La doble vara de la llamada «justicia» en Puerto Rico

Aún recordamos una frase lapidaria atribuida al insigne puertorriqueño don Luis Muñoz Marín, quien comparó a la justicia con una «perra flaca que solo muerde los talones a los pobres». Dicho de  manera más sencilla, mientras más poder se ostenta, ya sea en el plano político o económico, mayores son las oportunidades de no dormir ni una noche tras las rejas. Obviamente, si es usted Juanito, el que reside en un sector marginado sus posibilidades de trato justo no son iguales que las de Pablín, el hijo del juez.

A Juanito se le arresta, se le formulan cargos y va a parar a la cárcel aunque se compruebe que no cometió los hechos atribuidos. Que conste, no estamos invocando que a un poderoso no  le asista el derecho a la presunción de inocencia y a tener su día su corte; es el trato «V.I.P» que se le dispensa.

Desde permitir que familiares o allegados dañen la escena de los hechos  hasta darle la oportunidad de preparar  una coartada a todas luces risible, el Pablín de este cuento es hasta ahora, un individuo con más suerte que un gato con siete vidas.

Señor, si Pablín no hizo lo que la gente comenta, preséntese ante las autoridades, incluyendo fiscales y policías y sométase a todo tipo de pruebas, incluyendo el Polígrafo y la prueba de ADN. Pero por favor, no se escude en el poder económico y las palas políticas para intentar burlarse de todo un pueblo.

A diferencia de otros ciudadanos de esta isla, a quien el Departamento de Justicia les allana el domicilio por los cuatro costados, en el caso de Pablín, el perímetro o la escena del crimen era el lugar donde fue encontrada la víctima. De haber sido sospechoso Juanito el hijo Cunda,  los investigadores no se habrían marchado sin antes rebuscar hasta en la letrina de la residencia.

Diferente resulta el trato a Pablín, el poderoso, deberá comparecer a una cita por «invitación» donde posiblemente haya café y galletitas. Incluso, le preguntarán  si desea que su papá el  juez  también esté presente. Después de todo, entre Pablín y Juanito, existe una sola diferencia: EL PODER.

Crónica de un caso fabricado

Son múltiples las ocasiones en que escuchamos a los conformistas decir que “ la gente decente no necesita de derechos constitucionales”. Eso mismo pensaba este periodista hasta el 20 de agosto del año 1993, cuando siendo las 7:50 de la mañana, seis agentes del Cuerpo Investigación Criminal, procedentes de San Juan, allanaron nuestra residencia en Hormigueros. Motivo: respondían a una querella del entonces poderoso senador del PNP, Freddy Valentín Acevedo, quien alegó falsamente que de nuestro teléfono había surgido una llamada, donde alguien se hacía pasar por él para difamar al colega Luis Francisco Ojeda.

Sin más preguntas ni investigación, el entonces Superintendente de la Policía Pedro Toledo Dávila con la anuencia del ex Secretario de Justicia, Pedro A. Pierluissi, permitieron el abusivo allanamiento del domicilio de una familia respetuosa de las leyes. En aquel momento, un servidor  laboraba como redactor del periódico EL VOCERO, función que desempeñamos durante 26 años.

Los policías comandados por el teniente Angel L. Morales. no solo ocuparon nuestros equipos de trabajo como reportero de EL VOCERO, sino, que luego de exigirles la devolución a través del Tribunal, dichos equipos estaban inservibles.  De no haber sido por la seriedad y el profesionalismo de la Juez de Distrito Edmeé Rodríguez Fontánez, de la Sala de Investigaciones en Hato Rey, estos “alegados defensores de la verdad y la justicia” se hubiesen salido con la suya. Tras ponderar la supuesta evidencia del fiscal  Efraín Cardona Rivera, la jueza concluyó  que no existía ni una cintila de prueba para ordenar  la detención de este periodista. Sencillamente, porque se trató de una patraña. La vista para determinación de causa para arresto se efectuó el 13 de octubre del  93.

