Revelan que García Padilla dio mensaje en fábrica de Cabo Rojo acusada de abuso laboral, discrimen por género y acoso sexual

El gobernador García Padilla en una de sus visitas a la Propper International de Cabo Rojo (Suministrada).

El gobernador García Padilla en una de sus visitas a la Propper International de Cabo Rojo (Suministrada).

Por Joel Cintrón Arbasetti, del Centro de Periodismo Investigativo

Alberto Torres no tardó en reconocer el lugar donde el gobernador Alejandro García Padilla emitió hace unos días su mensaje sobre transformación del sistema contributivo: una de las fábricas de uniformes militares de Propper International, empresa que lo despidió en 2009 luego de apoyar los esfuerzos por unionar al personal de la planta de Adjuntas.

García Padilla dio su mensaje desde las instalaciones de Propper International en Cabo Rojo, donde según dijo se han creado más de 2,000 empleos. De ser cierta la cantidad de puestos, esas personas no dispondrán de los mismos beneficios que el personal de otras industrias, y se podrían exponer a condiciones de trabajo muy precarias.

A Propper International se le ha acusado de no tener agua en sus instalaciones, de reducir la hora de almuerzo y negar días de vacaciones, explicó Víctor Vélez, abogado que llevó un caso en contra la empresa y quien recordó que, debido al hacinamiento, trabajadores se quejaban de sufrir calores extremos en sus instalaciones.

“No había papel de baño, a veces había que trabajar los días de vacaciones, tenías supervisores con reloj mientras hacías las piezas, intimidaban al trabajador. Pagaban el mínimo o por producción”, recordó el ex empleado Alberto Torres, quien llevó un caso en contra de esa empresa ante la Junta Laboral Federal por persecución y que ahora trabaja para un sindicato.

Ninguna de esas denuncias ha dañado la buena relación entre el gobierno de Puerto Rico y Propper International; empresa de Missouri con alrededor de 30 años operando en la isla como una de las mayores manufactureras de uniformes militares y que es, además, una de las principales contratistas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

No solo García Padilla grabó su mensaje desde una de sus instalaciones en Cabo Rojo, sino que actualmente la empresa goza de nueve contratos con la Compañía de Fomento Industrial, varios firmados bajo la pasada administración y algunos con vigencia hasta 2021 y que en total suman $9,519,564 millones todos exentos de “servicios, arrendamientos, hipotecas y ventas”, indica el registro de contratos de la Oficina del Contralor.

“Me molesté (al ver el lugar desde donde el gobernador emitió su mensaje) porque nosotros hemos llevado la voz a los dos administraciones, y deberían saber que los trabajadores están peleando contra Propper en Cabo Rojo”, dijo Torres.

Los empleados y empleadas de la “Industria de Manufactura de Artículos de la Aguja” no tienen los mismos beneficios que otros trabajadores y trabajadoras, pues continúan rigiéndose por el Decreto Mandatorio Núm 35, revisado por última vez en 1992 y que establece en su artículo III que en la industria de la aguja, el empleado no acumulará días por enfermedad, sino que se le descontarán de los días de vacaciones que tengan acumulados. El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) está facultado para revisar el decreto, pero desde 1992 nadie lo ha tocado.

“Mi posición es que el decreto se debe enmendar. En principio, creo que se le debe conceder (la licencia por enfermedad al personal de la industria de la aguja). Tan temprano como a mediados de 2013 solicitamos un estudio en el que se basará nuestra propuesta y ya lo tenemos. Luego que decidamos cómo se hará el proceso para enmendar el Decreto, lo haremos público”, declaró Vance Thomas, secretario del DTRH, al Centro de Periodismo Investigativo.

En una entrevista con The New York Times en 2008, el director ejecutivo de Propper International en Puerto Rico, Tom Kellim, aceptó que su empresa no concede a sus empleados y empleadas los días por enfermedad que manda la Ley de Salario Mínimo. Dijo que “un viejo decreto mandatorio del gobierno de Puerto Rico” exime a la industria de la aguja de algunas disposiciones laborales. El CPI trató de comunicarse con Kellim a su teléfono personal, pero la persona que contestó, en inglés, colgó luego de decir que Kellim ya no trabaja en ese lugar. En una segunda llamada al mismo número, apareció un mensaje de voz de Kellim.

