Federales le tienen el ojo puesto a caseros que pretendan cobrar la renta con sexo durante la emergencia del COVID-19

REDACCIÓN: El Procurador General de los Estados Unidos, William P. Barr, ordenó a todas las oficinas de los Fiscales Federales de los Estados Unidos a investigar toda querella de acoso sexual relacionada con vivienda como resultado de la actual pandemia COVID-19, según lo anunció el fiscal federal W. Stephen Muldrow.

En un comunicado de prensa se indicó que mientras que Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos adoptan medidas drásticas para frenar la propagación de COVID-19, muchos ciudadanos han perdido sus empleos y muchos otros han visto una reducción en sus ingresos.

Estas pérdidas han obligado a muchos a buscar reducciones o suspensiones de sus pagos de arrendamiento.

Muchos propietarios han respondido a estas circunstancias comprensivamente y con cuidado, tratando de trabajar con sus inquilinos para ofrecer ayuda durante esta crisis.

Sin embargo, se ha reportado que otros propietarios han respondido a las solicitudes de aplazar el pago del alquiler con demandas de favores sexuales y otros actos de conducta sexual no deseada. “Tal comportamiento es despreciable y es ilegal”, dijo Muldrow.

Desafortunadamente, la mayoría de las víctimas que experimentan este tipo de abuso nunca lo denuncian. Temen que las represalias pongan en peligro su capacidad de proporcionar refugio para ellos y sus familias.

“Las prácticas de los depredadores relacionadas con la COVID-19 son particularmente inquietantes ya que estos propietarios se aprovechan de nuestra crisis nacional actual al hostigar sexualmente a las personas que necesitan vivienda. La Fiscalía Federal no dudará en intervenir cuando ocurra una conducta tan despreciable. Este comportamiento no se tolera en tiempos normales, y ciertamente no se tolerará ahora”, explicó el fiscal federal Muldrow.

Para denunciar el acoso sexual en la vivienda, comuníquese con el Departamento de Justicia al (800) 896-7743 o fairhousing@usdoj. Para más información: http://www.justice.gov/crt/sexual-harassment-housing-initiative o en español: http://www.justice.gov/crt-espanol/iniciativa-en-contra-del-acoso-sexual-en-la-vivienda.

Revelan que García Padilla dio mensaje en fábrica de Cabo Rojo acusada de abuso laboral, discrimen por género y acoso sexual

El gobernador García Padilla en una de sus visitas a la Propper International de Cabo Rojo (Suministrada).

El gobernador García Padilla en una de sus visitas a la Propper International de Cabo Rojo (Suministrada).

Por Joel Cintrón Arbasetti, del Centro de Periodismo Investigativo

Alberto Torres no tardó en reconocer el lugar donde el gobernador Alejandro García Padilla emitió hace unos días su mensaje sobre transformación del sistema contributivo: una de las fábricas de uniformes militares de Propper International, empresa que lo despidió en 2009 luego de apoyar los esfuerzos por unionar al personal de la planta de Adjuntas.

García Padilla dio su mensaje desde las instalaciones de Propper International en Cabo Rojo, donde según dijo se han creado más de 2,000 empleos. De ser cierta la cantidad de puestos, esas personas no dispondrán de los mismos beneficios que el personal de otras industrias, y se podrían exponer a condiciones de trabajo muy precarias.

A Propper International se le ha acusado de no tener agua en sus instalaciones, de reducir la hora de almuerzo y negar días de vacaciones, explicó Víctor Vélez, abogado que llevó un caso en contra la empresa y quien recordó que, debido al hacinamiento, trabajadores se quejaban de sufrir calores extremos en sus instalaciones.

“No había papel de baño, a veces había que trabajar los días de vacaciones, tenías supervisores con reloj mientras hacías las piezas, intimidaban al trabajador. Pagaban el mínimo o por producción”, recordó el ex empleado Alberto Torres, quien llevó un caso en contra de esa empresa ante la Junta Laboral Federal por persecución y que ahora trabaja para un sindicato.

