Depende del cristal con que se mire… Municipio de Cabo Rojo canta victoria en caso de las bolsas anaranjadas mientras que opositores afirman que el pleito sigue

Iniciativa Naranja close up bolsa wm

Por: Julio Víctor Ramírez, hijo

CABO ROJO: El Gobierno Municipal de Cabo Rojo difundió el lunes un comunicado de prensa en el que cita al alcalde Roberto Ramírez Kurtz indicando que el Tribunal de Apelaciones “denegó una segunda petición de interdicto y moción en auxilio de jurisdicción, incoada por dos ciudadanos que se oponen a la Iniciativa Naranja en Cabo Rojo que enfatiza y promueve el reciclaje, por lo cual continúa el pago del servicio de disposición de la basura mediante la compra de bolsas naranjas”.

En el parte, el alcalde Ramírez Kurtz dijo “que la propia Resolución del Tribunal Apelativo resalta que los peticionarios del interdicto no probaron ‘que exista circunstancia alguna, de naturaleza urgente, que requiera nuestra intervención inmediata. Únicamente argumentan que la Ordenanza Municipal Núm. 26 es ilegal y que se les se está ocasionando daños porque tienen que someterse a una ordenanza’ que ellos consideran nula y que supuestamente afecta sus derechos constitucionales”.

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A juicio del alcalde caborrojeño, los jueces del Apelativo decidieron que “la alegación general y abstracta de los Peticionarios no es suficiente para ameritar nuestra intervención” en los procedimientos. “Continuaremos adelante, como hasta ahora, con la Iniciativa Naranja que constituye un sistema novedoso para el presente y futuro de Puerto Rico”, apuntó.

Sin embargo, entrevistado por LA CALLE Digital, el abogado caborrojeño, licenciado Martín Aguilar, tiene una visión distinta a la del alcalde Ramírez Kurtz, al asegurar que el comunicado emitido por el incumbente “es meramente un mecanismo para desalentar a los que nos oponemos a la Iniciativa Naranja. Es un show mediático para mitigar el daño que ha sufrido”.

“Lo que el Apelativo resuelve realmente es que va a dar oportunidad al Tribunal de Mayagüez a que se presente pruebas y haga su propia determinación. El caso no ha concluido. De la determinación final del Tribunal de Mayagüez la parte que no esté conforme, entonces puede ir al Tribunal Apelativo. Pero, sigo con mi fe en que a la larga triunfaremos”, apuntó Aguilar.

Según el letrado, el Municipio quiere agotar todos los remedios legales que en ley tiene y le puedan quedar, “para ver si cansa a los opositores”.

“Por lo menos YO, seguiré en pie de lucha”, concluyó.

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Tribunal de Mayagüez da a conocer resolución y orden sobre el caso de las bolsas anaranjadas (Documento)

Parte de la resolución y orden emitida por la juez Lynnette García. El documento completo se puede acceder en la noticia.

Parte de la resolución y orden emitida por la juez Lynnette Ortiz. El documento completo se puede acceder en la noticia.

MAYAGÜEZ: La Oficina de Prensa de la Administración de Tribunales hizo público el martes en la tarde el documento de la resolución y orden emitida por la juez Lynnette Ortiz Martínez, del Centro Judicial de la Sultana del Oeste, luego de la vista celebrada el lunes en la tarde en la sala que ésta preside, en tornó a la controversia de las bolsas anaranjadas para disposición de basura y otros aspectos de la Ordenanza Municipal 26.

Como parte de su compromiso con la comunidad LA CALLE Digital comparte el documento en su totalidad para que el lector lo examine y lo descargue.

Es de conocimiento general, que aunque los dos casos que están ante la consideración de la juez Ortiz no han sido consolidados, la magistrada determinó que ambas demandas se van a atender en conjunto.

Por lo pronto, no se van a imponer multas por violar la Ordenanza 26, excepto si se dispone de basura y escombros de forma ilegal y que sin efecto la Sección 7 de la medida, mientras no se tome una determinación por parte del Tribunal.