Molesto ante la exoneración del periodista, ya que prevaleció la verdad, el fiscal Cardona Rivera, nos apercibió a prepararnos porque Valentín Acevedo, nos iba a mandar a la cárcel en el foro federal. Pero como la vida es una caja de sorpresas, fue el “poderoso” Freddy  quien terminó  preso.  Expresado lo anterior, es importante consignar que nadie, incluso, las personas respetuosas de las leyes estamos inmunes ante el poder desmedido del gobierno y sus instituciones.

En este escrito solo se narra una vivencia personal. Juzgue usted cuán valiosos son los derechos individuales.

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Recomiendan FEI para investigar a Rivera Guerra

SAN JUAN: En una sorpresiva decisión de la Oficina de Integridad Pública del Departamento de Justicia, el Secretario de esa agencia, licenciado Guillermo Somoza Colombani, acogió hoy martes la recomendación de subalternos para que se designe a un Fiscal Especial Independiente que investigue  al representante novoprogresista José Luis Rivera Guerra. Se alega que existe causa para entender que  Rivera Guerra, incurrió en serias violaciones de ley al omitir en  sus  informes financieros a la Oficina de Ética Gubernamental, información concerniente a deudas y compromisos pendientes de los años desde el 2007 a 2010.

Trasciende además, que Rivera Guerra, pudo haber violado leyes relacionadas a la construcción de dos residencias sin haberse provisto de los permisos requeridos por la agencia reguladora. Otro reparo importante, fue la utilización de servicios esenciales de agua potable y energía eléctrica, sin gestionar la instalación de los medidores correspondientes de la AAA y la AEE. Aunque el legislador siempre alegó no haber incurrido en delito alguno, porque solo dependía temporalmente de un sistema de arrimo, Justicia entiende lo contrario.

La fiscal Maricamen Rodríguez Barea, Directora de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, dijo que surge  de la pesquisa que el señor Rivera Guerra no proveyó información vital como el costo, gasto y deuda incurrida en la instalación de una piscina en su hogar de Aguadilla,  como parte del informe exigido por Etica Gubernamental. Por lo que el político pudo haber violado el artículo 4.11 de la Ley de Ética.

El informe también da cuenta que el actual representante del PNP en el distrito 17 de Moca-Aguadilla, infringió las disposiciones para la Ley de la Reforma de Permisos, al ocupar como vivienda una estructura carente de permiso de uso. Justicia adelantó que no ofrecerá otros detalles ya que el caso pasa ahora al FEI.

Localmente se comenta, que llueve y no escampa para el representante Rivera Guerra, a quien el alto liderato del PNP, pretende sacarlo de carrera a como dé lugar. No se descarta que el próximo paso sea suspender a Rivera Guerra de sus funciones como Representante a la Cámara por el Distrito 17 (Aguadilla-Moca).

Familiares guardia de seguridad claman por justicia

AGUADILLA: En medio de la tristeza y el dolor que les causa  la pérdida de uno de sus seres más amados, familiares y amigos le dieron cristiana sepultura el viernes al guardia de seguridad  Félix Babilonia Valentín, fallecido trágicamente en la colisión de tránsito provocada por el contador público Lutgardo Acevedo López, de quien se alega, manejaba su auto en estado de embriaguez. El señor Babilonia Valentín de 49 años, murió en la escena del accidente a consecuencia de traumas múltiples y heridas.

El infortunado se dirigía hacia su hogar por la carretera 110, sector La Sierra del barrio Pueblo de Moca, cuando su vehículo Toyota fue chocado de frente por el BMW que conducía Acevedo López, miembro de una conocida familia de Moca. No obstante la gravedad del choque que fue presenciado por un policía que patrullaba la vía estatal 110, Acevedo se negó a someterse a la prueba de sangre para detectar presencia de alcohol en el organismo.

