De salida… Justicia adopta reglamento de acceso a la información (Documento)

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SAN JUAN: En sus últimos días de incumbencia, el secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, envió el martes al Departamento de Estado el nuevo reglamento de la agencia que regula el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación.

En un comunicado de prensa se indicó que el llamado “Reglamento de transparencia y acceso a la información pública del Departamento de Justicia” tiene como propósito establecer “una política inequívoca de apertura para logar el disfrute efectivo del derecho ciudadano al acceso de información pública”.

Según el proceso administrativo, el reglamento entrará en vigor el 26 de enero, y establece expresamente que toda la información custodiada por la agencia “se presume pública”.

“En esa línea, se faculta al Secretario de Justicia para nombrar a la figura única del Oficial de Información, quien contará con un término limitado para la rápida evaluación de solicitudes de información. Dicho término discurre desde entregar la información en 24 horas o hasta 7 días, dependiendo de la complejidad de la solicitud”, indica el documento.

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Además, se establece la obligación de que el Departamento publique proactivamente información pública relevante a la ciudadanía. Asimismo, se dispone que la entrega de información vía electrónica será libre de costo.

“Este derecho –hoy reconocido por la comunidad internacional como un derecho humano– se sostiene en el principio democrático de que los gobernados conozcan, fiscalicen y pasen juicio sobre las gestiones del Estado. En otras palabras, es el derecho que faculta a la ciudadanía a exigirle al gobierno que rinda cuentas sobre su gestión, lo que resulta esencial para lograr una mayor transparencia gubernamental”, sostuvo el secretario saliente Miranda.

“El objetivo de Justicia es y siempre debe ser establecer una política proactiva de rendición de cuentas a la ciudadanía. Esto para desalentar los actos antiéticos y de corrupción, promover la participación ciudadana e instituir normas y principios claros para el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información”, puntualizó.

Mediante este reglamento, el Departamento de Justicia se autoimpone un término de 60 días a partir de su vigencia para la publicación proactiva en su página web de informes de progreso, auditorías de la agencia y lista de contratos, entre otros documentos de interés público. Además, se establece un término de 90 días a partir de la vigencia del Reglamento para que el Departamento de Justicia para la creación de una política pública uniforme actualización, organización y digitalización de documentos. La información pública en poder de Justicia incluye pero no se limita a: archivos físicos y electrónicos, expedientes inactivos, informes y estadísticas.

Resulta interesante que en su comunicado de prensa el Departamento de Justicia no entra en los detalles del Artículo 13 de ese reglamento, que tiene que ver con la Denegación de Entrega de Información.

Enlace al documento:

Reglamento de transparencia y acceso a la información pública del Departamento de Justicia

Justicia recomienda un FEI para la senadora popular Mari Tere González

Senadora Mari Tere González (Archivo).

Senadora Mari Tere González (Archivo).

SAN JUAN: El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, informó el lunes la entrega a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) del informe sobre la investigación preliminar en el caso de la senadora popular Mari Tere González López, tras detectarse la posible comisión de delitos graves.

La pesquisa es producto de una investigación iniciada por el Departamento de Justicia, a raíz de las declaraciones de testigos en el juicio federal contra Anaudi Hernández Pérez.

Los testimonios que dan pie a la investigación fueron recogidos en sala durante el juicio federal por parte de fiscales asignados por el Departamento de Justicia, con el fin de allegar prueba al Estado de posibles delitos a nivel local.

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“En el día de hoy estamos refiriendo a la atención de la OPFEI a la senadora María Teresa González López y a los señores Anaudi Hernández Pérez, Héctor Vargas Soto y José Torres Mena, este último tesorero de la campaña electoral de la senadora. En dicho referido estamos recomendando la designación de un fiscal especial independiente tras detectar un posible esquema ilegal distinto al que fue objeto de las acusaciones federales. Entendemos que la senadora utilizó las facultades de su cargo para beneficiar a terceros. Mientras esto sucedía, la senadora obtuvo beneficios de estos terceros y encubrió dicho hecho en los informes que proveyó al Estado. Ahora corresponde al FEI, conforme a su ley habilitadora, determinar si procede la radicación de cargos en este caso”, detalló Miranda en un comunicado de prensa.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la OPFEI, el Departamento de Justicia realizó la investigación preliminar de este caso dentro del término legal de 90 días para hacer el referido a la OPFEI.

