Tras Informe del Contralor… Alcalde de Hormigueros asegura que el Municipio no ha cometido ninguna ilegalidad

HORMIGUEROS: El alcalde Pedro J. García Figueroa desmintió el martes que su administración municipal haya cometido alguna ilegalidad al otorgar un contrato a una firma de arquitectura para realizar el proyecto del Centro de Usos Múltiples de la Comunidad Hoya Grande de este pueblo del Oeste.

En un comunicado de prensa, García dejó claro que el proyecto “está terminado, en uso y no tuvo ningún señalamiento en su construcción e inspecciones”.

Las expresiones del alcalde García surgieron luego de un referido hecho por la Oficina del Contralor al Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental.

“Nuestra Administración Municipal de Hormigueros tiene dentro de su misión, el ejercer sus deberes y facultades dentro de los más altos estándares de excelencia y en estricto cumplimiento con las leyes y la reglamentación aplicables. Así ha quedado demostrado en las anteriores auditorías realizadas por la Oficina del Contralor y en las monitorías de agencias fiscalizadoras de fondos federales”, mencionó el alcalde García Figueroa.

El incumbente municipal explicó que la selección de la Corporación de Servicios Profesionales de Arquitectura, a la que hace referencia el hallazgo, se hizo dentro del proceso de competencia adecuado mediante la solicitud de propuestas y el análisis de las mismas por la Junta de Subastas Municipal.

La Junta tuvo ante su consideración cinco propuestas para los servicios de diseño en su primera fase de un Centro de Usos Múltiples en el sector Hoya Grande del barrio Guanajibo.

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García dijo que la adjudicación de los trabajos se hizo conforme a la Ley, por votación unánime de los miembros de la Junta presentes en la consideración de propuestas, y ante la recomendación del Director de Obras Públicas Municipal, en calidad de miembro asesor de la Junta.

Indicó además que el contrato formalizado en julio de 2009 contiene unas obligaciones contractuales que no se extinguen con el vencimiento del contrato y el mismo cumple en su totalidad con las disposiciones de la Ley 237-2004, Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales o Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La cuarta cláusula de dicho contrato formaba parte de la propuesta del contratista y se estableció conforme lo permite el Manual de Práctica Profesional del Colegio de Arquitectos vigente en aquel momento. El establecer que dicha cláusula va en contra del estado de derecho aplicable, cuando es permitida por ley y tres de las cinco propuestas recibidas por la junta para los servicios establecían la misma condición, es una conclusión errada y se aparta de una evaluación objetiva de los procesos llevados a cabo por nuestra administración.

García dijo que los $28,885 pagados al contratista en cumplimiento con la cláusula cuarta del contrato se realizaron sin apartarse de la ley y con la aprobación de la entidad custodia y fiscalizadora de los fondos federales CDBG, la antes Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM).

“Los primeros $20,286 pagados por la revisión de honorarios estaban dentro de los costos iniciales de la fase de diseño, y los $8,599 fueron producto de una reprogramación de fondos solicitada el 2 de abril de 2012 y aprobada el 18 de abril de 2012 por la OCAM. Cabe señalar, que el proyecto de referencia en el hallazgo y los desembolsos realizados para el mismo fueron objeto de monitoría de la OCAM en la que las pruebas efectuadas reflejaron que nuestro Municipio cumplió con las leyes y los reglamentos aplicables al Programa”, apuntó.

“Es inaceptable que la Oficina del Contralor de Puerto Rico haga un referido al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental cuando le contestamos sus hallazgos, le demostramos que su interpretación es errónea, que la contratación cumplió con la ley y nos mantenemos firmes en que ni la Junta de Subasta ni ningún empleado del municipio ha cometido ninguna ilegalidad en la otorgación de este contrato. Si se le pago al Arquitecto esa cantidad es porque en su propuesta estaba estipulado y en el contrato que se firmó también. Además, ese pago al arquitecto se hizo como lo establecen las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como se hacen todas las cosas en mi municipio. Jamás se ha pagado por un trabajo no realizado… Jamás”, añadió el alcalde.

Por último, se indicó que este señalamiento es a la Junta de Subasta y no al Alcalde.

