Alcalde de Mayagüez asegura que referido al FEI “es el primer round”

MAYAGÜEZ: El alcalde José Guillermo Rodríguez, quien, junto a la directora de Finanzas del Municipio de Mayagüez, Yahaira M. Valentín Andrades, fue referido a un Fiscal Especial Independiente por las actuaciones de ambos en el desempeño de sus funciones en el Municipio y en la corporación Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), dijo esta noche que esperaba el referido del Departamento de Justicia.

“Le anticipé a mi familia y al caucus de la Legislatura Municipal, con los que me reuní hace varias semanas, de la gran posibilidad de esta determinación, que se hizo pública en el día de hoy”, indicó el alcalde Rodríguez en declaraciones escritas.

El secretario Domingo Emanuelli Hernández acogió la recomendación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, y envió hoy a la OPFEI un informe de 188 páginas sobre la investigación preliminar realizada en la agencia, que concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde, en concierto y común acuerdo con la gerente de Finanzas del municipio, llevaron a cabo acciones que podrían constituir incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.

En su comunicado, el alcalde Rodríguez intentó equiparar su caso con el de otros alcaldes y exalcaldes de la Isla, mencionando entre otros al difunto exalcalde de Humacao, Marcelo Trujillo Panisse; Joe Román (San Lorenzo), Luis Javier Hernández Ortiz (Villalba), Heriberto Vélez (Quebradillas) y Charlie Delgado (Isabela).

“Este es el primer “round” de un largo e injusto proceso que vamos a enfrentar, junto a la gerente de Finanzas, quien es una de las funcionarias de mayor honestidad e integridad que he conocido en mi vida pública”, enfatizó el alcalde mayagüezano.

El secretario Emanuelli Hernández, dijo que Rodríguez y Valentín Andrades se exponen a cargos por violaciones al artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, y también podrían enfrentar acusaciones por violar los artículos 262 y 264 del Código Penal de Puerto Rico del 2012.

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De la investigación surgió que, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez. Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.

Además, la investigación demuestra que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio. Esto, a su vez, ha provocado gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores. El uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrarios a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del Municipio.

El secretario de Justicia también acogió la recomendación de la DIPAC de referir para la consideración de la OPFEI la presentación de un informe preliminar a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD). Dicha unidad, adscrita a la OPFEI, tiene el deber de recomendar al Panel el curso de acción a seguir en torno a los procesos disciplinarios contra alcaldes y alcaldesas, lo que pudiera culminar en su suspensión o destitución, conforme al Artículo 14 de la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Como parte de la investigación, que contó con la colaboración de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, se solicitaron y expidieron órdenes de allanamiento a oficinas municipales, a una de las casas del alcalde también utilizada como oficina, cuentas bancarias, teléfonos celulares y cuentas de correo electrónico.

Las órdenes de allanamiento fueron diligenciadas por los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales junto a personal del Instituto de Ciencias Forenses. Además, se entrevistó y tomó declaración jurada a 30 testigos aproximadamente, y se examinaron cientos de documentos.

Acusan por explotación financiera a dueño de hogar de ancianos en Isabela y a empleados del Departamento de la Familia en Aguadilla

AGUADILLA: El Departamento de Justicia radicó cargos contra dos funcionarios del Departamento de la Familia y el administrador de una institución de cuidado de larga duración por explotación financiera de personas de edad avanzada y fraude, entre otros.

Según Luis Freire Borges, director ejecutivo de la Unidad de Control de Fraude al Medicare (MFCU, por sus siglas en ingles), la investigación surge como producto de un referido del Departamento de la Familia a la MFCU. De esta, se desprende un patrón de explotación financiera y maltrato institucional contra una persona de edad avanzada en un establecimiento de cuidado de larga duración.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, explicó que los eventos ocurrieron entre octubre de 2015 al 26 de junio de 2019, mientras Johnny Pitre Acevedo era operador y/o administrador del Hogar Mi Pequeño Paraíso de Isabela.

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Se alega que este manejó ilegalmente los beneficios de Seguro Social de la víctima, de edad avanzada, durante treinta y nueve meses.  Como consecuencia, logró apropiarse de $87,112, producto de los beneficios federales destinados a la septuagenaria, a través de la Corporación Mi Pequeño Paraíso.