Para detalles adicionales acceda al documento del Tribunal aquí

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Sigue por ahora la venta… Queda sin efecto paralización de la venta de bolsas anaranjadas en Cabo Rojo

Un grupo de caborrojeños se manifestó en la entrada del Tribunal de Mayagüez (Suministrada/Jacqueline Beauchamp).

Un grupo de caborrojeños se manifestó en la entrada del Tribunal de Mayagüez (Suministrada/Jacqueline Beauchamp).

MAYAGÜEZ: El lunes en la tarde quedó sin efecto una orden de cese y desista emitida el viernes por la juez Lynnette Ortiz Martínez, a petición del Departamento de Justicia, que paralizó durante el fin de semana la Ordenanza 26, que impone la compra de bolsas anaranjadas con el logo del Municipio de Cabo Rojo y de la empresa ConWaste, para la disposición de basura, so pena de multas si no se cumple con la misma.

Sin embargo, la orden tuvo efectividad solo por el fin de semana y quedó sin efecto el lunes en la tarde.

No obstante, la vista del lunes en la tarde tuvo como resultado que NO se le van a imponer multas administrativas a la ciudadanía, ni se va a intervenir con la contratación de otras empresas de recogido de basura como lo establece la Sección 7 de la Ordenanza 26.

“Tribunal de Mayagüez deja sin efecto la orden de cese y desista. Nuevamente la verdad y la ley salen a relucir. Iniciativa Naranja, ConWaste y el Municipio de Cabo Rojo continuarán ofreciendo el servicio de recogido de basura y reciclaje desde mañana en adelante como de costumbre”, reza un mensaje en la página de Facebook del programa Iniciativa Naranja, tras conocerse la acción del Tribunal.

El pasado viernes, la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) radicó una demanda contra el Municipio de Cabo Rojo por la otorgación de un contrato exclusivo a Consolidated Waste Services, LLC (CWS) y/o Consolidated Waste Managers, Corp. (CWM) para el recogido de los desperdicios sólidos con la venta exclusiva de bolsas plásticas anaranjadas.

La Secretaria Auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos, Denise Maldonado Rosa, detalló que la demanda solicita al Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que emita una sentencia declaratoria, una orden provisional de restricción y prohibición bajo el Artículo 13 de la Ley de Monopolios y un interdicto preliminar y permanente en contra del Municipio de Cabo Rojo, CWS y/o CWM por violación a la Ley 77 del 25 de junio de 1964, conocida como la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio.

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Luego de la radicación de la demanda, la juez Ortiz Martínez emitió una orden a las partes demandadas para que cesen de forma inmediata la implantación de la ordenanza aprobada el pasado 5 de abril y el efecto de las cláusulas contractuales.

La misma quedó sin efecto el lunes a las 2:00 de la tarde, no obstante el caso sigue activo, así como otro pleito que está pendiente de resolución, que fue radicado hace varias semanas por el comerciante Juan Cancel Rivera y el artesano Edy Ruiz Vega, representados por el licenciado Wilmer Rivera Acosta.

Una vista sobre el “status” del caso fue señalada para el próximo 12 de julio a las 9:00 de la mañana. Aunque los casos no se han consoldado, en aras de facilitar los procedimientos, la magistrado Ortiz determinó unir los mismos y que mantener inalterado el calendario judicial, de tal manera que todo el mundo está citado para misma fecha y todos los planteamientos ser atendidos en la misma vista.

En el primer reclamo, figuran como demandados el alcalde Ramírez Kurtz y la presidenta de la Legislatura Municipal de Cabo Rojo, Evelyn Alicea González; así como el Municipio Autónomo de Cabo Rojo y la Legislatura Municipal como entes con personalidad jurídica.

Las alegaciones de la demanda aducen sobre la pretensión de los demandados a consumar un contrato cuyo efecto es prevenir la competencia y crear un monopolio en el mercado del recogido de desperdicios sólidos y de las bolsas plásticas al obligar a los ciudadanos a adquirir las bolsas anaranjadas especializadas. Las mismas son distribuidas por CWS y/o CWM para que los comerciantes caborrojeños las vendan a los residentes, comerciantes y/o visitantes para disponer de la basura. Las bolsas anaranjadas no pueden ser sustituidas por ninguna otra bolsa disponible en el mercado.