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El referido de individuos privados se realiza en conformidad con el Artículo 5 de la propia ley de la OPFEI. Dicha ley que requiere que individuos que hayan participado, conspirado, provocado, o que de algún otro modo fueran autores o coautores en cualquiera de los delitos imputados, sean referidos a la OPFEI para evaluar la prueba en conjunto con la prueba contra el funcionario a ser investigado.

“Como he repetido en varias ocasiones, las investigaciones, referidos o presentaciones de cargos criminales las realiza el Departamento de Justicia una vez esté listo y cuente con la prueba requerida en nuestro ordenamiento. Siempre que se esté en posición de satisfacer un quantum de prueba para sustentar referidos o cargos criminales, el Departamento de Justicia tiene la obligación de proceder diligentemente con las acciones administrativas o judiciales que correspondan”, añadió el titular de la agencia.

Justicia destacó a dos fiscales en las vistas del juicio federal contra Hernández Pérez, para recoger de primera mano datos que pudieran dar indicio de posible comisión de delitos estatales. Desde entonces, la agencia lleva a cabo una investigación amplia que incluye solicitudes de prueba documental, entrevistas, entre otras gestiones investigativas.

Justicia fija su postura en el caso de los “Tres Inocentes”

Licenciado César Miranda, Secretario de Justicia.

Licenciado César Miranda, Secretario de Justicia.

SAN JUAN: El jefe de los fiscales, José B. Capó, anunció el martes el archivo de los cargos que pesaban contra tres imputados por el asesinato de Glorimar Pérez en 1988, luego de celebrarse una vista en el Tribunal de Instancia de Aguadilla como parte de la concesión de nuevo juicio en el caso.

“Los fiscales del caso solicitaron hoy el archivo de este caso, determinación que el Ministerio Público tomó luego de un extenso y minucioso análisis de la prueba disponible para llevar a cabo el nuevo juicio. Dicha prueba, tras 28 años del asesinato, no estaría disponible en su totalidad y se concluyó que las probabilidades de prevalecer bajo estas circunstancias no justifican la celebración de un nuevo juicio en estos momentos”, expresó Capó en un comunicado de prensa.

Por su parte, el secretario de Justicia, César Miranda, explicó que acogió la recomendación de los fiscales del caso, tras recibir un análisis de la prueba y de la totalidad de las gestiones investigativas dirigidas a fortalecer la evidencia a presentarse en el nuevo juicio.

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“Recibí de parte de los fiscales del caso y del jefe de los fiscales, José Capó, un informe extenso y detallado con todos los pormenores del caso de Glorimar. Estoy tranquilo porque este Departamento de Justicia ha realizado absolutamente todas las gestiones que hemos tenido al alcance para prepararnos de cara al nuevo juicio pero, siendo justos y éticos, sería inadecuado dar paso a un proceso de nuevo juicio cuando las condiciones de la prueba han sufrido el imperdonable embate del paso del tiempo. También me da tranquilidad el hecho de que, hasta donde ha sido posible, hemos mantenido la comunicación, nuestro respeto y deferencia a los familiares de Glorimar que sé padecen el trauma de estos eventos”, explicó el titular de la agencia.

El Departamento de Justicia indicó en su comunicado que realizó “todas las gestiones investigativas que tuvo a su alcance para reorganizar la prueba presentada en el juicio” celebrado hace 22 años para la convicción de Nelson Ruiz Colón, José Caro y Nelson Ortiz Álvarez.

“Además, se atendieron todos los posibles ángulos investigativos en búsqueda de prueba adicional que aportara al caso de cara a la etapa del nuevo juicio. En ese esfuerzo se investigó también la teoría expuesta por la defensa sobre la alegada participación de Rafael Baucage Colón y de Johan Rosario como responsables del asesinato de Glorimar. Mediante ese esfuerzo se logró obtener una orden judicial por parte del juez federal Francisco Besosa para que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos entregara al Ministerio Público algún material genético de Baucage Colón, quien junto a Johan Rosario, fueron mencionados por la defensa como sospechosos. Aunque esa dependencia no contaba con muestra genética de Baucage Colón, se logró obtener una muestra de manera voluntaria de su hijo, lo cual sirvió para comparar su perfil de ADN con el de prueba encontrada en la escena. El resultado del análisis genético reveló que el ADN de Baucage Colón queda descartado de ser el ADN masculino presente en las dos piezas de evidencia comparadas”, indicó Miranda.

