo edificio, desde donde el gobernador dio su mensaje, explicó Alberto Torres, cesanteado de Propper International.