Otro “ganso” que pillaron… Contraloría refiere a Justicia contratista de San Sebastián por falsificar documentos

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Fotos del aspecto del Centro de Bellas Artes de San Sebastián publicadas en un Informe de Contraloría del 2017.

SAN SEBASTIÁN: A pesar de que la Contraloría de Puerto Rico emitió una “opinión favorable” sobre las órdenes de cambio relacionadas con el proyecto de rehabilitación del Centro de Bellas Artes de San Sebastián, señaló haber referido al Departamento de Justicia a un contratista que presuntamente falsificó documentos relacionados con esta obra.

En un comunicado de prensa se indicó que los auditores identificaron que el contratista a quien se le adjudicó la subasta por $805,000, y se le aprobaron ocho órdenes de cambio por $206,420 para la rehabilitación del Centro de Bellas Artes, falsificó la carta de aceptación del Municipio de San Sebastián sobre la culminación del proyecto y su costo final de $1,011,420.

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Según la Oficina de la Contralora, esta carta es parte del proceso que realiza el contratista para cobrar el 10 por ciento que el Municipio retiene al principio del proyecto. El contratista no le entregó a la aseguradora la carta de aceptación que elaboró el Municipio, sino otra que no incluyó el costo final del proyecto.

Se alega que el contratista presentó al Municipio un endoso de cambio de fianza por $206,420 falsificado con el sello de la compañía aseguradora.

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El contratista no podía facturar ni cobrar el 10 por ciento retenido de los pagos debido a que no había pagado el aumento de las primas de la fianza a la compañía aseguradora.

Esta situación se refirió a la Secretaria de Justicia el 29 de enero de 2018 para la acción correspondiente.

El informe M-18-36 cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

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Acusaciones contra Rivera Guerra por el “codazo”

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, confirmó que Rivera Guerra será denunciado (Captura de pantalla).

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, confirmó que Rivera Guerra será denunciado (Captura de pantalla).

SAN JUAN: El representante novoprogresista José Luis Rivera Guerra será formalmente acusado por “agresión simple”, como secuela de un incidente ocurrido el pasado 27 de abril, durante una manifestación en El Capitolio. El dato fue confirmado por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, durante una entrevista radial (Radio Isla 1320).

Durante el incidente, el legislador por Aguadilla y Moca le propinó un codazo a un manifestante cuando intentaba entrar al anexo de la Cámara de Representantes.

“Estamos preparando el informe para enviárselo al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI). La recomendación va ser que no se le designe un FEI porque el delito que surge de la investigación de Rivera Guerra es un delito menos grave, que lo va radicar la Fiscalía estatal”, dijo Vázquez.

La agresión simple tiene una penalidad de seis meses de cárcel o una multa, por tratarse de un delito menos grave.

“La prueba fue muy analizada, de toda la evidencia que se tiene; Tenemos la obligación de realizar una investigación profunda para hacer la recomendación al FEI, así que se tarda un poco aunque sea un delito menos grave”, dijo la funcionaria.

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Otro pleito por las bolsas anaranjadas… Justicia demanda al Municipio de Cabo Rojo

La bolsa anaranjada que se utiliza en Cabo Rojo.

La bolsa anaranjada que se utiliza en Cabo Rojo.

SAN JUAN: El Departamento de Justicia demandó al Municipio de Cabo Rojo por presuntamente violar la Ley Antimonopolística. Esta sería le segunda demanda que se presenta con ese argumento, luego de la implantación de la llamada “Iniciativa Naranja”, por parte del alcalde Roberto Ramírez Kurtz, quien hace varios días anunció un sistema de venta de bolsas plásticas anaranjadas para el recogido de basura dentro de los límites municipales.

Una vista está señalada para próximo lunes 19 de junio, a las 2:00 de la tarde, en el Tribunal de Mayagüez.

Este pleito se suma a otra demanda que está pendiente de resolución, que fue radicada hace varias semanas por el comerciante Juan Cancel Rivera y el artesano Edy Ruiz, representados por el licenciado Wilmer Rivera Acosta.

