Investigadores que se investigan

Por: Iván Vargas Muñiz, líder sindical del Oeste

La pasada semana nos enteramos, y ¡de qué manera!, que todos los funcionarios encargados de velar por que se cumplan las leyes y evitar la corrupción en el gobierno están inmersos en situaciones escandalosas.

La secretaria de Justicia, la licenciada Wanda Vázquez, y la presidenta de la Oficina Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), la licenciada Nydia Cotto Vives, están siendo investigadas por la Oficina de Ética Gubernamental. Pero además, las primeras dos funcionarias, se están investigando una a la otra y para colmo, Justicia investiga al Senado y este último investiga a la Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos.

En fin, investigadores que se investigan.

Alguien pudiera decir que esto es una historia sacada de un libro de cuentos, o de una telenovela, pero no lo es. Esto es en vivo y a todo color en el propio gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, lo que no debemos hacer es tomar esto como un chiste, o simplemente no darle la importancia que realmente tiene. Esto, señoras y señores, es un escándalo de grandes proporciones jamás antes visto.

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Se le imputan a la Secretaria de Justicia violaciones éticas con relación a un proceso que llevaba el Departamento contra una persona que robó en la residencia de su hija. La propia secretaria admitió estar presente en una reunión de los fiscales del caso. Esto muy bien pudiera provocar, incluso, que el hoy convicto pida un nuevo juicio y la anulación de su sentencia por conflictos de interés. Esto es un ángulo que no ha sido discutido públicamente.

A la presidenta de la OPFEI, la investiga Ética porqué alegadamente incurrió en un posible conflicto de interés mientras ejercía como asesora legal de ADSEF, al tiempo que ejercía como presidenta de OPFEI. De hecho, la licenciada Wanda Vázquez indicó que la investigación de la Oficina del Panel del FEI ocurre porque ella destituyó del puesto a la directora de dicha oficina, algo que Cotto Vives desmintió mostrando la carta de renuncia.

En el caso de Vázquez, lo más increíble fue su reacción al conocer que era investigada, ya que se fue a algunos medios de prensa, como si fuera una líder política en plena campaña contra una adversaria de otro partido, a despotricar contra Cotto Vives y a tildar la investigación como una ocurrida por revanchismo, por supuestamente Vázquez haber destituido a Nydia Cotto de ADSEF.

Al Senado lo investigan por supuestos empleados fantasmas y a la Comisionada Electoral del PNP por la contratación de su hijo en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Sin embargo, estos no son los únicos escándalos que involucran a estas instituciones. Tenemos la situación con los vagones perdidos, las miles de paletas de agua abandonadas en la antigua base naval Roosevelt Roads, que Justicia se ha negado a investigar y el escándalo del “chat de Whatsapp”, donde encontraron causa solo contra el exjuez Ramos y exonerando prácticamente a todos los demás involucrados en el mismo.

Así las cosas, ya no nos queda ninguna institución de este país en la que podamos confiar, mucho menos en las que vienen obligadas a velar por las leyes de este país.

Contraloría refiere a compradora del Municipio de Ponce a Justicia y a Ética por alegado favoritismo en el pago de más de medio millón a suplidor que le vendía neveras y enseres

PONCE: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Ponce relacionadas con las compras y los desembolsos. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El Informe revela favoritismo por parte de la compradora del Municipio hacia un proveedor en particular. Del 2009 al 2012 se realizaron 524 órdenes de compra por $517,107 a favor de un proveedor de muebles y enseres electrodomésticos para el hogar.

Nuestros auditores detectaron en las cotizaciones de siete proveedores que no fueron favorecidos, se les había escrito con tinta de otro color en el documento original, las siglas COD (“Cash on Delivery”) en frases como: Se exige pago COD, Cash Pago COD o Requiere Pago COD.

Un perito examinador de documentos del Instituto de Ciencias Forenses concluyó que la compradora fue la autora de las cotizaciones examinadas.

Esta situación se refirió a la Secretaria de Justicia y a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental el 18 de mayo.

