Justicia defiende la ley para la recuperación de corporaciones públicas

SAN JUAN:   El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César R. Miranda Rodríguez, anunció hoy  la presentación de la moción en solicitud de desestimación del pleito presentado por los fondos Franklin y Oppenheimer en el que se impugnó la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico (Ley 71).

Miranda informó que “la Ley 71 no interfiere con la legislación federal de Quiebras. La Ley 71 es similar a leyes existentes en los Estados Unidos. Lo que hace es asegurar el pago de las obligaciones contraídas por algunas de las corporaciones públicas del Estado Libre Asociado en situaciones de emergencia fiscal, al propiciar que puedan renegociar sus deudas dentro de un marco legal claro que garantice un trato igualitario a los acreedores que estén en una posición similar”.

En la solicitud de desestimación radicada hoy se discute extensamente la autoridad de Puerto Rico y los estados para promulgar legislación que no esté en conflicto con el Código de Quiebras de los Estados Unidos, especialmente ante el hecho de que dicho Código es por sus propios términos inaplicable a las corporaciones públicas de Puerto Rico. Además, se argumenta que la presentación de la demanda es prematura puesto que a la fecha ninguna corporación pública ha solicitado los remedios disponibles en la Ley.

La demanda fue presentada originalmente el 28 de junio de 2014 en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y fue asignada al Juez Francisco A. Besosa. La representación legal del ELA y del Gobernador está a cargo de los abogados de la División de Litigios Federales del Departamento de Justicia de Puerto Rico, en conjunto con Kirkland & Ellis LLP.  La Autoridad de Energía Eléctrica es representada por González, Machado & Roig, LLC y Cleary Gottlieb Steen& Hamilton LLP.

Finalmente, el Secretario de Justicia  puntualizó en que el Estado continuará firme en sus planteamientos en defensa de la Ley.

Justicia llega a transacción con Apple sobre “e-books”

SAN JUAN:   La Corte para el Distrito del Sur de Nueva York, espera aprobar un acuerdo transaccional sobre las reclamaciones hechas por consumidores en una demanda de clase en contra de la compañía Apple Inc, relacionada a la participación de esta corporación en la conspiración de fijación de precios en el mercado de los libros electrónicos (“e-books”). Las reclamaciones habían sido presentadas por Puerto Rico y otros 32 estados y territorios, explicó el Secretario Auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, Jesús Alvarado-Rivera.
“Los consumidores a través de Estados Unidos y Puerto Rico (incluyendo aquellos con representación legal privada en una demanda de clase que está relacionada) recibirán $400 millones si la decisión de la corte es finalmente confirmada”, manifestó Alvarado-Rivera.

Según los términos del acuerdo transaccional, la cantidad a ser recibida por los consumidores será el doble de la retribución de los daños sufridos. Apple está apelando la decisión que concluyó que ésta había violado las leyes de libre competencia por medio de la creación de una conspiración con cinco casas publicadoras para alzar artificialmente los precios de los libros electrónicos entre los años 2010 y 2012. Esta apelación está actualmente pendiente de resolución ante la Corte Federal de Apelaciones de los Estados Unidos, Segundo Circuito.
Los compradores de libros electrónicos ya han recibido $166 millones en compensaciones provenientes de un fondo transaccional costeado por las cinco casas publicadoras involucradas en la conspiración—Penguin Group (USA), Inc. (ahora parte de Penguin Random House); Holtzbrink Publishers LLC h/n/c Macmillian; Hachette Book Group Inc.; HarperCollins Publishers LLC; y Simon & Shuster Inc.

Si las cortes apelativas no confirman esta decisión, el acuerdo provee para un remedio menor, o ningún remedio si finalmente se determinara que Apple no ha violado las leyes de libre competencia.