La OAM solicitó al tribunal que emita: una sentencia declaratoria que disponga que la transacción entre el Municipio de Cabo Rojo y CWS y/o CWM viola los Artículos 2 y 4 de la Ley de Monopolios, respectivamente, toda vez que constituye un acuerdo y/o conspiración para restringir irrazonablemente los negocios o el comercio en la industria del recogido de desperdicios sólidos y reciclables; constituye un acuerdo y/o conspiración para monopolizar los negocios o el comercio del recogido de desperdicios sólidos y reciclables; y constituye un intento de reducir sustancialmente la competencia y/o tenderá a crear un monopolio en la industria del recogido de desperdicios sólidos y reciclables.

Se solicita además un interdicto preliminar y eventualmente un interdicto permanente que les prohíba a los demandados perfeccionar y hacer efectivo el contrato, que se declare que la Ordenanza 26 viola la Ley de Monopolios. Se solicitó que se emita una orden provisional de restricción y prohibición mediante la que inmediatamente le prohíba a los demandados poner en efecto el contrato; además de que se provea cualquier otro remedio que proceda en ley y equidad.

“El Departamento de Justicia, en su capacidad fiscalizadora, no va a permitir violaciones a la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio. Debe existir la libre competencia y se penalizarán actos que restringen a otros a brindar servicios y fijen precios. Evitaremos que empresas controlen el mercado en perjuicio a los ciudadanos. Las empresas tienen derecho a competir en igualdad de condiciones”, expresó la Secretaria de Justicia.

La investigación de este caso continúa activa ante la OAM.

Otro pleito por las bolsas anaranjadas… Justicia demanda al Municipio de Cabo Rojo

La bolsa anaranjada que se utiliza en Cabo Rojo.

La bolsa anaranjada que se utiliza en Cabo Rojo.

SAN JUAN: El Departamento de Justicia demandó al Municipio de Cabo Rojo por presuntamente violar la Ley Antimonopolística. Esta sería le segunda demanda que se presenta con ese argumento, luego de la implantación de la llamada “Iniciativa Naranja”, por parte del alcalde Roberto Ramírez Kurtz, quien hace varios días anunció un sistema de venta de bolsas plásticas anaranjadas para el recogido de basura dentro de los límites municipales.

Una vista está señalada para próximo lunes 19 de junio, a las 2:00 de la tarde, en el Tribunal de Mayagüez.

Este pleito se suma a otra demanda que está pendiente de resolución, que fue radicada hace varias semanas por el comerciante Juan Cancel Rivera y el artesano Edy Ruiz, representados por el licenciado Wilmer Rivera Acosta.

Éstos buscan anular la Ordenanza Municipal 26, Serie 2016-2017, que impone a los vecinos de esa jurisdicción la compra de las bolsas plásticas anaranjadas.

Una vista sobre el “status” del caso fue señalada para el próximo 12 de julio a las 9:00 de la mañana.

En el primer reclamo, figuran como demandados el alcalde Ramírez Kurtz y la presidenta de la Legislatura Municipal de Cabo Rojo, Evelyn Alicea González; así como el Municipio Autónomo de Cabo Rojo y la Legislatura Municipal como entes con personalidad jurídica.

También fue levantado el argumento de que la Ordenanza 26 viola la Ley Antimonopolística de Puerto Rico de 1964.

La demanda insiste en que la ordenanza crea un daño, ya que “restringe (a los demandantes) su libertad de contratación y los obliga a insertarse en un esquema monopolístico bajo el pretexto de que se fomenta el reciclaje”.

Las bolsas plásticas anaranjadas tienen un costo de entre $1.75 a $1.99, por cada una de 15 galones, y entre $3.40 a $3.90, por cada una de 30 galones.

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El pueblo Naranja, la basura y “pay as you throw”

La bolsa anaranjada que se utiliza en Cabo Rojo.

La bolsa anaranjada que se utiliza en Cabo Rojo.

Por: Francisco “Paco” Aquino

Cabo Rojo, ciudad turística, ha venido a ser conocida en estos días como “Orange Town”. Esta noticia ha estado en la mirilla de todos los puertorriqueños ya sea por reportajes televisivos, periódico o redes sociales ya que según se visualiza está por expandirse a varios pueblos del oeste. Entre ellos se ha mencionado Isabela, Hormigueros, San Germán.