Emanuelli agregó que Nereida Rivera Feliciano, supervisora local de Isabela y Ernesto Tavárez Ramos, director regional Aguadilla, ambos funcionarios del Departamento de la Familia para entonces, obviaron los procesos, reglamentos y órdenes de la agencia. Como producto de ello, beneficiaron Pitre Acevedo.

La jefa de los fiscales, Melissa Vázquez Sandoval indicó que, a Pitre Acevedo se le radicaron cargos por explotación financiera de personas de edad avanzada, negligencia en el cuidado de personas de edad avanzada e incapacitados, posesión y traspaso de documentos falsos, intervención indebida, fraude y archivo de documentos falsos.

En cuanto a los funcionarios del Departamento de la Familia, la jefa de los Fiscales señaló que Tavárez Ramos enfrenta cargos por intervención; y Rivera Feliciano por falsificación de documentos, perjurio, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos, intervención indebida y fraude. La investigación estuvo a cargo de las fiscales Janice Maymí Camacho y Brenda Rosado Aponte, junto a los agentes Gricel García Gregory, del MFCU; y el agente Aneudi Mercado Cortés, de la División de Propiedad de la Policía de Aguadilla.

En manos del Secretario de Justicia referido para investigar presuntas declaraciones juradas falsas en contienda electoral por la alcaldía de Aguadilla

AGUADILLA: El secretario de Justicia Domingo Emanuelli tiene ante su consideración el referido para investigar a las personas que en declaraciones juradas dijeron que habían visto más de 50 papeletas municipales mixtas votadas, según ellos en contra de la ley, durante el recuento de la papeleta municipal en Aguadilla.

Estas declaraciones fueron la base para que el Tribunal Apelativo ordenara el recuento manual de la elección para el cargo de alcalde de esta ciudad del Noroeste, según lo informó el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz Maldonado.

“El secretario Emanuelli tiene en sus manos la misiva cursada por este servidor en la cual se le solicita se investigue lo ocurrido en Aguadilla.  Debemos recordar que al menos cuatro personas en declaraciones juradas expresaron haber visto alrededor de 50 papeletas municipales votadas mixtas, lo cual provocó que el Tribunal Apelativo acogiera el recurso sometido por la excandidata del PNP a la alcaldía, Yanitzia Irizarry. Entre las personas que presentaron las declaraciones se encuentra la propia candidata quien es abogada y conoce la consecuencia de mentir bajo juramento e inducir a error a un Tribunal”, informó Cruz.

El pasado 27 de febrero, el personal de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por orden del Tribunal Apelativo, llevó a cabo un recuento manual del Precinto 35, para validar la existencia de las presuntas papeletas municipales votadas mixtas. 

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Como cuestión de hecho, desde el 9 de diciembre cuando el actual alcalde Julio Roldán fue certificado como alcalde electo, el personal de la Oficina del Comisionado Electoral del PPD, insistió en que este tipo de voto era poco común, particularmente en la papeleta municipal y que, en el caso específico de Aguadilla, se carecía de información en las Actas de Incidencias de que hubiese la cantidad de papeletas que alegaba que existía la exalcaldesa y otros funcionarios electorales del PNP.

Estos posteriormente sometieron las declaraciones juradas lo que provocó el recuento manual.

“La candidata del PNP y sus funcionarios electorales mintieron y engañaron al Tribunal. Esta acción no puede quedar impune. Por esto el llamado al designado secretario de Justicia para que investigue lo ocurrido y haga valer el peso de la ley. Permitir este tipo de conducta, sin que tenga consecuencias, abre una puerta peligrosa para futuras contiendas cerradas”, finalizó Cruz. 

El resultado del recuento revalidó la victoria del alcalde popular.  En diciembre, el alcalde Roldán fue certificado por 40 votos de ventaja.  Preliminarmente el incumbente municipal podrá ser certificado por sobre 50 votos de ventaja, según se supo.

Alcalde de Aguadilla solicita investigación del Departamento de Justicia por perjurio contra los que promovieron los recuentos

AGUADILLA: El alcalde Julio Roldán le solicitó el lunes al designado secretario de Justicia Domingo Emanuelli que comience una investigación criminal por perjurio contra los implicados en presuntamente prestar falso juramento; luego de que los querellados afirmaron que existían 50 papeletas ilegalmente votadas con votos mixtos.

