Tres años en “probatoria” para “Guillito”

MAYAGÜEZ: El exalcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, fue sentenciado a cumplir tres años en libertad en probatoria por el juez William Machado Aldarondo, del Centro Judicial de Mayagüez, tras hacer alegación de culpabilidad por los delitos de negligencia en el incumplimiento del deber y malversación de fondos.

El acto de lectura de sentencia tuvo lugar en la sala 201. La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) estuvo representada por la fiscal Leticia Pabón Ortiz; mientras que el licenciado Harry Padilla, representó al exalcalde Rodríguez.

Rodríguez no emitió ninguna declaración en la sala cuando el juez Machado Aldarondo le preguntó si tenía algo que decir antes de la lectura de sentencia.

“En los casos ISCR202300910 al 0911, ambos por infracción al artículo 263 del Código Penal, de negligencia en el cumplimiento del deber, se le sentencia a tres años en prisión de forma concurrente entre sí, ordenando la suspensión de dicha pena para que sea cumplida en la modalidad de libertad a prueba”, dijo el magistrado.

Rodríguez, sin embargo, tendrá que cumplir con unas condiciones como parte de ese privilegio:

  • Restricción domiciliaria entre las 8:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, a menos que por “motivos de trabajo, estudio, actividad religiosa, emergencia” tenga que salir, previa comunicación el técnico socio penal.
  • No puede consumir alcohol o sustancias controladas y está sujeto a ser sometido a las pruebas de rigor; está expuesto a ser visitado “de sorpresa” por funcionarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR);
  • De verse involucrado en algún delito, en la vista de determinación de causa para arresto (Regla 6), también se efectuará una vista de revocación de la probatoria.

Una vista de seguimiento fue pautada para el 10 de diciembre a las 9:00 de la mañana.

Demoledor informe del Contralor confirma traqueteos de corporación MEDI en Mayagüez

MAYAGÜEZ: La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión de abstención sobre las operaciones fiscales del Municipio de Mayagüez, ya que no se pudo obtener la evidencia suficiente y apropiada para validar si las operaciones se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

Sin embargo, a base de los objetivos establecidos y otros asuntos surgidos se comentan nueve hallazgos.

El Informe revela que, a la petición de la OCPR de documentos fiscales de las nueve empresas municipales, la gerente de Finanzas y Presupuesto del Municipio, Yahaira Valentín Andrade, sólo entregó información incompleta de la Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI) creada en el 2014.

La ausencia de documentos evidenció que no tenían un sistema de contabilidad que registrara las transacciones fiscales.

Además, la Junta de Directores de MEDI, no supervisó el cumplimiento de la reglamentación por parte director ejecutivo, Alejandro Riera Fernández, quien fue acusado por la Fiscalía Federal el 22 de marzo de 2021 por su participación en un fraude de $9 millones que el Municipio le había transferido a MEDI.

El 9 de noviembre, Riera Fernández se declaró culpable de cuatro cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. La Junta de Directores de MEDI estaba presidida por el exalcalde José Guillermo Rodríguez, la tesorera era la gerente de Finanzas Valentín Andrade, y tres funcionarios municipales actuaban como miembros.

La auditoría señala que el Municipio desembolsó $1.6 millones en pagos sin evidencia del beneficio público obtenido. Estas situaciones se refirieron el 1 de marzo de 2023, a la consideración del secretario de Justicia, para que tome la acción correspondiente.

Al respecto, los auditores no pudieron obtener información sobre el uso dado a una transferencia de $606 mil a un banco de España, que una entidad privada le prestó a MEDI con el propósito de obtener una línea de crédito por €500 millones de euros para financiar el Plan Mayagüez 2032. Tampoco la Junta de MEDI ofreció información sobre si se concretó el financiamiento de los €500 millones, que por cierto fueron transferidos a otra cuenta bancaria en Londres.

Otras 71 transferencias por $383 mil, carecían de información sobre la utilidad y beneficio, como por ejemplo las transferencias realizadas a: una compañía del director ejecutivo, una compañía de software en Nueva York, a beneficiarios con direcciones de España, o a un banco en Turquía.

En el 2015 se pagaron $47 mil por un viaje a Dubai del director ejecutivo de MEDI y dos asesores financieros del Municipio. El viaje se realizó para completar unas gestiones de un préstamo de $4 billones para refinanciar la deuda del Municipio. El exvicealcalde de entonces, Heriberto Acevedo, había aprobado este viaje y el entonces alcalde tenía conocimiento. De hecho, el financiamiento no se concretó.