Hay que recordar que ocurrió recientemente en Mayagüez cuando el Municipio confrontó problemas con el proveedor por falta de pago. Cabo Rojo pudiese ser conocido por ser el equivalente al ejemplo del famoso chavito de Caguas, el IVU Municipal.

Actualmente en la Legislatura a nivel estatal se proyecta emitir una ley para regular este servicio en todos los municipios de Puerto Rico. En conferencia de prensa, ConWaste indicó que son 12 con los municipios que al parecer tienen intención de establecer algún tipo de programa.

Esta medida se ha implementado mediante la Ordenanza Municipal 26, Serie 2016-2017, en una sesión ordinaria que autorizó el establecimiento de “un programa activo de manejo y procesamiento del material reciclaje y venta de bolsas plásticas especializadas” para el recogido de desperdicios sólidos. Fue aprobada por 11 legisladores contando con una abstención y tres que se encontraban ausentes.

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Para todos los efectos una ordenanza es una ley de carácter municipal y afecta a solo al pueblo donde se hizo la cual nunca podrá ir por encima de una ley estatal o federal.

El reciclaje no es algo nuevo en Cabo Rojo, lleva tiempo por lo que no debe verse como un incentivo. Pienso que debe ser un deber de todo caborrojeño y de todo ciudadano en Puerto Rico. No obstante, falta una participación más activa. Este tipo de programa se había implementado para expandir la vida de los vertederos.

A manera de orientación y capacitación, presento el caso del programa de las bolsas en Rincón el cual tardo un año aproximadamente en lo que el pueblo generaba conciencia y lo aceptaba. En el estado de Kentucky ya se promocionaba la venta de bolsas reusables allá para el 2009, las vendían en los supermercados tal como se hace aquí hoy día.

En Cabo Rojo se ha esperado que en un corto tiempo se llegue al mismo nivel, una alta expectativa.

Hay algunos que lograrán adaptarse en corto tiempo no obstante hay que reconocer el factor que no todo el mundo tiene acceso a Internet o está en edad para aceptar cambios abruptos. Las personas de edad avanzada necesitan más tiempo, por lo hay que ser benévolos a la hora de ejecutar la parte de multas que incluye la ordenanza.

Las bolsas de basura no son biodegradables, esto está certificado por el Presidente de ConWaste y aparece en la bitácora de la sesión legislativa. Entonces la pregunta obligada es: ¿Qué tienen de especiales? La realidad es que solo el color, así como el uso específico.

Según ConWaste, el impacto en la vida útil del vertedero es de solo uno por ciento. Esto hace contrapeso con las botellas plásticas, latas, latones y otros productos que se reciclan. El producto quedará sellado con los procesos que se utilizan en la compañía. Pese a esta explicación la relación con el costo no ha sido comprendida en profundidad por el pueblo quien al final es quien valida o rechaza un servicio. El recogido de desperdicios para todos los efectos esta privatizado hace varios años.

Las bolsas vienen en tamaños de 15 y 30 galones los cuales son de uso común y cuestan $1.75 y $3.40, más impuestos. Muchas personas no han logrado establecer una explicación cuando los costos son comparados con la propuesta del pueblo de Guayanilla (vetada por ahora por el alcalde Nelson Torres) donde los costos son $1.00 y $2.00, esta última por 30 galones. Los costos operacionales corresponden a otra compañía.

Según se conoce, en Cabo Rojo hay aproximadamente unas 24,000 residencias hábiles por lo que ConWaste espera poder facturar a través de las bolsas es $180,000 dólares. El programa de reciclaje de otros productos al momento continuará sin costo.

De no cumplir con las disposiciones de la basura hay multas que comienzan en $100 dólares que pueden llegar hasta $1,000. Los agentes del orden público (policías) podrán emitir la multa correspondiente a esto se le añade los inspectores ambientales, algo sumamente nuevo.

