Investigadores que se investigan

Por: Iván Vargas Muñiz, líder sindical del Oeste

La pasada semana nos enteramos, y ¡de qué manera!, que todos los funcionarios encargados de velar por que se cumplan las leyes y evitar la corrupción en el gobierno están inmersos en situaciones escandalosas.

La secretaria de Justicia, la licenciada Wanda Vázquez, y la presidenta de la Oficina Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), la licenciada Nydia Cotto Vives, están siendo investigadas por la Oficina de Ética Gubernamental. Pero además, las primeras dos funcionarias, se están investigando una a la otra y para colmo, Justicia investiga al Senado y este último investiga a la Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos.

En fin, investigadores que se investigan.

Alguien pudiera decir que esto es una historia sacada de un libro de cuentos, o de una telenovela, pero no lo es. Esto es en vivo y a todo color en el propio gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, lo que no debemos hacer es tomar esto como un chiste, o simplemente no darle la importancia que realmente tiene. Esto, señoras y señores, es un escándalo de grandes proporciones jamás antes visto.

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Se le imputan a la Secretaria de Justicia violaciones éticas con relación a un proceso que llevaba el Departamento contra una persona que robó en la residencia de su hija. La propia secretaria admitió estar presente en una reunión de los fiscales del caso. Esto muy bien pudiera provocar, incluso, que el hoy convicto pida un nuevo juicio y la anulación de su sentencia por conflictos de interés. Esto es un ángulo que no ha sido discutido públicamente.

A la presidenta de la OPFEI, la investiga Ética porqué alegadamente incurrió en un posible conflicto de interés mientras ejercía como asesora legal de ADSEF, al tiempo que ejercía como presidenta de OPFEI. De hecho, la licenciada Wanda Vázquez indicó que la investigación de la Oficina del Panel del FEI ocurre porque ella destituyó del puesto a la directora de dicha oficina, algo que Cotto Vives desmintió mostrando la carta de renuncia.

En el caso de Vázquez, lo más increíble fue su reacción al conocer que era investigada, ya que se fue a algunos medios de prensa, como si fuera una líder política en plena campaña contra una adversaria de otro partido, a despotricar contra Cotto Vives y a tildar la investigación como una ocurrida por revanchismo, por supuestamente Vázquez haber destituido a Nydia Cotto de ADSEF.

Al Senado lo investigan por supuestos empleados fantasmas y a la Comisionada Electoral del PNP por la contratación de su hijo en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Sin embargo, estos no son los únicos escándalos que involucran a estas instituciones. Tenemos la situación con los vagones perdidos, las miles de paletas de agua abandonadas en la antigua base naval Roosevelt Roads, que Justicia se ha negado a investigar y el escándalo del “chat de Whatsapp”, donde encontraron causa solo contra el exjuez Ramos y exonerando prácticamente a todos los demás involucrados en el mismo.

Así las cosas, ya no nos queda ninguna institución de este país en la que podamos confiar, mucho menos en las que vienen obligadas a velar por las leyes de este país.

Contraloría refiere a compradora del Municipio de Ponce a Justicia y a Ética por alegado favoritismo en el pago de más de medio millón a suplidor que le vendía neveras y enseres

PONCE: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Ponce relacionadas con las compras y los desembolsos. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El Informe revela favoritismo por parte de la compradora del Municipio hacia un proveedor en particular. Del 2009 al 2012 se realizaron 524 órdenes de compra por $517,107 a favor de un proveedor de muebles y enseres electrodomésticos para el hogar.

Nuestros auditores detectaron en las cotizaciones de siete proveedores que no fueron favorecidos, se les había escrito con tinta de otro color en el documento original, las siglas COD (“Cash on Delivery”) en frases como: Se exige pago COD, Cash Pago COD o Requiere Pago COD.

Un perito examinador de documentos del Instituto de Ciencias Forenses concluyó que la compradora fue la autora de las cotizaciones examinadas.

Esta situación se refirió a la Secretaria de Justicia y a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental el 18 de mayo.

Al respecto se pudo haber configurado los delitos de intervención indebida en las operaciones gubernamentales y perjurio tipificados en la Ley 149-2004 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendado y en la Ley 1-2012 de la Ley de Ética Gubernamental.

La auditoría de un hallazgo señala que las cotizaciones eran suministradas por los mismos ciudadanos que acudían a solicitar ayuda al Departamento de Servicios al Ciudadano. Los técnicos que recibían a los ciudadanos indicaron que las cotizaciones recibidas no tenían las siglas añadidas de COD y los proveedores entrevistados indicaron que no escribieron las siglas, ya que siempre estuvieron dispuestos a ofrecerle crédito al Municipio.

Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, las cotizaciones presentadas por los proveedores, no contenían el nombre, título ni la firma del funcionario o empleado que recibió, aceptó y adjudicó las mismas. Además, la compradora realizaba funciones conflictivas como firmar las requisiciones de compras, evaluar las cotizaciones, adjudicar las compras y, recibir y entregar los cheques de pago.

El informe cubre el periodo del 12 de enero de 2009 al 30 de junio de 2014, y es el sexto y último informe de las auditorías realizadas al Municipio de Ponce.

Mientras tanto, en un comunicado de prensa, la alcaldesa María Eloísa “Mayita” Meléndez Altieri reaccionó al informe, asegurando que su administración “es una de transparencia y aquel que incumpla será responsable y deberá afrontar las consecuencias de sus actos”.

En el parte, la incumbente municipal dijo que desde que tuvo conocimiento del asunto, “el Municipio Autónomo de Ponce tomó las medidas correctivas correspondientes, incluyendo, entre otras, la suspensión sumaria de la empleada señalada el pasado 14 de agosto. Asimismo, confirmó que previamente cursó comunicación escrita al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental expresando la disponibilidad del municipio para cooperar en el proceso de investigación que le fuera referido por el Contralor”.

Como cuestión de hecho, la reacción de la alcaldesa ponceña se produjo antes que la publicación del informe por la Contraloría.

 

Informe del Contralor destapa esquema de corrupción de la pasada “plana mayor” de la UPR de Arecibo (Documentos)

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ARECIBO: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo.

El Informe revela que funcionarios de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y empleados de los hoteles en donde se llevaron a cabo siete talleres de educación continua, se pusieron de acuerdo para ocultar gastos incidentales e indebidos por $35,603.

Enlace al informe

Los auditores desvelaron un esquema de apropiación de fondos públicos y gastos extravagantes y excesivos en bebidas alcohólicas, ropa, perfumes, servicios de spa e incluso gastos de estadía en fechas anteriores y posteriores a los talleres. En el esquema, los funcionarios solicitaban a los empleados de los hoteles que alteraran las facturas y los justificantes.

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Esta situación se refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el 30 de septiembre de 2016. El 25 de mayo de 2017 los fiscales de la Oficina del Fiscal Especial Independiente radicaron 63 cargos contra el entonces rector de la UPR-Arecibo y su hijo, la coordinadora del proyecto CRECE 21, la ayudante especial del entonces presidente de la UPR y el entonces rector de la UPR-Cayey.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra todos los acusados por apropiación ilegal agravada, aprovechamiento ilícito, malversación de fondos públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. El 28 de marzo del 2018 una jueza determinó causa para juicio y los procedimientos continúan ante el Tribunal.

Con respecto a esta situación, el Informe comenta que las facturas alteradas por los empleados de los hoteles, fueron certificadas por el coordinador de Cuentas por Cobrar del hotel A y el gerente de Crédito del Hotel C. Además, a petición de la coordinadora del proyecto CRECE 21, se prepararon certificaciones de no consumo de bebidas alcohólicas, a sabiendas de que esto no era cierto.

Alo & John Verano

En otras actividades celebradas en el Hotel C, se identificaron gastos innecesarios, extravagantes, excesivos e ilegales de compras en los restaurantes, barras y convenience store que ascendieron a $3,828.71. Estos gastos se cargaron a las habitaciones asignadas a la directora del Proyecto CRECE 21 quien solicitó al gerente de Crédito del Hotel que transfiriera los gastos incidentales al master folio de la actividad y los nombres de algunos huéspedes se sustituyeron por UPR-Staff.

La auditoría de dos hallazgos señala que los funcionarios de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) de la UPR-Arecibo, no se aseguraron de que los maestros que tomaron los adiestramientos, cumplían con los requisitos estipulados en el contrato entre la UPR-Arecibo y el Departamento de Educación (DE).

Por eso el DE no le pagó a la UPR-Arecibo $695,952 de los $1.5 millones facturados. Por ejemplo, en un taller que se impartió a 100 maestros de kínder, 27 de ellos no cualificaban, y en un taller a 100 maestros sobre la enseñanza de la lengua materna, 63 de ellos no cualificaban. No obstante, la UPR-Arecibo pagó por los gastos incurridos de hospedaje, comida, estacionamiento, materiales y los facilitadores.

