Contraloría refiere a compradora del Municipio de Ponce a Justicia y a Ética por alegado favoritismo en el pago de más de medio millón a suplidor que le vendía neveras y enseres

PONCE: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Ponce relacionadas con las compras y los desembolsos. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El Informe revela favoritismo por parte de la compradora del Municipio hacia un proveedor en particular. Del 2009 al 2012 se realizaron 524 órdenes de compra por $517,107 a favor de un proveedor de muebles y enseres electrodomésticos para el hogar.

Nuestros auditores detectaron en las cotizaciones de siete proveedores que no fueron favorecidos, se les había escrito con tinta de otro color en el documento original, las siglas COD (“Cash on Delivery”) en frases como: Se exige pago COD, Cash Pago COD o Requiere Pago COD.

Un perito examinador de documentos del Instituto de Ciencias Forenses concluyó que la compradora fue la autora de las cotizaciones examinadas.

Esta situación se refirió a la Secretaria de Justicia y a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental el 18 de mayo.

Al respecto se pudo haber configurado los delitos de intervención indebida en las operaciones gubernamentales y perjurio tipificados en la Ley 149-2004 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendado y en la Ley 1-2012 de la Ley de Ética Gubernamental.

La auditoría de un hallazgo señala que las cotizaciones eran suministradas por los mismos ciudadanos que acudían a solicitar ayuda al Departamento de Servicios al Ciudadano. Los técnicos que recibían a los ciudadanos indicaron que las cotizaciones recibidas no tenían las siglas añadidas de COD y los proveedores entrevistados indicaron que no escribieron las siglas, ya que siempre estuvieron dispuestos a ofrecerle crédito al Municipio.

Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, las cotizaciones presentadas por los proveedores, no contenían el nombre, título ni la firma del funcionario o empleado que recibió, aceptó y adjudicó las mismas. Además, la compradora realizaba funciones conflictivas como firmar las requisiciones de compras, evaluar las cotizaciones, adjudicar las compras y, recibir y entregar los cheques de pago.

El informe cubre el periodo del 12 de enero de 2009 al 30 de junio de 2014, y es el sexto y último informe de las auditorías realizadas al Municipio de Ponce.

Mientras tanto, en un comunicado de prensa, la alcaldesa María Eloísa “Mayita” Meléndez Altieri reaccionó al informe, asegurando que su administración “es una de transparencia y aquel que incumpla será responsable y deberá afrontar las consecuencias de sus actos”.

En el parte, la incumbente municipal dijo que desde que tuvo conocimiento del asunto, “el Municipio Autónomo de Ponce tomó las medidas correctivas correspondientes, incluyendo, entre otras, la suspensión sumaria de la empleada señalada el pasado 14 de agosto. Asimismo, confirmó que previamente cursó comunicación escrita al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental expresando la disponibilidad del municipio para cooperar en el proceso de investigación que le fuera referido por el Contralor”.

Como cuestión de hecho, la reacción de la alcaldesa ponceña se produjo antes que la publicación del informe por la Contraloría.

 

ASUME con casi $56 millones en el banco que no sabe de quién son (Documento)

REDACCIÓN: La Contraloría de Puerto Rico emitió el lunes una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales de la Administración para el Sustento de Menores del Departamento de la Familia (ASUME).

El Informe DA-19-04 revela que en los estados bancarios en donde se depositan los pagos de pensiones alimentarias del 1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2017, hay un balance que fluctúa entre $36 millones a $56 millones, y que ASUME desconoce la naturaleza de las partidas que componen ese dinero.

Dicho balance es el que registra el estado, luego de las transferencias de depósito de las pensiones alimentarias al padre custodio. La Administradora Auxiliar II certificó y la Administradora confirmó, que no se ha podido determinar la composición de dicha cuenta.

En el informe se indica que esta situación, contraria a la Ley Número 5 de 1986, conocida como la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, impide mantener un control efectivo de las operaciones relacionadas con los fondos de pensiones alimentarias y que se tomen las acciones oportunas para la distribución de los fondos.

Además, el no realizar conciliaciones bancarias de las cuentas de depósito y de desembolsos ni contar con subsidiarios o registros internos, propició que se mantuviera un balance en la cuenta sin que se conozcan las partidas, los importes y a quién pertenecen esos fondos.