Al respecto se pudo haber configurado los delitos de intervención indebida en las operaciones gubernamentales y perjurio tipificados en la Ley 149-2004 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendado y en la Ley 1-2012 de la Ley de Ética Gubernamental.

La auditoría de un hallazgo señala que las cotizaciones eran suministradas por los mismos ciudadanos que acudían a solicitar ayuda al Departamento de Servicios al Ciudadano. Los técnicos que recibían a los ciudadanos indicaron que las cotizaciones recibidas no tenían las siglas añadidas de COD y los proveedores entrevistados indicaron que no escribieron las siglas, ya que siempre estuvieron dispuestos a ofrecerle crédito al Municipio.

Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, las cotizaciones presentadas por los proveedores, no contenían el nombre, título ni la firma del funcionario o empleado que recibió, aceptó y adjudicó las mismas. Además, la compradora realizaba funciones conflictivas como firmar las requisiciones de compras, evaluar las cotizaciones, adjudicar las compras y, recibir y entregar los cheques de pago.

El informe cubre el periodo del 12 de enero de 2009 al 30 de junio de 2014, y es el sexto y último informe de las auditorías realizadas al Municipio de Ponce.

Mientras tanto, en un comunicado de prensa, la alcaldesa María Eloísa “Mayita” Meléndez Altieri reaccionó al informe, asegurando que su administración “es una de transparencia y aquel que incumpla será responsable y deberá afrontar las consecuencias de sus actos”.

En el parte, la incumbente municipal dijo que desde que tuvo conocimiento del asunto, “el Municipio Autónomo de Ponce tomó las medidas correctivas correspondientes, incluyendo, entre otras, la suspensión sumaria de la empleada señalada el pasado 14 de agosto. Asimismo, confirmó que previamente cursó comunicación escrita al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental expresando la disponibilidad del municipio para cooperar en el proceso de investigación que le fuera referido por el Contralor”.

Como cuestión de hecho, la reacción de la alcaldesa ponceña se produjo antes que la publicación del informe por la Contraloría.

 

“De show” el Porsche del exsecretario de Justicia y el Mercedes que “regateaban” por la Baldorioty (Fotos)

CAROLINA: En el estacionamiento de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina permanecían el domingo, los dos lujosos vehículos que presuntamente “regateaban” por el expreso Baldorioty de Castro, y que la Policía asegura en su informe que uno de los dos carros era conducido por el exsecretario de Justicia Guillermo Somoza Colombani.

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El Porsche gris de Somoza y el Mercedes Benz blanco de un ciudadano identificado como José R. Moreno, fueron incautados por los agentes de Patrullas de Carreteras, durante la intervención efectuada el domingo.

Las fotos de los automóviles ya estaban pasando de “teléfono en teléfono”.

La Policía informó que Somoza conducía un Porsche por el expreso Baldorioty de Castro y que presuntamente regateaba con un Mercedes Benz. Al llegar a la autopista Sánchez Vilella (Ruta 66), en Carolina, fue intervenido y los agentes ocuparon el automóvil deportivo por el supuesto regateo.

El Mercedes de Moreno también fue incautado.

Por su parte, Somoza negó que estuviera regateando y alegó que iba a una actividad en compañía de su hijo.

Informes de prensa (El Vocero) indican que Somoza no descartó que “en algún momento estuviera sobre el límite de la velocidad”.

Somoza y Moreno fueron citados para el 6 de septiembre.

Informe del Contralor destapa esquema de corrupción de la pasada “plana mayor” de la UPR de Arecibo (Documentos)

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ARECIBO: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo.

El Informe revela que funcionarios de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y empleados de los hoteles en donde se llevaron a cabo siete talleres de educación continua, se pusieron de acuerdo para ocultar gastos incidentales e indebidos por $35,603.

Enlace al informe

Los auditores desvelaron un esquema de apropiación de fondos públicos y gastos extravagantes y excesivos en bebidas alcohólicas, ropa, perfumes, servicios de spa e incluso gastos de estadía en fechas anteriores y posteriores a los talleres. En el esquema, los funcionarios solicitaban a los empleados de los hoteles que alteraran las facturas y los justificantes.