Contraloría refiere a compradora del Municipio de Ponce a Justicia y a Ética por alegado favoritismo en el pago de más de medio millón a suplidor que le vendía neveras y enseres

PONCE: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Ponce relacionadas con las compras y los desembolsos. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El Informe revela favoritismo por parte de la compradora del Municipio hacia un proveedor en particular. Del 2009 al 2012 se realizaron 524 órdenes de compra por $517,107 a favor de un proveedor de muebles y enseres electrodomésticos para el hogar.

Nuestros auditores detectaron en las cotizaciones de siete proveedores que no fueron favorecidos, se les había escrito con tinta de otro color en el documento original, las siglas COD (“Cash on Delivery”) en frases como: Se exige pago COD, Cash Pago COD o Requiere Pago COD.

Un perito examinador de documentos del Instituto de Ciencias Forenses concluyó que la compradora fue la autora de las cotizaciones examinadas.

Esta situación se refirió a la Secretaria de Justicia y a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental el 18 de mayo.

Al respecto se pudo haber configurado los delitos de intervención indebida en las operaciones gubernamentales y perjurio tipificados en la Ley 149-2004 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendado y en la Ley 1-2012 de la Ley de Ética Gubernamental.

La auditoría de un hallazgo señala que las cotizaciones eran suministradas por los mismos ciudadanos que acudían a solicitar ayuda al Departamento de Servicios al Ciudadano. Los técnicos que recibían a los ciudadanos indicaron que las cotizaciones recibidas no tenían las siglas añadidas de COD y los proveedores entrevistados indicaron que no escribieron las siglas, ya que siempre estuvieron dispuestos a ofrecerle crédito al Municipio.

Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, las cotizaciones presentadas por los proveedores, no contenían el nombre, título ni la firma del funcionario o empleado que recibió, aceptó y adjudicó las mismas. Además, la compradora realizaba funciones conflictivas como firmar las requisiciones de compras, evaluar las cotizaciones, adjudicar las compras y, recibir y entregar los cheques de pago.

El informe cubre el periodo del 12 de enero de 2009 al 30 de junio de 2014, y es el sexto y último informe de las auditorías realizadas al Municipio de Ponce.

Mientras tanto, en un comunicado de prensa, la alcaldesa María Eloísa “Mayita” Meléndez Altieri reaccionó al informe, asegurando que su administración “es una de transparencia y aquel que incumpla será responsable y deberá afrontar las consecuencias de sus actos”.

En el parte, la incumbente municipal dijo que desde que tuvo conocimiento del asunto, “el Municipio Autónomo de Ponce tomó las medidas correctivas correspondientes, incluyendo, entre otras, la suspensión sumaria de la empleada señalada el pasado 14 de agosto. Asimismo, confirmó que previamente cursó comunicación escrita al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental expresando la disponibilidad del municipio para cooperar en el proceso de investigación que le fuera referido por el Contralor”.

Como cuestión de hecho, la reacción de la alcaldesa ponceña se produjo antes que la publicación del informe por la Contraloría.

 

ASUME con casi $56 millones en el banco que no sabe de quién son (Documento)

REDACCIÓN: La Contraloría de Puerto Rico emitió el lunes una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales de la Administración para el Sustento de Menores del Departamento de la Familia (ASUME).

El Informe DA-19-04 revela que en los estados bancarios en donde se depositan los pagos de pensiones alimentarias del 1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2017, hay un balance que fluctúa entre $36 millones a $56 millones, y que ASUME desconoce la naturaleza de las partidas que componen ese dinero.

Dicho balance es el que registra el estado, luego de las transferencias de depósito de las pensiones alimentarias al padre custodio. La Administradora Auxiliar II certificó y la Administradora confirmó, que no se ha podido determinar la composición de dicha cuenta.

En el informe se indica que esta situación, contraria a la Ley Número 5 de 1986, conocida como la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, impide mantener un control efectivo de las operaciones relacionadas con los fondos de pensiones alimentarias y que se tomen las acciones oportunas para la distribución de los fondos.

Además, el no realizar conciliaciones bancarias de las cuentas de depósito y de desembolsos ni contar con subsidiarios o registros internos, propició que se mantuviera un balance en la cuenta sin que se conozcan las partidas, los importes y a quién pertenecen esos fondos.

