La columna de El Profe: El juicio de Ana Cacho

Ana Cacho, madre del niño Lorenzo González Cacho (Archivo Internet).

Ana Cacho, madre del niño Lorenzo González Cacho (Archivo Internet).

Por: Héctor Pérez, periodista y profesor universitario

No juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados. Porque con el mismo juicio que juzgareis habéis de ser juzgados, y con la misma medida que midiereis, seréis medidos vosotros”.

Jesucristo

Primero que nada, no quiero que los “haters” de Ana Cacho me ataquen por el escrito que voy a presentar. No quiero que nadie piense que estoy de un lado o de otro. Por el contrario, no tengo posición en esta ridícula controversia.

Hoy quiero tratar de que todos nos detengamos a pensar antes de soltar la lengua a hablar. Qué buenos somos juzgando a los demás. Si, somos buenos haciendo análisis y juzgando a todos. Quiero aclarar que estuve trabajando en los medios desde el primer día que se informó la muerte de un niño en Dorado.

Si hay alguien que ha tenido contacto con este caso, ese he sido yo.

Siempre que tuve la oportunidad de cuestionar a las autoridades sobre el caso, recibí las mismas contestaciones: “Estamos trabajando en más pruebas”; “Se someterá el caso cuando esté listo”, etcétera.

Hoy voy a analizar lo que todos hemos hecho en los seis años que lleva dilucidando este caso en los medios televisivos. Desde el primer día, los medios vieron en este caso una presa fácil para levantar los ratings de sus programas. Uno de los que usó este caso para levantar el ratings fue el programa de SuperXclusivo.

Como si se tratara de un circo con una escenografía bien hecha y hasta unas velas junto a una foto, presentaba el conteo de los días que no se le hacía justicia al niño Lorenzo. Poco a poco el programa levantaba dudas sin pruebas reales de lo que había pasado esa madrugada en la casa de Ana Cacho. Todos los días levantaba una supuesta prueba que las autoridades no habían descubierto. Todos los días hablaba de una sola teoría, que Ana Cacho era una irresponsable, una asesina y enfilaba los cañones hacia la figura de la mama de Lorenzo.01-10-16 aquaviva domingos bbq

Con una sabia destreza y con pruebas que a todas luces eran falsas o nunca existieron, fue cambiando la opinión del público para acusar con el dedo de un fiscal que la asesina era Ana Cacho. La gente le fue creyendo y poco a poco. Se comieron el cuento de que ella era una asesina y debería ser juzgada por todos por el trágico evento.

Al ver que los rating se iban al cielo y que todos comentaban sobre la asesina, los otros programas de entretenimiento siguieron la línea sobre “la asesina” que no habían acusado.

Ningún programa tenía pruebas de lo que decían. Todos los programas se tapaban con los “aparente y alegadamente”. Nunca vi que sacaran una prueba real del caso y se convirtieron en fiscales de un mal llamado juicio público contra Ana Cacho y su sentencia a muerte.

Vamos, no sean hipócritas… Todos querían ver a Ana Cacho con las esposas puestas caminando a ser fichada por la Policía. Todos la querían ver enjuiciada en una plaza pública, donde todos pudieran gritarle que la crucifiquen o quizás la cuelguen frente a todos. Algo así como le hicieron a Mussolini en la Plaza de Loreto en Milan, Italia, allá para el 29 de abril de 1945.

Si usted no sabe cómo expusieron el cuerpo de Mussolini, busque en un libro de historia.

Comprenderá que en Puerto Rico todos buscaban hacerle lo mismo a Ana Cacho. Buscaban una humillación pública y reírse de ella.

Sí, todos ya la habían juzgado y todos la habían encontrado culpable. Los programas de entretenimiento habían hecho muy bien su trabajo, buscaron un mártir, buscaron a Judas y cambiaron la opinión pública a una de señalamiento para que todos a coro le hiciéramos un juicio en el Atrio central de Plaza Las Américas y condenarla a muerte.

Nadie se salva, todos la querían ver de la misma forma que le hicieron a Mussolini en el 1945.

Nadie se preguntó por qué los programas de entretenimiento querían linchar a Ana Cacho. ¿Sería por encargo? ¿Sería por algo personal contra ella? A pesar de los errores que cometió la Policía y la justicia, hay algo que ningún seudoprograma de entretenimiento/ juicio/ NSCI dijo en sus ediciones: La existencia de una prueba en la cocina y era la galleta con la mordida de Luis Gustavo Rivera Seijo.