Justicia presenta equipo forense para analizar celulares

El fiscal Rafael Sosa presentó el nuevo equipo forense para el análisis de teléfonos móviles.    SAN JUAN: Para las autoridades, la recuperación y extracción de datos de teléfonos móviles, que puedan ayudar al esclarecimiento de casos criminales, será más fácil. Gracias a la más reciente adquisición de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos (UICC), adscrita a la Oficina del Jefe de los Fiscales del Departamento de Justicia (DJ), el esclarecimiento de casos  podrá agilizarse, lo que fortalecerá el área de evidencia digital. El UFED Touch Ultimate, el nuevo equipo forense para el análisis de celulares, permitirá la extracción, decodificación, análisis y generación de informes de aparatos móviles con la tecnología más avanzada.

“La programación avanzada del equipo nos permitirá hacer análisis de relaciones sociales, identificar contenido y comunicaciones relevantes a la investigación de crímenes e incluso, recuperar data que haya sido borrada del celular”, indicó el fiscal Rafael Sosa Arvelo, director de la UICC.

El fiscal resaltó que hoy en día casi todo el mundo utiliza un celular y muchos de estos son celulares que contienen funciones adicionales a las de un teléfono tradicional. “Los más recientes dispositivos móviles tienen cámaras, aplicaciones para tomar notas, aplicaciones para guardar datos, chips de localización GPS, entre otras funciones, que facilitan la interacción de un individuo con la tecnología. Esto significa que en casi todo tipo de crimen el análisis de un celular, con alguna relación al crimen, puede arrojar valiosa información para el esclarecimiento del suceso”, explicó el funcionario.

Sosa Arvelo destacó la importancia de la utilización de este tipo de máquinas, ya que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos señaló en un caso reciente que un celular inteligente puede contener más información que la que puede tener una persona en todo su hogar.

“La capacidad de almacenamiento y la información que el celular guarda automáticamente puede darle al investigador una idea bien clara de los hechos de un caso. A modo de ejemplo, un celular podría confirmar el lugar y la hora exacta donde se encontraba alguien, la relación entre sospechoso y víctima, la planificación y los motivos del crimen”, añadió el jefe de Fiscales, José Capó. Es por esto que el contar con este tipo de equipo puede reducir el tiempo de espera en esclarecer las investigaciones del Departamento de Justicia (DJ).

No obstante, en algunos casos los criminales usan celulares pre-pagados, con funciones más limitadas, pero la mayoría de estos celulares también pueden ser analizados.

“Según la tecnología siga avanzando y los teléfonos inteligentes se hagan más económicos y ubicuos, mayor será la aportación que la data de un celular brinde al esclarecimiento de un crimen”, apuntó.

Entre los modelos de teléfonos que pueden ser analizados están: el BlackBerry con OS 4; los dispositivos Apple con iOS 3 o superior; los dispositivos Android- incluyendo HTC, Motorola, Samsung Galaxy SIII family y más; los dispositivos Nokia BB5; los dispositivos con Windows Phone 7.5 y 8- incluyendo Nokia, HTC, Samsung, Huawei y el ZTE.

Actualmente, diferentes versiones del equipo son utilizadas por el laboratorio de evidencia digital del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, por sus siglas en inglés), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Hasta el momento, se han investigado dos casos con la máquina y se están estableciendo los procedimientos para que fiscales, procuradores de menores y agentes investigadores puedan someter los celulares que deseen analizar.

 

“No” de Secretario de Justicia a pre-acuerdo caso Janelis

AGUADILLA:  Tras indicar que el  proceso contra la acusada Janelis Lecona López, debe seguir su curso como está pautado para ventilarse por jurado en la sala presidida por el Juez Hirám Cerezo de Jesús, el secretario de Justicia, Lcdo. César Miranda Rodríguez, expresó hoy un “no” rotundo a un posible preacuerdo en los cargos graves radicados a la madre del niño de Rincón, Irvin Gael Lecona López.  A opinión del secretario Miranda Rodríguez, es importante entrar al desfile de la prueba, porque cualquier acuerdo previo no le estaría haciendo justicia al menor perjudicado.

A la fémina de nacionalidad mexicana se le imputan  delitos de negligencia y maltrato infantil , además de encubrimiento, como resultado del patrón de agresiones que su pareja Alvarez Luciano  mantenía contra el pequeño Irvin Gael. Sin embargo, la defensa intentará probar  que la acusada Lecona López, era también victima de violencia doméstica constante, humillaciones y amenazas frecuentes de denunciarla ante Inmigración para que la deportaran.