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Asimismo, el Departamento de Justicia informó que obtuvo el consentimiento por parte de Johan Rosario para someterse al análisis de ADN para compararlo con un perfil genético femenino presente en dos piezas de evidencia halladas en la escena. Para la toma de muestra se realizó un viaje al estado de Virginia, donde ésta reside. Tras ser analizada, los resultados arrojaron que su ADN queda descartado de estar presente las piezas recuperadas en la escena.

Según Justicia, la teoría “Baucage”, esbozada por la defensa en su momento, incluyó una supuesta arma homicida utilizada. Sin embargo, Justicia también ordenó la comparación mediante análisis balístico de esa arma con el plomo recuperado del cuerpo de Glorimar. El resultado descarta que esta fuera el arma homicida utilizada en este crimen.

Glorimar Pérez Santiago fue asesinada el 30 de julio de 1988. Luego de una vista celebrada el pasado 22 de junio en el Tribunal de Aguadilla, el juez José Emilio González concedió la celebración de un nuevo juicio tras evaluar los resultados de las pruebas de ADN Post Sentencia.

Los imputados estuvieron en la libre comunidad desde el 23 de junio de 2016 con vigilancia electrónica bajo restricción domiciliaria. El juez González ordenó en sala que se les removieran los grilletes electrónicos y les indicó que estaban libres de irse.

Nueva prueba de ADN ordenada por Justicia vuelve a excluir a los “Tres Inocentes” de Aguada

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SAN JUAN: El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, informó que en la tarde de hoy (miércoles) se recibió el resultado de ADN mitocondrial que fuera solicitado por el Ministerio Público en el caso del asesinato de Glorimar Pérez, que concluye que los tres acusados en este caso son excluidos de ser donantes del material genético analizado, ya que el mismo le pertenece a la occisa.

“En la tarde de hoy recibimos los resultados del análisis de ADN mitocondrial que solicitó el Ministerio Público, como parte de la reinvestigación en el caso Glorimar, tras la concesión de un nuevo juicio a los tres imputados del asesinato. Esta prueba, aunque es del Ministerio Público, la compartimos tanto con los abogados de defensa como con los familiares de Glorimar, en aras de la apertura y transparencia que este Departamento de Justicia ha demostrado en este caso desde que fuera traído a nuestra atención. Los resultados apuntan a que el vello encontrado en el raspado de uñas de la mano izquierda de Glorimar le pertenece a ella. Por otro lado, excluye la posibilidad de que le pertenezcan a los tres imputados, como también excluye la posibilidad de que pertenezca a terceros desconocidos”, detalló Miranda en declaraciones escritas.

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De otra parte, el jefe de los fiscales, José Capó expuso que “este resultado formará parte de la prueba que se continúa reuniendo de cara a la vista señalada para el próximo 27 de septiembre, en la que el Ministerio Público fijará su posición en torno al comienzo del nuevo juicio”.

La pieza analizada constó de un vello hallado en el raspado de uñas de Glorimar, la que había sido analizada previamente a través de pruebas de ADN nuclear por el Instituto de Ciencias Forenses. Dichos resultados arrojaron ser “no concluyentes”. Ante ello, el Departamento de Justicia le solicitó al laboratorio Serological Research Institute en Richmond, California, la realización de una prueba de ADN mitocondrial para conocer el origen del material genético presente en la última pieza de evidencia sujeta a análisis científico en el caso hasta el momento.

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La prueba de ADN mitocondrial es menos discriminatoria que la que se realiza en nuestro Instituto de Ciencias Forenses de ADN nuclear, Sin embargo, el Ministerio Público se vio obligado a solicitar una prueba mitocondrial en este caso dado que, por la falta de raíz en el vello encontrado, se hacía imposible llevar a cabo el análisis de ADN nuclear de manera satisfactoria.

Secretario Justicia niega conocer a Anaudi Hernández y desmiente rumores

De izquierda a derecha, el secretario de Justicia, César Miranda; el convicto empresario Anaudi Hernández; y el representante novoprogresista José Aponte Hernández.