En un comunicado de prensa se informó que los señalados en la querella realizada por el alcalde Roldán son la exalcaldesa Yanitsia Irizarry, Edwin Mundo, Jessica Colón, Nanette Laguer, José Luis Castro y Saira Rosa.

Estos últimos cuatro fueron los funcionarios que la exalcaldesa aseguró vieron las 50 papeletas municipales mixtas, que en el recuento celebrado el pasado sábado, 27 de febrero, se demostró que no existían.

“El pasado sábado, se demostró que la demanda de la exalcaldesa se basó en declaraciones juradas estereotipadas, sin base ni fundamento en las actas de votación.  Los querellados fueron exitosos en inducir a error al Tribunal de Apelaciones lo que provocó que se malgastaran recursos públicos en la Rama Judicial y en la Comisión Estatal de Elecciones”, explicó Roldán en su carta.

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“Tanto Jessica Colón, Nanette Laguer, José Luis Castro y Saira Rosa realizaron cuatro declaraciones juradas que decían exactamente lo mismo; que existían más de 50 papeletas erróneamente adjudicadas por la máquina las cuales estaban en violación de la Ley Electoral. Estas vagas y falsas declaraciones fueron evidencia suficiente para que el Tribunal de Apelaciones solicitara un recuento manual.  Sin duda alguna, el haber hecho a consciencia falsas declaraciones es un acto criminal que no dejaremos pasar y los implicados deberán enfrentarse a las consecuencias por sus improcedentes actos”, añadió el incumbente municipal aguadillano.

Aparte de los señalamientos en contra de los cuatro funcionarios, en su carta Roldan solicita que se investigue si la licenciada Irizarry Méndez “incurrió en faltas éticas como abogada licenciada, ya que los cánones de ética que rigen la profesión prohíben que los abogados abusen y malgasten los limitados fondos de la Rama Judicial.  Sin duda alguna su participación en una farsa que constituyó un peligroso precedente en la historia electoral de Puerto Rico, siendo ella una abogada, debe ser investigada y llegar a sus últimas consecuencias, ya que son acciones repudiables con consecuencias serias”, indicó.

Roldan finalizó diciendo que la querella incluye además al asesor electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo, por plasmar de igual manera una declaración jurada asegurando que “todo lo declarado es la verdad y nada más que la verdad”.

Alcalde electo de Maricao asegura que demanda radicada por Justicia contra alcalde saliente Gilberto Pérez Valentín por chavos que cobró de más confirma sus denuncias

MARICAO: El alcalde electo Wilfredo «Juni» Ruiz, reaccionó a una demanda radicada por el Departamento de Justicia contra el saliente alcalde Gilberto Pérez Valentín para que devuelva el dinero cobrado de más en salarios y beneficios.

«La demanda que el Departamento de Justicia ha radicado contra el saliente alcalde es parte de las denuncias que hicimos en reiteradas ocasiones, como un terrible ejemplo del daño que el continuismo político le ha hecho a nuestro humilde pueblo de Maricao. La demanda especifica que Pérez Valentín debe devolver $80,635.57 que recibió de más en sueldos y beneficios y otros $213,600 que ha recibido en exceso por concepto de pensión. Estas cantidades están basadas en la porción de $3,000 mensuales que constituyen el aumento de sueldo ilegal», declaró el alcalde electo Ruiz en un comunicado de prensa.

El nuevo alcalde añadió que mientras dicha demanda sigue el curso de rigor, aún se encuentra en el proceso de transición en el Municipio.

«Oportunamente informaremos al pueblo de todos los hallazgos. A partir de enero, Maricao tendrá una administración municipal honesta, seria y transparente. Ese es mi compromiso como nuevo alcalde», señaló Ruiz.