Ninguna de esas denuncias ha dañado la buena relación entre el gobierno de Puerto Rico y Propper International; empresa de Missouri con alrededor de 30 años operando en la isla como una de las mayores manufactureras de uniformes militares y que es, además, una de las principales contratistas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

No solo García Padilla grabó su mensaje desde una de sus instalaciones en Cabo Rojo, sino que actualmente la empresa goza de nueve contratos con la Compañía de Fomento Industrial, varios firmados bajo la pasada administración y algunos con vigencia hasta 2021 y que en total suman $9,519,564 millones todos exentos de “servicios, arrendamientos, hipotecas y ventas”, indica el registro de contratos de la Oficina del Contralor.

“Me molesté (al ver el lugar desde donde el gobernador emitió su mensaje) porque nosotros hemos llevado la voz a los dos administraciones, y deberían saber que los trabajadores están peleando contra Propper en Cabo Rojo”, dijo Torres.

Los empleados y empleadas de la “Industria de Manufactura de Artículos de la Aguja” no tienen los mismos beneficios que otros trabajadores y trabajadoras, pues continúan rigiéndose por el Decreto Mandatorio Núm 35, revisado por última vez en 1992 y que establece en su artículo III que en la industria de la aguja, el empleado no acumulará días por enfermedad, sino que se le descontarán de los días de vacaciones que tengan acumulados. El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) está facultado para revisar el decreto, pero desde 1992 nadie lo ha tocado.

“Mi posición es que el decreto se debe enmendar. En principio, creo que se le debe conceder (la licencia por enfermedad al personal de la industria de la aguja). Tan temprano como a mediados de 2013 solicitamos un estudio en el que se basará nuestra propuesta y ya lo tenemos. Luego que decidamos cómo se hará el proceso para enmendar el Decreto, lo haremos público”, declaró Vance Thomas, secretario del DTRH, al Centro de Periodismo Investigativo.

En una entrevista con The New York Times en 2008, el director ejecutivo de Propper International en Puerto Rico, Tom Kellim, aceptó que su empresa no concede a sus empleados y empleadas los días por enfermedad que manda la Ley de Salario Mínimo. Dijo que “un viejo decreto mandatorio del gobierno de Puerto Rico” exime a la industria de la aguja de algunas disposiciones laborales. El CPI trató de comunicarse con Kellim a su teléfono personal, pero la persona que contestó, en inglés, colgó luego de decir que Kellim ya no trabaja en ese lugar. En una segunda llamada al mismo número, apareció un mensaje de voz de Kellim.

La administración central de Propper International, con sede en Cabo Rojo, tampoco respondió la a solicitud de entrevista del CPI.

Oscar Quiles Casimiro, presidente de la fábrica Pentaq de Sabana Grande, aseguró que se afectaría “grandemente” con una enmienda del Decreto Mandatorio Núm. 35 que implique dar una licencia por enfermedad a sus cerca de 250 empleados y empleadas. “Los contratos (de las fábricas de artículos militares) con el Departamento de Defensa están establecidos a cinco años y no se pueden cambiar”, añadió, y aseguró que todas las fábricas en Puerto Rico se benefician del Decreto. “No podemos desaparecer”, dijo en alusión a la industria de la aguja. Quiles no contestó más preguntas al CPI.

Vanesa Moretta Díaz, presidenta de Moretta Díaz Corporation, fábrica que opera en Adjuntas, expresó también que la eliminación del Decreto Núm. 35 afectaría a la industria de la aguja. “Los días por enfermedad no aplican por el Decreto, si se establecen estos días por enfermedad, como está la industria, con tanto cambio, nos va a afectar”. Moretta Díaz tiene alrededor de 150 empleadas y empleados y aseguró que ninguno se ha quejado por no tener días por enfermedad.