La auditoría de tres hallazgos señala que se utilizaron $78,011 del Fondo Especial para Servicios y Representación de Casos de Sustento de Menores para gastos no relacionados ni permitidos en la  Ley Numero 5.  Esta situación en particular se refiere a la Secretaria de Justicia para su consideración y que tome las medidas que correspondan.

Por ejemplo, se pagaron servicios profesionales, arreglos mecánicos, cuenta de energía eléctrica y otros, con el Fondo Especial creado para otros fines como la representación legal, localización de las personas obligadas a proveer alimentos, pago de gastos incurridos en los recaudos y distribución de las pensiones alimentarias, entre otros. El Informe comenta al respecto que la ASUME no cuenta con normas y reglamentos que regulen las operaciones relacionadas del Fondo Especial.

El Informe indica también que el Manual de Normas y Procedimientos para el manejo de los casos de pensiones alimentarias que se utiliza desde el 2011, no había sido aprobado ni revisado por los administradores de la ASUME ni por los secretarios de la Familia en funciones.

El Informe está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Informe del Contralor destapa esquema de corrupción de la pasada “plana mayor” de la UPR de Arecibo (Documentos)

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ARECIBO: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo.

El Informe revela que funcionarios de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y empleados de los hoteles en donde se llevaron a cabo siete talleres de educación continua, se pusieron de acuerdo para ocultar gastos incidentales e indebidos por $35,603.

Enlace al informe

Los auditores desvelaron un esquema de apropiación de fondos públicos y gastos extravagantes y excesivos en bebidas alcohólicas, ropa, perfumes, servicios de spa e incluso gastos de estadía en fechas anteriores y posteriores a los talleres. En el esquema, los funcionarios solicitaban a los empleados de los hoteles que alteraran las facturas y los justificantes.

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Esta situación se refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el 30 de septiembre de 2016. El 25 de mayo de 2017 los fiscales de la Oficina del Fiscal Especial Independiente radicaron 63 cargos contra el entonces rector de la UPR-Arecibo y su hijo, la coordinadora del proyecto CRECE 21, la ayudante especial del entonces presidente de la UPR y el entonces rector de la UPR-Cayey.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra todos los acusados por apropiación ilegal agravada, aprovechamiento ilícito, malversación de fondos públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. El 28 de marzo del 2018 una jueza determinó causa para juicio y los procedimientos continúan ante el Tribunal.

Con respecto a esta situación, el Informe comenta que las facturas alteradas por los empleados de los hoteles, fueron certificadas por el coordinador de Cuentas por Cobrar del hotel A y el gerente de Crédito del Hotel C. Además, a petición de la coordinadora del proyecto CRECE 21, se prepararon certificaciones de no consumo de bebidas alcohólicas, a sabiendas de que esto no era cierto.

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En otras actividades celebradas en el Hotel C, se identificaron gastos innecesarios, extravagantes, excesivos e ilegales de compras en los restaurantes, barras y convenience store que ascendieron a $3,828.71. Estos gastos se cargaron a las habitaciones asignadas a la directora del Proyecto CRECE 21 quien solicitó al gerente de Crédito del Hotel que transfiriera los gastos incidentales al master folio de la actividad y los nombres de algunos huéspedes se sustituyeron por UPR-Staff.

La auditoría de dos hallazgos señala que los funcionarios de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) de la UPR-Arecibo, no se aseguraron de que los maestros que tomaron los adiestramientos, cumplían con los requisitos estipulados en el contrato entre la UPR-Arecibo y el Departamento de Educación (DE).

Por eso el DE no le pagó a la UPR-Arecibo $695,952 de los $1.5 millones facturados. Por ejemplo, en un taller que se impartió a 100 maestros de kínder, 27 de ellos no cualificaban, y en un taller a 100 maestros sobre la enseñanza de la lengua materna, 63 de ellos no cualificaban. No obstante, la UPR-Arecibo pagó por los gastos incurridos de hospedaje, comida, estacionamiento, materiales y los facilitadores.