Frente a esa cadena de incidentes, que salieron a relucir el 22 de agosto del año 2013, se reportaron los hechos que aún consternan a los puertorriqueños. Con sólida prueba sostenida durante el juicio por jurado ante el Juez Manuel Acevedo Hernández, los fiscales lograron establecer  que Alvarez Luciano, fue el individuo que agredió sin compasión al niñito de 6 años y luego dejó abandonado dentro del cilindro de una lavadora abandonada. El intento de asesinato se produjo en las cercanías de la carretera 115,  en un depósito de basura ubicado en el Barrio Pueblo de Rincón.

 

Asuntos Monopolísticos resuelve querella contra empresa

San Juan—El secretario auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, Lcdo. Jesús M. Alvarado Rivera, anunció hoy que su Oficina firmó un acuerdo de transacción con una corporación dedicada a la venta y reparación de piezas para vehículos pesados en la Isla, mediante el cual dicha empresa se compromete a no manipular los procesos de compras del gobierno en detrimento de la competencia.  La corporación también realizó un pago de 14 mil 539 dólares con 24 centavos.

El acuerdo resuelve la querella presentada por la OAM ante el Departamento de Asuntos del Consumidor, el pasado 28 de febrero de 2014.  En la querella se alegaba que la corporación Puerto Rico Truck Parts & Performance, Inc. participó de procesos de compras del Municipio de Rincón en los que además de presentar sus propias cotizaciones, acordó con otros proveedores la presentación de cotizaciones más altas sin real interés de ser seleccionados por el gobierno municipal, y en otros casos presentó cotizaciones falsas o alteradas que parecían ser de otros proveedores para crear la apariencia falsa de competencia entre ellos.  Según lee la querella, estos esquemas violan la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio y el Reglamento Número VII de Competencia Justa.

El Secretario Auxiliar informó que “este caso es uno de los primeros frutos de nuestros nuevos planes para atacar la manipulación fraudulenta de los procesos de compras del gobierno. Tradicionalmente las investigaciones se han centrado en funcionarios públicos que violan la confianza del Pueblo, y se obvia que las empresas también pueden incurrir en prácticas anticompetitivas para obtener mayores ganancias a cuesta de todos los contribuyentes. Se supone que todos esos contratos se obtengan compitiendo por el mejor precio, pero muchas veces las compañías se ponen de acuerdo para no tener que competir. Eso se acabó. La OAM está decidida a identificar y atacar toda práctica o acuerdo entre empresas que pretendan manipular los resultados de los procesos de compras o contratación del gobierno. En ocasiones esto puede clasificarse como un delito, y nadie está por encima de la ley”.

La firma del acuerdo no constituye una aceptación de las alegaciones contenidas en la querella por la parte querellada. La investigación de este caso comenzó gracias a un referido de la Oficina del Contralor.

Las personas con conocimiento de actos o acuerdos para manipular las compras del Estado deben contactar a la OAM para brindar la información. En casos donde el acuerdo reúne a varias empresas, la primera de ellas que ofrezca información relevante a la OAM puede solicitar que se evalúe una concesión de inmunidad. Pueden comunicarse con la OAM de forma confidencial al 787-721-3224.

Justicia anuncia nuevos cargos por fraude primarias Guaynabo

SAN JUAN: El Secretario de Justicia, licenciado César R. Miranda Rodríguez, anunció hoy la radicación de 69 cargos por perjurio, archivo de documentos falsos, falsedad ideológica y apropiación ilegal de identidad contra 14 nuevos imputados y cuatro personas previamente acusadas por el fraude electoral acontecido en las primarias del año 2012 del Partido Nuevo Progresista en Guaynabo.