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Esta situación se refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el 30 de septiembre de 2016. El 25 de mayo de 2017 los fiscales de la Oficina del Fiscal Especial Independiente radicaron 63 cargos contra el entonces rector de la UPR-Arecibo y su hijo, la coordinadora del proyecto CRECE 21, la ayudante especial del entonces presidente de la UPR y el entonces rector de la UPR-Cayey.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra todos los acusados por apropiación ilegal agravada, aprovechamiento ilícito, malversación de fondos públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. El 28 de marzo del 2018 una jueza determinó causa para juicio y los procedimientos continúan ante el Tribunal.

Con respecto a esta situación, el Informe comenta que las facturas alteradas por los empleados de los hoteles, fueron certificadas por el coordinador de Cuentas por Cobrar del hotel A y el gerente de Crédito del Hotel C. Además, a petición de la coordinadora del proyecto CRECE 21, se prepararon certificaciones de no consumo de bebidas alcohólicas, a sabiendas de que esto no era cierto.

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En otras actividades celebradas en el Hotel C, se identificaron gastos innecesarios, extravagantes, excesivos e ilegales de compras en los restaurantes, barras y convenience store que ascendieron a $3,828.71. Estos gastos se cargaron a las habitaciones asignadas a la directora del Proyecto CRECE 21 quien solicitó al gerente de Crédito del Hotel que transfiriera los gastos incidentales al master folio de la actividad y los nombres de algunos huéspedes se sustituyeron por UPR-Staff.

La auditoría de dos hallazgos señala que los funcionarios de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) de la UPR-Arecibo, no se aseguraron de que los maestros que tomaron los adiestramientos, cumplían con los requisitos estipulados en el contrato entre la UPR-Arecibo y el Departamento de Educación (DE).

Por eso el DE no le pagó a la UPR-Arecibo $695,952 de los $1.5 millones facturados. Por ejemplo, en un taller que se impartió a 100 maestros de kínder, 27 de ellos no cualificaban, y en un taller a 100 maestros sobre la enseñanza de la lengua materna, 63 de ellos no cualificaban. No obstante, la UPR-Arecibo pagó por los gastos incurridos de hospedaje, comida, estacionamiento, materiales y los facilitadores.

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Denuncian sujetos que se dedican a extorsionar mujeres exigiéndoles fotos desnudas por Facebook

Captura de pantalla de un mensaje enviado a una joven residente en San Germán (Suministrada).

Captura de pantalla de un mensaje enviado a una joven residente en San Germán (Suministrada).

MAYAGÜEZ: Una residente de San Germán se quejó el jueves en la tarde de cómo un sujeto usando el mensajero privado de la red social Facebook, intentó extorsionar a una prima suya exigiéndole que le enviara fotos desnuda, a cambio de “no etiquetarla” en una foto que alegaba tener de ella “casi desnuda”.

“Oye, tengo una foto donde estás casi desnuda. Si no quieres que te la etiquete, mándame 4 fotos de ti desnuda. Después de que me las mandes, ya olvidaras todo esto. Ya no sabrás de mí”, le escribió en un primer mensaje.

Acto seguido, le envió otro mensaje en que le decía “Si me bloqueas, se la mando a todos tus amigos”.

Y terminó diciéndole en un tercer mensaje “Así que espero las fotos”.

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La perjudicada, quien también es residente en San Germán, hizo una captura de pantalla del mensaje del sujeto y sus familiares “le inundaron” el buzón de mensajes a éste, que cerró su cuenta de inmediato. Sin embargo, cerrar una cuenta de Facebook no impide que quien envía un mensaje pueda ser identificado y localizado por las autoridades.

“Amig@s de Facebook, esto le pasó a mi primita. Así que, por favor chicas, tengan mucho cuidado que están los pervertidos “HP” sueltos. No acepten a cualquiera en su Facebook”, pidió la joven, cuya identidad nos reservamos por ahora, por razones de seguridad.