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Oficina del Contralor le da “buenas notas” al Área Local de Desarrollo Laboral Mayagüez-Las Marías

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MAYAGÜEZ: La Contraloría de Puerto Rico emitió el lunes una opinión favorable de las operaciones fiscales del Área Local de Desarrollo Laboral Mayagüez-Las Marías (ALDL).

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En un comunicado de prensa se informó que las pruebas efectuadas revelaron que las operaciones se realizaron “de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable en los procesos de selección, adjudicación y administración de las propuestas relacionadas con servicios intensivos de adiestramientos y otras actividades, para jóvenes, adultos y trabajadores desplazados. La auditoría examinó, además, las operaciones de compras y los desembolsos en la adquisición de equipos y materiales”.

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La ALDL se creó en el 1993 como Consorcio Mayagüez-Las Marías. En el 2012 cambió su nombre a Área Local de Desarrollo Laboral Mayagüez-Las Marías. La ALDL es un área en la cual se prestan servicios con los fondos WIOA (Workforce Innovation and Opportunity Act of 1914) con el propósito de desarrollar el talento de la fuerza laboral para apoyar el desarrollo económico de Puerto Rico.

Su presupuesto en el año 2017 ascendió a $2.1 millones.

El informe M-18-29 cubre el periodo del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016 y está disponible en http://www.ocpr.gov.pr.

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Contraloría revela distribución “por la libre” de asfalto en la regional del DTOP en Mayagüez (Fotos)

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MAYAGÜEZ: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales relacionadas con los vehículos de motor, las compras de asfalto y los inventarios e inspección de las casetas de materiales, entre otras, de la Oficina Regional de Mayagüez del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

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Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados. La Oficina Regional de Mayagüez sirve a los municipios de Añasco, Las Marías, Mayagüez, Maricao, Hormigueros, San German, Sabana Grande, Cabo Rojo, Lajas, Yauco y Guánica.

El Informe DA-18-13 revela que para los años fiscales del 2014 al 2016, no se halló información ni documentos que evidenciaran el uso adecuado del 94 por ciento del asfalto recogido por nueve de los 11 municipios a quienes sirve la Oficina Regional de Mayagüez, conforme a las cartas de autorización emitidas por el director regional.

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Según el informe, este tipo de situación impide mantener un control adecuado de la utilización del asfalto y propicia que el mismo se emplee para otros fines no permitidos por ley.

La auditoría de un hallazgo también comenta que en la Oficina Regional de Mayagüez se identificaron 119 proyectos de construcción y mejoras permanentes por $32.5 millones necesarios para mejorar la seguridad y las condiciones de las carreteras estatales.

Sin embargo, para el 29 de septiembre de 2016, la Oficina Regional no había recibido las asignaciones de fondos debido a la crisis fiscal del Gobierno.

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Se dijo que en una visita de los auditores a las nueve casetas para materiales y equipos de la Oficina Regional se verificó la falta de mantenimiento. Dichas estructuras estaban cubiertas de maleza, deterioradas y sin controles para evitar el vandalismo.

Además, en una inspección de los alrededores de la Oficina Regional, se identificaron vehículos de motor, maquinarias, equipos pesados y otros equipos inservibles y sin utilidad para los que no se habían realizado gestiones para su disposición final.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2013 al 28 de febrero de 2017 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

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Contraloría señala falta de mantenimiento a proyectos de construcción y propiedad inservible u obsoleta sin decomisar en Oficina DTOP de Aguadilla (Fotos)

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AGUADILLA: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones relacionadas a las áreas de construcción y mejoras permanentes, control de propiedad y de los documentos fiscales de la Oficina Regional de Aguadilla del DTOP, que sirve a 10 municipios en el área noroeste.

Una opinión cualificada es cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

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En un comunicado de prensa se indicó que del 2013 al 2016, la Oficina Regional realizó 13 proyectos de construcción y contrató otros siete, para una inversión total de $1.4 millones en obras de construcción. En una inspección a tres de los proyectos, nuestros auditores observaron en dos de ellos, falta de mantenimiento y que estaban cubiertos por vegetación, tierra y hojas.

El Informe DA-18-12, de cuatro hallazgos, señala deficiencias con la propiedad inservible u obsoleta sin decomisar que se guarda junto a equipos y herramientas en buenas condiciones. De hecho, muchos de los materiales obsoletos se ubican a la intemperie, cubiertos de la vegetación y agua.