“Muchos van a su cita y regresan (a la fábrica) o con par de horitas reponen (las horas empleadas en ir a la cita)”, explicó Moretta.

¿No cree que los empleados de la industria de la aguja deberían tener sus horas por enfermedad, como los empleados de otras industrias?, preguntó el CPI.

“Entiendo que sí, pero, la industria de la aguja no se puede comparar con otras industrias. Por ejemplo, la industria farmacéutica no se puede comparar con la industria de la aguja porque no tenemos el mismo ‘jale’”, contestó Moretta.

El secretario Thomas explicó que la Ley de Salario Mínimo, que incluye días pagos por enfermedad, aplica a la industria de la aguja, pero que al existir el Decreto Mandatorio Núm. 35 los patronos de esa industria pueden cargar los días por enfermedad a los días por vacaciones, sin que esto represente una violación a la ley.

Según un análisis del economista Juan Lara, la industria vinculada a la fabricación de uniformes e indumentaria militar, goza de “un mercado protegido y lucrativo, con un cliente de extremada solvencia y estabilidad financiera, que le permite mantener una operación rentable aún con los costos salariales prevalecientes en lugares como Puerto Rico y los 50 estados”. En su análisis, citado en una vista pública sobre el Decreto Núm. 35 en el 2012, Lara subraya que “hay un consenso en la economía mundial de que la competitividad industrial no puede basarse en la negación de los derechos laborales… La industria de la ropa, especialmente la de ropa militar, está en condiciones de cumplir con los días de vacaciones y de enfermedad que determina la Ley 180, sin que ello le resulte oneroso en sus resultados financieros”.

La administración García Padilla proyecta que ha incentivado el crecimiento y la inversión de Propper International en Puerto Rico, tanto en el mensaje desde una de sus fábricas, como en un artículo publicado en The Huffington Post en 2014. Poco parece importar el hecho de que la empresa ha enfrentado, además, 11 demandas de parte de ex empleados y empleadas, incluyendo una del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, región de Utuado, según el registro de casos de la Rama Judicial.

El historial de abuso laboral con el que carga Propper International incluye evidencia de acoso sexual y discriminación en contra de las trabajadoras de parte de un gerente de esa empresa, denunciado en un informe de 61 páginas sobre Propper International en Puerto Rico y República Dominicana, publicado en 2010 por Workers Rights Consortium (WRC).

Esa organización encontró “evidencia creíble de discriminación por género en la planta de Adjuntas, en la forma de acoso sexual a mujeres trabajadoras por parte un gerente general. Trabajadoras denunciaron que el gerente las tocaba de manera inapropiada… las saludaba tocando sus hombros o brazos por tiempo prolongado… Varias trabajadoras dijeron que le pidieron al gerente que sacara sus manos de su cuerpo, pero el gerente continuaba con la misma conducta hacia otras empleadas. También se quejaron de que el gerente permanecía mirándolas de forma creepy e intimidatoria mientras trabajaban”.

En el año 2009, trabajadores y trabajadoras presentaron una demanda en contra de Propper International exigiendo el pago completo del período de alimentos, compensación según establece la Ley 180 para los días de enfermedad y de vacaciones, reclamando horas extras, entre otras cosas. Esta acción se presentó en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, originalmente con 15 trabajadores de las ocho fábricas que operaba Propper en ese momento. Luego se unieron más trabajadores en una acción colectiva que llegó a totalizar 213 empleados, de los cuales 114 eran de la planta de Adjuntas. En total, luego de que se presentó la demanda liderada por los trabajadores de la planta de Adjuntas, cesantearon a alrededor de 100 empleados de esa planta. Hasta ahora el tribunal no ha tomado determinación sobre esta demanda.

En el 2009, luego de presentar la demanda, fueron al Departamento del Trabajo y lograron que se anunciara la celebración de vistas públicas para adjudicarles días por enfermedad y más días de vacaciones. La vista se celebraría el 29 de febrero de 2012, pero días después se les notificó el cierre de la planta de Adjuntas, luego de 22 años de operaciones.

