Posponen para finales de agosto la vista preliminar contra Guillito

MAYAGÜEZ: Para el 25 de agosto quedó pospuesta la vista preliminar contra el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, y la gerente de Finanzas del Municipio, Yahaira Valentín Andrades.

El caso estaba citado para hoy viernes a las 11:00 de la mañana en la sala 304, que preside el juez Héctor L. López Sánchez, en el Centro Judicial de la Sultana del Oeste.

Mientras la representación del Fiscal Especial Independiente estará sometiendo una moción ante el Tribunal Supremo para que devuelva el caso al Centro Judicial de San Juan, los abogados de Rodríguez y Valentín presentaron sendas mociones para que se desestime el caso.

Ambos enfrentan cargos por conspiración y malversación de fondos públicos, luego de que el pasado 1 de junio la juez Iraida Rodríguez Castro encontrara causa probable para arresto en la vista de Regla 6 que tuvo lugar en el Tribunal de San Juan.

Posteriormente, se determinó que el proceso contra Rodríguez y Valentín se efectuaría en Mayagüez.

Actualmente está en vigor una suspensión sumaria de Rodríguez que, según la práctica, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) requiere que se tomen las medidas cautelares necesarias para evitar que el alcalde suspendido pueda tener acceso a instalaciones municipales; así como intervenir en asuntos municipales, por sí mismo o por medio de terceros.

De la investigación original del Departamento de Justicia surgió que, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez.

Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.

Además, la investigación demuestra que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio.

Esto, a su vez, ha provocado gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores. El uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrarios a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del Municipio.

Causa para arresto contra José Guillermo Rodríguez

REDACCIÓN: Causa para arresto determinó esta tarde la juez Iraida Rodríguez Castro contra el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, y la gerente de Finanzas del Municipio, Yahaira Valentín Andrades. Los imputados deberán responder por cargos de malversación de fondos públicos y omisión en el cumplimiento en el deber.

La magistrada impuso $50 mil de fianza por cada cargo, lo que totaliza una fianza global de $100 mil tanto para Rodríguez, como para Valentín.

La juez Rodríguez Castro no reconsideró las peticiones de los representantes legales de Rodríguez y Valentín para que se redujeran las fianzas, a pesar de que alegaron que no eran “riesgo de fuga” y que Valentín tiene un hijo menor.

El abogado de Rodríguez, licenciado Harry Padilla, insistió en su argumentación que el suspendido incumbente municipal “había sido timado” y que “se recuperaron” los más de $9 millones que el Ministerio Público alega que se habían perdido en medio de inversiones cuestionables por las que hay varios acusados en el foro federal y de los que ya dos se han declarado culpables.

Tanto Rodríguez y Valentín serán fichados el viernes en las oficinas del Fiscal Especial Independiente.

La vista preliminar fue señalada para el 14 de junio.

Acusarán mañana a las 9:00 a.m. al suspendido alcalde de Mayagüez

MAYAGÜEZ: En el Centro Judicial de San Juan se estarán sometiendo formalmente mañana miércoles a las 9:00 de la mañana, las acusaciones penales contra el suspendido alcalde de la Sultana del Oeste, José Guillermo Rodríguez.

También serán radicadas acusaciones contra la gerente de Finanzas del Municipio de Mayagüez, Yahaira Valentín Andrades, quien también era investigada por dos fiscales asignados por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

Los fiscales especiales independientes (FEI), Miguel A. Colón Ortiz y Leticia Pabón Ortiz, notificaron hace aproximadamente dos semanas la culminación de la investigación sobre las presuntas acciones ilegales de Rodríguez y Valentín Andrades.

Ambos funcionarios deberán responder ante denuncias de malversación de fondos públicos y omisión en el cumplimiento de su deber; y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Actualmente está en vigor una suspensión sumaria de Rodríguez que, según la práctica, el PFEI requiere que se tomen las medidas cautelares necesarias para evitar que el alcalde suspendido pueda tener acceso a instalaciones municipales; así como intervenir en asuntos municipales, por sí mismo o por medio de terceros.

De la investigación original del Departamento de Justicia surgió que, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez. Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.

Además, la investigación demuestra que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio. Esto, a su vez, ha provocado gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores. El uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrarios a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del Municipio.