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Contrario a reglamentación, el director regional no había designado un sub-encargado de la propiedad desde la cesantía del anterior en el 2010. Además, el Inventario de Activos Fijos de la Propiedad del año 2016 no incluyó el costo de 164 unidades de propiedad.

La auditoría revela que la Oficina Regional de Aguadilla, no había realizado las gestiones pertinentes con el Departamento para llevar a cabo el proceso de decomiso del archivo inactivo. Esta situación impide a la Oficina Regional mantener un control adecuado de los documentos inactivos. Además, por el tiempo transcurrido, el manejo de documentos deteriorados y con problemas de humedad, constituyen un riesgo para la salud de los empleados.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de marzo de 2017 y está disponible en su totalidad en www.ocpr.gov.pr.

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“Favorable con excepciones” informe de la Contralora sobre Municipio de Cabo Rojo

El informe M-17-39, con todos los detalles, está en la página de Internet de la Oficina de la Contralora (Archivo/LA CALLE Digital).

El informe M-17-39, con todos los detalles, está en la página de Internet de la Oficina de la Contralora (Archivo/LA CALLE Digital).

CABO ROJO: Un informe de auditoría, que cubrió parte del último cuatrienio de la exalcaldesa Perza Rodríguez (PNP) y la primera mitad del primer cuatrienio del actual alcalde Roberto Ramírez Kurtz (PPD), fue catalogado como “opinión favorable con excepciones sobre el manejo y control del presupuesto operacional, la contratación de servicios profesionales, la construcción de obras y mejoras permanentes del Municipio de Cabo Rojo”.

El Informe M-17-39 revela que el Municipio utilizó para comprar inversiones en un banco, los fondos que la Asamblea Legislativa asignó mediante resoluciones conjuntas (Barril y Barrilito), para la compra de terrenos y la construcción de obras y mejoras permanentes. De diciembre de 2009 a noviembre de 2014, bajo la incumbencia de la exalcaldesa Rodríguez, Cabo Rojo mantuvo inversiones que fluctuaban de $5.8 a $9.6 millones en una institución bancaria sin la autorización de la Asamblea Legislativa.

Tampoco remitió para la aprobación de la Legislatura Municipal, una línea de crédito bancaria por $809,948, para la cual utilizó como colateral las mencionadas inversiones. Estas situaciones pueden ser perjudiciales y afectar asignaciones futuras de fondos.

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Mientras tanto, la Oficina de la Contralora remitió al Secretario de Justicia, al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico el 19 de diciembre de 2016, bajo el mandato del alcalde Ramírez Kurtz, la contratación de servicios de ingeniería a una corporación que no estaba constituida como una corporación profesional como dispone la Ley 173 del 12 de agosto de 1988. También, contrario a la Ley 319 del 15 de mayo de 1938, tres personas que no estaban registradas como ingenieros o agrimensores del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, inspeccionaron y certificaron 35 proyectos en Cabo Rojo.

La auditoría de cuatro hallazgos señala que de junio de 2013 a julio de 2015, también bajo la administración del alcalde Ramírez, el Municipio formalizó cuatro contratos por $391,825 con un contratista sin obtener cotizaciones de al menos tres proveedores. Además, nuestros auditores identificaron que para seis obras por $389,411 se consideraron 44 cotizaciones de siete compañías, de las cuales siete de ellas resultaron ser falsas.

El Informe comenta el caso de la destitución del encargado del cementerio Las Delicias en enero de 2014, tras determinarse en una auditoría interna que vendió una fosa a una persona particular y expidió una certificación oficial. Los auditores investigaron otra querella que se recibió en julio de 2014 y determinaron que el encargado intervino en la venta de tres fosas por $1,000, $600 y $1,500, expidió certificaciones para cada una de ellas y solicitaba a los compradores el pago en efectivo. Los funcionarios municipales no refirieron este caso ni a la Oficina de Ética Gubernamental ni al Departamento de Justicia ni a la Oficina del Contralor.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2015 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Contraloría revela hallazgos en la Policía bajo superintendencias de Pesquera, Tuller y Caldero

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SAN JUAN: La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión favorable con excepciones sobre el examen realizado a los contratos de servicios profesionales y consultivos, los controles administrativos e internos del Negociado de Recursos Humanos, de la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional y del Negociado de Investigaciones de Licencias e Inspección de Armerías de la Policía de Puerto Rico.