De izquierda a derecha, el secretario de Justicia, César Miranda; el convicto empresario Anaudi Hernández; y el representante novoprogresista José Aponte Hernández.

SAN JUAN: El secretario de Justicia, César Miranda, rechazó el martes conocer al convicto recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández, desmintiendo señalamientos publicados en un portal cibernético, que fueron recogidos por el representante novoprogresista José Aponte Hernández, quien “le pidió cuentas” sobre el asunto.

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“Lamentablemente en la mañana de hoy el representante José Aponte Hernández ha sacado un comunicado de prensa en el que solicita que se aclare la naturaleza del vínculo de este servidor con el señor Anaudi Hernández. En el documento se sugiere que yo me pude haber relacionado con Hernández a raíz de mi participación en la transición del gobierno de Carmen Yulín Cruz a la Alcaldía de San Juan. Esta idea carece de total credibilidad y es uno de los actos más bajunos que he visto en toda mi carrera como servidor público”, dijo Miranda en declaraciones escritas.

El secretario Miranda fue enfático al negar conocer a Hernández, asegurando que “no participó de evento alguno de recaudación de fondos durante la campaña de Yulín Cruz”.

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“Mi vínculo con el imputado Anaudi Hernández es sencillo, es claro y todo el mundo lo conoce: yo como Secretario de Justicia lo acusé. No tan sólo lo acusé a él, acusé a su esposa y acusé a dos de sus socios y acusé a cuatro de sus corporaciones por evasión contributiva. Las vistas de esos casos están señaladas para el próximo 14, 15 y 16 de septiembre, cuando veremos al señor Hernández comparecer nuevamente ante el foro local. De hecho, los acusados se exponen a cumplir cárcel por un periodo de 3 a 8 años”, expresó Miranda.

“Es importante desmentir de inmediato estas desafortunadas declaraciones del representante Aponte Hernández pues creo que demasiadas veces, para adelantar causas políticas, se raya en niveles intolerables de falta a la verdad. Es indeseable y repudiable la práctica de mancillar reputaciones a diestra y siniestra. Lo cierto es que en la política, no todo puede ser permisible”, concluyó.

Justicia no se opondrá a excarcelación de los llamados “Tres Inocentes” tras concesión de nuevo juicio

Licenciado César Miranda, Secretario de Justicia.

Licenciado César Miranda, Secretario de Justicia.

SAN JUAN: El secretario de Justicia, César Miranda, ordenó el miércoles en la noche que el Ministerio Público se allane a la orden de excarcelación de Nelson Ruíz Colón, José A. Caro Pérez y Nelson Ortiz Álvarez, acusados por la muerte de la joven Glorimar Pérez, ocurrida en 1988, tras la determinación de juez José Emilio González, del Tribunal de Aguadilla, de concederles un nuevo juicio.

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En un comunicado de prensa se indicó que la determinación de Miranda “es cónsona con el compromiso que contrajo con el país de propiciar el que fueran dejados en libertad en caso de que se determinara ha lugar un nuevo juicio”.

De esta forma, los tres acusados podrían estar en la libre comunidad, bajo las condiciones específicas que fueran dispuestas por el tribunal.

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“Desde que este caso se trajo a nuestras atención la actitud ha sido de apertura y de responsabilidad con el manejo de los planteamientos presentados. Incluso, ausente una determinación de un tribunal que le requiriera al Departamento de Justicia la realización de nuevas pruebas de ADN a la evidencia custodiada por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), ordenamos que se realizaran dichos análisis. En aras de atender los reclamos de ambas partes, recibimos a los familiares de los convictos y consideramos sus planteamientos. De igual modo, conversamos con la madre y otros familiares de Glorimar, quienes han vivido con dolor todos y cada uno de los muchos procesos que se han llevado luego de la sentencia de culpabilidad en el caso de su hija asesinada. Con ello, el Departamento de Justicia lo que ha buscado en este complejo caso es reestablecer un justo balance entre los derechos de los imputados y los derechos de las víctimas de crimen y sus familiares. Tengo que decir que el Departamento de Justicia ha descargado su responsabilidad cabalmente y por eso es que nos allanamos –como habíamos anticipado– a la excarcelación de los convictos en lo que se da el nuevo juicio. Aunque respetuosamente discrepamos de la determinación del tribunal, hemos decidido no recurrir para no continuar extendiendo la angustia de la familia de la víctima por motivo de este largo procedimiento”, manifestó Miranda en una declaración escrita.