Acevedo López, ex agente de la División de Tránsito por 8 años y abogado en espera de revalidar, utilizó de pretexto que tenía la presión alta para eludir la prueba que en casos de esa naturaleza es mandatoria para todo conductor de vehículos.

» Yo quiero justicia para mi papá», indicó a la Prensa una de las hijas del infortunado guardián que deja huérfanos a tres menores, incluyendo, a uno de solo 4 años. De otra parte, allegados a los familiares de la víctima le pidieron al joven Acevedo López, que examine su conciencia y  «vea el daño que le está causando a esta familia».

Aunque Acevedo López, enfrenta cargos por homicidio negligente, obstruir la justicia y manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes, este se halla libre  luego de prestar la fianza de $10 mil que le fijó la jueza  Soraya Méndez, de la Región Judicial de Aguadilla. La vista preliminar de los cargos está en calendario para el 19 de julio 2012.

Justicia no retira escoltas a las niñas González Cacho

Tras aclarar que ese departamento no le ha retirado la protección oficial a las niñas González Cacho, el Secretario de Justicia, licenciado Guillermo Somoza aseguró que las escoltas se aumentan o reducen de acuerdo a las circunstancias. Durante entrevista exclusiva  para el programa «Dando Candela» de Telemundo, el funcionario indicó hoy lunes que  las menores continúan siendo protegidas por personal de esa agencia.

Las hermanitas del niño Lorenzo González Cacho, ultimado hace más de dos años en medio de un crimen que conmovió a todo Puerto Rico, permanecen bajo el cuidado  de su padre Ahmed Alí González, a quien el tribunal le otorgó la custodia. Ana Cacho, madre de las niñas ha continuado dando la batalla para  que le devuelvan  a las niñas, invocando estar ajena al crimen de Lorencito.

Así las cosas, el Departamento de Justicia, a través del secretario Somoza, rechazó que se vaya a retirar la protección a  las 2 niñas, aunque no descarta reducir o aumentar el número de escoltas, según la situación lo amerite. Recordamos a los lectores,  que la protección de las hermanitas es importante, porque el asesino, o los victimarios del niño Lorenzo, aún siguen en la calle.

Opiniones divididas en cuanto a retiro de orden contra Ferrer Ríos

Mientras  sus amigos y allegados políticos celebran que la supuesta perjudicada haya retirado la orden de protección solicitada contra el legislador, miembros de la oposición entienden que Justicia debe proseguir el caso contra el representante popular Héctor Ferrer Ríos, no obstante la decisión de su compañera consensual de darle otra oportunidad. Ayer sábado trascendió, que la querellante Elisa Hernández expresó no tener interés de proseguir con el caso que pudiera costarle el escaño al vicepresidente del PPD y candidato a alcalde de San Juan por esa colectividad.

Originalmente, la señora Hernández  y un familiar llamaron a la Policía para reportar una denuncia de maltrato conyugal contra Ferrer Ríos, durante un incidente ocurrido en el hogar de la pareja en el sector Cupey de Hato Rey. La presunta victima alegaba que su compañero Ferrer Ríos la increpó con frases soeces, aparte de lanzar objetos contra el piso del apartamento. También acusó al representante de cometer el acto de violencia doméstica en presencia de sus hijos menores, aunque siempre sostuvo que el político no la agredió físicamente.

Tras el revuelo suscitado  dentro y fuera de la isla, lideres del Partido Nuevo Progresista declinaron adelantar críticas contra Ferrer Ríos al tiempo que en el Partido Popular Democrático, pidieron «espacio» para el representante y su familia. Sin embargo, no se descarta que la Oficina del Fiscal Especial Independiente decida citar a Ferrer Ríos, partiendo que por tratarse de una figura pública, el interés de investigar lo tiene el Pueblo de Puerto Rico.

Los representantes legales de Ferrer Ríos y de la señora Hernández, han estado en conversaciones para posibilitar un acercamiento entre las partes, lo que se logró por el bienestar del menor concebido por la pareja.