La auditoría de tres hallazgos señala que se utilizaron $78,011 del Fondo Especial para Servicios y Representación de Casos de Sustento de Menores para gastos no relacionados ni permitidos en la  Ley Numero 5.  Esta situación en particular se refiere a la Secretaria de Justicia para su consideración y que tome las medidas que correspondan.

Por ejemplo, se pagaron servicios profesionales, arreglos mecánicos, cuenta de energía eléctrica y otros, con el Fondo Especial creado para otros fines como la representación legal, localización de las personas obligadas a proveer alimentos, pago de gastos incurridos en los recaudos y distribución de las pensiones alimentarias, entre otros. El Informe comenta al respecto que la ASUME no cuenta con normas y reglamentos que regulen las operaciones relacionadas del Fondo Especial.

El Informe indica también que el Manual de Normas y Procedimientos para el manejo de los casos de pensiones alimentarias que se utiliza desde el 2011, no había sido aprobado ni revisado por los administradores de la ASUME ni por los secretarios de la Familia en funciones.

El Informe está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Otro “ganso” que pillaron… Contraloría refiere a Justicia contratista de San Sebastián por falsificar documentos

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Fotos del aspecto del Centro de Bellas Artes de San Sebastián publicadas en un Informe de Contraloría del 2017.

SAN SEBASTIÁN: A pesar de que la Contraloría de Puerto Rico emitió una “opinión favorable” sobre las órdenes de cambio relacionadas con el proyecto de rehabilitación del Centro de Bellas Artes de San Sebastián, señaló haber referido al Departamento de Justicia a un contratista que presuntamente falsificó documentos relacionados con esta obra.

En un comunicado de prensa se indicó que los auditores identificaron que el contratista a quien se le adjudicó la subasta por $805,000, y se le aprobaron ocho órdenes de cambio por $206,420 para la rehabilitación del Centro de Bellas Artes, falsificó la carta de aceptación del Municipio de San Sebastián sobre la culminación del proyecto y su costo final de $1,011,420.

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Según la Oficina de la Contralora, esta carta es parte del proceso que realiza el contratista para cobrar el 10 por ciento que el Municipio retiene al principio del proyecto. El contratista no le entregó a la aseguradora la carta de aceptación que elaboró el Municipio, sino otra que no incluyó el costo final del proyecto.

Se alega que el contratista presentó al Municipio un endoso de cambio de fianza por $206,420 falsificado con el sello de la compañía aseguradora.

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El contratista no podía facturar ni cobrar el 10 por ciento retenido de los pagos debido a que no había pagado el aumento de las primas de la fianza a la compañía aseguradora.

Esta situación se refirió a la Secretaria de Justicia el 29 de enero de 2018 para la acción correspondiente.

El informe M-18-36 cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

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Por años ha tenido una “jauja”… Y el Panel del FEI suspende de empleo y sueldo solo por 30 días al Alcalde de Maricao

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SAN JUAN: El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) suspendió el pasado viernes al alcalde de Maricao, Gilberto Pérez Valentín.

Como parte de su suspensión, que es de empleo y sueldo y durará 30 días, Pérez Valentín no podrá acudir a la alcaldía ni hacer uso de su teléfono celular, vehículos ni abastos de gasolina.

El incumbente municipal, que pertenece al Partido Nuevo Progresista (PNP), ha enfrentado múltiples querellas en su contra en la Oficina de Ética Gubernamental y serios señalamientos por parte de la Oficina del Contralor.

En el 2015, Pérez Valentín tuvo que pagar multas por volver a contratar a su hermano. El año anterior, había tenido que pagar $10 mil por las mismas.

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En el informe más reciente de la contralora Yesmín Valdivieso, refirió al alcalde maricaeño al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Administración de los Sistemas de Retiro, por situaciones como el aumento de sueldo al alcalde, concedido por la Legislatura Municipal, así como los pagos por la liquidación de las licencias de vacaciones y enfermedad sin cumplir con los requisitos de ley.

Un escandaloso hallazgo se relaciona con la fuente de bronce de la Casa Alcaldía, que se adquirió en el 2012 por $139 mil, sin celebrar subasta pública. Los auditores del Contralor verificaron la razonabilidad del costo y encontraron una fuente similar que puede ser adquirida por Internet a un costo inferior (de $19 a $40 mil). Los auditores consideraron la cantidad pagada por la fuente como “extravagante y excesiva”.

