Alcalde de Mayagüez acude al Tribunal para paralizar cierre de escuelas

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MAYAGÜEZ: El alcalde José Guillermo Rodríguez acudió a los tribunales para solicitar que ordene al Departamento de Educación y su secretaria Julia Keleher que paralice el cierre de siete escuelas públicas de la ciudad, alegando que se hizo de “forma ilegal, arbitraria y caprichosa”.

En el recurso de “Interdicto Preliminar, Injunction Permanente, Daños y Perjuicios”, el alcalde Rodríguez presentó la acción civil en apoyo a los padres de las escuelas elementales Barbarita Rodríguez, David Farragut, Franklin D. Roosevelt, Cuesta Las Piedras, Castillo, Theodore Roosevelt y Felisa Rincón de Gautier.

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“Que la parte Demandada de forma arbitraria, ilegal y caprichosa, se han propuesto cerrar varias escuelas dentro del Municipio de Mayagüez, sin haber cumplido con el debido proceso de ley y criterios razonables que justifiquen tal cierre, causándoles serios daños a las partes aquí comparecientes y a la población mayagüezana en general, al privarla de un derecho constitucional a la educación”, expresa textualmente la demanda, que incluye a la secretaria de Justicia Wanda Vázquez, que junto a la secretaria Keleher, que ya fueron emplazadas.

Para el alcalde Rodríguez, “el cierre indiscriminado de una serie de escuelas en la comunidad mayagüezana, está privando a los niños en sus grados primarios, de recibir una educación que le creen un sentido de pertenencia a su comunidad”.

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En el caso de las escuelas Castillo y Felisa Rincón de Gautier, las escuelas receptoras serian en los municipios de Hormigueros y Las Marías, respectivamente, lo que saca a los estudiantes fuera de la jurisdicción del Municipio de Mayagüez.

Según el alcalde Rodríguez, es un hecho que se proponen demostrar en el Tribunal, que la mayoría de los estudiantes y sus familiares, no tienen medios de transportación y llevan a sus hijos caminando desde sus hogares hacia la escuela.

“Todas las escuelas receptoras se encuentran a distancias considerables de las comunidades donde sirven las escuelas que se pretenden cerrar, causando serios daños a la seguridad de los menores, gastos excesivos e innecesarios y problemas de movilidad”, añade la acción civil.

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Una de las escuelas receptoras en el casco urbano de Mayagüez, la Manuel A. Barreto, se encuentra en un estado ruinoso en su infraestructura, lo que pone en riesgo la seguridad de los niños de cuatro escuelas elementales que se proponen ser enviados, muchos de los cuales tienen condiciones especiales.

El alcalde Rodríguez lamentó que nunca se consultara a los 78 alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico, sobre el cierre de 283 escuelas.

“No tomaron en consideración que en estas escuelas hay una cantidad de niños con impedimentos y otros diagnosticados con autismo, que han mejorado mucho en su proceso de adaptación y aprendizaje, lo que provocaría un retroceso en los logros obtenidos, además de causarle daños severos en su condición”, concluyó el alcalde Rodríguez en sus declaraciones escritas.

Acusaciones contra Rivera Guerra por el “codazo”

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, confirmó que Rivera Guerra será denunciado (Captura de pantalla).

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, confirmó que Rivera Guerra será denunciado (Captura de pantalla).

SAN JUAN: El representante novoprogresista José Luis Rivera Guerra será formalmente acusado por “agresión simple”, como secuela de un incidente ocurrido el pasado 27 de abril, durante una manifestación en El Capitolio. El dato fue confirmado por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, durante una entrevista radial (Radio Isla 1320).

Durante el incidente, el legislador por Aguadilla y Moca le propinó un codazo a un manifestante cuando intentaba entrar al anexo de la Cámara de Representantes.

“Estamos preparando el informe para enviárselo al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI). La recomendación va ser que no se le designe un FEI porque el delito que surge de la investigación de Rivera Guerra es un delito menos grave, que lo va radicar la Fiscalía estatal”, dijo Vázquez.