Como era de esperarse un ciudadano y un comerciante de Cabo Rojo incoaron un proceso en los tribunales buscando un interdicto preliminar el cual de acuerdo a la decisión emitida por La Juez Lynnette Ortiz del Centro Judicial de Mayagüez no fue emitido por lo que el caso seguirá su curso y se verá en su fondo.

De acuerdo por lo argumentado por uno de los demandados que tiene negocio en Cabo Rojo al ser un pequeño comerciante su negocio se verá afectado adversamente al aumentar su costo operacional significativamente. Esto es un proceso que se puede atender a través de la Legislatura y la compañía para minimizar el impacto, después de todo buscamos reavivar la economía local que es la que da vida a los pueblos. En Europa, especialmente en Alemania, se protege mucho al pequeño empresario.

Dentro de las recomendaciones podría indicar que se debe expandir el programa de reciclaje para colectar vidrio, así se hacía en los tiempos de nuestros abuelos. Si una botella plástica puede tomar hasta 500 años en descomponerse no pasaría igual con el cristal ya que puede permanecer por siempre.

Como pueblo debemos ser vanguardista y convertirnos en la primera jurisdicción local que saca provecho de este producto. Hay que flexibilizar la ordenanza, en lo que las personas pueden ir absorbiendo el mensaje, esto dependerá del costo.

Si no hay mejoría en el costo posiblemente no habrá aceptación en un nivel operacionalmente aceptable.

Presento la opción a través del Municipio de Cabo Rojo, la Cámara de Representantes y el Senado; proyectando un impacto a nivel de toda la isla surja la primera empresa local que manufacture las bolsas y de trabajo a muchas familias puertorriqueñas.

El impacto esperado es a nivel isla, después de todo, las bolsas no son biodegradables. Si generamos basura debemos ser capaces y encargados de fabricarlas. El servicio que se compra a través de este producto debe ser libre de impuesto municipal y estatal ya que es una función del estado relegada, cedida o encomendada a una empresa privada por lo que el ciudadano no está en capacidad de establecer de una manera costo-efectiva negocios con otra entidad.

En las leyes no hay nada escrito sobre piedra por lo que toda enmienda es posible de redactarse e implementarse. Al menos podría disponerse del impuesto estatal. Es una realidad indiscutible que Puerto Rico pasa por una difícil situación histórica y económica que recaba la participación de todos y que hay medidas que parecen ser difíciles de evadir no obstante siempre se puede hacer algo. Los municipios buscarán su subsistencia al igual que el gobierno central.

Por lo visto, hemos rebuscado en el pasado para resolver los problemas del presente. Para el 2002, la Junta de Gobierno del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) había emitido una resolución que permite fijar tarifas y cobrar por el recogido, acarreo y disposición de basura.

Si hemos de continuar como un Pueblo Naranja, debe ser con los costos que el pueblo en promedio pueda absorber. El problema no se generó en un día tampoco la solución debe ser tan fuerte que se resuelva en un día. La ventaja de los gobiernos sobre la empresa privada es que existirán a través de los tiempos.

Hay que dar tiempo a esta ciudad con corazón de pueblo, para que se adapte. En la medida que aumente vertiginosamente el reciclaje se pueden reducir los costos.

La empresa ConWaste ha formado parte de la familia caborrojeña por nueve años, según informó su presidente, por lo que entendemos que con el ánimo de perdurar por muchos años puede encontrar la forma de abaratar costos y pasarlos a los ciudadanos.

La Administración Municipal tiene un gran reto en sus manos, dada la respuesta del pueblo. Esto a su vez ha generado un interés 100 x 35, ya que hay otros pueblos en espera y por lo visto pudiese implementarse en los 78 pueblos de la Isla del Encanto.

ConWaste debe considerar no hay mejor cliente que un pueblo contento y que al final lo que desean es un servicio eficiente al menor costo posible.

Pero proceso sigue… Tribunal deniega injunction en caso de bolsas anaranjadas en Cabo Rojo

Pegadizos como este fueron colocados en los zafacones de las casas que no usaron las bolsas anaranjadas (Foto/LA CALLE Digital).

Pegadizos como este fueron colocados en los zafacones de las casas que no usaron las bolsas anaranjadas (Foto/LA CALLE Digital).