Ante la determinación de celebrarse un nuevo juicio, el Ministerio Público tendría que volver a presentar la prueba que desfiló en corte durante la celebración del juicio original, que culminó con la convicción de Caro, Ruiz y Ortiz.

El veredicto de culpabilidad quedó anulado por la determinación del juez González.

Ruíz Colón, Caro Pérez y Ortiz Álvarez solicitaron un nuevo juicio luego de recibir los resultados de las pruebas de ADN realizadas a la evidencia encontrada en la escena, las cuales fueron solicitadas a través de la Ley de Análisis de ADN Post Sentencia.

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Nuevo juicio para los “Tres Inocentes” de Aguada

Justicia radica 48 cargos contra Petro West por apropiación ilegal de fondos públicos

La empresa Petro West tiene sus facilidades en lo que fue la antigua Allergan en Hormigueros (Foto LA CALLE Digital).

La empresa Petro West tiene sus facilidades en lo que fue la antigua Allergan en Hormigueros (Foto LA CALLE Digital).

HORMIGUEROS: El secretario de Justicia (DJ), César Miranda, dio a conocer el lunes la radicación de 48 cargos criminales contra la empresa Petro West y su dueño y presidente ejecutivo, José González Amador, por apropiarse ilegalmente de $10 millones de fondos públicos provenientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Según las denuncias, González Amador cobró a la AEE un impuesto de 0.5 por ciento por concepto de patentes municipales en todas las facturas de venta de combustible durante los pasados cuatro años fiscales, logrando así apropiarse de $10,800,591.63 de fondos públicos.

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El esquema consistía en negociar una rebaja del impuesto en los municipios de Hormigueros, Mayagüez, Peñuelas y Arecibo, llegando a obtener incluso una exención total del impuesto con el municipio de Hormigueros y Arecibo, mientras continuaba facturando el 0.5 por ciento por concepto de este impuesto, a sabiendas de que no procedía dicho cobro.

La intención criminal, según la investigación conducida por fiscales de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor adscrita al DJ, quedó clara mediante prueba testimonial y documental que evidencia que González Amador conocía que el cobro de 0.5 por ciento era el tope que los municipios podían cobrarle a Petro West por la venta de combustible y hacer negocio en sus municipalidades.

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Sin embargo, tras presentarse evidencia de que González Amador gestionó y obtuvo rebajas de esos impuestos en los cuatro municipios, el imputado conocía de antemano que el cobro de un 0.5 por ciento en sus facturas a la AEE no procedía pues en ninguno de los mencionados municipios se le requería el pago de dicho por ciento.

“Esta sobrefacturación, a sabiendas de que en ningún municipio pagaría un impuesto de 0.5%, tuvo la intención de desfalcar el erario, acto que nos viene afectando a todos pues las sumas infladas que cobró de más a la AEE impactaron negativamente el cálculo mediante fórmula del renglón de ‘ajuste por combustible’. Este delito es inaceptable y no podemos tener ninguna tolerancia a quien se roba el dinero de las contribuciones nuestras, máxime en tiempos en los que atravesamos una crisis fiscal sin precedente. Nos encontramos en momentos en los que se experimenta una reestructuración de la AEE, se negocia su deuda y se corren riesgos por la falta de financiamiento, entre otros factores. Ahora más que nunca tenemos que encausar a quienes nos traicionan y enviar un mensaje de pulcritud y honestidad a la hora de hacer negocios con el gobierno”, precisó Miranda.

Por estos hechos, el Ministerio Público, representado por los fiscales Carmen Padilla e Iván De Jesús; la agente Nirka Burgos, del Negociado de Investigaciones Especiales, y las funcionarias de la Oficina del Contralor, Laura Hernández y Liza Vélez; presentó cinco cargos por apropiación ilegal agravada de fondos públicos contra González Amador y cinco cargos por la misma infracción contra la corporación Petro West Inc., para un total de 10 acusaciones.

Durante la vista de causa para arresto celebrada el lunes testificaron dos auditoras de la Oficina del Contralor.