Aparte de la intervención de agencias federales, existen varios delitos en el Código Penal de Puerto Rico y leyes especiales que tipifican ciertas conductas que pudieran entenderse como Crímenes Cibernéticos. Entre los delitos que podrán investigar los miembros de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia (UICC), siempre que exista un elemento sustancial de evidencia digital, se encuentran como en este caso:

Delitos contra la tranquilidad personal:

Artículo 177. – Amenazas.

Artículo 178. – Intrusión en la tranquilidad personal.

Artículo 191. – Extorsión.

Esta práctica también es conocida como “sextortion”, que es una forma de explotación sexual que emplea formas no físicas de coacción para obtener favores sexuales de la víctima. También se refiere a una forma de chantaje en la que información o imágenes de naturaleza sexual son usadas para obtener favores sexuales de la víctima.

¿Cómo reportar un crimen cibernético? Haga “click” aquí.

Justicia radica 123 cargos contra hotel Bahía Salinas en Cabo Rojo por evasion del “room tax”

Según Justicia, el hotel dejó de pagar el "room tax" desde enero del 2014. (Fuente/Internet).

Según Justicia, el hotel dejó de pagar el “room tax” desde enero del 2014. (Fuente/Internet).

CABO ROJO: La Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que la División de Delitos Económicos radicó el lunes en la tarde 123 cargos contra Bahía Salinas Beach Hotel y/o Grand Bahía Ocean View Hotel, por concepto de impuestos, al adeudar $199,630 a la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

El juez Edgar S. Figueroa Vázquez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa probable para arresto en las 123 denuncias por apropiación ilegal de fondos públicos al amparo de la Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación, Ley 272 del 9 de septiembre de 2003.

Los cargos fueron contra Bahía Salinas Beach Hotel, Inc., Fundación Hispanoamericana de Autismo, Sea View Entreprises Inc., Grand Bahía Ocean View Hotel y Ángel Providencio López Nunci, quienes son accionistas, propietarios y/o administradores de la hospedería localizada en Cabo Rojo.

La fianza global impuesta fue de $20,500 y la vista preliminar fue señalada para el 5 de julio.

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Este caso fue referido al Departamento de Justicia por parte de la Compañía de Turismo contra Bahía Salinas Beach Hotel, Inc. para la correspondiente investigación, al amparo del Artículo 20 de la Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación. Según la pesquisa, desde enero de 2014 hasta mayo de 2017, dicho hotel cobró y retuvo el impuesto sobre el canon por ocupación de habitación a sus huéspedes, conocido como el “room tax”, pero dejó de rendirlo a la Compañía de Turismo.

Tanto el hotel como sus accionistas, propietarios y administradores tienen la obligación de recaudar, retener y remitir a la Compañía de Turismo el impuesto sobre el canon por ocupación de habitación. Ello conforme al artículo 28, inciso A, de la mencionada Ley que dispone lo siguiente: “todo hostelero que de acuerdo con el artículo 27 de esta Ley esté obligado a recaudar y retener el impuesto remitirá mensualmente a la Compañía el importe total del impuesto recaudado durante el período comprendido entre el primero y el último día de cada mes. Esta remesa deberá hacerse no más tarde del décimo (10) día del mes siguiente al que se recaude dicho impuesto”.

“El Departamento de Justicia continúa ejerciendo sus funciones para hacer cumplir las leyes fiscales que nutren los recursos del Gobierno. No podemos permitir que empresas privadas obvien su responsabilidad contributiva. El Departamento continuará adelantando las investigaciones en curso y augura que vendrán casos adicionales”, adelantó la secretaria Vázquez.

Este caso fue investigado por la fiscal Brenda Rosado Aponte, de la División de Delitos Económicos, junto con la agente Elsa Hernández Morales, del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

Secretario Justicia niega conocer a Anaudi Hernández y desmiente rumores

De izquierda a derecha, el secretario de Justicia, César Miranda; el convicto empresario Anaudi Hernández; y el representante novoprogresista José Aponte Hernández.

De izquierda a derecha, el secretario de Justicia, César Miranda; el convicto empresario Anaudi Hernández; y el representante novoprogresista José Aponte Hernández.