Después del cierre de Propper International en Adjuntas, abrió la fábrica Moretta Díaz Corporation. Jaime Barlucea, alcalde de Adjuntas, dijo en un comunicado que “la apertura se logró luego de que el municipio le otorgara un incentivo económico para el pago de la mitad de la nómina de sus empleados. Parte del equipo son ex empleados de la extinta fábrica Propper. Uní todos los fondos que le corresponden a mi pueblo en el Consorcio Norte Central, al cual pertenecemos y los aportamos para pago de nómina. Ese fue el incentivo para que se establecieran aquí en una instalación propiedad de Fomento Industrial. Así logramos acuerdos con esta empresa nativa, cuyos directivos se comprometieron en invertir en este pueblo de la montaña”. Moretta Díaz es una subcontratista de Propper International, aseguró Torres.

La fábrica de Propper International en Lajas también cerró y en 2012 abrió MM Manufacturing, propiedad de María Meléndez, ex empleada gerencial de Propper International. En una vista del Senado en 2012, donde se ordenó al DT y al Senado realizar una investigación en torno a Propper International, surgió que MM Manufacturing recibió un incentivo de $250,000 y que su producción depende de contratos que le pasa Propper International. En la vista, la senadora Lucy Arce preguntó a José Mahía, gerente general de Propper International, ¿Cuál es la relación con la Sra. María Meléndez? “Actualmente no trabaja con nosotros, es dueña de su propia empresa”, contestó.

Las tres fábricas de Propper en Mayagüez cerraron en 2012. En Las Marías, Propper International opera bajo el nombre Koman Propper y en Cabo Rojo, las dos fábricas que había se fusionaron en un solo edificio, desde donde el gobernador dio su mensaje, explicó Alberto Torres, cesanteado de Propper International.

Justicia refiere al FEI a Alcalde de Guayanilla por acoso sexual

Edgardo Arlequín, alcalde de Guayanilla (Suministrada).

Edgardo Arlequín, alcalde de Guayanilla (Suministrada).

SAN JUAN: El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, anunció lunes que emitió un referido para que el alcalde popular de Guayanilla, Edgardo Arlequín Vélez, sea investigado por la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por posiblemente haber cometido el delito de acoso sexual contra una de sus empleadas, además de haber violado la Ley de Ética Gubernamental.

En un comunicado de prensa se informó que la investigación inició luego que la perjudicada, Lumari Torres Pérez, decidiera querellarse contra el incumbente municipal en la División de Delitos Sexuales de Ponce, el pasado 18 de julio.

Según se desprende de la investigación, en junio del año 2013 Arlequín Vélez dirigió “palabras impropias, con alto contenido sexual y no deseadas contra la mujer relacionadas a un tatuaje. En ese momento el alcalde pretendió mantener en contra de su voluntad a Torres Pérez en su oficina, al cerrar la puerta con seguro”.

Asimismo, la empleada municipal indicó que en ocasiones posteriores el alcalde continuó con su conducta impropia al hacer comentarios de índole sexual, inclusive en la presencia de sus hijos.

Como resultado de estos hechos, compañeros de trabajo de la dama han indicado bajo juramento que desde los incidentes esta se ha tornado triste, nerviosa y con falta de concentración.

Tras verse afectada en su aspecto laboral y emocional, Torres Pérez ha recibido tratamiento privado y en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

A base de la evidencia documental y testifical existente, la investigación concluyó que Edgardo Arlequín Vélez pudo haber violado el Artículo 135 del Código Penal, correspondiente al delito de acoso sexual. A su vez, pudo haber incurrido en violación al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, que tipifica como delito grave con pena fija de cuatro años de cárcel el que un servidor público use los deberes y facultades de su cargo para obtener, directa o indirectamente, para él o para persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley.

La investigación fue realizada por el fiscal Edwin Ortiz Rivera de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor de Justicia.