“Tal y como habíamos anticipado, nuestros fiscales han sometido acusaciones contra un nuevo grupo de individuos vinculados al esquema de fraude dirigido a alterar los resultados del evento electoral de Guaynabo. A la misma vez, estamos sometiendo nuevamente denuncias contra algunos de los acusados en 2013, cuyos casos fueron desestimados por los términos de juicio rápido. El Pueblo de Puerto Rico puede tener la certeza de que el Departamento de Justicia no claudicará en su afán de proteger nuestro sistema electoral ante cualquier intento de alterar la voluntad democrática de nuestros ciudadanos”, afirmó Miranda Rodríguez.

El funcionario informó que los nuevos acusados en esta etapa son: José A. Colón Colón, Carlos R. Borges Llanos, Leonides Torres Ramos, Wilfredo Colón Rosa, Félix O. Matta Rodríguez, Raúl San Inocencio Vázquez, David Rosario López, Sharlene M. Rivera Rivera, Ismael Pérez Rivera, Francisco J. Ramos Albino, José M. Huertas Torres, Monserrate Rodríguez Pérez, Iris A. Miranda Gallardo, y Ángel M. Venegas González. Además, se volvieron a someter cargos contra Karen M. Velázquez Negrón, Ángel E. Alicea Cintrón, Luz M. Cruz Rivera y Aida Bastard Belpre.

Miranda Rodríguez agregó que, en algunos casos, los imputados brindaron direcciones pertenecientes a otros ciudadanos, mientras que otros dieron direcciones inexistentes. Dichas acciones constituyeron violaciones a los Artículos 216, 219, 223 y 274 del Código Penal de 2004. Por dichos actos, el juez José Banuchi del Tribunal de Bayamón encontró causa para arresto contra todos los imputados. La Vista Preliminar quedó pautada para el próximo 24 de febrero en la Sala 6O6 del referido tribunal.

Listado Acusados 11 de febrero de 2014–Fraude Primarias Guaynabo

 

Nuevos Acusados

• José A. Colón Colón—Director Consorcio Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Carlos R. Borges Llanos—Sargento Policía Municipal Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Leonides Torres Ramos—Empleada Servicios al Envejeciente, Municipio de Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Wilfredo Colón Rosa—Administrador Mini Alcaldía, Municipio de Guaynabo (Arts. 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Félix O. Matta Rodríguez—Policía Municipal de Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Raúl San Inocencio Vázquez—Asesor Alcalde de Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• David Rosario López—Empleado Head Start, Municipio de Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Sharlene M. Rivera Rivera—Desempleada (Arts. 216, 219, 223 y 274del CP 2004)

• Ismael Pérez Rivera—Conductor de Camiones, Compañía Privada (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Francisco J. Ramos Albino—Policía Municipal de Guaynabo (Arts. 219, 223 y 274 del CP 2004)

• José M. Huertas Torres—Ex Contratista de Ex Representante Ángel Pérez Otero (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Monserrate Rodríguez Pérez—Policía Municipal de Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Iris A. Miranda Gallardo—No hay datos disponibles (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Ángel M. Venegas González—Ex Comisionado Policía Municipal Guaynabo (Arts. 219, 223 y 274 del CP 2004)

 

Además, Se Volvieron a Someter Cargos Contra:

• Karen M. Velázquez Negrón—Ayudante Alcalde de Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Ángel E. Alicea Cintrón—Empleado Municipio de Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Luz M. Cruz Rivera—Empleada Municipio de Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

• Aida Bastard Belpre—Empleada Municipio de Guaynabo (Arts. 216, 219, 223 y 274 del CP 2004)

 

Artículo 216—Apropiación Ilegal de Identidad

Artículo 219—Falsedad Ideológica

Artículo 223—Archivo de Documentos Falsos

Artículo 274–Perjurio

 

 

 

Ciudadano mordido por Pitbull clama por justicia

AGUADILLA:  Tres semanas después de ocurrido el incidente, el ciudadano Gabriel Medina, quien fuera atacado en múltiples ocasiones por un perro de la raza Pitbull, reclama de las autoridades  se le haga justicia, fijando la responsabilidad que corresponda por ley. El vecino del Barrio Atalaya de Aguada, se dirigía hacia su residencia cuando le salió al paso el peligroso can que lo mordió en el área de las orejas, cuello, nariz, los brazos y las piernas.

