SAN JUAN: El Secretario General del Partido Nuevo Progresista, José Aponte Hernández, denunció hoy martes, una campaña de persecución, discrimen político y violación de derechos civiles por parte del alcalde popular de Las Marías José Javier Rodríguez, contra un grupo de 30 empleados municipales identificados con el PNP.
Señala el también legislador novoprogresista, que las acciones del funcionario municipal llevaron a un grupo de empleados identificados con el Partido Nuevo, a radicar una serie de demandas millonarias en el Tribunal Federal con el alcalde afiliado al Partido Popular Democrático y la administración que dirige.
En el recurso número 13-380, los empleados de carrera Alberto Crespo Muñíz y Luis Rodríguez Aponte, alegan que el alcalde Rodríguez , implementó una campaña de persecución política en contra de los demandantes, eliminándoles funciones y deberes, aparte de negarles el uso de equipos y sistemas necesarios para efectuar sus tareas. Los demandantes también mencionan a una funcionaria del municipio a quien identifican como parte activa del esquema para perpetrar el discrimen contra ellos. Los 2 demandantes solicitan del Tribunal Federal, una compensación de $3 millones.
Tras la resolución de la juez superior Gisselle Romero, ordenando a la Comisión Especial que preside el senador Roger Iglesias, a permitir que la minoría del PPD examine los documentos sobre la investigación que se le sigue al Juez Presidente del Tribunal Supremo, licenciado Federico Hernández Denton, el legislador popular Eduardo Bathia Gautier, señaló hoy miércoles, que recibe la determinación «parcialmente satisfecho y parcialmente resignado». Los senadores Bathia y José Luis Dalmau, se vieron forzados a solicitar una orden desacato contra Iglesias y el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, al estos negarse a permitir que la minoría en la Comisión pudiera examinar todos los documentos.
Tras alegar que el actual Secretario de Estado, Kenneth McClintock Hernández, discrimina contra ella por no ocultar que es seguidora y simpatizante del ex gobernador novoprogresista Pedro Rosselló González, la empleada gubernamental Waleska Martínez Gutiérrez, acudió a la Corte Federal para incoar una demanda civil contra McClintock y otros dos funcionarios de la presente administración. Martínez Gutiérrez, con 25 años de servicios en el Gobierno de Puerto Rico, ocupa actualmente el puesto de Asistente Administrativa de Sistemas de Oficina III en el Departamento de Estado de la isla.