SAN JUAN: El secretario de Justicia, César Miranda, rechazó el martes conocer al convicto recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández, desmintiendo señalamientos publicados en un portal cibernético, que fueron recogidos por el representante novoprogresista José Aponte Hernández, quien “le pidió cuentas” sobre el asunto.

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“Lamentablemente en la mañana de hoy el representante José Aponte Hernández ha sacado un comunicado de prensa en el que solicita que se aclare la naturaleza del vínculo de este servidor con el señor Anaudi Hernández. En el documento se sugiere que yo me pude haber relacionado con Hernández a raíz de mi participación en la transición del gobierno de Carmen Yulín Cruz a la Alcaldía de San Juan. Esta idea carece de total credibilidad y es uno de los actos más bajunos que he visto en toda mi carrera como servidor público”, dijo Miranda en declaraciones escritas.

El secretario Miranda fue enfático al negar conocer a Hernández, asegurando que “no participó de evento alguno de recaudación de fondos durante la campaña de Yulín Cruz”.

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“Mi vínculo con el imputado Anaudi Hernández es sencillo, es claro y todo el mundo lo conoce: yo como Secretario de Justicia lo acusé. No tan sólo lo acusé a él, acusé a su esposa y acusé a dos de sus socios y acusé a cuatro de sus corporaciones por evasión contributiva. Las vistas de esos casos están señaladas para el próximo 14, 15 y 16 de septiembre, cuando veremos al señor Hernández comparecer nuevamente ante el foro local. De hecho, los acusados se exponen a cumplir cárcel por un periodo de 3 a 8 años”, expresó Miranda.

“Es importante desmentir de inmediato estas desafortunadas declaraciones del representante Aponte Hernández pues creo que demasiadas veces, para adelantar causas políticas, se raya en niveles intolerables de falta a la verdad. Es indeseable y repudiable la práctica de mancillar reputaciones a diestra y siniestra. Lo cierto es que en la política, no todo puede ser permisible”, concluyó.

Los Tres Inocentes de Aguada… Ejemplos de perseverancia

Parte de la manifestación exigiendo la excarcelación de los llamados "Tres Inocentes de Aguada", frente a la sede del Departamento de Justicia (Foto Facebook).

Parte de la manifestación exigiendo la excarcelación de los llamados “Tres Inocentes de Aguada”, frente a la sede del Departamento de Justicia (Foto Facebook).

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

No debe ser fácil para una persona estar confinado por un crimen que no cometió y mucho menos fácil que transcurran 22 años en ese encierro. Así están Nelson Ruiz Colón, José A. Caro Pérez y Nelson Ortiz Álvarez, quienes fueron encontrados culpables y sentenciados a prisión por el secuestro, violación y asesinato de la joven de 21 años Glorimar Pérez Santiago, a pesar de que ellos se han sostenido siempre en que son inocentes.

En aquel entonces el peso de la prueba descansó en el testimonio de dos personas, quienes años después se retractaron y alegaron que fueron inducidos a testificar. Uno de esos supuestos testigos ya falleció por lo que la Fiscalía solo pudiera contar con el único de los testigos que queda vivo, que también se había retractado de su testimonio inicial.

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De hecho, en una deposición, Luis Monserrate Martínez Rivera, uno de esos testigos, detalló extensamente por qué había declarado sobre el caso, aun cuando no conocía nada sobre el mismo. En esa entrevista el aceptó que mintió al hablar de dicho caso.

Martínez Rivera habla con nombres y apellidos, de los policías, fiscales y otros funcionarios que lo obligaron a testificar, explica con lujo de detalles que le ofrecieron, los casos que tenía, sobre su convicción anterior y datos relevantes que son importantes para establecer la importancia de un nuevo juicio.

Sin embargo, no solo salen “cositas” que crean dudas sobre el manejo de este caso, sino que los distintos medios de prensa han estado informando al país de otros asuntos sumamente importantes. Por ejemplo, que uno de los jueces que le negó un nuevo juicio lo fue el corrupto y convicto exjuez Manuel Acevedo Hernández, quien hoy cumple cárcel por corrupción en el desempeño de su función como magistrado.