El secretario de Justicia también acogió la recomendación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de referir para la consideración de la OPFEI la presentación de un informe preliminar a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD). Dicha unidad, adscrita a la OPFEI, tiene el deber de recomendar al Panel el curso de acción a seguir en torno a los procesos disciplinarios contra alcaldes y alcaldesas, lo que pudiera culminar en su suspensión o destitución, conforme al Artículo 14 de la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Como parte de la investigación, que contó con la colaboración de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, se solicitaron y expidieron órdenes de allanamiento a oficinas municipales, a una de las casas del alcalde también utilizada como oficina, cuentas bancarias, teléfonos celulares y cuentas de correo electrónico.

Las órdenes de allanamiento fueron diligenciadas por los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales junto a personal del Instituto de Ciencias Forenses. Además, se entrevistó y tomó declaración jurada a 30 testigos aproximadamente, y se examinaron cientos de documentos.

PFEI explica alcance de alegación de culpabilidad de exsenadora Maritere González

Exsenadora Mari Tere González (Archivo).

REDACCIÓN: Luego de conocerse las expresiones públicas relativas al preacuerdo entre los Fiscales Especiales Independientes y la exsenadora María Teresa (Maritere) González, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) reiteró la necesidad de precisar aspectos fundamentales del convenido.

Ello, porque luego de la vista en el Tribunal de Primera Instancia (TPI), circularon versiones incorrectas e inexactas.

En un parte del PFEI, los hechos sobre el desenlace de este caso son, en esencia, los siguientes, según expone la Resolución del Panel en este asunto.

“El pasado 7 de febrero, mientras las partes se disponían a comenzar la selección del jurado, la defensa de la señora María Teresa González López, el licenciado Yuseph Lamboy, le expresó a los FEI, Ramón Mendoza y Leticia Pabón, el interés de la imputada de aceptar su culpabilidad.

Luego de realizar las consultas de rigor entre los FEI y los miembros del Panel, el organismo autorizó un acuerdo que entendió sirve mejor al interés público. El preacuerdo consiste en que no se archivaría ninguno de los 12 cargos criminales que están pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia.

En dicha vista, la señora González López hizo alegación de culpabilidad por los 12 cargos pendientes en su contra, según reclasificados, al Artículo 263 del Código Penal de 2012 (Negligencia en el Cumplimiento del Deber).

Como parte del acuerdo transaccional, se le recomendó al tribunal la imposición de una sentencia de seis meses en cada cargo, para cumplirse de forma concurrente entre sí, a discreción del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Además, el TPI dispondrá de la pena especial en cada caso. La acusada reembolsará 15,000 dólares para contribuir a los gastos que ha conllevado su procesamiento.

La Resolución del Panel, del 10 de febrero de 2022, destaca que en o antes de que el TPI dicte su sentencia, la señora González López deberá entregar un cheque certificado a favor del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente por la cantidad de $15 mil.

La señora González López fue referida a los oficiales probatorios para que estos presenten al Tribunal el informe presentencia. La imposición de la Sentencia quedó pautada para el 12 de mayo de 2022 a las 11:30 de la mañana.

Según dispuesto en la Ley 2-1988, copia certificada de la Resolución emitida consignando la aprobación del acuerdo transaccional, debe formar parte de los autos del caso ante el Tribunal de Primera Instancia, al dictarse la correspondiente sentencia”.

Panel del FEI concede otros 50 días para concluir investigación criminal contra el alcalde de Mayagüez

MAYAGÜEZ: El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) le concedió 50 días adicionales a los fiscales que están a cargo de la pesquisa criminal contra el alcalde José Guillermo Rodríguez y Yahaira Valentín Andrades, directora de Finanzas del Municipio de Mayagüez.

Según la ley del FEI, la investigación original tiene un término de 90 días para que los fiscales especiales independientes concluyan con su labor, pero les provee de 50 días adicionales de prórroga, si estos la piden; por lo que el Panel se la concedió el pasado lunes, 14 de febrero, en una resolución.

Ahora los fiscales tienen hasta el próximo 6 de abril para concluir con la pesquisa y determinar si radican o no cargos criminales contra el veterano incumbente, que este año entró en su año número 29 como alcalde de la Sultana del Oeste; y su directora de Finanzas.

El Panel designó a los fiscales Miguel A. Colón Ortiz, como fiscal especial independiente y a la licenciada Leticia Pabón Ortiz, como fiscal delegada.

Los fiscales investigan si el alcalde Rodríguez y Valentín violaron el Código Penal de 2021, en sus Artículos 262 (Omisión en el cumplimiento del Deber) y 264 (Malversación de Fondos Públicos). También, en el ámbito penal de la Ley de Ética Gubernamental en su Artículo 4.2 (b).