Pérez Valentín, del Partido Nuevo Progresista (PNP) y quien ocupó la silla municipal durante 28 años, perdió las elecciones del 3 de noviembre ante Ruiz, candidato del Partido Popular Democrático (PPD), en votación 1,463 a 1,316. Un tercer candidato, Porfirio Cuba Torres obtuvo 15 votos, representando al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Suspendido de empleo y sueldo fiscal que atendió el caso de violencia doméstica del que fue víctima Lourdes del Carmen

REDACCIÓN: La Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, ordenó esta tarde la suspensión inmediata de empleo y sueldo del fiscal Diego Velázquez Fas, hasta tanto se concluya un proceso disciplinario administrativo que se inició con relación a los hechos del caso de Lourdes del Carmen Cuevas Natal.

Cuevas Natal fue asesinada el sábado por su pareja, con quien había tenido un incidente de violencia doméstica, y que el fiscal Velázquez citó para esta semana en la Fiscalía de Mayagüez, a pesar de la gravedad del caso.

La titular de Justicia tomó la determinación tras evaluar detenidamente esta tarde un informe preliminar que solicitó ayer sobre el proceder del fiscal Velázquez Fas en la investigación del caso contra Javier José Acevedo Rodríguez, quien el miércoles, 5 de junio, fue detenido luego de un incidente con su expareja ocurrido en Lajas.

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“En virtud de la facultad que me confiere la Ley 205-2004, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, según enmendada, a los fines de planificar, dirigir y supervisar el funcionamiento de la Agencia, he determinado como medida cautelar suspenderlo de empleo y sueldo”, notificó Vázquez Garced en una misiva al Fiscal Auxiliar I nombrado en diciembre de 2014.

“Una vez concluido el proceso, de resultar adverso, se emitirá un informe a la entidad nominadora, que en este caso es el Gobernador de Puerto Rico. De igual forma, de haber incurrido en conducta antiética o negligente, el fiscal podría exponerse a un referido a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente dentro del término que establece la ley”, aseguró la Secretaria de Justicia.

En un comunicado de prensa se indicó que el Departamento de Justicia es muy riguroso en la atención de los casos de violencia doméstica. Los fiscales conocen los protocolos y órdenes administrativas aplicables al manejo de estos casos por lo que no vamos a tolerar liberalidad en la atención de los mismos. La Secretaria de Justicia reiteró su rigurosidad y compromiso con la aplicación de la Ley 54.

Investigadores que se investigan

Por: Iván Vargas Muñiz, líder sindical del Oeste

La pasada semana nos enteramos, y ¡de qué manera!, que todos los funcionarios encargados de velar por que se cumplan las leyes y evitar la corrupción en el gobierno están inmersos en situaciones escandalosas.

La secretaria de Justicia, la licenciada Wanda Vázquez, y la presidenta de la Oficina Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), la licenciada Nydia Cotto Vives, están siendo investigadas por la Oficina de Ética Gubernamental. Pero además, las primeras dos funcionarias, se están investigando una a la otra y para colmo, Justicia investiga al Senado y este último investiga a la Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos.

En fin, investigadores que se investigan.

Alguien pudiera decir que esto es una historia sacada de un libro de cuentos, o de una telenovela, pero no lo es. Esto es en vivo y a todo color en el propio gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, lo que no debemos hacer es tomar esto como un chiste, o simplemente no darle la importancia que realmente tiene. Esto, señoras y señores, es un escándalo de grandes proporciones jamás antes visto.

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Se le imputan a la Secretaria de Justicia violaciones éticas con relación a un proceso que llevaba el Departamento contra una persona que robó en la residencia de su hija. La propia secretaria admitió estar presente en una reunión de los fiscales del caso. Esto muy bien pudiera provocar, incluso, que el hoy convicto pida un nuevo juicio y la anulación de su sentencia por conflictos de interés. Esto es un ángulo que no ha sido discutido públicamente.

A la presidenta de la OPFEI, la investiga Ética porqué alegadamente incurrió en un posible conflicto de interés mientras ejercía como asesora legal de ADSEF, al tiempo que ejercía como presidenta de OPFEI. De hecho, la licenciada Wanda Vázquez indicó que la investigación de la Oficina del Panel del FEI ocurre porque ella destituyó del puesto a la directora de dicha oficina, algo que Cotto Vives desmintió mostrando la carta de renuncia.