Gabriel, fue socorrido por una persona identificada como Efraín Cajigas Méndez, que armado de un machete le infligió una herida al animal Los hechos se originaron el 3 de enero de este año a eso de las 4:12 de la tarde, en las inmediaciones de la carretera 411, kilómetro 6.9  del Barrio Atalaya de Aguada.

Tras el brutal ataque, el señor Medina, tuvo que ser transportado a la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico  en Río Piedras. Durante entrevista para las Noticias del Canal 12 (WOLE-TV), el perjudicado mostró las múltiples cicatrices dejadas por las mordidas del  Pitbull.

Se espera que los investigadores a cargo del caso le informen al perjudicado sobre el seguimiento que recibe su querella.  No se  precisa en qué lugar se encuentra el perro que mordió al ciudadano de nacionalidad dominicana y si el dueño del can ha sido citado a comparecer a la Fiscalía.

Colegio de Barberos acepta señalamientos de Justicia

SAN JUAN: La Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia (OAM), informa que el Colegio de Barberos y Estilistas en Barbería de Puerto Rico, aceptó cumplir con los requerimientos hechos por la OAM a principios del mes de diciembre, tras revelarse que el grupo de profesionales que compone el Colegio de Barberos acordó de forma concertada establecer una lista de precios mínimos sugeridos para ser distribuida entre todos los barberos y estilistas que rinden sus servicios a través del País.

Según informó el Secretario Auxiliar de Asuntos Monopolísticos de Justicia,  Jesús M. Alvarado Rivera,” con el fin de garantizar la libre competencia en el mercado y de proteger los intereses de los consumidores, la OAM le requirió al Colegio de Barberos que dejara sin efecto su lista de precios e informara a sus colegiados el carácter ilegal de cualquier acuerdo en el que varios competidores hagan uniformes sus precios”.

Alvarado Rivera expresó además, ” que con este acuerdo nos aseguramos que los consumidores podrán disfrutar de mejores precios y mejores servicios, gracias a la competencia que habrá entre los diferentes profesionales de la barbería y el estilismo. El Colegio de Barberos cooperó con nosotros en todo momento, dando muestra de su compromiso con el bienestar de su matrícula”.

“Ya entregaron todas las listas de precios que tenían en su poder y publicaron en sus páginas virtuales la información que se les requirió. Este caso debe servir de ejemplo a otros colegios de profesionales y asociaciones de comerciantes en la Isla. Antes de tomar cualquier decisión, deben preguntarse qué efecto tendrá en el mercado y si es legal bajo el derecho de la libre competencia. La OAM estará vigilante”, añadió Alvarado Rivera.

La OAM exigió al Colegio de Barberos que: 1) dejara sin efecto la lista de precios sugeridos; 2) detuviera su impresión y distribución; y 3) recogiera las listas impresas previamente distribuidas. Asimismo, se le requirió que comunicara a todos los miembros del Colegio: 1) que la referida lista se dejó sin efecto; 2) que los profesionales de la barbería y el estilismo deben establecer sus propios precios para los servicios que ofrecen a los consumidores de manera individual e independiente; y 3) que el acuerdo de precios mínimos, máximos o sugeridos entre competidores de una misma profesión es ilegal.

Cualquier persona que tenga información sobre posibles acuerdos entre competidores para fijar precios, negar servicios o productos, dividir clientes o territorios, o manipular subastas públicas, debe comunicarse con la OAM al 787-721-3224.

 

Justicia radica cargos a ex Procurador del Ciudadano

Carlos Lopez NievesEl Subsecretario de Justicia, Rafael Ortíz Carrión, y el Director de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, Alberto Valcárcel Ruíz, anunciaron hoy miércoles, la radicación de 28 cargos por violaciones al Código Penal (CP) de 1974 y 2004 contra el ex Procurador del Ciudadano, Carlos López Nieves, a quien se le imputa el uso ilegal de recursos del Estado para fines privados.

Este caso fue investigado por el Departamento de Justicia (DJ), a raíz de un referido que hiciera la Oficina de la Contralora, Yesmín M. Valdivieso, luego de un proceso de auditoría. La actual Procuradora del Ciudadano, Iris Miriam Ruiz, colaboró activamente con la investigación.

