Justicia radica cargos ex supervisora de cajeras en mueblería

SAN JUAN: El Departamento de Justicia (DJ), informó hoy lunes sobre la radicación de cargos por delitos de apropiación ilegal agravada, fraude, falsificación y radicación de planillas de contribución sobre ingresos fraudulentas, contra una supervisora de cajeras de una reconocida firma comercial, quien se apropió ilegalmente de más de $178 mil dólares generados en varias transacciones de negocios en su lugar de trabajo.

Según se desprende de las denuncias presentadas por el fiscal Melvin Colón Bonet, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor de Justicia, la señora Rosa N. Santana Suárez, quien se desempeñaba como Supervisora de Cajeras en «A La Orden Discount», se apropió ilegalmente durante los años 2007 al 2009 de dinero producto de las ventas de la compañía perjudicada. Se establece también, que la ahora acusada depositó en sus cuentas bancarias al menos $178 mil 433.76 que no fueron informados en sus planillas de contribución sobre ingresos para los años correspondientes, y cuyo origen fue del dinero obtenido ilegalmente.

De acuerdo a la investigación realizada por el agente Luis Green Rivera de la División de Fraude del C.I.C.  de la Policía de Puerto Rico en San Juan, la imputada utilizó varios subterfugios, entre ellos, retirar dinero de los cuadres diarios y alterar el sistema computadorizado de la mencionada empresa para registrar y sustituir los pagos efectuados por clientes que originalmente fueron registrados en efectivo, y cambiar el método de pago a tarjetas de regalo o cuentas por cobrar inexistentes.

La Juez Yazdel Ramos Colón del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto por los delitos imputados, imponiendo una fianza global de $4,500 procediendo a pautar la vista preliminar correspondiente para el 11 de diciembre de 2013.

En serios líos con Justicia ex senador PNP El Chuchín

ChuchinSAN JUAN:   Veintiseis cargos de alegada corrupción, incluyendo 13 de apropiación ilegal agravada, tendrá que enfrentar el  ex senador novoprogresista  Antonio Soto Díaz , luego que la Oficina del Fiscal Especial Independiente acogiera las recomendaciones del anterior secretario de justicia Guillermo Somoza Colombani. El panel del FEI que preside la ex jueza Nydia Cotto Vives, designó al licenciado Emilio Arill, para presentar las serias acusaciones contra el otrora pintoresco legislador apodado «El Chuchín».

Soto Díaz, senador del PNP en el distrito de Guayama, se alega que incurrió en delitos de falsificación ideológica y apropiación ilegal agravada, mientras se desempeñaba como legislador,  al tiempo que cobraba dietas estando fuera de Puerto Rico.  Surge de las denuncias, que «El Chuchín» aparecía asistiendo a vistas públicas y al trabajo regular de las comisiones a las cuales pertenecía, mientras en horas, días y fechas similares estaba fuera del país en trámites personales en República Dominicana y otros lugares.

El ex senador decidió renunciar mientras era sometido a una investigación interna por parte de la Cámara Alta,  tras  el sonado caso del lujoso auto Bentley, cuya procedencia nunca puso en claro. Primero dijo que se lo había prestado un amigo y luego expresó que se trataba de un regalo. En ambos aspectos estaba en violación a la Ley de Etica que rige a los miembros de la Legislatura.

No obstante, los 26 cargos que se dispone  a someterle el FEI, no tienen vínculo con el asunto del Bentley.  El ex senador de la palma tiene una citación para comparecer la próxima semana ante el  Fiscal Especial Independiente.  Como dato interesante, la radicación de cargos a «El Chuchín», surgen de funcionarios nombrados en la administración Fortuño.

Someten cargos por asesinato ocurrido en Aguadilla

AGUADILLA:  Tras vincularlo al crimen sucedido el pasado 20 de mayo en la carretera 467 del barrio Borinquen de esta ciudad, el fiscal Rufino Jiménez y agentes de la División de Homicidios del CIC, sometieron cargos el jueves contra  Josel Pérez Acevedo  de 22 años , presunto victimario del señor Adalberto Martínez Vázquez quien residía en el sector La Playita de Yabucoa. La muerte de Martínez Vázquez, ocurrió en medio de una discusión por asuntos no esclarecidos. El perjudicado fue alcanzado por un balazo, falleciendo momentos después.

Pérez Acevedo que está sumariado en la Cárcel Guerrero de Aguadilla, acusado en otros casos de escalamiento y agresión en perjuicio de un miembro de la Uniformada, fue conducido ante el juez superior Diómedes González, quien le determinó causa por asesinato en primer grado y violar varios artículos de la ley de armas.

El magistrado le impuso una fianza de $1 millón 600 mil, ordenando el reingreso a la institución donde se encuentra en espera de vista preliminar. Las autoridades indicaron que el joven Pérez Acevedo es «persona de interés» en otros casos graves reportados en la Región Policíaca de Aguadilla.

Indica el informe del sargento Jorge L. Cruz Acevedo, Director de la Oficina de Prensa de  la Uniformada en el Area de Aguadilla, que este caso fue investigado por el agente Israel Colón, bajo la supervisión del teniente Carlos Peña Serrano, Director de la Division de Homicidios regional.

Secretaria de la Familia no responderá acusaciones políticas

Por entender que se trata de argumentos políticos que no ameritan mayor discusión, la Secretaria de la Familia, licenciada Yanitzia Irizarry, indicó esta semana que su agencia no ha incurrido en violación alguna de ley al contratar servicios con una firma privada vinculada al ex representante del PNP, Rolando Crespo. La funcionaria reaccionó a los recientes señalamientos de Armando Valdés Prieto, jefe de comunicaciones del PPD, quien pide investigar los alegados negocios entre el Departamento de la Familia y personas allegadas al ex legislador.

Crespo se vió forzado a renunciar a su escaño en la Legislatura, al arrojar positivo en una prueba para detectar la presencia de sustancias controladas. El conocido político había negado en todo momento hacer uso de algún tipo de alucinógeno. Tras la salida de la Cámara, Crespo ha continuado gestionando el sustento como asesor de la  empresa propiedad de un familiar.

La firma en cuestión, lleva  relaciones comerciales con el Departamento de la Familia, a través del alquiler de equipos de entretenimiento para niños. Tanto Valdés como el senador Cirilo Delgado Rivera, sostienen que Familia ha estado violando la ley al realizar contratos por alrededor de $80 mil con el ex representante novoprogresista.

Inquirida sobre el particular, la licenciada Irizarry subrayó públicamente que no responderá a imputaciones de índole política y emplazó a quien tenga planteamientos serios que hacer, que acuda a los foros pertinentes.