CABO ROJO: La juez Lynnette Ortiz, del Centro Judicial de la Sultana del Oeste, declaró “no ha lugar” la solicitud de injunction preliminar y una sentencia declaratoria, que buscando anular la Ordenanza Municipal 26, Serie 2016-2017, que impone a los vecinos de esa jurisdicción la compra de una bolsas plásticas anaranjadas para disposición de desperdicios sólidos.

No obstante, la demanda no fue desestimada y su procedimiento ordinario continúa, según supo LA CALLE Digital.

Una vista sobre el “status” del caso fue señalada para el próximo 12 de julio a las 9:00 de la mañana, por lo que la controvertible ordenanza sigue vigente.

Como demandantes en este pleito figuran el comerciante Juan Cancel Rivera y el artesano Edy Ruiz Vega, representados por el licenciado Wilmer Rivera Acosta.

Entre los demandados está el alcalde Ramírez Kurtz y la presidenta de la Legislatura Municipal de Cabo Rojo, Evelyn Alicea González; así como el Municipio Autónomo de Cabo Rojo y la Legislatura Municipal como entes con personalidad jurídica.

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Amenazas de multas a los que no usen bolsas anaranjadas

Mientras tanto, residencias de Cabo Rojo amanecieron con pegadizos adheridos a sus zafacones, advirtiendo sobre “infracción” por no haber usado las bolsas anaranjadas, o haber “depositado basura en el reciclaje”, concediéndole 24 horas para cumplir, pero con la advertencia de que estará sujeto a penalidades.

El abogado caborrojeño Martín Aguilar le dijo a LA CALLE Digital que empleados de la empresa Conwaste fueron vistos pegando los avisos en los zafacones y tomando fotos de los recipientes y las casas, lo que catalogó como una manera de “carpetear” a los que no estén de acuerdo con el sistema de las bolsas anaranjadas.

Como parte de sus argumentos, los demandantes alegan entre otros asuntos, que la Ordenanza 26 “constituye un intento de restringir irrazonablemente los negocios o el comercio de recogido de basura y reciclajes, cuyo efecto es monopolizar dichos servicios en el Municipio de Cabo Rojo”; aparte de obligar a residentes y comerciantes a utilizar los servicios de la compañía que el Gobierno Municipal contrate.

Los demandantes sostienen que la Ordenanza 26 viola la Ley Antimonopolística de Puerto Rico de 1964.

La demanda insiste en que la controvertible ordenanza crea un daño, ya que “restringe (a los demandantes) su libertad de contratación y los obliga a insertarse en un esquema monopolístico bajo el pretexto de que se fomenta el reciclaje”.

“Normal” esta mañana el recogido de bolsas anaranjadas en Cabo Rojo

Aseguran que el proceso se dio con normalidad (Suministrada).

Aseguran que el proceso se dio con normalidad (Suministrada).

CABO ROJO: El recogido de desperdicios sólidos en Cabo Rojo, bajo el nuevo sistema de bolsas anaranjadas, transcurrió el jueves en la madrugada con normalidad, según la vicepresidenta de la empresa Conwaste, la agrónomo Maribelle Marrero.

Durante entrevista con LA CALLE Digital, Marrero indicó que la ruta comenzó a las 3:00 de la madrugada y catalogó como “excelente” la participación de los residentes de esa municipalidad.

“El recogido de basura está realizándose con normalidad y la participación de la ciudadanía ha sido impresionante. La gente entendió lo del reciclaje”, dijo Marrero al comentar que las personas separaron adecuadamente el material reciclable.

Los camiones de Conwaste salieron desde las 3:00 de la madrugada (Suministrada).

Los camiones de Conwaste salieron desde las 3:00 de la madrugada (Suministrada).

Mientras se realizaba el recogido, otras personas que no están de acuerdo con el nuevo sistema, optaron por dejar su basura en lugares como la Plaza de Cabo Rojo y en caminos vecinales.

La ley establece que si una persona es sorprendida arrojando basura, se expone a multas que pueden ascender a $1,000.

Por otro lado, a las 10:00 de la mañana continúa la vista de la demanda incoada contra el Municipio de Cabo Rojo y el alcalde Roberto Ramírez Kurtz, en la que se impugna la Ordenanza Municipal 26, que establece el sistema de las bolsas anaranjadas.