Los funcionarios indicaron que contra López Nieves se presentaron cuatro denuncias por violación al Artículo  201 del Código Penal de 1974, consistente en Aprovechamiento de Bienes y Servicios Pagados por el Estado y 3 denuncias por infracciones al Artículo 216 del referido código referente a Delito Contra Fondos Públicos. Además, se le radicaron 11 cargos por violaciones al Artículo 255, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos), cinco denuncias por violar el Artículo 219, (falsedad ideológica) y otras 5 denuncias por infringir el artículo 267 (Malversación de Fondos Públicos), todos del Código Penal de 2004.

“Carlos López Nieves, quien durante el periodo de 2002 a 2008 ocupaba el puesto de Procurador del Ciudadano, incurrió en las siguientes conductas delictivas: Usaba las computadoras, fotocopiadoras, impresoras, teléfonos, materiales de oficina, vehículos y empleados de la agencia que dirigía para beneficio de la Gallera Cerro Gordo de Bayamón, en la cual tenía interés privado. Utilizó fondos públicos para cubrir gastos relacionados con sus funciones como presidente de la Federación de Softball de Puerto Rico, y que no eran cubiertos por dicha organización deportiva, como por ejemplo los gastos en que incurrió durante el Campeonato Mundial de Softball Femenino en Holanda y el Congreso Internacional de Softball en Filipinas, entre otros. Del mismo modo, hacía uso de bienes, personal y vehículos de la Oficina del Procurador del Ciudadano para sus gestiones como presidente de la Federación. También utilizó bienes y personal de la agencia para realizar trabajos en beneficio del Comité Pro Monumento a Ramón Luis Rivera, y malversó fondos públicos para cubrir gastos personales tales como viajes privados a Las Vegas y España”, dijo Ortiz Carrión.

Añadió además, que a través de la radicación de las referidas denuncias, el  Departamento de Justicia  busca llevar mensaje claro y contundente de que no habrá tolerancia con la corrupción en el servicio público.

Por su parte, Valcárcel Ruíz agregó que cuentan con amplia prueba documental y testifical para sostener los cargos contra López Nieves en los tribunales. La Directora del Negociado de Investigaciones Especiales, Brenda León participó en el proceso que redundó en la presentación de cargos. El agente Rubén Sosa del  Negociado de Investigaciones Especiales de Justicia (NIE) y la fiscal Rosa Molina Pérez estuvieron a cargo de la investigación.

 

Justicia radica cargos por fraude electoral en Cataño

SAN JUAN:  El Director de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, Alberto Varcárcel Ruíz, anunció este lunes la radicación de cargos por falsedad ideológica, archivo de documentos falsos y perjurio contra 4 electores del municipio de Cataño, que ofrecieron información falsa sobre sus respectivos domicilios para poder votar en dicho pueblo durante las elecciones generales del 2012.

Contra Marangeli Vilanova Santo Domingo, Luis Cordero Rivera, William Fuertes Romeu y Héctor Javier Santos Pagán, se radicaron denuncias por violar los artículos 219, 223 y 274 del Código Penal, sobre falsedad ideológica, archivo de documentos falsos y perjurio. “Desde el momento que el Departamento de Justicia (DJ) advino a conocimiento de las alegaciones de posible comisión de delitos relacionados con inscripción fraudulenta de electores en el municipio de Cataño, comenzamos una investigación exhaustiva sobre el asunto”, sostuvo Varcárcel Ruíz.

Dijo además, ” que tanto los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales de Justicia (NIE), como los fiscales a cargo de la pesquisa, realizaron su trabajo de manera rigurosa, logrando identificar aquellos casos en los que puede probarse más allá de duda razonable que los ahora acusados cometieron los delitos que es les imputan”.

Algunas alegaciones sobre otros electores a los que se le imputó la comisión de delitos  resultaron ser infundados, por lo que no se radicaron cargos. Justicia no especificó si los expedientes contra los 4 imputados fueron sometidos ante la consideración de un juez para la determinación de causa probable para arresto.