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Alcalde de Aguada le pide cuentas a su contrincante, pero no explica lío ético con tarjeta de crédito del Municipio

El candidato del PNP, Manuel "Gabina" Santiago; y el alcalde del PPD, Jessie Cortés (Capturas de pantalla WOLE 12).

El candidato del PNP, Manuel “Gabina” Santiago; y el alcalde del PPD, Jessie Cortés (Capturas de pantalla WOLE 12).

AGUADA: El alcalde popular Jessie Cortés Ramos acusó el miércoles al candidato novoprogresista Manuel “Gabina” Santiago de supuestamente haber recibido donativos ilegales a su campaña, por una corporación no registrada.

Cortés dio a conocer un informe de la Oficina del Contralor Electoral, donde indica que al candidato “Gabina” Santiago, se le impuso una multa de $10,850 por no devolver $6,175 donados ilegalmente por una corporación no registrada.

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“Yo le exijo al candidato de la oposición que le explique a nuestro pueblo de dónde salió esa aportación ilegal y por qué no la ha devuelto. ¿Qué esconde detrás de todo esto? ¿Cuál es el problema con informar la procedencia de ese dinero? ¿Acaso proviene de negocios clandestinos o será algún lavado de dinero?”, sentenció Cortés Ramos en un comunicado.

Curiosamente, la acusación por parte del alcalde aguadeño se produce al día siguiente de que la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la licenciada Zulma Rosario, confirmara la existencia de una querella ética contra el incumbente por haber usado la tarjeta de crédito del Municipio de Aguada para comprar ropa en la tienda JC Penney del centro comercial Mayagüez Mall.

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Según Rosario, el alcalde Cortés se expone a una multa de $20 mil de prevalecer la querella radicada por la propia OEG, el pasado 28 de septiembre.

Hasta el martes, Cortés no había contestado la querella, y tampoco mencionó el asunto en el comunicado de prensa divulgado el miércoles.

Querella Ética contra Alcalde de Aguada por comprarse ropa con la tarjeta de crédito del Municipio

Jessie Cortés Ramos, alcalde de Aguada (Archivo).

Jessie Cortés Ramos, alcalde de Aguada (Archivo).

AGUADA: La directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la licenciada Zulma Rosario, confirmó que la semana pasada se radicó una querella ética contra el alcalde popular de Aguada y candidato a la reelección, Jessie Cortes Ramos, a quien se le imputa usar la tarjeta de crédito autorizada por el Municipio para comprar ropa en una tienda por departamentos.

“A pesar del esfuerzo de la OEG para orientar a los servidores públicos, todavía hay algunos se creen que se las saben todas y que pueden violar libremente las leyes de Puerto Rico, particularmente la Ley de Ética”, comentó Rosario, al confirmar la existencia de la querella.

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Cortés no ha contestado la querella. No obstante, el incumbente tiene 20 días para contestar el recurso, que fue radicado el pasado 28 de septiembre.

Según la querella 17-04, el 30 de marzo de 2014, el alcalde Cortés Ramos usó la tarjeta de crédito que le asigna el Municipio de Aguada para comprar ropa en una tienda por departamentos localizada en Mayagüez, “un gasto no compatible con las funciones específicas del Municipio de Aguada”.

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La OEG, como parte querellante, solicitó que se le impusiera al alcalde Cortés una multa de $20 mil por cada infracción demostrada, así como que se le imponga una sanción civil equivalente a tres veces el valor del beneficio económico recibido.

De proceder la que querella, se estaría ordenando que se haga un “descuento de nómina” para completar el pago de la multa impuesta.

Para acceder a la copia del documento de la querella, haga “click” en este enlace: http://tmp.oegpr.net/wp-content/uploads/Querellas/2017/17-04q-signed.pdf

“Demoledor” informe del Contralor sobre el Municipio de Lajas durante incumbencia del PNP

Los serias irregularidades se produjeron bajo la incumbencia del exalcalde de Lajas, Leovigildo "Leo" Cotte (Archivo).

Los serias irregularidades se produjeron bajo la incumbencia del exalcalde de Lajas, Leovigildo “Leo” Cotte (Archivo).

SAN JUAN: Referidos al Secretario de Justicia, a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), al Secretario de Hacienda y al Contralor Electoral; produjo la más reciente auditoría de la Contralora de Puerto Rico en lo que es una opinión adversa sobre la construcción de obras y mejoras permanentes, y los servicios de asesoría en el Vertedero Municipal, y de recogido y disposición de desperdicios sólidos en el Municipio de Lajas, bajo la incumbencia del exalcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP), Leovigildo “Leo” Cotte.