Tampoco ningún programa menciono el celular olvidado en la silla.

Ambas pruebas quedaron en silencio. Ambas pruebas exculpaban a Ana Cacho, pero eso mismo era lo malo. Exculpaban a Ana Cacho y todos, incluyendo al Departamento de Justicia querían acusarla de asesinato.

Si esa prueba salía a la luz pública se cae el caso y por ende no tendrían rating.

Los medios criminalizaron a Ana Cacho, tanto así, que ella no podía ir al supermercado porque ya le estaban tirando fotos. Ya estaban llamando a los programas para que vinieran a ver “la asesina de niños”.

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Todos los días había que tener un cuento de Ana Cacho, aunque no fuera cierto. Todos inventaron teorías que a todas luces solo abonaban a su deseo insaciable de ver sangre y verla humillada.

Confieso que me daba nauseas escuchar teorías tan absurdas que nadie podría creerlas, pero ayudaban a alimentar ese odio contra ella. Acusaron a Luis Gustavo Rivera Seijo, pero muchos se rieron porque le faltaba un brazo y él no podía haber hecho eso. Él no, claro que no.

Tenía que ser Ana Cacho, nadie es más culpable de eso. Ponen en duda la verja que Rivera Seijo subió para consguir acceso a la casa de Ana Cacho. Hasta han puesto fotos de la casa en la parte frontal.

Mire caballero, el Departamento de Justicia siempre ha indicado que el hombre entró por la parte trasera, donde la verja es de poco más de dos pies de alto. Claro, eso no lo escuchan ya que desmoraliza la teoría de la asesina convicta por el pueblo. La juzgaron públicamente, la acusaron y ahora no pueden aceptar que se equivocaron. Mas rating, pero nadie dice “nos equivocamos, acusamos a la equivocada”.

Estoy seguro que en las próximas semanas la familia Cacho le radicará una demanda al gobierno por la remoción de sus hijas, por un daño irreparable. Van a ganar la demanda y le tendrían que dar millones de dólares.

Aquí vendrán los mismos irresponsables a decir que no se merece ese dinero, claro, no se lo merece el gobierno solo le arrebato las hijas por seis años y ella nunca pudo ver el crecimiento de sus niñas. Volveremos a acusarla de aprovecharse de la muerte de su hijo para sacar dinero y volveremos a verla acusada.

Sólo porque no nos queremos quedar da’os.

¿Alguno de ustedes han pensado perder un hijo asesinado por un loco, luego que el gobierno y el público lo juzguen como asesino sin que tengan pruebas de eso y para terminar le quiten sus otros hijos durante tantos años y usted se va a quedar feliz en su casa?

Queríamos ver a Ana Cacho arrestada, enjuiciada, presa y desvalida. ¿Para qué? para hacer más historias de su vida en la cárcel y cómo las pasa día a día allí, para ganar más rating.

No he escuchado al padre de Lorenzo decir una sóla palabra, a ese joven que en pocas ocasiones pronunciaba vocablos y que en este momento crucial del caso, no ha aparecido y su silencio es más ruidoso que las cotorras en pleno vuelo.

Nada, sólo pregunto.

Me gustaría escuchar su opinión y si ya se sentirá que se resolvió el caso. Por el momento les digo, vamos a limitarnos a las pruebas, no a los rumores que crearon los programas de entretenimiento.

Si de algo me fijé sobre todo este caso, es cuando vi parada a la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez al lado del secretario de Justicia, César Miranda, en claro indicio que apoyaba la acusación presentada.

Fiscalía Federal no está para chismes y no estaría allí si no supieran que es verdad. Recuerden que alguien dentro del Departamento de Justicia saco al FBI del caso. ¿Quién sería? ¿Cuál fue la razón para no quererlos en el caso? ¿A que nadie ha investigado eso?

Claro porque esto ayudaría a Ana Cacho. Juzgaron a Ana Cacho sin pruebas y ahora hasta la quieren matar. ¿Qué sucedería si un fanático idiota la matara? ¿Algún fanático imbécil decidiera matarla usando las pruebas falsas que se han presentado en la televisión? ¿Dónde estaría la conciencia de todos?

Aquí comenzaría el “Ay, bendito”.

Trabajemos con pruebas, no con rumores ni con ideas falsas creadas para ganar rating. No deseo ver otro juicio en la plaza pública tal como le hicieron a Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Calma, que la verdad salga, pero el juicio público se quede en solo un cuento de camino.