En el caso de Vázquez, lo más increíble fue su reacción al conocer que era investigada, ya que se fue a algunos medios de prensa, como si fuera una líder política en plena campaña contra una adversaria de otro partido, a despotricar contra Cotto Vives y a tildar la investigación como una ocurrida por revanchismo, por supuestamente Vázquez haber destituido a Nydia Cotto de ADSEF.

Al Senado lo investigan por supuestos empleados fantasmas y a la Comisionada Electoral del PNP por la contratación de su hijo en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Sin embargo, estos no son los únicos escándalos que involucran a estas instituciones. Tenemos la situación con los vagones perdidos, las miles de paletas de agua abandonadas en la antigua base naval Roosevelt Roads, que Justicia se ha negado a investigar y el escándalo del “chat de Whatsapp”, donde encontraron causa solo contra el exjuez Ramos y exonerando prácticamente a todos los demás involucrados en el mismo.

Así las cosas, ya no nos queda ninguna institución de este país en la que podamos confiar, mucho menos en las que vienen obligadas a velar por las leyes de este país.

Contraloría refiere a compradora del Municipio de Ponce a Justicia y a Ética por alegado favoritismo en el pago de más de medio millón a suplidor que le vendía neveras y enseres

PONCE: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Ponce relacionadas con las compras y los desembolsos. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El Informe revela favoritismo por parte de la compradora del Municipio hacia un proveedor en particular. Del 2009 al 2012 se realizaron 524 órdenes de compra por $517,107 a favor de un proveedor de muebles y enseres electrodomésticos para el hogar.

Nuestros auditores detectaron en las cotizaciones de siete proveedores que no fueron favorecidos, se les había escrito con tinta de otro color en el documento original, las siglas COD (“Cash on Delivery”) en frases como: Se exige pago COD, Cash Pago COD o Requiere Pago COD.

Un perito examinador de documentos del Instituto de Ciencias Forenses concluyó que la compradora fue la autora de las cotizaciones examinadas.

Esta situación se refirió a la Secretaria de Justicia y a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental el 18 de mayo.

Al respecto se pudo haber configurado los delitos de intervención indebida en las operaciones gubernamentales y perjurio tipificados en la Ley 149-2004 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendado y en la Ley 1-2012 de la Ley de Ética Gubernamental.

La auditoría de un hallazgo señala que las cotizaciones eran suministradas por los mismos ciudadanos que acudían a solicitar ayuda al Departamento de Servicios al Ciudadano. Los técnicos que recibían a los ciudadanos indicaron que las cotizaciones recibidas no tenían las siglas añadidas de COD y los proveedores entrevistados indicaron que no escribieron las siglas, ya que siempre estuvieron dispuestos a ofrecerle crédito al Municipio.

Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, las cotizaciones presentadas por los proveedores, no contenían el nombre, título ni la firma del funcionario o empleado que recibió, aceptó y adjudicó las mismas. Además, la compradora realizaba funciones conflictivas como firmar las requisiciones de compras, evaluar las cotizaciones, adjudicar las compras y, recibir y entregar los cheques de pago.

El informe cubre el periodo del 12 de enero de 2009 al 30 de junio de 2014, y es el sexto y último informe de las auditorías realizadas al Municipio de Ponce.

Mientras tanto, en un comunicado de prensa, la alcaldesa María Eloísa “Mayita” Meléndez Altieri reaccionó al informe, asegurando que su administración “es una de transparencia y aquel que incumpla será responsable y deberá afrontar las consecuencias de sus actos”.

En el parte, la incumbente municipal dijo que desde que tuvo conocimiento del asunto, “el Municipio Autónomo de Ponce tomó las medidas correctivas correspondientes, incluyendo, entre otras, la suspensión sumaria de la empleada señalada el pasado 14 de agosto. Asimismo, confirmó que previamente cursó comunicación escrita al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental expresando la disponibilidad del municipio para cooperar en el proceso de investigación que le fuera referido por el Contralor”.

Como cuestión de hecho, la reacción de la alcaldesa ponceña se produjo antes que la publicación del informe por la Contraloría.