El Informe cubre el periodo del 12 de enero de 2009 al 13 de enero de 2013.

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En el documento se indica que el Municipio contrató al contratista A para la construcción y remodelación del Área Recreativa Playita Rosada en La Parguera (Proyecto 1) por $195 mil y las mejoras permanentes a edificios del Casco Urbano (Proyecto 2) por $85 mil. Ese contratista, subcontrató a su vez al contratista B –que había licitado en el proyecto 2- para realizar ambos trabajos y también al contratista C –que licitó en ambos proyectos- para realizar trabajos de electricidad.

El exceso de lo que el Municipio pagó al contratista A, con respecto a lo que este le pagó a los subcontratados, ascendió a $189,795.

Estas situaciones se remitieron al Secretario de Justicia y a la OEG, el 13 de agosto de 2014.

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La Contralora también refirió a Justicia y a la OEG, el 24 de noviembre de 2014, la situación de que dos compañías con un mismo presidente presentaron propuestas para instalar tuberías de agua potable por $155 mil. Este presidente declaró a los auditores de la Oficina de la Contralora que subcontrató dicha obra por $52,432.

El efecto de estas situaciones es que se benefició a unos proveedores en particular, privó al Municipio de seleccionar mejores ofertas, y se pagaron proyectos con precios inflados por $240,243.

Las irregularidades en la contratación de los servicios para el recogido y la disposición de desperdicios sólidos, también se refirieron a Justicia y a la OEG el 20 de mayo de 2015, ya  que la Legislatura Municipal no aprobó el contrato, lo que lo hace nulo y la compañía no pagó el canon correspondiente por el uso de instalaciones y el equipo. Estos hechos pueden configurar el delito de negligencia en el cumplimiento del deber (Ley 149-2004, Código Penal de Puerto Rico).

El informe de 11 hallazgos revela además, que se pagaron $52,953 en trabajos no realizados, se formalizaron contratos para construir obras sin obtener al menos tres cotizaciones y contratistas no inscritos en el Registro de Licitadores realizaron trabajos para el Municipio.

Además, un perito en la construcción de puentes identificó múltiples deficiencias en la construcción del puente sobre la quebrada Los Llanos cuyo costo de $709,804 pudo haber sido de $132,873, una quinta parte del costo incurrido.

En los comentarios especiales del Informe se indican, entre otras, posibles violaciones al Código Penal por irregularidades en la realización de las obras y mejoras, la radicación de cargos criminales contra un exfuncionario y un contratista, y otras actuaciones que pudieran constituir posible comisión de delitos por parte de un funcionario, un empleado del Municipio de Lajas, contratistas y allegados que brindaron servicios al Municipio.

Para acceder al informe completo, haga “click” sobre el siguiente enlace:

http://iapconsulta.ocpr.gov.pr/OpenDoc.aspx?id=b70ace39-77d6-459c-8b29-42ca4b748086&nombre=M-17-07

Ética Gubernamental multa a director de escuela de Sabana Grande

Rafael Román, secretario de Educación (Archivo).

La Federación de Maestros emplazó al secretario de Educación, Rafael Román, a que destituye al director Ruiz Curet (Archivo).

SABANA GRANDE: Amilcar Ruiz Curet, director de la escuela Luis Negrón López, fue multado en $4 mil por la Oficina de Ética Gubernamental por graves violaciones al presuntamente usurpar las funciones del Director Regional de Mayagüez y “faltar a la integridad para declarar ilegalmente excedente a tres maestros de esa escuela”.

La situación fue dada a conocer por la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), la orden fue dictada por la licenciada Ana T. Ramírez Padilla, subdirectora de la Oficina de Ética Gubernamental.

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“Los hechos contenidos en la querella avalada por la Oficina de Ética Gubernamental cuestionan la capacidad del señor Ruiz Curet para ocupar la posición de director de la escuela Luis Negrón López”, indica el comunicado.

Se alega que Ruiz Curet les notificó a los maestros Mara Irizarry Torres, Olga E. Pacheco Vélez y Jonathan Quiñones Vázquez “que habían sido declarados excedentes, siendo falso”. El director supuestamente falsificó una carta oficial del director de la Región Educativa de Mayagüez, Norberto Valladares Crespo.

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La Oficina de Ética Gubernamental concluyó que Ruiz Curet violó el Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, en sus incisos “o” y “s”. Se le impusieron dos multas que totalizan los $4 mil.