Éstos buscan anular la Ordenanza Municipal 26, Serie 2016-2017, que impone a los vecinos de esa jurisdicción la compra de las bolsas plásticas anaranjadas.

Una vista sobre el “status” del caso fue señalada para el próximo 12 de julio a las 9:00 de la mañana.

En el primer reclamo, figuran como demandados el alcalde Ramírez Kurtz y la presidenta de la Legislatura Municipal de Cabo Rojo, Evelyn Alicea González; así como el Municipio Autónomo de Cabo Rojo y la Legislatura Municipal como entes con personalidad jurídica.

También fue levantado el argumento de que la Ordenanza 26 viola la Ley Antimonopolística de Puerto Rico de 1964.

La demanda insiste en que la ordenanza crea un daño, ya que “restringe (a los demandantes) su libertad de contratación y los obliga a insertarse en un esquema monopolístico bajo el pretexto de que se fomenta el reciclaje”.

Las bolsas plásticas anaranjadas tienen un costo de entre $1.75 a $1.99, por cada una de 15 galones, y entre $3.40 a $3.90, por cada una de 30 galones.

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Rosselló anuncia que policías podrán tener “part times” usando su uniforme en su tiempo libre (Sonido)

El gobernador Rosselló Nevares, acompañado por la superintendente Hernández y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez (Suministrada/Fortaleza).

El gobernador Rosselló Nevares, acompañado por la superintendente Hernández y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez (Suministrada/Fortaleza).

SAN JUAN: El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó que los miembros de la Policía podrán usar sus uniformes y equipos, si se consiguen algún empleo a tiempo parcial, en su tiempo libre. El anuncio lo hizo el domingo junto a la superintendente Michelle Hernández de Fraley y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

Mediante legislación, permitiremos que el policía pueda trabajar horas extras como parte de un acuerdo con entidades externas, que puedan solicitar sus servicios mientras ejercen su trabajo como uniformados”, expresó el mandatario. “La iniciativa ayudará a tener escuelas y establecimientos privados más seguros, y a su vez, proveemos un mecanismo a los policías para ganar más dinero. Es una ganancia para la seguridad del Pueblo y para nuestros policías. Esto será novel en Puerto Rico y nos ayudará a combatir el crimen. Además, los policías podrán recibir los beneficios y cubiertas de la Policía si les pasará algo en estas gestiones”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa.

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Rosselló Nevares admitió que la Policía históricamente ha tenido dificultades para pagar el tiempo extra de los agentes.

Más allá de esto, muchos compañeros y compañeras tienen que buscar trabajos a tiempo parcial para complementar sus ingresos. (Actualmente) En estos trabajos a tiempo parcial los miembros de la Uniformada no pueden operar como policías del Estado”, agregó.

Sonido del gobernador Ricardo Rosselló:

De paso, Rosselló, la superintendente Hernández y la secretaria Vázquez, aprovecharon para presentar los resultados que se han reportado gracias al Plan Anticrimen implementado por su administración.

Vázquez confirmó que las estadísticas de Justicia reflejan un aumento en las personas acusadas y las denuncias radicadas en 7 de las 13 regiones judiciales de la Isla. Ésta destacó que las regiones de Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Caguas, Guayama, Humacao y Mayagüez; para finales de marzo de 2017, tienen un total de 6,991 personas imputadas y 7,962 denuncias radicadas.

Por su parte, la superintendente Hernández dijo que la Policía reportó que el primer trimestre cerró con una reducción de un 10.1 por ciento en los delitos de Tipo I, 12.1 por ciento en delitos contra la propiedad y 1.3 por ciento en delitos contra la persona en comparación con el mismo período el año pasado. Al mismo tiempo, registró un 76 por ciento en el esclarecimiento de casos.

Los asesinatos, en comparación con el 2016, está 1 por debajo al 1 de abril, lo que demuestra una leve mejoría que el equipo de Seguridad espera mejore mucho más con las nuevas iniciativas”, dijo.

¿Cómo saber si en su vecindario vive un ofensor sexual?