El informe de auditoría, que consta de 13 hallazgos y dos comentarios especiales, revela desviaciones de ley y de reglamentación con la administración del presupuesto.

El Municipio tenía déficits presupuestarios en el Fondo Operacional de $2.6 millones para el 2012 y $2.8 millones para el 2013. El presupuesto del 2014 solo consignó $25,000 para cubrir el déficit y $0 para el 2015. Una situación similar se comentó en el Informe de Auditoría M-13-26 de 2013.

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Se informó que sin aprobar un reglamento y sin considerar los requisitos establecidos por ley, la Legislatura Municipal aprobó el aumento de salario al alcalde Pérez Valentín, de $3,500 a $6,500 mensuales, y para ello no consideró los estados financieros auditados, ni el déficit del municipio, ni evidencia sobre el censo poblacional de Maricao, ni el cumplimiento de los controles fiscales y administrativos, ni los informes de auditoría ni los planes de acción correctiva de la Oficina del Contralor, de la OCAM ni del Gobierno Federal, entre otros requisitos.

Se indicó también que de mayo de 2011 a marzo de 2013 se pagaron bienes y servicios por $131,000 sin obtener cotizaciones; y en el 2009, se autorizaron trabajos adicionales para mejoras en la Alcaldía, Plaza de Recreo y alrededores por $1 millón, sin celebrar subasta pública.

Otro de los hallazgos señala que no se cobraron arbitrios de construcción ni patentes municipales a contratistas por $26 mil; se efectuaron pagos en exceso por el suministro de gasolina; deficiencias con los gastos incurridos en la tarjeta de crédito; y contratos que se remitieron con tardanzas de hasta 564 días a la Oficina del Contralor.

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Contralora revela esquema de irregularidades en la compra de equipos para el Natatorio del Colegio de Mayagüez

Diagrama del esquema revelado por la Oficina de la Contralora en la compra de equipos en el Natatorio del Colegio (Suministrada/Oficina de la Contralor).

Diagrama del esquema revelado por la Oficina de la Contralora en la compra de equipos en el Natatorio del Colegio (Suministrada/Oficina de la Contralor).

MAYAGÜEZ: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre la adquisición de equipos y servicios relacionados con el mantenimiento de las piscinas del Complejo Natatorio del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM).

El informe CP-17-14 reveló la posible colusión entre varios proveedores y un director, en la adjudicación de compras para prestar servicios de mantenimiento y adquisición de equipos para las piscinas de la UPR- Mayagüez, del 2010 al 2013.

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Los diagramas en el informe ilustran los procesos irregulares que se llevaron a cabo en la adjudicación de servicios. Por ejemplo, el Proveedor A recibió pagos por $73,832 luego de una aparente competencia entre proveedores que actuaron en común acuerdo. En los correos electrónicos se evidencia que las cotizaciones de los proveedores D, E y F eran solicitadas y enviadas por el Proveedor B. Además, el Presidente del Proveedor A es el padre del Presidente del Proveedor B, y Vicepresidente del Proveedor B. A su vez, el Presidente del Proveedor B es el Tesorero del Proveedor A.

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Según la Oficina de la Contralora, de estos hechos pueden haberse configurado, entre otros, los delitos de fraude e intervención indebida en las operaciones gubernamentales de la Ley 149-2004, Código Penal de Puerto Rico, según enmendada.

Los auditores también identificaron que el Proveedor B tenía cinco contratos formalizados con el Municipio de Morovis por $38,700, para dar servicios de mantenimiento a la piscina municipal. La auditoría comenta que el proceso de adjudicación fue irregular, ya que inicialmente el Comprador del Municipio había adjudicado el servicio al Proveedor I, que era el mejor postor. Sin embargo, un director municipal dio instrucciones al Comprador para que eliminara dicha cotización, ya que había un compromiso de adjudicarle el servicio al Proveedor B.

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Estas situaciones se refirieron al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico el 7 de marzo de 2017 y están pendientes de resolución.

El Informe cubre el período del 1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2016, y está disponible en la página de Internet: http://www.ocpr.gov.pr.