La Federación dijo que recientemente se le imputó a este funcionario “cobrarle a los padres de los estudiantes graduados los diplomas de sus hijos”; y que “es un protegido” del alcalde de Sabana Grande, Miguel “Papín” Ortiz.

La FMPR emplazó al secretario de Educación, Rafael Román, para que inicie los procedimientos para la destitución de Ruiz Curet como director de escuela.

La corrupción “tiene nombre y apellido”: Omisión en el cumplimiento del deber

corrupcionPor: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

La pasada semana el país se estremeció ante una nueva ola de arrestos por supuestos actos de corrupción pública, que en esta ocasión involucra a tres entidades gubernamentales: Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Cámara de Representantes y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados  (AAA).

Diez personas fueron arrestadas por el FBI luego que se emitiera una acusación por 24 cargos de corrupción pública.

Aunque los arrestos no deben tomarnos por sorpresa, ya que como sabemos, esta investigación federal lleva ya varios meses de iniciada y se ha realizado varios allanamientos, lo que si debe preocuparnos es la inacción de las personas responsables de tomar medidas en el momento en que se conoció los detalles de la misma, en lo referente a las personas implicadas.

Desde el pasado 25 de noviembre de 2015, comenzó a salir información acerca de este supuesto esquema y de varios funcionarios públicos con cargos de influencia en el gobierno. De hecho,  los primeros allanamientos relacionados con este caso se realizaron ese día; uno en una empresa llamada 3ComGlobal, propiedad de Anaudi Hernández y otro en la Autoridad de Acueductos.

Semanas después, comienzan salir informes en la prensa que indicaban que dos funcionarias de la AAA,  Ivonne Falcón, entonces vicepresidenta de la Autoridad, y Sonia Barreto, directora de Compras, también de la AAA, estaban relacionadas a este supuesto esquema.

Otro allanamiento fue realizado el 7 y 8 de octubre de este año, también la triple A, pero esta vez fueron directamente a las oficinas de ambas funcionarias. A la vez, continuaba saliendo más información acerca de la empresa 3ComGlobal y un supuesto contrato en la Cámara de Representantes, en el que se alegaba que había sido obtenido de forma sospechosa.bbq dias en semana

La información sobre el servicio que brindaba esa empresa a la Cámara estaba en tela de juicio ya que se alegaba que el mismo era uno deficiente. De hecho, aun con todos los problemas que enfrentaba, la Cámara continuaba pagando mensualmente el contrato que tenía, sin que se iniciara un proceso legal o administrativo por incumplimiento de contrato.

En el caso de ADL es a la propia exadministradora, Sally López, a quien se le investigó y arrestó por presuntos actos de corrupción. Esta agencia en los últimos años se encargó del reclutamiento de personal, tanto para el gobierno central como para algunas corporaciones públicas.

¿Qué implicaciones tiene este caso con los jefes de los funcionarios arrestados? Bueno, al momento no se ha vinculado directamente al presidente de Acueductos,  ni al presidente de la Cámara, ni al propio gobernador con estos actos. Sin embargo de algo si podemos estar seguros, han sido negligentes en el cumplimiento del deber.

Como ya señalé, este no es un caso que comenzó a circular ayer sino que lleva al menos un año. Desde que comenzaron a salir nombres,  se debió haber iniciado una investigación interna para determinar la responsabilidad de los funcionarios mencionados.

Aunque en el caso del presidente de Acueductos, éste hizo una investigación y refirió el caso a la Oficina de Ética Gubernamental,  no inició un proceso administrativo interno para remover de sus puestos a la o las funcionarias que fallaron a su confianza. El ingeniero Alberto Lázaro, dijo que sometió los hallazgos de la investigación a dicha oficina sin decir cuales fueron, ni tampoco si iniciaría un proceso disciplinario contra éstas. Peor aún, al momento de los arrestos dijo que inició un proceso para sustituirlas, pero no hablo de separarlas de su empleo, por lo tanto no tenemos la certeza si estas funcionarias continuarán dentro de la Autoridad.

En el caso de la Cámara,  el presidente Jaime Perelló informó que separó de su empleo a funcionario que fue arrestado. Sin embargo, ¿Por qué no inició una investigación interna mucho antes? Espero a que ocurrieran los arrestos para entonces tomar acción. Al igual que en el caso de la ADL, que es al propio gobernador a quien le correspondía tomar acción y no hizo nada.