La administración central de Propper International, con sede en Cabo Rojo, tampoco respondió la a solicitud de entrevista del CPI.

Oscar Quiles Casimiro, presidente de la fábrica Pentaq de Sabana Grande, aseguró que se afectaría “grandemente” con una enmienda del Decreto Mandatorio Núm. 35 que implique dar una licencia por enfermedad a sus cerca de 250 empleados y empleadas. “Los contratos (de las fábricas de artículos militares) con el Departamento de Defensa están establecidos a cinco años y no se pueden cambiar”, añadió, y aseguró que todas las fábricas en Puerto Rico se benefician del Decreto. “No podemos desaparecer”, dijo en alusión a la industria de la aguja. Quiles no contestó más preguntas al CPI.

Vanesa Moretta Díaz, presidenta de Moretta Díaz Corporation, fábrica que opera en Adjuntas, expresó también que la eliminación del Decreto Núm. 35 afectaría a la industria de la aguja. “Los días por enfermedad no aplican por el Decreto, si se establecen estos días por enfermedad, como está la industria, con tanto cambio, nos va a afectar”. Moretta Díaz tiene alrededor de 150 empleadas y empleados y aseguró que ninguno se ha quejado por no tener días por enfermedad.

“Muchos van a su cita y regresan (a la fábrica) o con par de horitas reponen (las horas empleadas en ir a la cita)”, explicó Moretta.

¿No cree que los empleados de la industria de la aguja deberían tener sus horas por enfermedad, como los empleados de otras industrias?, preguntó el CPI.

“Entiendo que sí, pero, la industria de la aguja no se puede comparar con otras industrias. Por ejemplo, la industria farmacéutica no se puede comparar con la industria de la aguja porque no tenemos el mismo ‘jale’”, contestó Moretta.

El secretario Thomas explicó que la Ley de Salario Mínimo, que incluye días pagos por enfermedad, aplica a la industria de la aguja, pero que al existir el Decreto Mandatorio Núm. 35 los patronos de esa industria pueden cargar los días por enfermedad a los días por vacaciones, sin que esto represente una violación a la ley.

Según un análisis del economista Juan Lara, la industria vinculada a la fabricación de uniformes e indumentaria militar, goza de “un mercado protegido y lucrativo, con un cliente de extremada solvencia y estabilidad financiera, que le permite mantener una operación rentable aún con los costos salariales prevalecientes en lugares como Puerto Rico y los 50 estados”. En su análisis, citado en una vista pública sobre el Decreto Núm. 35 en el 2012, Lara subraya que “hay un consenso en la economía mundial de que la competitividad industrial no puede basarse en la negación de los derechos laborales… La industria de la ropa, especialmente la de ropa militar, está en condiciones de cumplir con los días de vacaciones y de enfermedad que determina la Ley 180, sin que ello le resulte oneroso en sus resultados financieros”.

La administración García Padilla proyecta que ha incentivado el crecimiento y la inversión de Propper International en Puerto Rico, tanto en el mensaje desde una de sus fábricas, como en un artículo publicado en The Huffington Post en 2014. Poco parece importar el hecho de que la empresa ha enfrentado, además, 11 demandas de parte de ex empleados y empleadas, incluyendo una del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, región de Utuado, según el registro de casos de la Rama Judicial.

El historial de abuso laboral con el que carga Propper International incluye evidencia de acoso sexual y discriminación en contra de las trabajadoras de parte de un gerente de esa empresa, denunciado en un informe de 61 páginas sobre Propper International en Puerto Rico y República Dominicana, publicado en 2010 por Workers Rights Consortium (WRC).