La agresión simple tiene una penalidad de seis meses de cárcel o una multa, por tratarse de un delito menos grave.

“La prueba fue muy analizada, de toda la evidencia que se tiene; Tenemos la obligación de realizar una investigación profunda para hacer la recomendación al FEI, así que se tarda un poco aunque sea un delito menos grave”, dijo la funcionaria.

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Justicia radica 123 cargos contra hotel Bahía Salinas en Cabo Rojo por evasion del “room tax”

Según Justicia, el hotel dejó de pagar el "room tax" desde enero del 2014. (Fuente/Internet).

Según Justicia, el hotel dejó de pagar el “room tax” desde enero del 2014. (Fuente/Internet).

CABO ROJO: La Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que la División de Delitos Económicos radicó el lunes en la tarde 123 cargos contra Bahía Salinas Beach Hotel y/o Grand Bahía Ocean View Hotel, por concepto de impuestos, al adeudar $199,630 a la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

El juez Edgar S. Figueroa Vázquez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa probable para arresto en las 123 denuncias por apropiación ilegal de fondos públicos al amparo de la Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación, Ley 272 del 9 de septiembre de 2003.

Los cargos fueron contra Bahía Salinas Beach Hotel, Inc., Fundación Hispanoamericana de Autismo, Sea View Entreprises Inc., Grand Bahía Ocean View Hotel y Ángel Providencio López Nunci, quienes son accionistas, propietarios y/o administradores de la hospedería localizada en Cabo Rojo.

La fianza global impuesta fue de $20,500 y la vista preliminar fue señalada para el 5 de julio.

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Este caso fue referido al Departamento de Justicia por parte de la Compañía de Turismo contra Bahía Salinas Beach Hotel, Inc. para la correspondiente investigación, al amparo del Artículo 20 de la Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación. Según la pesquisa, desde enero de 2014 hasta mayo de 2017, dicho hotel cobró y retuvo el impuesto sobre el canon por ocupación de habitación a sus huéspedes, conocido como el “room tax”, pero dejó de rendirlo a la Compañía de Turismo.

Tanto el hotel como sus accionistas, propietarios y administradores tienen la obligación de recaudar, retener y remitir a la Compañía de Turismo el impuesto sobre el canon por ocupación de habitación. Ello conforme al artículo 28, inciso A, de la mencionada Ley que dispone lo siguiente: “todo hostelero que de acuerdo con el artículo 27 de esta Ley esté obligado a recaudar y retener el impuesto remitirá mensualmente a la Compañía el importe total del impuesto recaudado durante el período comprendido entre el primero y el último día de cada mes. Esta remesa deberá hacerse no más tarde del décimo (10) día del mes siguiente al que se recaude dicho impuesto”.

“El Departamento de Justicia continúa ejerciendo sus funciones para hacer cumplir las leyes fiscales que nutren los recursos del Gobierno. No podemos permitir que empresas privadas obvien su responsabilidad contributiva. El Departamento continuará adelantando las investigaciones en curso y augura que vendrán casos adicionales”, adelantó la secretaria Vázquez.

Este caso fue investigado por la fiscal Brenda Rosado Aponte, de la División de Delitos Económicos, junto con la agente Elsa Hernández Morales, del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

Sigue por ahora la venta… Queda sin efecto paralización de la venta de bolsas anaranjadas en Cabo Rojo

Un grupo de caborrojeños se manifestó en la entrada del Tribunal de Mayagüez (Suministrada/Jacqueline Beauchamp).

Un grupo de caborrojeños se manifestó en la entrada del Tribunal de Mayagüez (Suministrada/Jacqueline Beauchamp).

MAYAGÜEZ: El lunes en la tarde quedó sin efecto una orden de cese y desista emitida el viernes por la juez Lynnette Ortiz Martínez, a petición del Departamento de Justicia, que paralizó durante el fin de semana la Ordenanza 26, que impone la compra de bolsas anaranjadas con el logo del Municipio de Cabo Rojo y de la empresa ConWaste, para la disposición de basura, so pena de multas si no se cumple con la misma.