De otro lado, los restantes 38 cargos por apropiación ilegal agravada de fondos públicos corresponden a 19 cargos contra González Amador y 19 que se le imputan a la corporación por apropiarse de $69,584.78 que cobró por adelantado a la AEE por concepto del “Excise Tax”. Este arbitrio es de 8 centavos por galón, que se supone que remitieran mediante pago mensualmente al Departamento de Hacienda por la venta de combustible entre los años 2012 y 2013. Petro West Inc. retuvo y disfrutó los casi $70,000 durante los años subsiguientes y no es hasta el comienzo de la investigación en el año 2015 que presentó las planillas.

La juez Karem M. Álvarez Echeandía, de la Sala de Investigaciones del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, luego de recibir la prueba se reservó la determinación en cuanto a los 48 cargos de apropiación ilegal agravada que fueran presentados para el martes 28 de junio a las 9:30 de la mañana para poder examinar la prueba presentada.

Columna: Primero el Sacerdote… Mañana puedo ser yo

Cuello clerical (Archivo).

Cuello clerical (Archivo).

Por: Lcda. Evelyn Aimée De Jesús, abogada

Recientemente el Secretario de Justicia (Lcdo. César Miranda) se atrevió a increpar contra un abogado que ejercía su función profesional ante el tribunal acusándole de influenciar indebidamente la corte durante un caso.

Carlos Pérez Toro es un abogado admitido a la práctica de la abogacía y la notaría en Puerto Rico, pero también es sacerdote católico y dirige una parroquia.

Como parte de su fe, este abogado utiliza su vestimenta clerical.

El que el asesor legal del gobernador de Puerto Rico, impute conducta antiética acusando de influenciar al Tribunal por utilizar vestimenta religiosa, no solo es antiético en mi disciplina profesional, sino que es una violación a sus derechos civiles, es intimidación, es discriminatorio, es humillar a un ser humano por ejercer su fe y mancillarle en público por sus creencias. Esto no se puede ignorar.01-2016 aquaviva weekends

Fui la primera abogada y la única mujer que intervino ante el Tribunal Supremo por rehusarme a pertenecer al Colegio de Abogados por asuntos de mi fe y conciencia. Argumenté que gran parte de mi práctica legal es defender asuntos de libertad de fe, asesorar ministros, iglesias y aportar a medios de comunicación (cristiano protestante y católico) sobre la ley e integrarlo al marco teológico de mi fe judeocristiana.

De los expedientes del Tribunal Supremo surge mi repudio por una institución que persigue al Pueblo de Dios, que adopta posturas que me ofenden, van en contra de los valores y principios religiosos que practico y en los que creo. Más aún, que intervienen en mi criterio profesional y soy igual de abogada que el resto.  Cuando Carlos Pérez se enteró de mi solicitud ante el Tribunal, sin claudicar también solicitó intervenir.  Junto  a otros dos abogados (protestantes los últimos) lo logró con éxito.  Carlos fue el único abogado católico  que se paró firme por sus convicciones.

Algunos hemos sido tildados de incompetentes no sólo ante nuestros pares en la abogacía, sino ante las comunidades de fe. Ya cumplo quince (15) años practicando mi profesión y no miro hacia atrás. A Dios le debo lo que soy y no dejaré de defender el Evangelio pues a tal fui llamada.

Primero fue un abogado y sacerdote católico defendiendo la verdad, pero mañana puedo ser yo. El pusilánime no tiene lugar en las batallas.  ¿Vamos a reaccionar o a dejar de ejercer nuestros derechos?  Por mi parte, no voy a claudicar.

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Cargos criminales contra ejecutivos del hotel Horned Dorset Primavera de Rincón por no pagarle el “room tax” a Turismo

Fachada del hotel Horned Dorset Primavera en Rincón. Haga "click" sobre la imagen para ampliarla (Archivo).

Fachada del hotel Horned Dorset Primavera en Rincón. Haga “click” sobre la imagen para ampliarla (Archivo).

RINCÓN: El Departamento de Justicia radicó cargos el lunes contra el prestigioso hotel Horned Dorset Primavera de Rincón por haber dejado de remitir a la Compañía de Turismo por espacio de 6 años el monto acumulado de $603,575, por concepto del impuesto sobre la ocupación de habitaciones.