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Como sabemos, recientemente se aprobó una ley que permite a los convictos que alegan inocencia, someterse a pruebas de ADN para establecer si estuvieron o no, en la escena del crimen. Basado en esa ley, los llamados “Tres Inocentes de Aguada” pidieron al Tribunal que se les realizaran dichas pruebas, las cuales, como ya conocemos salieron negativas, lo que deja meridianamente claro que no estuvieron en el lugar del crimen. Obviamente eso es otra razón de peso más para que, al menos se les permita tener un nuevo juicio y se les otorgue la libertad con una fianza mínima o nominal como la llaman.

Lo que no debe proceder es el pedido que ha hecho, con las mejores intenciones tal vez, la senadora del Distrito Mayagüez-Aguadilla Mari Tere González, de indultar a estos tres caballeros.

Estoy convencido que esta petición no procede en este caso, porque le quitaría la gran oportunidad que tienen estos tres señores de un nuevo juicio para probar su inocencia y aunque los sacaría de la cárcel de inmediato, siempre quedaría esa duda acerca de su inocencia, además que no le permitiría limpiar su imagen ante el país y su familia.

Estos tres hombres han estado perseverando, pidiendo, cada vez que tienen la oportunidad, que se les celebre un nuevo juicio para ellos poder limpiar su nombre y demostrar que siempre dijeron la verdad.

Si la Fiscalía está bien segura de que probará nuevamente su caso, no debe tener más problemas y permitir que dicho juicio sea celebrado nuevamente. Si se oponen, demostrarán, más allá de toda duda razonable, que saben que perderán este caso.

También nos ponemos del lado de la familia de la víctima, quienes hoy deben estar en un dilema, ya que si estos hombres salieran inocentes, el o los verdaderos asesinos de su hija se salieron con la de ellos y tal vez jamás se conozca quienes fueron realmente.

Espero que finalmente este caso sea esclarecido y que si estos tres caballeros son verdaderamente inocentes (que a mí no me cabe duda) tengan la oportunidad de probarlo, más allá de cualquier duda. Aunque sabemos que el peso de la prueba recae en el Estado, estoy convencido que ellos harán todo lo necesario para probar verdaderamente su inocencia.

Exfiscal que se opuso a un nuevo juicio de los “Tres Inocentes” de Aguada marchó por ellos esta mañana

Parte de la manifestación frente al Departamento de Justicia. La licenciada Mayra López Mulero estuvo en el lugar (Fotos Facebook - Grupo Los Tres Inocentes de Aguada).

Parte de la manifestación frente al Departamento de Justicia. La licenciada Mayra López Mulero estuvo en el lugar (Fotos Facebook – Grupo Los Tres Inocentes de Aguada).

MIRAMAR: La exfiscal Mayra López Mulero participó de la actividad que tuvo lugar el lunes en la mañana frente a la sede del Departamento de Justicia, a pesar de que cuando se dilucidó una de las mociones solicitando nuevo juicio en el caso de la exreina de belleza Glorimar Pérez Santiago, la abogada representó a esa dependencia oponiéndose a la celebración de un nuevo proceso.

López Mulero marchó en la manifestación ante la sorpresa de periodistas que cubrieron el proceso en la década de 1990, en el que ésta y el exfiscal Pedro Gerónimo Goyco Amador, representaron al Ministerio Público en la sala entonces presidida por el exjuez Reinaldo Franqui Carlo.

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En sus turnos durante ese proceso, la licenciada López Mulero fue severa en sus expresiones cuando se refería a los hoy convictos José Caro Pérez, Nelson Ruiz Colón y Nelson Ortiz Álvarez, quienes llevan 22 años en la cárcel por un crimen que afirman no cometieron, y que las pruebas de ADN, realizadas recientemente, los excluyen.

A las 10:00 de la mañana del lunes, un grupo procedente de Aguada se congregó frente a las instalaciones del Departamento de Justicia en Miramar, exigiendo la excarcelación de Caro Pérez, Ruiz Colón y Ortiz Álvarez.