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Como un servicio a la comunidad de LA CALLE Digital, compartimos el enlace al “Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores de Puerto Rico”. Lamentablemente muchas personas en la Isla, desconocen el hecho de que puede existir la probabilidad de que en su vecindario pueda residir una persona convicta por estos delitos.

Estos individuos tienen la obligación de registrarse en ese listado.

El Departamento de Justicia de Puerto Rico aprobó un reglamento que establece los deberes y obligaciones, tanto de las agencias de orden público, como de las personas convictas.

“Ante el peligro de reincidencia en la comisión de delitos que implican crímenes sexuales violentos o que constituyen abuso contra menores, y por el riesgo que puede representar una persona que sufre de una enfermedad o desorden mental de índole sexual, existe la necesidad de que tanto las agencias del orden público, como la comunidad, conozcan el paradero de aquellas personas que han sido convictas de delitos de esa naturaleza”, reza textualmente parte del propósito del Reglamento aprobado a esos fines por el Departamento de Justicia.

Se establece claramente que la persona ofensora sexual tendrá que registrarse y mantener su información actualizada en la Comandancia de la Policía de la jurisdicción donde mantenga su residencia. De darse el caso que la persona ofensora sexual trabaje o estudie fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, deberá registrarse en el estado o territorio de los Estados Unidos de América en el que estudie o trabaje.

Este es el enlace de Internet al Registro de Ofensores Sexuales de Puerto Rico.

De salida… Justicia adopta reglamento de acceso a la información (Documento)

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SAN JUAN: En sus últimos días de incumbencia, el secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, envió el martes al Departamento de Estado el nuevo reglamento de la agencia que regula el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación.

En un comunicado de prensa se indicó que el llamado “Reglamento de transparencia y acceso a la información pública del Departamento de Justicia” tiene como propósito establecer “una política inequívoca de apertura para logar el disfrute efectivo del derecho ciudadano al acceso de información pública”.

Según el proceso administrativo, el reglamento entrará en vigor el 26 de enero, y establece expresamente que toda la información custodiada por la agencia “se presume pública”.

“En esa línea, se faculta al Secretario de Justicia para nombrar a la figura única del Oficial de Información, quien contará con un término limitado para la rápida evaluación de solicitudes de información. Dicho término discurre desde entregar la información en 24 horas o hasta 7 días, dependiendo de la complejidad de la solicitud”, indica el documento.

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Además, se establece la obligación de que el Departamento publique proactivamente información pública relevante a la ciudadanía. Asimismo, se dispone que la entrega de información vía electrónica será libre de costo.

“Este derecho –hoy reconocido por la comunidad internacional como un derecho humano– se sostiene en el principio democrático de que los gobernados conozcan, fiscalicen y pasen juicio sobre las gestiones del Estado. En otras palabras, es el derecho que faculta a la ciudadanía a exigirle al gobierno que rinda cuentas sobre su gestión, lo que resulta esencial para lograr una mayor transparencia gubernamental”, sostuvo el secretario saliente Miranda.

“El objetivo de Justicia es y siempre debe ser establecer una política proactiva de rendición de cuentas a la ciudadanía. Esto para desalentar los actos antiéticos y de corrupción, promover la participación ciudadana e instituir normas y principios claros para el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información”, puntualizó.

Mediante este reglamento, el Departamento de Justicia se autoimpone un término de 60 días a partir de su vigencia para la publicación proactiva en su página web de informes de progreso, auditorías de la agencia y lista de contratos, entre otros documentos de interés público. Además, se establece un término de 90 días a partir de la vigencia del Reglamento para que el Departamento de Justicia para la creación de una política pública uniforme actualización, organización y digitalización de documentos. La información pública en poder de Justicia incluye pero no se limita a: archivos físicos y electrónicos, expedientes inactivos, informes y estadísticas.

Resulta interesante que en su comunicado de prensa el Departamento de Justicia no entra en los detalles del Artículo 13 de ese reglamento, que tiene que ver con la Denegación de Entrega de Información.