Sin embargo, la orden tuvo efectividad solo por el fin de semana y quedó sin efecto el lunes en la tarde.

No obstante, la vista del lunes en la tarde tuvo como resultado que NO se le van a imponer multas administrativas a la ciudadanía, ni se va a intervenir con la contratación de otras empresas de recogido de basura como lo establece la Sección 7 de la Ordenanza 26.

“Tribunal de Mayagüez deja sin efecto la orden de cese y desista. Nuevamente la verdad y la ley salen a relucir. Iniciativa Naranja, ConWaste y el Municipio de Cabo Rojo continuarán ofreciendo el servicio de recogido de basura y reciclaje desde mañana en adelante como de costumbre”, reza un mensaje en la página de Facebook del programa Iniciativa Naranja, tras conocerse la acción del Tribunal.

El pasado viernes, la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) radicó una demanda contra el Municipio de Cabo Rojo por la otorgación de un contrato exclusivo a Consolidated Waste Services, LLC (CWS) y/o Consolidated Waste Managers, Corp. (CWM) para el recogido de los desperdicios sólidos con la venta exclusiva de bolsas plásticas anaranjadas.

La Secretaria Auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos, Denise Maldonado Rosa, detalló que la demanda solicita al Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que emita una sentencia declaratoria, una orden provisional de restricción y prohibición bajo el Artículo 13 de la Ley de Monopolios y un interdicto preliminar y permanente en contra del Municipio de Cabo Rojo, CWS y/o CWM por violación a la Ley 77 del 25 de junio de 1964, conocida como la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio.

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Luego de la radicación de la demanda, la juez Ortiz Martínez emitió una orden a las partes demandadas para que cesen de forma inmediata la implantación de la ordenanza aprobada el pasado 5 de abril y el efecto de las cláusulas contractuales.

La misma quedó sin efecto el lunes a las 2:00 de la tarde, no obstante el caso sigue activo, así como otro pleito que está pendiente de resolución, que fue radicado hace varias semanas por el comerciante Juan Cancel Rivera y el artesano Edy Ruiz Vega, representados por el licenciado Wilmer Rivera Acosta.

Una vista sobre el “status” del caso fue señalada para el próximo 12 de julio a las 9:00 de la mañana. Aunque los casos no se han consoldado, en aras de facilitar los procedimientos, la magistrado Ortiz determinó unir los mismos y que mantener inalterado el calendario judicial, de tal manera que todo el mundo está citado para misma fecha y todos los planteamientos ser atendidos en la misma vista.

En el primer reclamo, figuran como demandados el alcalde Ramírez Kurtz y la presidenta de la Legislatura Municipal de Cabo Rojo, Evelyn Alicea González; así como el Municipio Autónomo de Cabo Rojo y la Legislatura Municipal como entes con personalidad jurídica.

Las alegaciones de la demanda aducen sobre la pretensión de los demandados a consumar un contrato cuyo efecto es prevenir la competencia y crear un monopolio en el mercado del recogido de desperdicios sólidos y de las bolsas plásticas al obligar a los ciudadanos a adquirir las bolsas anaranjadas especializadas. Las mismas son distribuidas por CWS y/o CWM para que los comerciantes caborrojeños las vendan a los residentes, comerciantes y/o visitantes para disponer de la basura. Las bolsas anaranjadas no pueden ser sustituidas por ninguna otra bolsa disponible en el mercado.

La OAM solicitó al tribunal que emita: una sentencia declaratoria que disponga que la transacción entre el Municipio de Cabo Rojo y CWS y/o CWM viola los Artículos 2 y 4 de la Ley de Monopolios, respectivamente, toda vez que constituye un acuerdo y/o conspiración para restringir irrazonablemente los negocios o el comercio en la industria del recogido de desperdicios sólidos y reciclables; constituye un acuerdo y/o conspiración para monopolizar los negocios o el comercio del recogido de desperdicios sólidos y reciclables; y constituye un intento de reducir sustancialmente la competencia y/o tenderá a crear un monopolio en la industria del recogido de desperdicios sólidos y reciclables.