En pasados días, la senadora Mari Tere González anunció la radicación de una resolución para solicitarle al gobernador Alejandro García Padilla que indulte a los llamados “Tres Inocentes” de Aguada, que no parece haber levantado mucho entusiasmo.

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Allegados a los convictos dijeron que en lugar de un indulto, prefieren la celebración de un nuevo juicio para que salgan a flote los alegados “chanchullos y fabricaciones” por parte de agentes y fiscales durante las primeras investigaciones. Este desfile de evidencia no se produciría si el gobernador indulta a Caro, Ruiz y Ortiz.

Por su parte, familiares de la víctima Pérez Santiago reaccionaron a la situación indicando entre otras cosas que:

Sabemos que el cruel asesinato de nuestra amada hija y hermana fue por los poderosos individuos ya convictos. Hay palabras nuevas, lo que no hay son pruebas nuevas. Nuestra hija y hermana, en paz descanse, no puede hablar, pero sus asesinos tienen muchas voces. Después de casi 28 años, esas voces obedecen a muchos intereses. En nombre de nuestra hija y hermana los dejamos con este pequeño signo de fe donde por casualidad vemos reflejada su imagen y su amor. Por años nos ha dado fortaleza. Hacemos un llamado al respeto, y la razón”, indica el comunicado que fue firmado por Antonia Santiago.

Columna: Primero el Sacerdote… Mañana puedo ser yo

Cuello clerical (Archivo).

Cuello clerical (Archivo).

Por: Lcda. Evelyn Aimée De Jesús, abogada

Recientemente el Secretario de Justicia (Lcdo. César Miranda) se atrevió a increpar contra un abogado que ejercía su función profesional ante el tribunal acusándole de influenciar indebidamente la corte durante un caso.

Carlos Pérez Toro es un abogado admitido a la práctica de la abogacía y la notaría en Puerto Rico, pero también es sacerdote católico y dirige una parroquia.

Como parte de su fe, este abogado utiliza su vestimenta clerical.

El que el asesor legal del gobernador de Puerto Rico, impute conducta antiética acusando de influenciar al Tribunal por utilizar vestimenta religiosa, no solo es antiético en mi disciplina profesional, sino que es una violación a sus derechos civiles, es intimidación, es discriminatorio, es humillar a un ser humano por ejercer su fe y mancillarle en público por sus creencias. Esto no se puede ignorar.01-2016 aquaviva weekends

Fui la primera abogada y la única mujer que intervino ante el Tribunal Supremo por rehusarme a pertenecer al Colegio de Abogados por asuntos de mi fe y conciencia. Argumenté que gran parte de mi práctica legal es defender asuntos de libertad de fe, asesorar ministros, iglesias y aportar a medios de comunicación (cristiano protestante y católico) sobre la ley e integrarlo al marco teológico de mi fe judeocristiana.

De los expedientes del Tribunal Supremo surge mi repudio por una institución que persigue al Pueblo de Dios, que adopta posturas que me ofenden, van en contra de los valores y principios religiosos que practico y en los que creo. Más aún, que intervienen en mi criterio profesional y soy igual de abogada que el resto.  Cuando Carlos Pérez se enteró de mi solicitud ante el Tribunal, sin claudicar también solicitó intervenir.  Junto  a otros dos abogados (protestantes los últimos) lo logró con éxito.  Carlos fue el único abogado católico  que se paró firme por sus convicciones.

Algunos hemos sido tildados de incompetentes no sólo ante nuestros pares en la abogacía, sino ante las comunidades de fe. Ya cumplo quince (15) años practicando mi profesión y no miro hacia atrás. A Dios le debo lo que soy y no dejaré de defender el Evangelio pues a tal fui llamada.

Primero fue un abogado y sacerdote católico defendiendo la verdad, pero mañana puedo ser yo. El pusilánime no tiene lugar en las batallas.  ¿Vamos a reaccionar o a dejar de ejercer nuestros derechos?  Por mi parte, no voy a claudicar.

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