Esa organización encontró “evidencia creíble de discriminación por género en la planta de Adjuntas, en la forma de acoso sexual a mujeres trabajadoras por parte un gerente general. Trabajadoras denunciaron que el gerente las tocaba de manera inapropiada… las saludaba tocando sus hombros o brazos por tiempo prolongado… Varias trabajadoras dijeron que le pidieron al gerente que sacara sus manos de su cuerpo, pero el gerente continuaba con la misma conducta hacia otras empleadas. También se quejaron de que el gerente permanecía mirándolas de forma creepy e intimidatoria mientras trabajaban”.

En el año 2009, trabajadores y trabajadoras presentaron una demanda en contra de Propper International exigiendo el pago completo del período de alimentos, compensación según establece la Ley 180 para los días de enfermedad y de vacaciones, reclamando horas extras, entre otras cosas. Esta acción se presentó en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, originalmente con 15 trabajadores de las ocho fábricas que operaba Propper en ese momento. Luego se unieron más trabajadores en una acción colectiva que llegó a totalizar 213 empleados, de los cuales 114 eran de la planta de Adjuntas. En total, luego de que se presentó la demanda liderada por los trabajadores de la planta de Adjuntas, cesantearon a alrededor de 100 empleados de esa planta. Hasta ahora el tribunal no ha tomado determinación sobre esta demanda.

En el 2009, luego de presentar la demanda, fueron al Departamento del Trabajo y lograron que se anunciara la celebración de vistas públicas para adjudicarles días por enfermedad y más días de vacaciones. La vista se celebraría el 29 de febrero de 2012, pero días después se les notificó el cierre de la planta de Adjuntas, luego de 22 años de operaciones.

Después del cierre de Propper International en Adjuntas, abrió la fábrica Moretta Díaz Corporation. Jaime Barlucea, alcalde de Adjuntas, dijo en un comunicado que “la apertura se logró luego de que el municipio le otorgara un incentivo económico para el pago de la mitad de la nómina de sus empleados. Parte del equipo son ex empleados de la extinta fábrica Propper. Uní todos los fondos que le corresponden a mi pueblo en el Consorcio Norte Central, al cual pertenecemos y los aportamos para pago de nómina. Ese fue el incentivo para que se establecieran aquí en una instalación propiedad de Fomento Industrial. Así logramos acuerdos con esta empresa nativa, cuyos directivos se comprometieron en invertir en este pueblo de la montaña”. Moretta Díaz es una subcontratista de Propper International, aseguró Torres.

La fábrica de Propper International en Lajas también cerró y en 2012 abrió MM Manufacturing, propiedad de María Meléndez, ex empleada gerencial de Propper International. En una vista del Senado en 2012, donde se ordenó al DT y al Senado realizar una investigación en torno a Propper International, surgió que MM Manufacturing recibió un incentivo de $250,000 y que su producción depende de contratos que le pasa Propper International. En la vista, la senadora Lucy Arce preguntó a José Mahía, gerente general de Propper International, ¿Cuál es la relación con la Sra. María Meléndez? “Actualmente no trabaja con nosotros, es dueña de su propia empresa”, contestó.

Las tres fábricas de Propper en Mayagüez cerraron en 2012. En Las Marías, Propper International opera bajo el nombre Koman Propper y en Cabo Rojo, las dos fábricas que había se fusionaron en un solo edificio, desde donde el gobernador dio su mensaje, explicó Alberto Torres, cesanteado de Propper International.

Serias denuncias discrimen político contra alcalde Las Marías

SAN JUAN:  El Secretario General del Partido Nuevo Progresista, José Aponte Hernández, denunció hoy martes, una campaña de persecución, discrimen político y violación de derechos civiles por parte del alcalde popular de Las Marías José Javier Rodríguez, contra un grupo de 30 empleados municipales identificados con el PNP.

Señala el también legislador novoprogresista, que las acciones del funcionario municipal llevaron a un grupo de empleados identificados con el Partido Nuevo, a radicar una serie de demandas millonarias en el Tribunal Federal con el alcalde afiliado al Partido Popular Democrático y la administración que dirige.