Aclaro nuevamente que no estoy apoyando a Ana Cacho. Pero hoy he querido cambiar el nombre y hacer notar lo que hacemos con tal de ver sangre. Fuimos manipulados hasta llegar a pensar de forma nublada y acusar sin saber. ¿Qué sucedería si fuera usted “Ana Cacho”?

Nota del Editor: Este y otros escritos, los encontrará publicados en el blog El Profe que mantiene el profesor y periodista Héctor Pérez.

Justicia suspende al fiscal Edwin López de Mayagüez por su alegada intervención en caso Lutgardo Acevedo

Licenciado César Miranda, Secretario de Justicia.

Licenciado César Miranda, Secretario de Justicia.

MAYAGÜEZ: El secretario de Justicia, César Miranda anunció el viernes en la tarde la suspensión del fiscal Edwin López Pérez, asignado a la Fiscalía de Distrito de la Sultana del Oeste, por su presunta participación en un caso relacionado al contable y hoy convicto federal, Lutgardo Acevedo.

El fiscal López Pérez fue suspendido de empleo el pasado 30 de septiembre de manera cautelar mientras se conduce una pesquisa sobre el asunto.

López Pérez revalidó como abogado en septiembre de 1996; fue nombrado fiscal en julio de 2007 y ascendido a Fiscal Auxiliar II en julio de 2012.

El Departamento de Justicia cuenta con 90 días para realizar una investigación preliminar. Si de ésta se desprendiera la posible comisión de delito grave, correspondería un referido a la OPFEI. De no encontrar comisión de delito grave, el fiscal se expondría a sanciones administrativas y a responder por posibles infracciones a la Ley de Ética Gubernamental.aquaviva 2 oct 15

Por su parte, el Jefe de los Fiscales, José Capó, indicó que en el caso de López Pérez la Oficina de la Inspectora General del Departamento de Justicia llevará a cabo su investigación preliminar. “El fiscal fue suspendido de manera cautelar en lo que se conduce una investigación por su intervención en el caso de Lutgardo Acevedo. Una vez concluida la misma determinaremos si procede o no referirlo a la OPFEI”, señaló Capó.

López Pérez había sido miembro de la Policía de Puerto Rico, de la que fue miembro hasta 1996, cuando fue expulsado del Cuerpo. Las circunstancias de la expulsión del entonces agente López Pérez constan en el record del caso federal United States v. Juan M. Arocho González (94-376).

En el caso de su alegado vínculo con Lutgardo Acevedo, ha trascendido que tanto López Pérez como Acevedo sirvieron juntos en la Policía de Puerto Rico.

Allegados al caso de Lutgardo Acevedo alegan que en uno de los accidentes en los que se vio involucrado el notorio contable , éste llamó al fiscal López Pérez para que lo asesorara, y que éste supuestamente le dijo “que no soplara” en la prueba del aliento. No obstante, de la información que obtuvo LA CALLE Digital no surge si la supuesta “asesoría” del fiscal López se produjo el día del accidente en el que murió el guardián de seguridad Félix Babilonia.

Supuestamente, la situación motivó el traslado del fiscal López desde la Fiscalía de Aguadilla a la Fiscalía de Mayagüez.

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Justicia radica cargos contra colombiano que practicó ilegalmente la medicina en la Isla

De izquierda a derecha, Dr. Rafael Fernández Feliberty, Dr. Joel Toro, Secretario de Justicia, Secretario de Estado David Bernier, Jefe de los Fiscales José Capó, fiscal Martín Ramos Junquera y fiscal Sergio Rubio Paredes.

De izquierda a derecha, Dr. Rafael Fernández Feliberty, Dr. Joel Toro, Lcdo. César Miranda, secretario de Justicia; Dr. David Bernier, secretario de Estado; el jefe de los fiscales, José Capó; fiscal Martín Ramos Junquera y el fiscal Sergio Rubio Paredes.

SAN JUAN: El secretario del Departamento de Justicia, licenciado César Miranda, anunció el lunes la radicación de cinco cargos contra el ciudadano colombiano Carlos Ramos Corena, quien en hechos ocurridos en julio de 2014, ejerció ilegalmente la medicina, al realizar evaluaciones médicas a cinco mujeres residentes en Puerto Rico.

De las perjudicadas, tres de ellas fueron intervenidas posteriormente mediante cirugía estética por Ramos Corena, como parte del mismo viaje a Colombia que realizara Nancy Santana, puertorriqueña que falleció en Medellín tras ser operada por el imputado.

