Justicia defiende la ley para la recuperación de corporaciones públicas

SAN JUAN:   El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César R. Miranda Rodríguez, anunció hoy  la presentación de la moción en solicitud de desestimación del pleito presentado por los fondos Franklin y Oppenheimer en el que se impugnó la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico (Ley 71).

Miranda informó que “la Ley 71 no interfiere con la legislación federal de Quiebras. La Ley 71 es similar a leyes existentes en los Estados Unidos. Lo que hace es asegurar el pago de las obligaciones contraídas por algunas de las corporaciones públicas del Estado Libre Asociado en situaciones de emergencia fiscal, al propiciar que puedan renegociar sus deudas dentro de un marco legal claro que garantice un trato igualitario a los acreedores que estén en una posición similar”.

En la solicitud de desestimación radicada hoy se discute extensamente la autoridad de Puerto Rico y los estados para promulgar legislación que no esté en conflicto con el Código de Quiebras de los Estados Unidos, especialmente ante el hecho de que dicho Código es por sus propios términos inaplicable a las corporaciones públicas de Puerto Rico. Además, se argumenta que la presentación de la demanda es prematura puesto que a la fecha ninguna corporación pública ha solicitado los remedios disponibles en la Ley.

La demanda fue presentada originalmente el 28 de junio de 2014 en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y fue asignada al Juez Francisco A. Besosa. La representación legal del ELA y del Gobernador está a cargo de los abogados de la División de Litigios Federales del Departamento de Justicia de Puerto Rico, en conjunto con Kirkland & Ellis LLP.  La Autoridad de Energía Eléctrica es representada por González, Machado & Roig, LLC y Cleary Gottlieb Steen& Hamilton LLP.

Finalmente, el Secretario de Justicia  puntualizó en que el Estado continuará firme en sus planteamientos en defensa de la Ley.

Justicia radica cargos a ex Procurador del Ciudadano

Carlos Lopez NievesEl Subsecretario de Justicia, Rafael Ortíz Carrión, y el Director de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, Alberto Valcárcel Ruíz, anunciaron hoy miércoles, la radicación de 28 cargos por violaciones al Código Penal (CP) de 1974 y 2004 contra el ex Procurador del Ciudadano, Carlos López Nieves, a quien se le imputa el uso ilegal de recursos del Estado para fines privados.

Este caso fue investigado por el Departamento de Justicia (DJ), a raíz de un referido que hiciera la Oficina de la Contralora, Yesmín M. Valdivieso, luego de un proceso de auditoría. La actual Procuradora del Ciudadano, Iris Miriam Ruiz, colaboró activamente con la investigación.

Los funcionarios indicaron que contra López Nieves se presentaron cuatro denuncias por violación al Artículo  201 del Código Penal de 1974, consistente en Aprovechamiento de Bienes y Servicios Pagados por el Estado y 3 denuncias por infracciones al Artículo 216 del referido código referente a Delito Contra Fondos Públicos. Además, se le radicaron 11 cargos por violaciones al Artículo 255, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos), cinco denuncias por violar el Artículo 219, (falsedad ideológica) y otras 5 denuncias por infringir el artículo 267 (Malversación de Fondos Públicos), todos del Código Penal de 2004.

“Carlos López Nieves, quien durante el periodo de 2002 a 2008 ocupaba el puesto de Procurador del Ciudadano, incurrió en las siguientes conductas delictivas: Usaba las computadoras, fotocopiadoras, impresoras, teléfonos, materiales de oficina, vehículos y empleados de la agencia que dirigía para beneficio de la Gallera Cerro Gordo de Bayamón, en la cual tenía interés privado. Utilizó fondos públicos para cubrir gastos relacionados con sus funciones como presidente de la Federación de Softball de Puerto Rico, y que no eran cubiertos por dicha organización deportiva, como por ejemplo los gastos en que incurrió durante el Campeonato Mundial de Softball Femenino en Holanda y el Congreso Internacional de Softball en Filipinas, entre otros. Del mismo modo, hacía uso de bienes, personal y vehículos de la Oficina del Procurador del Ciudadano para sus gestiones como presidente de la Federación. También utilizó bienes y personal de la agencia para realizar trabajos en beneficio del Comité Pro Monumento a Ramón Luis Rivera, y malversó fondos públicos para cubrir gastos personales tales como viajes privados a Las Vegas y España”, dijo Ortiz Carrión.