Pendientes a LA CALLE Digital para el desarrollo de esta historia.

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Vista de las “bolsas anaranjadas” de Cabo Rojo continúa a las 10:00 a.m.

Basura acumulada el miércoles en la noche, en bolsas que no son anaranjadas en la Plaza de Cabo Rojo (Foto/Facebook).

Basura acumulada el miércoles en la noche, en bolsas que no son anaranjadas en la Plaza de Cabo Rojo (Foto/Facebook).

MAYAGÜEZ: La juez Lynnette Ortiz, del Centro Judicial de la Sultana del Oeste, continuará el jueves a las 10:00 de la mañana, el proceso en el que dos residentes de Cabo Rojo impugnaron la Ordenanza Municipal 26, Serie 2016-2017, que impone a los vecinos de esa jurisdicción la compra de una bolsas plásticas anaranjadas para disposición de desperdicios sólidos.

Mientras tanto, LA CALLE Digital supo que la llamada Iniciativa Naranja comenzará a partir de la madrugada del jueves, con la recolección de la basura en las bolsas anaranjadas.

No obstante, en las redes sociales ya estaban circulando fotos de bolsas de basura que han estado amontonando el miércoles en la noche, al lado de las estatuas de los leones en la Plaza Ramón Emeterio Betances de Cabo Rojo.

En el Tribunal de Mayagüez, la vista comenzó a las 9:00 de la mañana en la sala 307, que preside la magistrada Ortiz.

El Municipio de Cabo Rojo no aceptó posponer la implementación de la ordenanza, mientras se ventila el pleito. No obstante, solicitó una prórroga para contestar la demanda. La juez Ortiz, sin embargo, determinó celebrar la vista y decidir si dicta o no el injunction preliminar.

Mientras, residentes de Cabo Rojo que decidieron cumplir con la Ordenanza 26, usaron las controvertibles bolsas.

Mientras, residentes de Cabo Rojo que decidieron cumplir con la Ordenanza 26, usaron las controvertibles bolsas.

En la demanda se solicita un injunction preliminar y una sentencia declaratoria, buscando anular la ordenanza, que según trascendió en corte, se aprobó sin la celebración de vistas públicas para escuchar el parecer de la comunidad.

El desfile de la evidencia comenzó a las 2:00 de la tarde y se extendió hasta entrada la noche del miércoles.

Como demandantes en este pleito figuran el comerciante Juan Cancel Rivera y el artesano Edy Ruiz Vega, representados por el licenciado Wilmer Rivera Acosta.

Entre los demandados está el alcalde Ramírez Kurtz y la presidenta de la Legislatura Municipal de Cabo Rojo, Evelyn Alicea González; así como el Municipio Autónomo de Cabo Rojo y la Legislatura Municipal como entes con personalidad jurídica.

Como parte de sus argumentos, los demandantes alegan entre otros asuntos, que la Ordenanza 26 “constituye un intento de restringir irrazonablemente los negocios o el comercio de recogido de basura y reciclajes, cuyo efecto es monopolizar dichos servicios en el Municipio de Cabo Rojo”; aparte de obligar a residentes y comerciantes a utilizar los servicios de la compañía que el Gobierno Municipal contrate.

Los demandantes sostienen que la Ordenanza 26 viola la Ley Antimonopolística de Puerto Rico de 1964.

La demanda insiste en que la controvertible ordenanza crea un daño, ya que “restringe (a los demandantes) su libertad de contratación y los obliga a insertarse en un esquema monopolístico bajo el pretexto de que se fomenta el reciclaje”.

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Mañana la vista de las “bolsas anaranjadas” de Cabo Rojo en el Tribunal de Mayagüez

Logo del programa de "bolsas anaranjadas", Iniciativa Naranja (Fuente/Internet).

Logo del programa de “bolsas anaranjadas”, Iniciativa Naranja (Fuente/Internet).

Por: Julio Víctor Ramírez, hijo

MAYAGÜEZ: En la sala 307 del Centro Judicial de la Sultana del Oeste tendrá lugar el miércoles la vista en la que dos ciudadanos residentes en Cabo Rojo impugnan la legalidad de la Ordenanza Municipal 26, que establece el uso de bolsas plásticas anaranjadas para la disposición de la basura, que los residentes dentro de esa jurisdicción municipal tendrían que comprar.