» Lo menos que se debe hacer en este asunto es exigirle al representante Ferrer Ríos y a su compañera consensual, que le paguen al pueblo el dinero invertido por el gobierno en la movilización de la Policía, Departamento de la Familia, Justicia y otros funcionarios llamados a atender este tipo de querellas», sostuvo uno de los lectores de la Calle Digital.

Aunque el defensor Osvaldo Carlo, alegó que luego de la intervención policial Ferrer Ríos, nunca fue encerrado en la celda de detención del cuartel de Hato Rey Oeste, un alto oficial de la Uniformada aseguró que el líder popular estuvo tras las rejas como cualquier hijo de vecino.

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A cumplir 107 años de reclusión menor que decapitó a familiar

Centro Judicial de Aguadilla (foto suministrada)

Apenas iniciado el primer día de proceso contra uno de los imputados por el crimen del contratista Agustín Areizaga Cordero, decapitado en su hogar del pueblo de Moca, el menor Erick Cordero Barreto, de 17 años, quien estaba siendo enjuiciado como adulto, hizo alegación de culpabilidad hoy martes, según  confirmó el fiscal de distrito interino de Aguadilla, licenciado Joseph Esparra.

El  representante del Ministerio Público, indicó  que Cordero Barreto, admitió la culpabilidad por los delitos de Asesinato en primer grado e infringir  la Ley de Armas, siendo condenado inmediatamente a 107 años de prisión.

Trascendió  que el juez superior Jaime Rodríguez Hernández, del Centro Judicial de Aguadilla, renunció al informe pre-sentencia e impuso de inmediato  una pena de 99 años por el delito de asesinato y ocho años por las violaciones a la Ley de Armas. El peso de la prueba lo sostuvo durante toda la pesquisa, el fiscal Miguel A. Deynes Vargas.

El crimen que conmovió a los residentes del Area Noroeste,  tuvo lugar  el 4 de septiembre de 2011, cuando el ahora reo Cordero Barreto y su primo Octavio Salas Barreto fueron a la residencia de Areizaga Cordero para robarle dinero y prendas, pero la situación desembocó  con el horrible crimen del comerciante, que sucumbió decapitado

Tras la aceptación de culpa  en todos los cargos por parte de Erick Cordero, ahora su primo Octavio, aguarda para ser  enjuiciado por Jurado, por delitos de asesinato en primer grado y violar la ley de armas.

Piden acción policial para esclarecer crimen de deportista

HORMIGUEROS: A varias semanas de ocurridos los hechos, residentes de este pueblo demandan de las autoridades policiacas el esclarecimiento del caso relacionado con el crimen del deportista Gilberto Rodríguez Feliú, ultimado a tiros en un apartado sector del barrio Guamá de San Germán. La victima, quien residía en el barrio Lavadero de Hormigueros, desapareció de esta jurisdicción pocas horas después de haber cobrado un premio de la Loto por varios cientos de dólares.

No se descarta, que Rodríguez Feliú, hubiese sido secuestrado por uno o más individuos que lo despojaron del efectivo tras conducirlo por la fuerza hasta la carretera 362 final de la Ciudad de Las Lomas. Luego de notificar su desaparición a través de las redes sociales, vecinos y amigos inciaron la búsqueda de Gilberto, al que siempre describieron como una persona humilde que nunca le hizo mal a nadie.

Sin embargo, el- o los asesinos- de Gilberto  se  ensañaron con el infortunado hasta dejarlo morir a orillas de un pastizal. Rodríguez Feliú, fue encontrado por un guardabosque de Recursos Naturales, que pasaba a pie por el lugar. La trágica muerte del hormiguereño conmovió a toda la comunidad, incluyendo a su amigo, el alcalde Pedro J. García Figueroa, quien reclama que se haga justicia.

El sepelio de Gilberto, constituyó una emotiva demostración de afecto por parte del pueblo de Hormigueros donde nació. El extinto tenía 58 años de edad.