Se ha indicado que la “extensa prueba” que forma parte de la investigación está comprendida en 39 cajas de expedientes, cuya entrega, cotejo, verificación de actas y presentación de copia digital requirió de un prolongado trámite de verificación y acuse de recibo conforme al índice de récord que el Departamento de Justicia entregó y que recibió el Panel.

Alcalde de Mayagüez reacciona a pesquisa del FEI y refiere preguntas al licenciado Harry Padilla

MAYAGÜEZ: El alcalde José Guillermo Rodríguez reaccionó a la determinación de que dos fiscales especiales independientes inicien una pesquisa en su fondo que debe ser completada en un término de 90 días.

En declaraciones escritas, Rodríguez pidió la oportunidad “para demostrar la evidencia que el Departamento de Justicia obvió”.

“En el proceso realizado por Justicia, no se tomó en consideración información alguna por parte del Municipio, que establece claramente las personas que no cumplieron con la ley, y defraudaron al Municipio.

Estoy seguro de que esta es una oportunidad para demostrar que tanto el alcalde como la gerente de Finanzas, sí actuaron en cumplimiento, en un proceso contemplado en la Ley de Municipios Autónomos, que autoriza a los municipios a realizar hacer inversiones.

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El desvío de esta actividad lícita es la que provoca estas falsas acusaciones.

Cualquier pregunta adicional sobre este asunto estará a cargo del licenciado Harry Padilla contratado para enfrentar este proceso legalmente.

Espero una vez se tenga la oportunidad de hacerlo, no nos tome cinco largos años, como les tomó a los profesores Urayoán Walker Ramos, expresidente de la Universidad (de Puerto Rico); y Carlos Severino Valdez, exrector (del recinto) de Río Piedras, para demostrar su inocencia en otras acusaciones falsas del Departamento de Justicia.

Mi concentración continuará en la obra de recuperación de la Ciudad, enfatizó el alcalde Rodríguez”.

Designan FEI al alcalde de Mayagüez por actos contrarios a la ley

MAYAGÜEZ: Luego de un intenso análisis de toda la prueba recopilada por el Departamento de Justicia en una investigación preliminar sobre posibles actos contrarios a la ley atribuidos al alcalde José Guillermo Rodríguez Rodríguez, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente designó fiscales especiales para la pesquisa a fondo.

En su resolución, el Panel también incluyó para investigación a la gerente de Finanzas del Municipio, Yahaira Valentín Andrades, por actos que suponen incumplimiento de su deber como funcionario púbico.

El Panel designó a los fiscales Miguel A. Colón Ortiz, como fiscal especial independiente y a la licenciada Leticia Pabón Ortiz, como fiscal delegada.

Conforme con la Resolución emitida, el Panel le dio peso a la prueba recopilada por Justicia, que expone la posibilidad de que ambos funcionarios hayan incurrido en infracciones al Código Penal de 2021, con sus Artículos 262 (Omisión en el cumplimiento del Deber) y 264 (Malversación de Fondos Públicos). También, en el ámbito penal de la Ley de Ética Gubernamental en su Artículo 4.2 (b).

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La extensa prueba está comprendida en 39 cajas de expedientes, cuya entrega, cotejo, verificación de actas y presentación de copia digital requirió de un prolongado trámite de verificación y acuse de recibo conforme al índice de récord que Justicia entrega y recibe el Panel.

LA CALLE Digital ha publicado extensamente sobre el asunto desde marzo pasado, revelando transacciones que no habían trascendido públicamente.

La investigación preliminar de Justicia comenzó con un referido del representante José E. “Kikito” Meléndez Ortiz, tras una intervención del FBI relacionada con ciertas transacciones sobre bienes pertenecientes al Municipio de Mayagüez.

Del informe de la investigación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia surgen serios y delicados señalamientos respecto al manejo de fondos públicos, incluyendo transacciones que pudieron haberse realizado contrario a las disposiciones de ley.

Los fiscales especiales tienen un término de 90 días —según dispone la ley— para realizar su investigación.

Charlie truena contra Guillito y le dice que “evalúe darle paso a otros líderes que dirijan el PPD en Mayagüez”

MAYAGÜEZ: El exalcalde de Isabela y excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos O. “Charlie” Delgado Altieri, le salió al paso al alcalde mayagüezano José Guillermo Rodríguez, contra quien esta semana se recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI), y que, en su reacción a la acción del Departamento de Justicia, Rodríguez comparó su caso con los de otros alcaldes y exalcaldes del PPD.