Los cargos se radicaron en ausencia. El licenciado Francisco Acevedo Padilla, quien asumió la representación legal de Ramos Corena en la Isla, no logró coordinar con su cliente su comparecencia a la vista de causa para arresto celebrada en la Sala de Investigaciones del Tribunal de San Juan, según se le había citado desde el pasado 11 de mayo.

Los cinco cargos que enfrenta Ramos Corena son por ejercer ilegalmente la medicina en Puerto Rico. Dicha práctica es regulada por el Departamento de Salud, a través de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, presidida por el doctor Rafael Fernández Feliberty, quien compareció a la conferencia de prensa ofrecida en la sede del Departamento de Justicia (DJ), para explicar el procedimiento a seguir de todo médico extranjero que desee practicar la medicina en la Isla.aquaviva ceviche 4

El secretario de Justicia expresó que la mayor preocupación de las autoridades “reside en que la realización ilegal de evaluaciones médicas es el comienzo de toda una cadena de dolor y sufrimiento de muchas puertorriqueñas a las que se le hace pensar que están en manos profesionales para realizarse cirugías y no es así. Sujetos como Ramos Corena quieren dar la impresión a sus clientas de que éstas serán atendidas responsablemente y esto no sucede pues desde el comienzo no asumen tan siquiera la responsabilidad y el deber que tienen de procurar ejercer de forma legal la medicina. Por eso para todos los efectos prácticos en Puerto Rico, Ramos Corena no es un médico, por sus actos es un delincuente”.

Los cargos fueron presentados por el fiscal Martín Ramos Junquera, adscrito a la División Contra el Crimen Organizado del DJ, bajo la supervisión del fiscal Sergio Rubio.

Ramos Cardona se expone a ser extraditado a Puerto Rico y a enfrentar estos cargos que podrían conllevar una pena mínima de dos y hasta un máximo de cinco años de cárcel, o una pena fija de tres años de reclusión.

La jueza Karen Álvarez Echeandía determinó causa en todos los cargos y fijó una fianza de $100 mil en cada cargo, para un total de $500 mil.

 

Vuelven a someter acusaciones contra Lutgardo Acevedo por la muerte de Félix Babilonia

Lutgardo Acevedo López

Lutgardo Acevedo López, acusado nuevamente por la muerte del guardia de seguridad Félix Babilonia (Archivo).

SAN JUAN: El secretario de Justicia, César Miranda, anunció el martes que se volvieron a someter acusaciones contra el convicto contador público autorizado Lutgardo Acevedo, por la muerte del guardián de seguridad Félix Babilonia, en hechos ocurridos en el 2012 en Moca. Por este caso, Acevedo fue exonerado por el hoy convicto juez Manuel Acevedo Hernández, quien recibió sobornos por parte del contable para que fallara a su favor.

Acevedo Hernández también está preso.

“Durante la mañana de hoy (martes), se condujo al señor Lutgardo Acevedo López ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, desde el MDC (Metropolitan Detention Center), lo que conocemos como la Cárcel Federal en Guaynabo, y se presentaron nuevamente los cargos de homicidio negligente, obstrucción a la justicia y se presentó un cargo por manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes”, explicó en una conferencia de prensa el jefe de los fiscales, José Capó.

En el caso de embriaguez, el mismo se presentó aunque no hubiese prueba científica, pues lo dispone la sección 7.01 de la Ley 22 de Tránsito.

Tanto Capó como el secretario Miranda dijeron estar preparados para enfrentar cualquier argumento de “doble exposición” que pueda presentar la defensa de Acevedo López.

Contra el contable Acevedo se impuso una fianza de 1 millón 500 mil dólares y la vista preliminar fue pautada para el próximo 24 de abril.

El secretario Miranda le envió un mensaje a los familiares del guardián Babilonia, asegurando que su muerte no quedará impune.

“Desde que se descubrió la falsedad de este juicio, les prometimos que investigaríamos y que someteríamos al señor Lutgardo Acevedo a un nuevo juicio en Puerto Rico. Es la forma de hacerle justicia a la memoria del señor Babilonia”, expresó Miranda.

Justicia refiere al FEI a Alcalde de Guayanilla por acoso sexual

Edgardo Arlequín, alcalde de Guayanilla (Suministrada).

Edgardo Arlequín, alcalde de Guayanilla (Suministrada).

SAN JUAN: El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, anunció lunes que emitió un referido para que el alcalde popular de Guayanilla, Edgardo Arlequín Vélez, sea investigado por la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por posiblemente haber cometido el delito de acoso sexual contra una de sus empleadas, además de haber violado la Ley de Ética Gubernamental.