Comprometido el presupuesto de Yauco… Contralora señala déficits e irregularidades bajo incumbencia de Abel Nazario

Infograma sobre la situación presupuestaria de Yauco (Suministrada/Oficina del Contralor).

Infograma sobre la situación presupuestaria de Yauco (Suministrado/Oficina del Contralor).

YAUCO: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión que catalogó como “parcialmente adversa” sobre las operaciones fiscales relacionadas con la administración del presupuesto, los desembolsos, la construcción de obras y mejoras permanentes, las recaudaciones, y algunos controles y procedimientos del Municipio de Yauco.

En un comunicado de prensa se indica que el informe M-17-41 revela que Yauco tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional de $4.5 millones para el año fiscal 2014 (32 por ciento del presupuesto) y $5.7 millones para el 2015 (42 por ciento del presupuesto).

Además, el banco depositario de los fondos del Municipio efectuó cargos por $116,104 debido a cheques pagados con fondos insuficientes, financiamiento de sobregiros, cheques devueltos y otros. El informe recordó que “operar con déficit reduce los recursos disponibles y los cargos por sobregiros e insuficiencia en las cuentas bancarias, reducen también los recursos económicos para dar servicios a la comunidad”.

Infograma sobre irregularidades detectadas (Suministrado/Oficina del Contralor).

Infograma sobre irregularidades detectadas. Haga “click” sobre la imagen (Suministrado/Oficina del Contralor).

La auditoría de nueve hallazgos señala que se fraccionó el costo de la rehabilitación del antiguo Centro de Diagnóstico y Tratamiento en dos contratos por $100 mil y $133 mil, al mismo contratista para evitar la subasta pública requerida para obras que exceden los $200 mil.

Además, el entonces alcalde y hoy senador Abel Nazario formalizó cinco contratos por $406,940 para cinco obras de construcción sin obtener al menos las cotizaciones de tres proveedores como dispone la Ley 81-1991, Ley de Municipios Autónomos. “Estas situaciones impiden la libre competencia entre licitadores y que el Municipio tenga alternativas para seleccionar las mejores ofertas”, reza el informe.

Aparte de eso, el Municipio realizó dos proyectos de construcción de puentes, uno sobre el Río Loco, y el otro en el sector Albarrán, sin obtener los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos.

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“También, contrario a la Ley 81-1991, la directora de Finanzas de Yauco, no obligó los créditos sino hasta 435 días posteriores al otorgamiento de tres contratos y dos enmiendas de mejoras permanentes por $2.4 millones”, señala en informe de los auditores de la contralora Yesmín Valdivieso.

Por otro lado, los auditores identificaron que el Municipio realizó pagos sin facturas, no se mantenía un inventario perpetuo de los materiales en los almacenes ni de los cheque en blanco.

“Además, la Comisión de Asuntos de Auditoría de la Legislatura no cumplió con su función fiscalizadora ya que a abril de 2015, no había evaluado siete informes de auditoría interna, dos monitorías de programas federales, y dos informes de los estados financieros auditados emitidos por auditores externos del Municipio”, señala.

El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

“Favorable con excepciones” informe de la Contralora sobre Municipio de Cabo Rojo

El informe M-17-39, con todos los detalles, está en la página de Internet de la Oficina de la Contralora (Archivo/LA CALLE Digital).

El informe M-17-39, con todos los detalles, está en la página de Internet de la Oficina de la Contralora (Archivo/LA CALLE Digital).

CABO ROJO: Un informe de auditoría, que cubrió parte del último cuatrienio de la exalcaldesa Perza Rodríguez (PNP) y la primera mitad del primer cuatrienio del actual alcalde Roberto Ramírez Kurtz (PPD), fue catalogado como “opinión favorable con excepciones sobre el manejo y control del presupuesto operacional, la contratación de servicios profesionales, la construcción de obras y mejoras permanentes del Municipio de Cabo Rojo”.

El Informe M-17-39 revela que el Municipio utilizó para comprar inversiones en un banco, los fondos que la Asamblea Legislativa asignó mediante resoluciones conjuntas (Barril y Barrilito), para la compra de terrenos y la construcción de obras y mejoras permanentes. De diciembre de 2009 a noviembre de 2014, bajo la incumbencia de la exalcaldesa Rodríguez, Cabo Rojo mantuvo inversiones que fluctuaban de $5.8 a $9.6 millones en una institución bancaria sin la autorización de la Asamblea Legislativa.