En el recurso número 13-380, los empleados de carrera Alberto Crespo Muñíz y Luis Rodríguez Aponte, alegan que el alcalde Rodríguez , implementó una campaña de persecución política  en  contra de los demandantes, eliminándoles funciones y deberes, aparte de negarles el uso de equipos y sistemas necesarios para efectuar sus tareas.  Los demandantes también mencionan a una funcionaria del municipio a quien identifican como parte activa del esquema para perpetrar el discrimen contra ellos.  Los 2 demandantes solicitan del Tribunal Federal, una compensación de $3 millones.

Exigir endoso de políticos para conceder empleos viola leyes

MAYAGUEZ: Aunque se trata de una práctica ilegal que viene ocurriendo a través de diferentes gobiernos , tal exigencia ha hecho crisis bajo la presente administración del Partido Nuevo Progresista, donde ningún ciudadano consigue un día de trabajo a menos que reciba el “bautismo” del algún político influyente. Incluso, si el aspirante a un empleo en municipios, agencias o corporaciones  públicas  no pertenece al grupo de privilegiados que “cortan el bacalao” en el PNP,  corre el riesgo de  que nunca lo nombren aunque esté cualificado.

La Calle Digital conoce de casos donde jovenes que solicitan empleos en Vivienda, Fondo del Seguro del Estado, AEE, Departamento de la Familia y AAA, jamás son nombrados a pesar de estar académicamente preparados para la posición solicitada. Unas veces la excusa es que fueron evaluados con una puntuación de 70 puntos o menos, o que “están sobrecualificados” para el  puesto.

A opinión de algunos entrevistados, primero se consigue acomodo en el próximo viaje de la NASA al espacio, que lograr una oportunidad de trabajo en el gobierno de Puerto Rico. No obstante, tales inconvenientes no afectan a los familiares de políticos influyentes quienes se valen de sus contactos para lograr que sus allegados se ubiquen en plazas bien remuneradas en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y Energía Eléctrica.  Entre esos afortunados están familiares de 3 alcaldes del PNP en el litoral oeste.

Aparentemente esos políticos desconocen que están incurriendo en serias violaciones a leyes estatales y federales que prohiben  el discrimen en el empleo por motivaciones políticas, raza, credo u orígen. Si usted o algún familiar ha sido discriminado en la búsqueda de empleo radique una querella ante las autoridades federales.

Demanda contra McClintock por discriminar a “Rossellistas”

Tras alegar que el actual Secretario de Estado, Kenneth McClintock Hernández, discrimina contra ella por no ocultar que es seguidora y simpatizante del ex gobernador novoprogresista Pedro Rosselló González, la empleada gubernamental Waleska Martínez Gutiérrez, acudió a la Corte Federal para incoar una demanda civil contra McClintock y otros dos funcionarios de la presente administración. Martínez Gutiérrez, con 25 años de servicios en el Gobierno de Puerto Rico, ocupa actualmente el puesto de Asistente  Administrativa de Sistemas de Oficina III en el Departamento de Estado de la isla.

Como parte del pleito radicado recientemente, la funcionaria reclama una compensación de $1 millón 500 mil, “por violación a sus derechos de libertad de expresión y asociación” luego de identificarse como seguidora del ex gobernador Rosselló González, quien no es bien visto en las filas del Partido Nuevo Progresista por McClintock Hernández y el llamado grupo de “Los Auténticos”.

Alega la señora Martínez Gutiérrez, que tanto McClintock, como la subsecretaria Vanessa Viera y el secretario asistente Eduardo Ballori, saben de su afiliación al PNP y de su apoyo incondicional al doctor Rosselló González.  Señala la demandante, que desde marzo del 2009, cuando el señor McClintock Hernández designó a Ballori a ocupar un puesto de confianza como Secretario Asistente de la Junta de Examinadores, “se ha producido un ambiente cargado políticamente en la división donde trabajaba y que se inició un patrón de maltrato, amenazas y persecución contra todos aquellos empleados que se identificaban con el ex gobernador Pedro Rosselló González.

De prevalacer la demanda radicada por la referida funcionaria, eso validaría los argumentos de miembros del Partido Nuevo Progresistas que alegan sentirse marginados por el actual gobierno del PNP, a la hora de solicitar oportunidades de empleo y de trascender que aún simpatizan con el sector estadista que apoya al doctor Rosselló González.