El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2016, que incluye las incumbencias de los exsuperintendentes Héctor Pesquera, James Tuller y José Luis Caldero.

El documento de 11 hallazgos revela que la Policía pagó $5,466.94 en exceso por horas no trabajadas a un profesor de materias legales y, por otro lado, retuvo $44,986 en exceso a un contratista por rembolso de gastos exentos según la Carta Circular 1300-09-14 del 2013.

Además, recomienda al Secretario de Hacienda que tome las acciones pertinentes por el hecho de que la Policía no notificó el pago de $13.5 millones por tres contratos, en las declaraciones informativas a Hacienda.

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Los auditores de asignados por la contralora Yesmín Valdivieso, identificaron que contrario a la Ley 237-2004, se otorgaron contratos para realizar funciones similares a las de un puesto dentro del Plan de Clasificación de Puestos. Cada uno de estos contratos devengó entre $1,200 hasta $26,376 anuales por encima de lo establecido en el Plan. Además, se otorgaron múltiples contratos de servicios con falta de información importante o sin todas las certificaciones requeridas.

La auditoría señala que no se realizaron pruebas de sustancias controladas anuales a todos los funcionarios y empleados de la Policía, según dispone el Reglamento 6403 del 2002, sino apenas al 12 por ciento del personal. Tampoco se realizaron las evaluaciones psicológicas al personal de rango y clasificado de la Policía dentro de un periodo de tres años, según dispone la Ley 53-1996. En los últimos seis años sólo se han realizado la prueba psicológica entre el 3 por ciento y el 11 por ciento de los empleados.

El informe también recomienda que se promulgue reglamentación para la Sección de Análisis de Huellas Dactilares de la División de Identificación Criminal y que se actualicen los procedimientos para administrar la Ley de Detectives Privados de Puerto Rico.

El documento completo, bajo el número DA-17-25, está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Publican segundo Informe de la Contralora en Municipio de Lajas… Sigue “lloviendo y no escampa” para exadministración PNP

El exalcalde Leovigildo "Leo" Cotte y el actual incumbente Marcos "Turin" Irizarry.

El exalcalde Leovigildo “Leo” Cotte y el actual incumbente Marcos “Turin” Irizarry.

LAJAS: La segunda parte de la auditoría de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, reveló desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación con la administración del presupuesto y la construcción de una obra que no ha tenido utilidad en el Municipio de Lajas.

La auditoría cubre el periodo del 12 de enero de 2009 al 13 de enero de 2013, bajo la administración del exalcalde novoprogresista Leovigildo “Leo” Cotte.

En un comunicado de prensa se indicó que el Municipio tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional de $2 y $1.8 millones para los años fiscales 2012 y 2013, lo cual representa un 18 por ciento y 14 por ciento, respectivamente, del presupuesto de ese periodo.

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“El operar con déficit reduce los recursos disponibles para el año fiscal siguiente y atribuimos la situación a que los alcaldes y directores de Finanzas y Presupuesto en funciones no administraron eficientemente las finanzas del Municipio”, indicó la Oficina de la Contralora.

El informe revela que el Municipio además construyó un campo de bateo en la urbanización Jardines de Lajas por $174,900, que al 31 de marzo de 2016 continuaba cerrado y no se ha utilizado. La construcción no provee capacidad de estacionamiento, no posee las mejores terminaciones y los residentes se querellaron de que no se les había consultado antes de construirlo.

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El Informe de tres hallazgos señala también, que se reprogramaron $1.5 millones de unos fondos asignados por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico del 1994 al 2010, contrario a los fines aprobados en las resoluciones conjuntas y sin solicitar la autorización de la Legislatura para reprogramar los fondos.

La opinión de la Contralora es parcialmente adversa.

Para acceder al informe, haga “click” sobre este enlace:

http://iapconsulta.ocpr.gov.pr/OpenDoc.aspx?id=ee85f72f-c3aa-4862-943c-1d79337cab00&nombre=M-17-09