Serias denuncias discrimen político contra alcalde Las Marías

SAN JUAN:  El Secretario General del Partido Nuevo Progresista, José Aponte Hernández, denunció hoy martes, una campaña de persecución, discrimen político y violación de derechos civiles por parte del alcalde popular de Las Marías José Javier Rodríguez, contra un grupo de 30 empleados municipales identificados con el PNP.

Señala el también legislador novoprogresista, que las acciones del funcionario municipal llevaron a un grupo de empleados identificados con el Partido Nuevo, a radicar una serie de demandas millonarias en el Tribunal Federal con el alcalde afiliado al Partido Popular Democrático y la administración que dirige.

En el recurso número 13-380, los empleados de carrera Alberto Crespo Muñíz y Luis Rodríguez Aponte, alegan que el alcalde Rodríguez , implementó una campaña de persecución política  en  contra de los demandantes, eliminándoles funciones y deberes, aparte de negarles el uso de equipos y sistemas necesarios para efectuar sus tareas.  Los demandantes también mencionan a una funcionaria del municipio a quien identifican como parte activa del esquema para perpetrar el discrimen contra ellos.  Los 2 demandantes solicitan del Tribunal Federal, una compensación de $3 millones.

Analista político crítica escasa productividad legisladores

SAN JUAN:  Aunque no cuestionó la buena fe que pudieran tener  dichos legisladores a la hora de radicar medidas en Cámara y Senado, el Analista político, licenciado Luis Pabón Roca, arremetió hoy jueves contra algunos miembros de la Legislatura, cuya productividad consiste hasta ahora  en presentar medidas y pedidos de investigación que pudieran calificarse de “boberías”. Pabón Roca, quien junto al licenciado Carlos Díaz Olivo, modera un espacio diario de comentarios en WKAQ-580, recomendó a senadores y representantes que atiendan los problemas apremiantes en el país.

Con su estilo característico, el analista y abogado, puso de ejemplo a la senadora Mari Tere González del Distrito Mayagüez-Aguadilla, de quien dijo, tiene la preparación suficiente y capacidad para radicar legislación de mayor alcance para su distrito senatorial. La senadora González radicó una medida en días pasados sobre el issue del “vientre subrogado”,  tema que aunque importante, no resulta fácil de entender.

Por otro lado, fuera  de  las habituales resoluciones para investigar, expresar saludos, felicitaciones, condolencias  y otorgarle nombre a estructuras públicas, la productividad legislativa parece no satisfacer las aspiraciones del pueblo.  Esa es la genuina preocupación del analista Pabón Roca, quien entiende que ante los tiempos difíciles que vive la economía de la isla, urge de una Legislatura proactiva cuyos miembros ayuden a buscar soluciones.

Reseñalan para octubre un pleito civil contra Rivera Guerra

AGUADILLA: Para octubre próximo, fue reseñalada en el Tribunal de Isabela la vista en su fondo relacionada a la demanda civil incoada por el contratista William Rivera y la empresa Aguadilla Pool Center contra el representante a la Cámara por el Distrito 17, José Luis Rivera Guerra. La parte demandante sostiene que el político mocano le adeuda $8 mil 800 por concepto de los trabajos de instalación de una piscina, mientras el legislador rechaza deber la suma reclamada.

Rivera Guerra, quien se  desafilió del Partido Nuevo Progresista, a raíz del retiro de confianza que le hiciera el alto liderato de esa colectividad, es ahora representante independiente y ya anunció que se presentará a las elecciones del 6 de noviembre como candidato por nominación directa (write-in).

Este asunto de la piscina, sumado a los señalamientos sobre uso ilegal de los servicios de luz y agua potable en dos residencias de Moca y Aguadilla, fueron los que precipitaron el derrumbe político de Rivera Guerra, a pesar de contar con el respaldo de los electores del PNP en el Distrito Número 17.

Aunque la Comisión de Etica de la Cámara entendió que el “ironman” de la política en la región noroeste no había incurrido en delitos que conllevasen violaciones a los cánones de ética de ese Cuerpo, el gobernador Luis Fortuño insistió en solicitarle su retiro como candidato oficial de la palma a la reelección.