“Le aclaró (al alcalde de Mayagüez) que nunca hubo una recomendación al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), de designar un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar un referido del representante José Aponte en mi contra.  Más bien, todo lo contrario, el PFEI resolvió acoger una recomendación del Departamento de Justicia de archivar el referido hecho por representante novoprogresista en plena campaña eleccionaria”, dijo Delgado Altieri en unas expresiones escritas.

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“Exhortó a José Guillermo Rodríguez a que se informe bien antes de hacer señalamientos en contra de compañeros de partido, como los ha hecho hacia mí y hacia el fenecido alcalde Marcelo Trujillo, quien fue exonerado en su caso”, añadió Delgado. 

Aparte de eso, Delgado le recomendó al alcalde Rodríguez “que se concentre en prepararse para encarar los procesos relacionados a las imputaciones que se le han hecho y le recomiendo que evalúe darle paso a otros líderes que puedan dirigir las riendas del Partido Popular Democrático en Mayagüez”.

Arrestan esta tarde a exsenadora PPD Mari Tere González por caso Anaudi Hernández

La exsenadora González prestó una fianza de $65 mil (Archivo/LA CALLE Digital).

La exsenadora González prestó una fianza de $65 mil (Archivo/LA CALLE Digital).

SAN JUAN: Un total de 13 denuncias por violar la Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal de Puerto Rico, radicó el lunes en la tarde un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra la exsenadora popular por el Distrito Mayagüez-Aguadilla, Mari Tere González, vinculada con el escándalo por el que fue convicto el exrecaudador del PPD, Anaudi Hernández, y otros exfuncionarios de gobierno de la pasada administración.

La juez Geysha Guerrero Martínez, halló causa para arresto por los artículos 212 (falsedad ideológica), 217 (posesión y traspaso de documentos falsificados), y 219 (alteración de datos) del Código Penal y por el artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética, que consiste en que un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley.

La vista de Regla 6 (determinación de causa para arresto) tuvo lugar en la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan.

La magistrada impuso una fianza de $65 mil, que la exlegisladora de la Pava prestó.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 20 de marzo.

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El 7 de septiembre del año pasado, la hoy exsenadora renunció a su reelección luego de que sorpresivamente se acogiera a la “Quinta Enmienda” de la Constitución de los Estados Unidos, para no autoincriminarse durante el juicio federal que se lleva contra los coacusados en el proceso en el que se declaró culpable el convicto recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández.

Ese día, González emitió las siguientes declaraciones:

Más importante que mi interés personal, más importante que mi posición, es el bienestar de mi Partido Popular Democrático (PPD). Es por eso que hoy pongo a la disposición del Partido mi candidatura a la reelección. El Oeste y el País saben que siempre he ido de frente y he actuado guiada por mis convicciones, todas ingobernables, y eso incluye el anteponer mi interés personal por el bien colectivo. La impresión a veces parece realidad pero este no es mi caso. Al Oeste y al País les dejo claro que tengo mi conciencia tranquila y en paz mi corazón. Durante este cuatrienio he trabajado duro por mi distrito, he defendido a los que no tienen voz y he logrado la aprobación de más de cuarenta leyes en beneficio de la educación pública, de los niños y niñas de educación especial, atendí la trata humana, la cultura, el desarrollo económico, hemos trabajado por los derechos de la mujer y los derechos humanos. Este es mi legado para que sigamos defendiendo lo que creemos aun cuando nos quedemos solos en el camino”.

La senadora añadió que “este ha sido un proceso duro e injusto, en el cuál he estado en desventaja al no poder tener la oportunidad de expresarme por la ley de mordaza impuesta que he respetado de forma cabal”.

Sin embargo, todos pueden tener la certeza de que siempre he actuado con verticalidad y honestidad. Pero en estos momentos es más importante el bienestar de mi madre, mi hija, mi hermano, mi familia, así como la tranquilidad de mi equipo de trabajo, mis amigos, allegados y sobre todo aquellos que nunca me prejuzgaron y que nunca han dejado de confiar en mí. Agradezco a mi distrito Mayagüez-Aguadilla y a todas las personas que aún en la adversidad continúan creyendo en mí. Hoy se hacen pertinentes las palabras de la exdiputada de República Dominicana, Minou Tavárez Mirabal, ‘La política no es hija de la razón, la política es siempre un asunto de interés’. El tiempo nos dará la razón”, concluyó.