 

“De show” el Porsche del exsecretario de Justicia y el Mercedes que “regateaban” por la Baldorioty (Fotos)

CAROLINA: En el estacionamiento de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina permanecían el domingo, los dos lujosos vehículos que presuntamente “regateaban” por el expreso Baldorioty de Castro, y que la Policía asegura en su informe que uno de los dos carros era conducido por el exsecretario de Justicia Guillermo Somoza Colombani.

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El Porsche gris de Somoza y el Mercedes Benz blanco de un ciudadano identificado como José R. Moreno, fueron incautados por los agentes de Patrullas de Carreteras, durante la intervención efectuada el domingo.

Las fotos de los automóviles ya estaban pasando de «teléfono en teléfono».

La Policía informó que Somoza conducía un Porsche por el expreso Baldorioty de Castro y que presuntamente regateaba con un Mercedes Benz. Al llegar a la autopista Sánchez Vilella (Ruta 66), en Carolina, fue intervenido y los agentes ocuparon el automóvil deportivo por el supuesto regateo.

El Mercedes de Moreno también fue incautado.

Por su parte, Somoza negó que estuviera regateando y alegó que iba a una actividad en compañía de su hijo.

Informes de prensa (El Vocero) indican que Somoza no descartó que “en algún momento estuviera sobre el límite de la velocidad”.

Somoza y Moreno fueron citados para el 6 de septiembre.

Informe del Contralor destapa esquema de corrupción de la pasada “plana mayor” de la UPR de Arecibo (Documentos)

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ARECIBO: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo.

El Informe revela que funcionarios de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y empleados de los hoteles en donde se llevaron a cabo siete talleres de educación continua, se pusieron de acuerdo para ocultar gastos incidentales e indebidos por $35,603.

Enlace al informe

Los auditores desvelaron un esquema de apropiación de fondos públicos y gastos extravagantes y excesivos en bebidas alcohólicas, ropa, perfumes, servicios de spa e incluso gastos de estadía en fechas anteriores y posteriores a los talleres. En el esquema, los funcionarios solicitaban a los empleados de los hoteles que alteraran las facturas y los justificantes.

Hormiga Ardiente cuerito

Esta situación se refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el 30 de septiembre de 2016. El 25 de mayo de 2017 los fiscales de la Oficina del Fiscal Especial Independiente radicaron 63 cargos contra el entonces rector de la UPR-Arecibo y su hijo, la coordinadora del proyecto CRECE 21, la ayudante especial del entonces presidente de la UPR y el entonces rector de la UPR-Cayey.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra todos los acusados por apropiación ilegal agravada, aprovechamiento ilícito, malversación de fondos públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. El 28 de marzo del 2018 una jueza determinó causa para juicio y los procedimientos continúan ante el Tribunal.

Con respecto a esta situación, el Informe comenta que las facturas alteradas por los empleados de los hoteles, fueron certificadas por el coordinador de Cuentas por Cobrar del hotel A y el gerente de Crédito del Hotel C. Además, a petición de la coordinadora del proyecto CRECE 21, se prepararon certificaciones de no consumo de bebidas alcohólicas, a sabiendas de que esto no era cierto.

Alo & John Verano

En otras actividades celebradas en el Hotel C, se identificaron gastos innecesarios, extravagantes, excesivos e ilegales de compras en los restaurantes, barras y convenience store que ascendieron a $3,828.71. Estos gastos se cargaron a las habitaciones asignadas a la directora del Proyecto CRECE 21 quien solicitó al gerente de Crédito del Hotel que transfiriera los gastos incidentales al master folio de la actividad y los nombres de algunos huéspedes se sustituyeron por UPR-Staff.

La auditoría de dos hallazgos señala que los funcionarios de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) de la UPR-Arecibo, no se aseguraron de que los maestros que tomaron los adiestramientos, cumplían con los requisitos estipulados en el contrato entre la UPR-Arecibo y el Departamento de Educación (DE).

Por eso el DE no le pagó a la UPR-Arecibo $695,952 de los $1.5 millones facturados. Por ejemplo, en un taller que se impartió a 100 maestros de kínder, 27 de ellos no cualificaban, y en un taller a 100 maestros sobre la enseñanza de la lengua materna, 63 de ellos no cualificaban. No obstante, la UPR-Arecibo pagó por los gastos incurridos de hospedaje, comida, estacionamiento, materiales y los facilitadores.

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