La Calle Digital, trató de obtener la versión de la Policía en cuanto al rumbo de la pesquisa, pero la respuesta es siempre la misma: «estamos investigando». Localmente trascendió que las autoridades tratan de localizar a las últimas personas que fueron vistas en compañía del infortunado, entre  éstos, 3 sujetos domiciliados en el sector oeste. Hoy lunes se hicieron las averiguaciones pertinentes para corroborar tal rumor, pero el teniente Edwin Alemar a cargo del distrito de Hormigueros, no estuvo disponible para responder preguntas. Incluso, declinó atender el teléfono.

Senadora Vázquez agradece apoyo luego que Justicia no recomendara FEI

La fiscal Maricarmen Rodríguez Barea, directora de las divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia de Puerto Rico, indicó en comunicado de prensa que no recomendará la asignación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar alegaciones en contra de la senadora Evelyn Vázquez.

El Departamento de Justicia, quien investigaba a la senadora Vázquez desde hace varios meses determinó que dicha investigación “no produjo evidencia para recomendar la designación de un FEI”

“Las querellas anónimas recibidas en el Departamento de Justicia se limitaban a alegaciones sobre aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos; el cobrar dietas ilegalmente; nepotismo; fraude en la Feria Carnaval de Turismo de Puerto Rico y del Caribe; el no rendir informes financieros a la Oficina de Ética Gubernamental, a la Comisión Estatal de Elecciones y adeudar dinero al Departamento de Hacienda. Por este caso pasar a otro foro, el Departamento de Justicia no emitirá más comentarios en torno al mismo”, indicó el comunicado.

Por su parte la senadora Vázquez, que representa el distrito Mayagüez – Aguadilla, a través de su página en la red social Facebook,  agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño y apoyo.

“Nunca olvidare su respaldo en este difícil proceso de mi vida, seguiré mi lucha con la frente en alto y les aseguro que nada ni nadie podrá impedir que yo siga defendiendo a los mas humildes y desamparados. Mi gran lucha comienza ahora con más fuerzas que nunca después que la justicia de dios se encargara de mis detractores y los enemigos de este distrito. Besos y abrazos”, concluyó.

Gobernador refiere a Justicia al legislador Rivera Guerra

A pesar del dictamen de la Comisión de Etica de la Cámara, donde se recomienda una sanción de 10 días en el pago de dietas a dicho legislador y que el político ofrezca disculpas públicamente, el gobernador Luis Fortuño, entiende prudente someter al Departamento de Justicia, el expediente de la reciente investigación contra el representante del PNP José Luis Rivera Guerra. Aunque fue cuidadoso en sus declaraciones, el primer mandatario deja en manos de Justicia el examen de los documentos a fin de establecer si hubo violaciones al Código Penal.

El gobernador declinó polemizar sobre la decisión de la comisión presidida por la legisladora Liza Fernández, quien concluyó que Rivera Guerra no violó ley alguna, aunque no fue diligente al tramitar los permisos de construcción y uso para dos residencias localizadas en Moca y Aguadilla. Al representante por el distrito 18, se le imputaba el uso ilegal de los servicios de agua y energía eléctrica, aparte de no pagar las contribuciones al CRIM por las estructuras edificadas sin los debidos permisos.

Surgió de la evidencia sometida por el querellado y los testimonios de funcionarios de la AAA y la AEE, que el señor Rivera Guerra vive en terrenos pertenecientes a un familiar, por lo que su condición de arrimado no constituye delito en Puerto Rico. Trascendió además de la pesquisa,  que investigadores de ambas corporaciones públicas nunca detectaron pillos de luz y de agua, por lo que no se configuran violaciones a las leyes.

Aún con la decisión tomada por la Comisión de Etica, el gobernador cree necesario por la pureza del procedimiento, que sea el Departamento de Justicia, quien revise el expediente contra Rivera Guerra y proceda a emitir una opinión. En tanto, Rivera Guerra permanecerá en su escaño por los pueblos de Aguadilla y Moca.