Justicia le sigue los pasos acoso cibernético contra menores

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA PRSAN JUAN: Con el fin de prevenir y procesar a aquellos depredadores en línea que persiguen a los menores a través del ciberespacio, el Departamento de Justicia (DJ) lanzó una campaña de orientación sobre los peligros a los que se enfrentan los niños y jóvenes al navegar en la Internet.

“La Internet, a pesar de ser una herramienta de mucha utilidad para la educación de los niños y jóvenes, también sirve de plataforma para que depredadores sexuales tengan contacto con sus posibles víctimas. Como saben, el Departamento de Justicia tiene una política de cero tolerancia contra aquellos que le quieran hacer daño a nuestros niños y jóvenes y en este caso no será la excepción”, manifestó el Secretario de Justicia, César R. Miranda.

Según un estudio realizado por la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME) en el 2014, casi dos millones de personas, mayores de doce años, se conectan a la Internet en la Isla. De esos un 77 por ciento lo hace a través de un teléfono celular.

De otro lado, datos de la fundación i-SAFE revelaron que aproximadamente un 50% de los adolescentes han sido hostigados por Internet y sobre el 25% ha sido acosado en varias ocasiones a través de la web o sus teléfonos celulares.

Con la gran cantidad de niños y jóvenes que hoy en día tienen acceso a un aparato con conexión a la Internet, la probabilidad de que sean acosados a través de la red es cada vez más alta. El director de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia (UICC), Rafael Sosa, indicó que hubo un caso de una niña adolescente en una escuela privada que era acosada por otro menor quien obtuvo fotos pornográficas de la niña a través de la Internet.

“El acosador había hecho lo mismo con otras niñas. El modus operandi era usar las fotos pornográficas que obtenía de las jóvenes para obligarlas a tener relaciones sexuales con él a cambio de que este no publicara las fotos a sus amistades y familiares. Lamentablemente, la niña tuvo que ser ingresada en un hospital siquiátrico por los traumas que sufrió tras negarse a tener relaciones con el joven y, por consiguiente, ver sus fotos publicadas en la web”, contó Sosa.

Es por esto, que tanto el Departamento de la Familia, como la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ), se unieron a la campaña de orientación. Asimismo, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) también hizo lo propio.

“Quiero reiterar que es responsabilidad del padre, madre o encargado procurar límites en el uso de la Internet y supervisar a sus hijos con el uso de la tecnología, incluyendo sus teléfonos celulares, los mensajes de texto, su lista de contactos y las personas con quienes interactúan en las redes sociales. Por otro lado, como estamos próximos al inicio de un nuevo año escolar, se espera que aumente la cantidad de menores que utilizan la Internet para realizar sus tareas. Por ende, los menores podrían estar más propensos a interactuar con depredadores sexuales en línea”, manifestó Idalia Colón Rondón, secretaria del Departamento de la Familia.

Para que los padres puedan ayudar con la identificación de señales que indiquen si su niño está siendo acosado, el fiscal Sosa, expuso varias recomendaciones. “Si usted nota que se pone nervioso cuando este recibe llamadas o mensajes de texto al celular o tiene cambios bruscos de humor al mirar el celular, correo electrónico, chats o redes sociales debe prestar especial atención”, comunicó. También, los padres se pueden remitir al portal cibernético www.internetseguro.pr.gov , para obtener más consejos al respecto.

Por su parte, Hiram Díaz Belardo, director interino de la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ), aseguró que las charlas que ofrecerán a los jóvenes de sus programas, en colaboración con el DJ, servirán de gran ayuda para que los posibles afectados puedan prevenir, identificar y denunciar la situación.

“El propósito principal de este esfuerzo es la educación, es por esto que nosotros nos sumamos a la iniciativa con el fin de diseminar esta información de gran valor para nuestra ciudadanía”, puntualizó Cecile Blondet, presidenta de WIPR.