La vista de la demanda, en la que se solicita un interdicto preliminar y una sentencia declaratoria para que se le ordene al Municipio de Cabo Rojo “no poner en vigor y/o dejar sin efecto” la Ordenanza Municipal 26, está señalada para las 9:00 de la mañana.

Mensajes a través de aplicaciones de teléfonos inteligentes, estuvieron circulando el martes en la tarde, convocando a los residentes de Cabo Rojo a acudir al tribunal.

Como demandantes en este pleito figuran el comerciante Juan Cancel Rivera y el artesano Edy Ruiz Vega, representados por el licenciado Wilmer Rivera Acosta.

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Entre los demandados está el alcalde Ramírez Kurtz y la presidenta de la Legislatura Municipal de Cabo Rojo, Evelyn Alicea González; así como el Municipio Autónomo de Cabo Rojo y la Legislatura Municipal como entes con personalidad jurídica.

En la demanda se alega entre otros asuntos, que la Ordenanza “constituye un intento de restringir irrazonablemente los negocios o el comercio de recogido de basura y reciclajes, cuyo efecto es monopolizar dichos servicios en el Municipio de Cabo Rojo”; aparte de obligar a residentes y comerciantes a utilizar los servicios de la compañía que el Gobierno Municipal contrate.

Los demandantes sostienen que la Ordenanza 26 viola la Ley Antimonopolística de Puerto Rico de 1964.

La demanda insiste en que la controvertible ordenanza crea un daño, ya que “restringe (a los demandantes) su libertad de contratación y los obliga a insertarse en un esquema monopolístico bajo el pretexto de que se fomenta el reciclaje”.

Para leer el texto de la demanda, haga “click” aquí.

Emplazan esta mañana al Alcalde… Radican demanda para impugnar ordenanza de “bolsas anaranjadas” en Cabo Rojo

Epígrafe de la demanda radicada contra el Municipio de Cabo Rojo (Suministrada).

Epígrafe de la demanda radicada contra el Municipio de Cabo Rojo (Suministrada).

Por Julio Víctor Ramírez, hijo

CABO ROJO: El alcalde Roberto Ramírez Kurtz fue emplazado el lunes en la mañana, luego de que se radicara en el Tribunal, una demanda solicitando un interdicto preliminar y una sentencia declaratoria para que se le ordene al Municipio de Cabo Rojo “no poner en vigor y/o dejar sin efecto” la Ordenanza Municipal 26, Serie 2016-2017, que autoriza el establecimiento de “un programa activo de manejo y procesamiento del material reciclaje y venta de bolsas plásticas especializadas” para el recogido de desperdicios sólidos.

Como demandantes en este pleito figuran el comerciante Juan Cancel Rivera y el artesano Edy Ruiz Vega, representados por el licenciado Wilmer Rivera Acosta.

LA CALLE Digital confirmó que el ejecutivo municipal fue formalmente emplazado.

Si quiere ver el documento completo haga “click” aquí.

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Entre los demandados está el alcalde Ramírez Kurtz y la presidenta de la Legislatura Municipal de Cabo Rojo, Evelyn Alicea González; así como el Municipio Autónomo de Cabo Rojo y la Legislatura Municipal como entes con personalidad jurídica.

En la demanda se alega entre otros asuntos, que la Ordenanza “constituye un intento de restringir irrazonablemente los negocios o el comercio de recogido de basura y reciclajes, cuyo efecto es monopolizar dichos servicios en el Municipio de Cabo Rojo”; aparte de obligar a residentes y comerciantes a utilizar los servicios de la compañía que el Gobierno Municipal contrate.

Los demandantes sostienen que la Ordenanza 26 viola la Ley Antimonopolística de Puerto Rico de 1964.

La demanda insiste en que la controvertible ordenanza crea un daño, ya que “restringe (a los demandantes) su libertad de contratación y los obliga a insertarse en un esquema monopolístico bajo el pretexto de que se fomenta el reciclaje”.