En este esquema se habla de apropiación de aproximadamente dos millones de dólares,  dinero que hasta la propia Contralora ha dicho que se podía pagar el bono de Navidad a muchos empleados públicos,  quienes hoy no tenemos la certeza si nos lo pagaran o no.

Ahora nos toca esperar y solicitarle a las autoridades federales que lleven este caso hasta las últimas consecuencias.

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Líder pipiolo en Maricao denuncia “encubrimiento” en caso de alcalde Gilberto Pérez

Gilberto Pérez Valentín, alcalde de Maricao.

Gilberto Pérez Valentín, alcalde de Maricao.

MARICAO: El presidente del Comité Municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Maricao, Maximino Rivera López, denunció el sábado lo que calificó como “la incompetencia e ineptitud” de las agencias de fiscalización del Estado en el caso del alcalde de esta municipalidad Gilberto Pérez Valentín.

Según Rivera López, al alcalde maricaeño se le ha permitido “una casi total impunidad ante los graves actos de corrupción pública cometidos por el funcionario y claramente documentados por las mismas agencias”.

En declaraciones escritas, señaló directamente al panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), la Oficina del Contralor, el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental.

“(Éstas) han resultado ser claramente incompetentes al momento de hacer al cumplir las leyes que juró cumplir el alcalde de Maricao al asumir su posición y se han convertido en cómplices y facilitadores de los actos de corrupción pública cometidas por el funcionario con su imprudente  e irresponsable indulgencia ante tales actos”,  declaró Rivera, quien es maestro de la Escuela Superior Urbana de Maricao.

El líder pipiolo cuestionó la fuerza moral de estas agencias.

“En el caso del FEI, el descaro de esta agencia- claramente identificada con el partido al que pertenece el alcalde- llega al punto de mentirle al público al declarar que nadie ha radicado querellas contra el alcalde ante ese organismo. Totalmente falso. En o alrededor de septiembre de 2012 personalmente radiqué una querella haciendo alusión a los hallazgos acumulados en diez informes del contralor a lo largo de veinte años y actos públicos que apuntaban a posibles violaciones de ley. La única contestación a esa querella fue el absurdo reclamo de la presentación de un expediente de más de 15 elementos incluyendo declaraciones juradas del alcalde y todos los funcionarios municipales envueltos. Es claro que el FEI no tiene intención alguna de cumplir con su deber y que se ha convertido, con esta bochornosa omisión en el cumplimiento del deber, en cómplice del alcalde y sus actos de corrupción”, reclamó.

Otra dependencia criticada fue la Oficina del Contralor, la que, según Rivera “le ha fallado gravemente al pueblo”.

“A pesar de haber documentado con meridiana claridad en diez informes a los largo de veinte años el patrón de corrupción del alcalde, esta agencia no ha podido convencer a nadie que tome alguna acción para hacerle justicia al pueblo de Maricao que ha estado sumido en el subdesarrollo, la pobreza y el desempleo mientras el alcalde y sus allegados se dan vida de millonarios”, argumentó Rivera.

Sobre el papel del Departamento de Justicia, Rivera dijo que éste ha “ignorado por completo” los señalamientos bien documentados de la oficina del contralor, que cuando hace un señalamiento lo hace con abundante evidencia, sino que cuando recibieron mi querella asumieron el papel de abogados el alcalde y parecían estar más interesados en asegurar que el alcalde pudiera evadir la ley más que cumplirla.

Por otro lado, Rivera criticó a la Oficina de Ética Gubernamental, que a pesar de ser “la única agencia que ha tomado alguna acción contra el alcalde”, ha sido “pusilánime e indulgente” al imponer sanciones “insignificantes e irrisorias”.

“La imposición de una multa de $10,000 al alcalde, por una contumaz violación de la ley que le produjo a un familiar suyo más de $200,000 en ingresos a los que no tenía derecho legal, no solo es inefectiva como mecanismo disuasivo sino que es un estímulo a continuar con el esquema”, sentenció Rivera.

Por último, Rivera López adelantó que estará pidiendo la intervención de la senadora independentista María de Lourdes Santiago en este caso.

“Es hora de que la legislatura intervenga y le quite la discreción a Ética de negociar las multas; que se cree un organismo de fiscalización verdaderamente independiente de influencias políticas que rompa el nudo de impunidad que protege a los alcaldes de forma que se proteja las maltrechas finanzas públicas de la depredación de quienes no consideran la mera vergüenza pública como disuasivo suficiente; que se impongan penas innegociables y automáticas de destitución, cárcel, restitución total y multas verdaderamente punitivas”, concluyó.