Se solicita además un interdicto preliminar y eventualmente un interdicto permanente que les prohíba a los demandados perfeccionar y hacer efectivo el contrato, que se declare que la Ordenanza 26 viola la Ley de Monopolios. Se solicitó que se emita una orden provisional de restricción y prohibición mediante la que inmediatamente le prohíba a los demandados poner en efecto el contrato; además de que se provea cualquier otro remedio que proceda en ley y equidad.

“El Departamento de Justicia, en su capacidad fiscalizadora, no va a permitir violaciones a la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio. Debe existir la libre competencia y se penalizarán actos que restringen a otros a brindar servicios y fijen precios. Evitaremos que empresas controlen el mercado en perjuicio a los ciudadanos. Las empresas tienen derecho a competir en igualdad de condiciones”, expresó la Secretaria de Justicia.

La investigación de este caso continúa activa ante la OAM.

Rosselló anuncia que policías podrán tener “part times” usando su uniforme en su tiempo libre (Sonido)

El gobernador Rosselló Nevares, acompañado por la superintendente Hernández y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez (Suministrada/Fortaleza).

El gobernador Rosselló Nevares, acompañado por la superintendente Hernández y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez (Suministrada/Fortaleza).

SAN JUAN: El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó que los miembros de la Policía podrán usar sus uniformes y equipos, si se consiguen algún empleo a tiempo parcial, en su tiempo libre. El anuncio lo hizo el domingo junto a la superintendente Michelle Hernández de Fraley y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

Mediante legislación, permitiremos que el policía pueda trabajar horas extras como parte de un acuerdo con entidades externas, que puedan solicitar sus servicios mientras ejercen su trabajo como uniformados”, expresó el mandatario. “La iniciativa ayudará a tener escuelas y establecimientos privados más seguros, y a su vez, proveemos un mecanismo a los policías para ganar más dinero. Es una ganancia para la seguridad del Pueblo y para nuestros policías. Esto será novel en Puerto Rico y nos ayudará a combatir el crimen. Además, los policías podrán recibir los beneficios y cubiertas de la Policía si les pasará algo en estas gestiones”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa.

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Rosselló Nevares admitió que la Policía históricamente ha tenido dificultades para pagar el tiempo extra de los agentes.

Más allá de esto, muchos compañeros y compañeras tienen que buscar trabajos a tiempo parcial para complementar sus ingresos. (Actualmente) En estos trabajos a tiempo parcial los miembros de la Uniformada no pueden operar como policías del Estado”, agregó.

Sonido del gobernador Ricardo Rosselló:

De paso, Rosselló, la superintendente Hernández y la secretaria Vázquez, aprovecharon para presentar los resultados que se han reportado gracias al Plan Anticrimen implementado por su administración.

Vázquez confirmó que las estadísticas de Justicia reflejan un aumento en las personas acusadas y las denuncias radicadas en 7 de las 13 regiones judiciales de la Isla. Ésta destacó que las regiones de Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Caguas, Guayama, Humacao y Mayagüez; para finales de marzo de 2017, tienen un total de 6,991 personas imputadas y 7,962 denuncias radicadas.

Por su parte, la superintendente Hernández dijo que la Policía reportó que el primer trimestre cerró con una reducción de un 10.1 por ciento en los delitos de Tipo I, 12.1 por ciento en delitos contra la propiedad y 1.3 por ciento en delitos contra la persona en comparación con el mismo período el año pasado. Al mismo tiempo, registró un 76 por ciento en el esclarecimiento de casos.

Los asesinatos, en comparación con el 2016, está 1 por debajo al 1 de abril, lo que demuestra una leve mejoría que el equipo de Seguridad espera mejore mucho más con las nuevas iniciativas”, dijo.