Enlace al documento:

Reglamento de transparencia y acceso a la información pública del Departamento de Justicia

Justicia recomienda un FEI para la senadora popular Mari Tere González

Senadora Mari Tere González (Archivo).

Senadora Mari Tere González (Archivo).

SAN JUAN: El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, informó el lunes la entrega a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) del informe sobre la investigación preliminar en el caso de la senadora popular Mari Tere González López, tras detectarse la posible comisión de delitos graves.

La pesquisa es producto de una investigación iniciada por el Departamento de Justicia, a raíz de las declaraciones de testigos en el juicio federal contra Anaudi Hernández Pérez.

Los testimonios que dan pie a la investigación fueron recogidos en sala durante el juicio federal por parte de fiscales asignados por el Departamento de Justicia, con el fin de allegar prueba al Estado de posibles delitos a nivel local.

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“En el día de hoy estamos refiriendo a la atención de la OPFEI a la senadora María Teresa González López y a los señores Anaudi Hernández Pérez, Héctor Vargas Soto y José Torres Mena, este último tesorero de la campaña electoral de la senadora. En dicho referido estamos recomendando la designación de un fiscal especial independiente tras detectar un posible esquema ilegal distinto al que fue objeto de las acusaciones federales. Entendemos que la senadora utilizó las facultades de su cargo para beneficiar a terceros. Mientras esto sucedía, la senadora obtuvo beneficios de estos terceros y encubrió dicho hecho en los informes que proveyó al Estado. Ahora corresponde al FEI, conforme a su ley habilitadora, determinar si procede la radicación de cargos en este caso”, detalló Miranda en un comunicado de prensa.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la OPFEI, el Departamento de Justicia realizó la investigación preliminar de este caso dentro del término legal de 90 días para hacer el referido a la OPFEI.

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El referido de individuos privados se realiza en conformidad con el Artículo 5 de la propia ley de la OPFEI. Dicha ley que requiere que individuos que hayan participado, conspirado, provocado, o que de algún otro modo fueran autores o coautores en cualquiera de los delitos imputados, sean referidos a la OPFEI para evaluar la prueba en conjunto con la prueba contra el funcionario a ser investigado.

“Como he repetido en varias ocasiones, las investigaciones, referidos o presentaciones de cargos criminales las realiza el Departamento de Justicia una vez esté listo y cuente con la prueba requerida en nuestro ordenamiento. Siempre que se esté en posición de satisfacer un quantum de prueba para sustentar referidos o cargos criminales, el Departamento de Justicia tiene la obligación de proceder diligentemente con las acciones administrativas o judiciales que correspondan”, añadió el titular de la agencia.

Justicia destacó a dos fiscales en las vistas del juicio federal contra Hernández Pérez, para recoger de primera mano datos que pudieran dar indicio de posible comisión de delitos estatales. Desde entonces, la agencia lleva a cabo una investigación amplia que incluye solicitudes de prueba documental, entrevistas, entre otras gestiones investigativas.

Justicia anuncia investigación criminal contra senadora Mari Tere González

Senadora Mari Tere González (Archivo).

Senadora Mari Tere González (Archivo).

SAN JUAN: La División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia (DJ), dirigida por la fiscal Gretchen Camacho Rossy, informó el inicio de una investigación preliminar en el caso de la senadora popular Mari Tere González, gestión que fue notificada a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) en la mañana del jueves.

En un comunicado de prensa se dijo que la pesquisa es producto de una investigación iniciada por el Departamento de Justicia, a raíz de las declaraciones de testigos en el juicio federal contra Anaudi Hernández Pérez.

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El Departamento de Justicia, mediante requerimientos de información (subponeas) identificó un documento juramentado que apunta a posible comisión de delitos.

“En el día de hoy estamos notificando a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente que existe causa suficiente para conducir una investigación preliminar al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley Núm. 2 de 1988, que crea la OPFEI”, manifestó Camacho Rossy.

