Aplazan vista privación de custodia contra madre de menor

AGUADILLA:  Para el próximo 5 de noviembre, fue reseñalada el martes la vista de privación de custodia radicada por el Departamento de la Familia, contra la joven Yanelis Lecona López y su compañero Javier Alvarez Luciano, que aún permanecen encarcelados por la brutal golpiza que sufriera un menor de 7 años, hijo de Lecona López. El niño fue encontrado en condición grave el pasado 26 de agosto, dentro del cilindro de una lavadora desechada en un depósito de basura cercano a la carretera 115 en el Barrio Pueblo de Rincón.

El estudiante de escuela elemental todavía convalece de los múltiples traumas y heridas que sufrió, mientras el padrastro Alvarez Luciano, enfrenta cargos por tentativa de asesinato, violar la ley de armas y maltrato de menores.  En el caso de la señora Lecona López, a esta se responsabiliza por delitos de encubrimiento, maltrato infantil y ofrecer información falsa a las autoridades para proteger a su pareja.

Aunque Lecona López, de nacionalidad mexicana, sostiene en su defensa que ella tuvo que callar lo ocurrido a su hijito debido a que Alvarez Luciano, la mantenía bajo constante amenaza de forzar su deportación, esa versión es puesta en duda por los investigadores. Ante el patrón de maltrato a que fuera sometido el niñito, Familia entiende necesario que tanto la madre como su compañero sean privados permanentemente de su custodia.

Durante la vista efectuada esta semana ante un magistrado del Centro Judicial de Aguadilla, la representación legal del Gobierno , tuvo reparos a que un abogado de la Región Noroeste, asuma la defensa de la señora Lecona López. El argumento del Departamento de la Familia, es que dicho letrado laboró para esa agencia, lo que podría constituirse en un conflicto de interés. A raíz de ese argumento, la vista sobre privación de custodia fue suspendida para una nueva fecha.

Juez suspende Vista Preliminar contra Pablo Casellas Toro

SAN JUAN:  Para los días 4, 5 y 8 octubre de 2012, reseñaló el Juez Superior Francisco Ojeda Diez, la Vista Preliminar de los cargos contra el corredor de seguros Pablo Casellas Toro, sospechoso del asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón. Aunque los procedimientos comenzaron hoy martes en la mañana, el magistrado accedió a los planteamientos de la Defensa, que había expresado la preocupación de no hallarse preparada para entrar a la vista.

Con la nueva fecha, el juez Ojeda Diez entiende que las partes tendrán tiempo adicional para presentar sus argumentos en salvaguarda de los derechos de la parte perjudicada y del imputado Casellas Toro. Casellas Toro, hijo del Juez Federal Salvador Casellas, enfrenta denuncias por asesinato en primer grado, ofrecer información falsa a las autoridades y destrucción de evidencia. Casellas Toro, se encuentra libre bajo fianza, pero con una serie de restricciones que le impiden salir del hogar sin permiso del Tribunal.

Reseñalan para octubre un pleito civil contra Rivera Guerra

AGUADILLA: Para octubre próximo, fue reseñalada en el Tribunal de Isabela la vista en su fondo relacionada a la demanda civil incoada por el contratista William Rivera y la empresa Aguadilla Pool Center contra el representante a la Cámara por el Distrito 17, José Luis Rivera Guerra. La parte demandante sostiene que el político mocano le adeuda $8 mil 800 por concepto de los trabajos de instalación de una piscina, mientras el legislador rechaza deber la suma reclamada.

Rivera Guerra, quien se  desafilió del Partido Nuevo Progresista, a raíz del retiro de confianza que le hiciera el alto liderato de esa colectividad, es ahora representante independiente y ya anunció que se presentará a las elecciones del 6 de noviembre como candidato por nominación directa (write-in).

Este asunto de la piscina, sumado a los señalamientos sobre uso ilegal de los servicios de luz y agua potable en dos residencias de Moca y Aguadilla, fueron los que precipitaron el derrumbe político de Rivera Guerra, a pesar de contar con el respaldo de los electores del PNP en el Distrito Número 17.

Aunque la Comisión de Etica de la Cámara entendió que el “ironman” de la política en la región noroeste no había incurrido en delitos que conllevasen violaciones a los cánones de ética de ese Cuerpo, el gobernador Luis Fortuño insistió en solicitarle su retiro como candidato oficial de la palma a la reelección.

Luego de radicar recursos en el Tribunal Apelativo y el Supremo, la alta jerarquía del PNP  logró sacar de carrera al representante Rivera Guerra, quien también deberá enfrentar cargos recientes radicados por la Oficina del Fiscal Especial Independiente. El legislador reitera no haber incurrido en delito alguno, pero le preocupa que el Departamento de Justicia pudiera estar influenciado por el Gobierno”.

Reseñalan vista preliminar contra alcalde popular de Guánica

PONCE:  Con la excusa de que el magistrado a cargo del caso se encuentra ausente por motivo  de licencia militar, el lunes debió ser suspendida la vista preliminar del cargo de agresión agravada que pesa contra el alcalde popular de Guánica  Martín Vargas Morales. El procedimiento quedó pautado para el 7 de septiembre próximo a las 9:00 am en el Centro Judicial de la Perla del Sur.

El también candidato a senador por el PPD en el distrito de Ponce, estuvo representado por el licenciado José Andreu Fuentes y el Ministerio Público por el Fiscal Especial Independiente Guillermo Garau. Al primer ejecutivo de Guánica se le atribuye haber golpeado con los puños al ex policía Neftalí Corales Casiano, durante una discusión ocurrida en julio de este año frente al parque de pelota del Barrio Bélgica de ese municipio del Sur.

Aunque el alcalde Vargas Morales sigue alegando que tiene la conciencia tranquila porque no cometió el delito imputado, el ex agente sostiene que el querellado es una persona violenta que lo golpeó en el rostro causándole una herida.  De acuerdo a la denuncia del ex agente, fue Vargas Morales, quien inició el incidente violento.

A diferencia de otros alcaldes y legisladores de la isla a quien el gobernador Luis Fortuño ha recomendado suspender de sus funciones públicas, aún sin habérsele hallado culpables, el incumbente guaniqueño afiliado al  Partido Popular Democrático, aparenta estar siendo objeto de un trato especial.