En un comunicado de prensa se informó que la investigación inició luego que la perjudicada, Lumari Torres Pérez, decidiera querellarse contra el incumbente municipal en la División de Delitos Sexuales de Ponce, el pasado 18 de julio.

Según se desprende de la investigación, en junio del año 2013 Arlequín Vélez dirigió “palabras impropias, con alto contenido sexual y no deseadas contra la mujer relacionadas a un tatuaje. En ese momento el alcalde pretendió mantener en contra de su voluntad a Torres Pérez en su oficina, al cerrar la puerta con seguro”.

Asimismo, la empleada municipal indicó que en ocasiones posteriores el alcalde continuó con su conducta impropia al hacer comentarios de índole sexual, inclusive en la presencia de sus hijos.

Como resultado de estos hechos, compañeros de trabajo de la dama han indicado bajo juramento que desde los incidentes esta se ha tornado triste, nerviosa y con falta de concentración.

Tras verse afectada en su aspecto laboral y emocional, Torres Pérez ha recibido tratamiento privado y en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

A base de la evidencia documental y testifical existente, la investigación concluyó que Edgardo Arlequín Vélez pudo haber violado el Artículo 135 del Código Penal, correspondiente al delito de acoso sexual. A su vez, pudo haber incurrido en violación al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, que tipifica como delito grave con pena fija de cuatro años de cárcel el que un servidor público use los deberes y facultades de su cargo para obtener, directa o indirectamente, para él o para persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley.

La investigación fue realizada por el fiscal Edwin Ortiz Rivera de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor de Justicia.

Tribunal valida posición del Obispo de Arecibo y deja sin efecto orden emitida por Justicia

Monseñor Daniel Fernandez, Obispo de la Diócesis de Arecibo de la Iglesia Católica (Archivo).

Monseñor Daniel Fernandez Torres, Obispo de la Diócesis de Arecibo de la Iglesia Católica (Archivo).

ARECIBO: El Obispo de la Diócesis de Arecibo, Daniel Fernández Torres, expresó sentirse satisfecho, luego de que el Tribunal validara la posición de las alegadas víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes, que en todo momento solicitaron a la Iglesia mantenerlos en anonimato y poder ejercer libremente su fe católica.

Las declaraciones del Obispo surgen luego de que el juez Ángel R. Pagán Ocasio dejó sin efecto la orden emitida por la Fiscalía de Arecibo para que la Diócesis de Arecibo revelara los nombres y documentos de las alegadas víctimas de exsacerdotes que solicitaron a la Iglesia mantenerse bajo confidencialidad.

Según la sentencia, con la que el juez Pagán ordena cerrar el caso, el Tribunal sólo identificó una presunta víctima menor de edad al momento de recibirse la querella, cuya información ya estaba en manos de las autoridades al recibirse la querella en el Obispado. Mientras, que sólo uno de los querellantes no objetó la entrega de su declaración al Departamento de Justicia.

El licenciado Frank Torres Viada, abogado de la Diócesis de Arecibo, explicó en un comunicado de prensa que luego de evaluar en privado todos los documentos en posesión de la Diócesis, el magistrado determinó que sólo uno de los querellantes era menor de edad al momento de presentar su querella.  A pesar de que los datos de este querellante ya estaban en posesión de la Fiscalía, el juez Pagán determinó que la Diócesis volviera a entregar los mismos.

En cuanto a los querellantes adultos al momento de los hechos y quienes solicitaron mantenerse en anonimato, el Tribunal resolvió que no procedía la entrega de sus datos y documentos y dejó sin efecto las órdenes emitidas por el Departamento de Justicia.

“El Tribunal ordenó lo que desde un principio la Diócesis le propuso.  Nuestra propuesta en todo momento fue entregar la información al Juez para que éste evaluara qué procedía y ameritaba suministrar a Justicia sin afectar la confidencialidad solicitada por los querellantes a la Iglesia y a la vez colaborar con las autoridades”, indicó Torres Viada.

Se recordó que tras su llegada a la Diócesis, el obispo Fernández Torres instituyó una política de cero tolerancia contra el abuso.

La actual sentencia del juez Pagán Ocasio surge luego de que el Tribunal Supremo reconoció el derecho a la protección de la intimidad de las víctimas adultas y su derecho a la libertad religiosa, al tratarse de una información que adultos compartieron a la autoridad religiosa en cuestión, con una expectativa de confidencialidad.