Añadió además, que a través de la radicación de las referidas denuncias, el  Departamento de Justicia  busca llevar mensaje claro y contundente de que no habrá tolerancia con la corrupción en el servicio público.

Por su parte, Valcárcel Ruíz agregó que cuentan con amplia prueba documental y testifical para sostener los cargos contra López Nieves en los tribunales. La Directora del Negociado de Investigaciones Especiales, Brenda León participó en el proceso que redundó en la presentación de cargos. El agente Rubén Sosa del  Negociado de Investigaciones Especiales de Justicia (NIE) y la fiscal Rosa Molina Pérez estuvieron a cargo de la investigación.

 

Justicia radica cargos ex supervisora de cajeras en mueblería

SAN JUAN: El Departamento de Justicia (DJ), informó hoy lunes sobre la radicación de cargos por delitos de apropiación ilegal agravada, fraude, falsificación y radicación de planillas de contribución sobre ingresos fraudulentas, contra una supervisora de cajeras de una reconocida firma comercial, quien se apropió ilegalmente de más de $178 mil dólares generados en varias transacciones de negocios en su lugar de trabajo.

Según se desprende de las denuncias presentadas por el fiscal Melvin Colón Bonet, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor de Justicia, la señora Rosa N. Santana Suárez, quien se desempeñaba como Supervisora de Cajeras en “A La Orden Discount”, se apropió ilegalmente durante los años 2007 al 2009 de dinero producto de las ventas de la compañía perjudicada. Se establece también, que la ahora acusada depositó en sus cuentas bancarias al menos $178 mil 433.76 que no fueron informados en sus planillas de contribución sobre ingresos para los años correspondientes, y cuyo origen fue del dinero obtenido ilegalmente.

De acuerdo a la investigación realizada por el agente Luis Green Rivera de la División de Fraude del C.I.C.  de la Policía de Puerto Rico en San Juan, la imputada utilizó varios subterfugios, entre ellos, retirar dinero de los cuadres diarios y alterar el sistema computadorizado de la mencionada empresa para registrar y sustituir los pagos efectuados por clientes que originalmente fueron registrados en efectivo, y cambiar el método de pago a tarjetas de regalo o cuentas por cobrar inexistentes.

La Juez Yazdel Ramos Colón del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto por los delitos imputados, imponiendo una fianza global de $4,500 procediendo a pautar la vista preliminar correspondiente para el 11 de diciembre de 2013.

Justicia radica cargos graves a policía municipal de Ponce

PONCE:  Cargos por tentativa de asesinato, daños a la propiedad y violar varios artículos de la Ley de Armas, radicó el Agente Miguel Fonseca adscrito al Negociado de Investigaciones Especiales de Justicia (NIE), contra el policía municipal Erick Rivas Martínez de 26 años de edad, que el pasado 28 de septiembre, hizo uso de su arma de reglamento para dispararle al vehículo que manejaba el joven Randy Colón Delgado, residente en la Perla del Sur.

Indica el narrativo de la Agente Luz L. Morell Ramos, que el incidente se suscitó en medio de una persecución vehicular luego que el conductor de un auto Mitsubishi Outlander desobedeciera una señal de tránsito. Estos hechos fueron investigados preliminarmente por el Sargento Pedro Quiles de la División de Homicidios del CIC en el Area Sur, quien después de consultar el caso con el Fiscal Ildefonso Torres, refirió la pequisa al Departamento de Justicia.

El policía municipal que labora en Ponce, debió comparecer el jueves 3 de octubre al Centro Judicial de la Perla del Sur, donde se le sometieron denuncias por los delitos antes mencionados. Aunque el uniformado sostiene que se vió forzado a disparar tras escuchar varias detonaciones, ahora se encuentra en serios problemas.