Tampoco remitió para la aprobación de la Legislatura Municipal, una línea de crédito bancaria por $809,948, para la cual utilizó como colateral las mencionadas inversiones. Estas situaciones pueden ser perjudiciales y afectar asignaciones futuras de fondos.

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Mientras tanto, la Oficina de la Contralora remitió al Secretario de Justicia, al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico el 19 de diciembre de 2016, bajo el mandato del alcalde Ramírez Kurtz, la contratación de servicios de ingeniería a una corporación que no estaba constituida como una corporación profesional como dispone la Ley 173 del 12 de agosto de 1988. También, contrario a la Ley 319 del 15 de mayo de 1938, tres personas que no estaban registradas como ingenieros o agrimensores del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, inspeccionaron y certificaron 35 proyectos en Cabo Rojo.

La auditoría de cuatro hallazgos señala que de junio de 2013 a julio de 2015, también bajo la administración del alcalde Ramírez, el Municipio formalizó cuatro contratos por $391,825 con un contratista sin obtener cotizaciones de al menos tres proveedores. Además, nuestros auditores identificaron que para seis obras por $389,411 se consideraron 44 cotizaciones de siete compañías, de las cuales siete de ellas resultaron ser falsas.

El Informe comenta el caso de la destitución del encargado del cementerio Las Delicias en enero de 2014, tras determinarse en una auditoría interna que vendió una fosa a una persona particular y expidió una certificación oficial. Los auditores investigaron otra querella que se recibió en julio de 2014 y determinaron que el encargado intervino en la venta de tres fosas por $1,000, $600 y $1,500, expidió certificaciones para cada una de ellas y solicitaba a los compradores el pago en efectivo. Los funcionarios municipales no refirieron este caso ni a la Oficina de Ética Gubernamental ni al Departamento de Justicia ni a la Oficina del Contralor.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2015 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Contraloría señala falta de control efectivo de propiedad en la UPR de Aguadilla

UPR de Aguadilla.

UPR de Aguadilla.

AGUADILLA: A pesar de que la Contraloría de Puerto Rico emite una opinión favorable, la misma tuvo excepciones en lo concerniente a las operaciones fiscales relacionadas con las áreas de personal y propiedad con el recinto de Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico.

El informe CP-17-10, dado a conocer el lunes, señala cuatro hallazgos, entre los que se señala que contrario a la reglamentación se otorgaron aumentos retroactivos a siete funcionarios con un impacto de $17,398 al 30 de junio de 2016. Además, tres de estos funcionarios no tenían evaluaciones de desempeño recientes, sino de hace más de una década.

“Nuestros auditores identificaron que la UPR-Aguadilla no mantuvo un control efectivo de la propiedad mueble adquirida con fondos federales porque no tenía un sistema de inventario perpetuo separado”, indica la Oficina de la Contralora, Yesmín Valdivieso.

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Por ejemplo, el examen del manejo, custodia y control de un equipo de buceo adquirido con fondos federales por $8 mil para una investigación sobre la siembra de corales en el suroeste de Puerto Rico, reveló que el profesor e investigador principal del proyecto mantiene esa propiedad en su residencia. Además, este indicó que utilizaba el equipo de buceo en una investigación que realizaba con una organización privada. Sin embargo, el Informe de Custodio del inventario de la UPR de Aguadilla indica que esa propiedad federal se encontraba en la universidad.

La auditoría señala que la UPR de Aguadilla no tenía un procedimiento escrito para regir las operaciones de la flota de los vehículos de motor, unos 23, cuyo valor ascendía a medio millón de dólares.

Además, no cumplió con la Ley 136-2003, ya que presentó los informes anuales de 2013 y 2015 sobre el estado de privatizaciones con tardanza de hasta un año.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2016 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Contralora cuestiona vicios de construcción en Centro de Bellas Artes de San Sebastián

Aspecto actual del Centro de Bellas Artes de San Sebastián, calificado como una "ruina funcional" (Suministradas Oficina de la Contralora).