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“Se quita” de la reelección Mari Tere González

Siguiendo la cronología de hechos, el 8 de septiembre, dos personas de la entera confianza del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, fueron señaladas ese día por la noche en el proceso para llenar la vacante en la candidatura popular para uno de los escaños senatoriales por el Distrito Mayagüez-Aguadilla, surgida luego de que la senadora Mari Tere González renunciara a aspirar a la reelección.

En una conferencia de prensa convocada por el entonces presidente del PPD, el doctor David Bernier, anunció que el entonces representante Efraín De Jesús, electo por el Distrito 19 (Mayagüez y San Germán) entraría en la carrera para el escaño senatorial. De Jesús era descrito como “el hombre de confianza” del alcalde mayagüezano en la Cámara de Representantes.

Como resultado de esta movida, Reinaldo Torres Oliveras, también hombre de confianza del alcalde Rodríguez, entró en la competencia por el escaño representativo que ocupaba el licenciado De Jesús.

Ninguno de los dos salió electo.

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El 29 de septiembre, el Departamento de Justicia, a través de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia (DJ), dirigida en ese momento por la fiscal Gretchen Camacho Rossy, informó el inicio de una investigación preliminar en el caso de González, gestión que fue notificada a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

Por otro lado, el 31 de octubre, el exsecretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, informó la entrega a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) del informe sobre la investigación preliminar en el caso de la exsenadora González López, tras detectarse la posible comisión de delitos graves.

Justicia recomienda un FEI para la senadora popular Mari Tere González

Senadora Mari Tere González (Archivo).

Senadora Mari Tere González (Archivo).

SAN JUAN: El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, informó el lunes la entrega a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) del informe sobre la investigación preliminar en el caso de la senadora popular Mari Tere González López, tras detectarse la posible comisión de delitos graves.

La pesquisa es producto de una investigación iniciada por el Departamento de Justicia, a raíz de las declaraciones de testigos en el juicio federal contra Anaudi Hernández Pérez.

Los testimonios que dan pie a la investigación fueron recogidos en sala durante el juicio federal por parte de fiscales asignados por el Departamento de Justicia, con el fin de allegar prueba al Estado de posibles delitos a nivel local.

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“En el día de hoy estamos refiriendo a la atención de la OPFEI a la senadora María Teresa González López y a los señores Anaudi Hernández Pérez, Héctor Vargas Soto y José Torres Mena, este último tesorero de la campaña electoral de la senadora. En dicho referido estamos recomendando la designación de un fiscal especial independiente tras detectar un posible esquema ilegal distinto al que fue objeto de las acusaciones federales. Entendemos que la senadora utilizó las facultades de su cargo para beneficiar a terceros. Mientras esto sucedía, la senadora obtuvo beneficios de estos terceros y encubrió dicho hecho en los informes que proveyó al Estado. Ahora corresponde al FEI, conforme a su ley habilitadora, determinar si procede la radicación de cargos en este caso”, detalló Miranda en un comunicado de prensa.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la OPFEI, el Departamento de Justicia realizó la investigación preliminar de este caso dentro del término legal de 90 días para hacer el referido a la OPFEI.

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El referido de individuos privados se realiza en conformidad con el Artículo 5 de la propia ley de la OPFEI. Dicha ley que requiere que individuos que hayan participado, conspirado, provocado, o que de algún otro modo fueran autores o coautores en cualquiera de los delitos imputados, sean referidos a la OPFEI para evaluar la prueba en conjunto con la prueba contra el funcionario a ser investigado.

“Como he repetido en varias ocasiones, las investigaciones, referidos o presentaciones de cargos criminales las realiza el Departamento de Justicia una vez esté listo y cuente con la prueba requerida en nuestro ordenamiento. Siempre que se esté en posición de satisfacer un quantum de prueba para sustentar referidos o cargos criminales, el Departamento de Justicia tiene la obligación de proceder diligentemente con las acciones administrativas o judiciales que correspondan”, añadió el titular de la agencia.

Justicia destacó a dos fiscales en las vistas del juicio federal contra Hernández Pérez, para recoger de primera mano datos que pudieran dar indicio de posible comisión de delitos estatales. Desde entonces, la agencia lleva a cabo una investigación amplia que incluye solicitudes de prueba documental, entrevistas, entre otras gestiones investigativas.