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El DJ destacó a dos fiscales en las vistas del juicio federal contra Hernández Pérez, para recoger de primera mano datos que pudieran dar indicio a posible comisión de delitos estatales. Desde entonces, la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del DJ lleva a cabo una investigación amplia que incluye  solicitudes de prueba documental, entrevistas, entre otras gestiones investigativas.

Acorde con la Ley de la OPFEI, entidad que tiene jurisdicción para encausar a legisladores, el DJ cuenta con 90 días para realizar la investigación preliminar. Transcurrido este periodo el DJ referiría la investigación preliminar a la OPFEI para su evaluación y determinación final en el caso.

Por su parte, la Comisión de Ética e Integridad Pública del Senado tomó conocimiento de la determinación de Justicia de investigar a la senadora González.

“Ante este hecho y conforme con las disposiciones de los cuerpos reglamentarios del Senado, los miembros de la Comisión de Ética determinaron suspender el trámite ante dicha comisión mientras el Departamento de Justicia investiga. En especifica, la determinación de la Comisión se basó en la Sección 17 de las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico”, se informó en declaraciones escritas.

Justicia fija su postura en el caso de los “Tres Inocentes”

Licenciado César Miranda, Secretario de Justicia.

Licenciado César Miranda, Secretario de Justicia.

SAN JUAN: El jefe de los fiscales, José B. Capó, anunció el martes el archivo de los cargos que pesaban contra tres imputados por el asesinato de Glorimar Pérez en 1988, luego de celebrarse una vista en el Tribunal de Instancia de Aguadilla como parte de la concesión de nuevo juicio en el caso.

“Los fiscales del caso solicitaron hoy el archivo de este caso, determinación que el Ministerio Público tomó luego de un extenso y minucioso análisis de la prueba disponible para llevar a cabo el nuevo juicio. Dicha prueba, tras 28 años del asesinato, no estaría disponible en su totalidad y se concluyó que las probabilidades de prevalecer bajo estas circunstancias no justifican la celebración de un nuevo juicio en estos momentos”, expresó Capó en un comunicado de prensa.

Por su parte, el secretario de Justicia, César Miranda, explicó que acogió la recomendación de los fiscales del caso, tras recibir un análisis de la prueba y de la totalidad de las gestiones investigativas dirigidas a fortalecer la evidencia a presentarse en el nuevo juicio.

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“Recibí de parte de los fiscales del caso y del jefe de los fiscales, José Capó, un informe extenso y detallado con todos los pormenores del caso de Glorimar. Estoy tranquilo porque este Departamento de Justicia ha realizado absolutamente todas las gestiones que hemos tenido al alcance para prepararnos de cara al nuevo juicio pero, siendo justos y éticos, sería inadecuado dar paso a un proceso de nuevo juicio cuando las condiciones de la prueba han sufrido el imperdonable embate del paso del tiempo. También me da tranquilidad el hecho de que, hasta donde ha sido posible, hemos mantenido la comunicación, nuestro respeto y deferencia a los familiares de Glorimar que sé padecen el trauma de estos eventos”, explicó el titular de la agencia.

El Departamento de Justicia indicó en su comunicado que realizó “todas las gestiones investigativas que tuvo a su alcance para reorganizar la prueba presentada en el juicio” celebrado hace 22 años para la convicción de Nelson Ruiz Colón, José Caro y Nelson Ortiz Álvarez.

“Además, se atendieron todos los posibles ángulos investigativos en búsqueda de prueba adicional que aportara al caso de cara a la etapa del nuevo juicio. En ese esfuerzo se investigó también la teoría expuesta por la defensa sobre la alegada participación de Rafael Baucage Colón y de Johan Rosario como responsables del asesinato de Glorimar. Mediante ese esfuerzo se logró obtener una orden judicial por parte del juez federal Francisco Besosa para que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos entregara al Ministerio Público algún material genético de Baucage Colón, quien junto a Johan Rosario, fueron mencionados por la defensa como sospechosos. Aunque esa dependencia no contaba con muestra genética de Baucage Colón, se logró obtener una muestra de manera voluntaria de su hijo, lo cual sirvió para comparar su perfil de ADN con el de prueba encontrada en la escena. El resultado del análisis genético reveló que el ADN de Baucage Colón queda descartado de ser el ADN masculino presente en las dos piezas de evidencia comparadas”, indicó Miranda.