La conducta desplegada por la empresa, así como por sus accionistas y administradores Wilhelm Sack y Harold Davies Mayne, provocó la presentación de 174 denuncias por apropiación ilegal de fondos públicos. Según la investigación realizada por el Departamento de Justicia, los accionistas de la hospedería no enviaron a la Compañía de Turismo lo recaudado del canon cobrado a sus huéspedes desde diciembre del año 2008 hasta octubre del año 2015.aquaviva maryann 03-04-16

Para que el lector tenga una idea, el costo de la Suite Presidencial en esa hospedería durante el mes de julio (temporada alta) asciende a $1,600 la noche.

“Horned Dorset ha sido una institución para el turismo puertorriqueño, prestigiándonos por décadas en el mercado internacional. Es una lástima que hayan incumplido con sus obligaciones contributivas con el pueblo de Puerto Rico que les acogió y les dio su apoyo. Procederemos en este caso, como en cualquier otro”, comentó el secretario de Justicia, licenciado César Miranda.

El juez Jimmy Sepúlveda Lavergne del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto en los 174 cargos e impuso una fianza de $29 mil y $232 mil contra los ejecutivos del hotel Wilhem Sack y Harold Davies Mayne, respectivamente.

La vista preliminar fue pautada para el próximo 14 de marzo de 2016.

De ser encontrados culpables, los imputados se exponen a cumplir penas de hasta 10 años de reclusión. En el caso de la corporación, su Certificado de Incorporación podría ser suspendido o cancelado.

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Líder del PIP en Maricao tilda de “tímida, insuficiente e irresponsable” acción de cobro contra alcalde

Prof. Maximino Rivera López, presidente del PIP en Maricao (Suministrada).

Prof. Maximino Rivera López, presidente del PIP en Maricao (Suministrada).

MARICAO: Como “tímida, insuficiente e irresponsable” calificó el candidato pipiolo a la alcaldía de Maricao, Maximino Rivera López, la radicación de una demanda por cobro indebido de fondos públicos al incumbente alcalde Gilberto Pérez Valentín, por parte del Departamento de Justicia.

“Durante más de veinte años el alcalde Pérez Valentín ha instaurado con casi total impunidad un esquema de cleptocracia en el que, junto a un grupo de allegados que incluye familiares, contratistas y empleados municipales, han convertido las arcas municipales en fuente de un abundante enriquecimiento ilícito para una minoría vinculada al PNP, mientras el pueblo ostenta las dudosas distinciones de tener las tasas de desocupación, de pobreza y de subdesarrollo- especialmente entre la juventud- más altas de la isla”, señaló Rivera López en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el líder independentista, la demanda de recobro de más de $80 mil es un paso “en la dirección correcta”, pero, según él, “no deja de ser una medida relativamente cosmética si se toma en consideración el volumen del desfalco cometido por el ejecutivo municipal”.

Rivera recordó que en los últimos tres cuatrienios el Municipio de Maricao ha acumulado cerca de $25 millones en deuda.aquaviva nuevo weekends

“Refleja el Informe de Auditoría del Contralor más reciente que para todos los efectos prácticos se eliminó el proceso de subasta para beneficiar con contratos millonarios al mismo contratista quien obtiene casi todos los contratos y que ha facturado al Municipio más de $12 millones; que ese mismo contratista frecuentemente ni siguiera paga los impuestos municipales que le corresponde pagar; amén de que es de conocimiento público de que es el principal contribuyente a la campaña del alcalde. El inversionismo político en su más clara y asqueante expresión”, expresó el exlegislador municipal.

Rivera López trajo a la atención el gasto de $139 mil, que tildó de “extravagante y obsceno”, para pagar por una fuente que en realidad vale apenas $20 mil.

“Ya en el pasado hemos señalado la recomendación clara e inequívoca de la Oficina del Contralor para que se refiera al Departamento de Justicia las acciones fraudulentas y criminales de Pérez Valentín, sin que este Departamento tome acción alguna, más allá de gestos inconsecuentes como el presente. Peor aún, tenemos conocimiento de primera mano que los fiscales de la mal llamada División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, -notoria por sus propios escándalos de corrupción- irónicamente sirve de abogado a los alcaldes colaborando con los mismos para que produzcan “evidencia exculpatoria” que justifique el archivo de los casos que se presentan en su contra, propiciando así un clima de impunidad y tolerancia a la corrupción desde el mismo ente responsable de su encausamiento”, dijo.

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