Surge de las averiguaciones policiales, que Rivas Martínez efectuó un disparo hacia el vehículo de Colón Delgado, quien sufrió un impacto de proyectil. Dicho vecino de Ponce está pendiente de sentencia en un caso por violar la Ley de Armas.

El Juez José Banuchi, de la Sala de Investigaciones del Sur, encontró causa de acción para ordenar el arresto del  guardia municipal Rivas Martínez, que fuera  dejado en libertad provisional tras prestar fianza de $65 mil.

FEI radica cargos criminales a José Luis Rivera Guerra

AGUADILLA:  En lo que algunos allegados al aún legislador describen como “la crónica de una venganza anunciada”, el Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI),  presentó cargos criminales este viernes contra el representante novoprogresista José Luis Rivera Guerra, quien todavía ocupa ese escaño pero de forma independiente. La Juez Lady Buono de Jesús del Centro Judicial de San Juan, halló causa probable para ordenar el arresto de Rivera Guerra, luego de examinar el expediente radicado por el FEI, licenciado Emilio Arill.

Rivera, quien enfrenta tres casos por violar las leyes de Etica y de Permisos, prestaría de inmediato la fianza de $ 3 mil que la impuso la magistrada de primera instancia. El político mocano tendrá que presentarse a corte el martes 18 de diciembre de 2012 para el procedimiento de vista preliminar.

El legislador estadista cayó en desgracia con el gobernador Luis Fortuño Burset y el alto liderato del Partido Nuevo Progresista, cuando fue inhabilitado para aspirar a un nuevo término como candidato oficial del PNP, e  impedírsele figurar en la papeleta del pasado 6 de noviembre, por lo que decidió abandonar la palma y declararse candidato por nominación directa.

Se recuerda, que Rivera Guerra fue investigado por sus compañeros de la Comisión de Etica de la Cámara, quienes concluyeron que José Luis no había incurrido en delito alguno o acción que conllevase  depravación moral. Los hechos que fueron posteriormente “revividos” por el Panel del Fiscal Especial Independiente, se refieren a  una supuesta deuda relacionada a la construcción de una piscina y a la utilización ilegal de los servicios de agua y luz en 2 residencias propiedad de Rivera Guerra en Moca y Aguadilla.

A pesar de que el todavía  representante por el distrito 17 de Moca-Aguadilla, siempre ha sostenido que tales servicios los recibió a través del método de arrimo, el FEI entiende que el ahora imputado incurrió en violaciones de ley.

Como detalle curioso, la radicación de cargos a Rivera Guerra, surge luego de que el PNP perdiera el escaño del Distrito 17 y el candidato oficial de esa colectividad, licenciado Israel Roldán González,  sufriera una derrota a manos   del  retador del Partido Popular Democrático.  También hay gente en el Partido Nuevo que “culpa” a Rivera Guerra, por el bajón de votos que tuvo el alcalde de Aguadilla Carlos Méndez y la pérdida de los 2 escaños senatoriales.

Líder sindical no le quita el guante de la cara al alcalde Lajas

LAJAS:  Mientras el alcalde Leovigildo (Leo) Cotte Torres, niega haber incurrido en violaciones a la veda electoral, el lider sindical Aymet Rivera, quien labora en el Gobierno Municipal de Lajas, alega que el incumbente novoprogresista sigue permitiendo la difusión de propaganda  política y promoviendo proyectos que están regulados por la  Junta  Revisora de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones.

Localmente trascendió, que la Junta Revisora expidió varias multas contra el alcalde lajeño, quien adelantó el jueves que solicitará una revisión inmediata. Aunque allegados al Partido Popular Democrático entienden que las querellas incoadas por Rivera están justificadas, en el PNP alegan que el líder de Pro-Sol, tiene una agenda personal contra Leo Cotte, desde que el funcionario llegó a la alcaldía.

Funcionarios de la administración local alegan que Rivera se ha convertido en el máximo fiscalizador del incumbente   Cotte Torres, tarea que el sindicalista no desempeñaba durante la incumbencia del ex alcalde  afiliado al PPD.