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Asimismo, el Departamento de Justicia informó que obtuvo el consentimiento por parte de Johan Rosario para someterse al análisis de ADN para compararlo con un perfil genético femenino presente en dos piezas de evidencia halladas en la escena. Para la toma de muestra se realizó un viaje al estado de Virginia, donde ésta reside. Tras ser analizada, los resultados arrojaron que su ADN queda descartado de estar presente las piezas recuperadas en la escena.

Según Justicia, la teoría “Baucage”, esbozada por la defensa en su momento, incluyó una supuesta arma homicida utilizada. Sin embargo, Justicia también ordenó la comparación mediante análisis balístico de esa arma con el plomo recuperado del cuerpo de Glorimar. El resultado descarta que esta fuera el arma homicida utilizada en este crimen.

Glorimar Pérez Santiago fue asesinada el 30 de julio de 1988. Luego de una vista celebrada el pasado 22 de junio en el Tribunal de Aguadilla, el juez José Emilio González concedió la celebración de un nuevo juicio tras evaluar los resultados de las pruebas de ADN Post Sentencia.

Los imputados estuvieron en la libre comunidad desde el 23 de junio de 2016 con vigilancia electrónica bajo restricción domiciliaria. El juez González ordenó en sala que se les removieran los grilletes electrónicos y les indicó que estaban libres de irse.

Tras 22 años presos archivan cargos contra los “Tres Inocentes” de Aguada

De izquierda a derecha, José Caro Pérez, Nelson Ortiz Alvarez y Nelson Ruiz Colón, quedaron definitivamente libres (Foto Twitter José Esteves @jestevesT2).

De izquierda a derecha, José Caro Pérez, Nelson Ortiz Alvarez y Nelson Ruiz Colón, quedaron definitivamente libres (Foto Twitter José Esteves @jestevesT2).

AGUADILLA: El Departamento de Justicia pidió el martes el archivo y sobreseimiento de las acusaciones por asesinato contra los llamados “Tres Inocentes” de Aguada, quienes estuvieron 22 años en prisión por la muerte de la joven Glorimar Pérez Santiago, ocurrida en 1988.

Nelson Ruiz Colón, Nelson Ortiz Álvarez y José Caro Pérez quedaron finalmente libres, luego de que representación del Ministerio Público pidiera el archivo del caso, ante la realidad de que el Estado no contaba con evidencia para prevalecer en un nuevo juicio contra éstos.

El fiscal Yamil Juarbe representó al Departamento de Justicia.

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Las pruebas de ADN mitocondrial excluyeron a Caro, Ruiz y Ortiz, mientras que los testigos de cargo se habían retractado.

En el caso de Luis Monserrate Martínez, quien fue usado a principios del proceso por la Policía y la Fiscalía como supuesto testigo presencial de los alegados hechos, se retractó posteriormente y con el paso de los años murió. El testimonio de éste era esencial para el Departamento de Justicia.

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Por otro lado, otro testigo de la Fiscalía, identificado como Heriberto Guzmán se retractó de su declaración y se ha reiterado en su posición, lo que lo convirtió en un testigo hostil para el Ministerio Público. Éste no estaba disponible para el proceso.

Un tercer testigo, identificado como Ángel Luis Chaparro, quien dijo vio a Nelson Ortiz montarse en el carro de la infortunada Pérez Santiago, no aparece.

El licenciado Julio Fontanet, director del Proyecto Inocencia, que tomó las riendas de la representación legal de los hasta ahora imputados, dijo al reaccionar a la acción de Justicia que “aunque tardía, se hizo justicia”.

Al mismo tiempo reconoció como un privilegio haber representado a Ruiz Colón, Ortiz Álvarez y a Caro Pérez. Fontanet reconoció también la diligencia y la integridad del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) que guardó las piezas de evidencia.