Luego de radicar recursos en el Tribunal Apelativo y el Supremo, la alta jerarquía del PNP  logró sacar de carrera al representante Rivera Guerra, quien también deberá enfrentar cargos recientes radicados por la Oficina del Fiscal Especial Independiente. El legislador reitera no haber incurrido en delito alguno, pero le preocupa que el Departamento de Justicia pudiera estar influenciado por el Gobierno”.

Bhatia resignado pero no satisfecho con decisión de juez

Tras la resolución de la juez superior Gisselle Romero, ordenando a la Comisión Especial que preside el senador Roger Iglesias, a permitir que la minoría del PPD examine los documentos sobre la investigación que se le sigue al Juez Presidente del Tribunal Supremo, licenciado Federico Hernández Denton,  el legislador popular Eduardo Bathia Gautier, señaló hoy miércoles, que recibe la determinación “parcialmente satisfecho y parcialmente resignado”. Los senadores Bathia y José Luis Dalmau, se vieron forzados a solicitar una orden desacato contra Iglesias y el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, al estos negarse a permitir que la minoría en la Comisión pudiera examinar todos los documentos.

Sin embargo, una vez conocida la acción de los senadores del PPD, Iglesias asumió una actitud más conciliatoria. Con la decisión de hoy, la juez Romero ordena que Bathia y Dalmau puedan tener acceso a unas 40 cajas de documentos entregados al Senado de Puerto Rico por la Oficina de la Administración de los Tribunales. Sin embargo, y a menos que dispongan de “visión biónica” Bathia ni Dalmau, tendrán prohibido copiar alguno  de los documentos.

” Acceso es mucho más que ver documentos en una caja sin poder copiarlos”, comentó el demandante Bathia Gautier, al reiterar que está parcialmente satisfecho y parcialmente resignado con la resolución de la magistrada del Centro Judicial de San Juan.

La pesquisa administrativa que involucra al Juez Presidente del Supremo, es una de repercusión histórica, por lo que la representación del Partido Popular Democrático en la Cámara Alta, entiende necesario estar adecuadamente preparada para presentar sus argumentos durante el procedimiento. El juez Hernández Denton, está siendo blanco de querellas por parte de dos alguaciles del Alto Tribunal, que lo acusan de obligarlos a realizar labores ajenas a sus funciones como empleados de la Rama Judicial.

Demanda contra McClintock por discriminar a “Rossellistas”

Tras alegar que el actual Secretario de Estado, Kenneth McClintock Hernández, discrimina contra ella por no ocultar que es seguidora y simpatizante del ex gobernador novoprogresista Pedro Rosselló González, la empleada gubernamental Waleska Martínez Gutiérrez, acudió a la Corte Federal para incoar una demanda civil contra McClintock y otros dos funcionarios de la presente administración. Martínez Gutiérrez, con 25 años de servicios en el Gobierno de Puerto Rico, ocupa actualmente el puesto de Asistente  Administrativa de Sistemas de Oficina III en el Departamento de Estado de la isla.

Como parte del pleito radicado recientemente, la funcionaria reclama una compensación de $1 millón 500 mil, “por violación a sus derechos de libertad de expresión y asociación” luego de identificarse como seguidora del ex gobernador Rosselló González, quien no es bien visto en las filas del Partido Nuevo Progresista por McClintock Hernández y el llamado grupo de “Los Auténticos”.

Alega la señora Martínez Gutiérrez, que tanto McClintock, como la subsecretaria Vanessa Viera y el secretario asistente Eduardo Ballori, saben de su afiliación al PNP y de su apoyo incondicional al doctor Rosselló González.  Señala la demandante, que desde marzo del 2009, cuando el señor McClintock Hernández designó a Ballori a ocupar un puesto de confianza como Secretario Asistente de la Junta de Examinadores, “se ha producido un ambiente cargado políticamente en la división donde trabajaba y que se inició un patrón de maltrato, amenazas y persecución contra todos aquellos empleados que se identificaban con el ex gobernador Pedro Rosselló González.

De prevalacer la demanda radicada por la referida funcionaria, eso validaría los argumentos de miembros del Partido Nuevo Progresistas que alegan sentirse marginados por el actual gobierno del PNP, a la hora de solicitar oportunidades de empleo y de trascender que aún simpatizan con el sector estadista que apoya al doctor Rosselló González.