Aspecto actual del Centro de Bellas Artes de San Sebastián, calificado como una “ruina funcional”. Haga “click” sobre la foto para ampliarla (Suministradas Oficina de la Contralora).

SAN SEBASTIÁN: La Contraloría de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, emitió una opinión en la que cuestiona las compras y los desembolsos, la propiedad, las demandas, las recaudaciones, y las obras y mejoras permanentes del Municipio de San Sebastián.

El Informe contiene siete hallazgos que revelan, entre otras cosas, que se invirtieron de junio de 1996 a noviembre de 2014 un total de $5.5 millones para la construcción y habilitación de un Centro de Bellas Artes que no ha podido utilizarse debido a deficiencias y vicios de construcción.

La auditoría cita la evaluación de una firma de ingenieros que califica el edificio como una “ruina funcional” según la guía sobre los tipos de ruina que define el Tribunal Supremo. Una ruina funcional es aquella en la cual los vicios “exceden las medidas de las imperfecciones que cabe esperar razonablemente en una construcción”.

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Los auditores de la Contraloría identificaron también, que el Municipio mantenía clasificados como transitorios a 46 empleados que en realidad llevaban de uno hasta 17 años en puestos realizando las mismas labores para los cuales fueron contratados. Esta situación es contraria al Reglamento de Personal del Municipio (2006) y a la Ley 81-1991.

Otro de los hallazgos revela que se adquirió un servicio de mecánica por $32,888 sin la debida requisición por escrito del jefe de la dependencia que solicitó el servicio. Además, las tablillas de 92 vehículos decomisados no se habían devuelto al Departamento de Transportación y Obras Públicas como dispone la ley 22-2000.

La auditoría señala deficiencias con las recaudaciones en las instalaciones recreativas Canopy y Rock Climbing, y la falta de fiscalización por parte de la Comisión de Auditoría de la Legislatura Municipal. Esta Comisión no evaluó del 2013 al 2015, nueve informes de auditoría que había emitido la Unidad de Auditoría Interna.

Además, un Comentario Especial incluido en el Informe, indica que al 31 de diciembre de 2015, seguían pendientes de resolución en los tribunales cuatro demandas por $900,586.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Favorable pero “con excepciones” Informe de la Contralora en Isabela

Carlos "Charlie" Delgado Altieri, alcalde de Isabela (Archivo).

Carlos “Charlie” Delgado Altieri, alcalde de Isabela (Archivo).

ISABELA: La Contraloría de Puerto Rico emitió el jueves una opinión favorable con excepciones de las operaciones fiscales del Municipio de Isabela relacionadas a la administración del presupuesto y el uso del sistema de contabilidad mecanizado.

El Informe presenta cuatro hallazgos que revelan deficiencias con las conciliaciones bancarias, los ingresos y los informes mensuales de ingresos y desembolsos.

Por ejemplo, las conciliaciones de la cuenta General, Sellos y Comprobantes, CIMA y Aportación Ciudadana reflejaban diferencias de hasta $23,750 y las conciliaciones bancarias del Municipio tenían atrasos de hasta 12 meses. Los respectivos ajustes se realizaron a principios del 2016 como respuesta a la carta a la gerencia remitida por los auditores al alcalde Carlos “Charlie” Delgado Altieri.

Además, a junio de 2015, el Municipio no llevaba un mayor general para que pudiera conciliarse con las cuentas bancarias y el Informe Mensual, ni tampoco mantenía un registro confiable de todas las cuentas por cobrar.

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La auditoría señala que el Municipio no remitió a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) la lista de deudas vencidas al 30 de junio de 2012 ni las cuentas por cobrar de $111,286, al 30 de junio de 2015. Por disposición de ley, las deudas vencidas de dos años o más, se deben notificar a la OCAM.

Los auditores identificaron $589,500 en fondos inactivos por periodos de hasta más de 11 meses y la falta de fiscalización de los sistemas de contabilidad mecanizados por parte de la Unidad de Auditoría Interna.

En los Comentarios Especiales del Informe se indica que el Municipio de Isabela tuvo que pagar a la Oficina de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos una penalidad de $3,475 por violaciones, luego de la inspección de varias entidades municipales.

Al 30 de junio de 2015 tenía tres demandas civiles por $105 mil, pendientes de resolución por los tribunales.