En contravención de la Constitución de Puerto Rico, el vicealcalde del Municipio, Acevedo, que a su vez actuaba como vicepresidente de la Junta de MEDI y de otra empresa municipal Medi Films, autorizó utilizar el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez como garantía colateral para obtener financiamiento para Medi Films. También autorizó a Medi Films a solicitar financiamiento por $10 millones con una Cooperativa de Ahorro y Crédito (Las Piedras). Medi Films fue incorporada por una persona privada como empresa municipal con fines de lucro el 30 de diciembre de 2015.

El examen de estas acciones reveló que estas transacciones no permitidas por ley beneficiaron a cuatro compañías privadas, propiedad del entonces director ejecutivo de Medi Films (Riera) y del asesor financiero 1. De hecho, estas personas incurrieron en conflicto de intereses ya que utilizaron su cargo en la empresa municipal para beneficiarse y hacer negocios con sus compañías privadas.

El entonces director ejecutivo de Medi Films, firmó con la Cooperativa A los contratos de los préstamos y líneas de crédito por $4.3 millones para financiar películas, que depositó en las cuentas de sus corporaciones A y B en la Cooperativa A. Del 2017 al 2018, recibió en su carácter personal, 10 pagos por $94 mil de sus corporaciones.

El entonces asesor financiero 1 también utilizó su cargo para beneficio propio y de las corporaciones C y D de las cuales formaba parte, con las líneas de crédito garantizadas por MEDI con propiedad pública. Al respecto, recibió pagos de la cuenta A y B por la suma de $921 mil.

Estas situaciones se refirieron al secretario de Justicia y al director de la Oficina de Ética Gubernamental el 2 de noviembre de 2023 para su evaluación y acción correspondiente.

Al 31 de mayo de 2022, la empresa municipal MEDI, no había reembolsado al Municipio el capital inicial recibido por $5 millones por concepto del canon de arrendamiento del Hospital Dr. Ramón Emeterio Betances (90% del capital) y aportaciones directas del Municipio (10% del capital). De hecho, el Municipio no cumplió con la derogada Ley de Municipios de 1991, al no promulgar y aprobar reglamentación sobre el manejo del capital inicial.

La auditoría devela que MEDI y Medi Energy, Inc., obtuvieron un préstamo comercial con la Cooperativa B por $1.5 millones, de los cuales $1.4 millones servirían de garantía para financiar por $12 millones la adquisición de generadores de energía para el Centro Médico de Mayagüez con una corporación de Canadá. Medi Energy es otra empresa municipal creada en el 2015 para generar negocios con energía renovable. Esta transacción no tuvo ninguna utilidad. Al 11 de octubre de 2022, MEDI le había pagado a la Cooperativa B, $422 mil en intereses y $275 mil al principal del préstamo.

El Municipio de Mayagüez no incluyó en sus estados financieros auditados, la información financiera de MEDI, ni tampoco presentó la posición financiera de MEDI en documento separado. Por esta omisión, los contadores públicos autorizados emitieron una opinión adversa en los estados financieros del 2017 al 2022. Esta situación se atribuye a que el alcalde y la gerente de Finanzas se apartaron de las disposiciones reglamentarias del Código Municipal de 2020, y de la Ley de Municipios de 1991.

El Informe publica que la empresa municipal Mayagüez Economic Development-Financial Strategies, Inc. (MEDFS), fue incorporada Departamento de Estado por el asesor financiero 1 del Municipio y de MEDI, sin la autorización de la Legislatura Municipal, ni del Municipio. MEDFS fue registrada en el 2014 para promover el desarrollo comercial de Mayagüez. Al respecto la Legislatura no pudo cumplir con su responsabilidad de evaluar la necesidad de MEDFS. Esta situación propició el fraude relacionado con los $9 millones que el Municipio le transfirió el 29 de marzo de 2016 a MEDI para invertirlos y generar ganancias.

La empresa municipal MEDI no mantuvo un control administrativo de sus operaciones ya que, entre otras, carecía de reglamentación para regular la adquisición de bienes y servicios, la contratación de servicios profesionales y el procesamiento de los desembolsos, entre otros. Además, la Junta, que debió tener una reunión mensual ordinaria, sólo se reunió 16 veces en los 85 meses del periodo examinado.

Al 15 de noviembre de 2023, el Municipio no había efectuado auditorías ni monitoreos de las operaciones de las empresas municipales. Esta falta de supervisión adecuada por parte de los alcaldes en funciones propició la suspensión sumaria del entonces alcalde, el proceso judicial contra este y de la gerente de Finanzas y Presupuesto. Además, la falta de fiscalización derivó en que no se pueda detectar a tiempo situaciones que llevaron a los procesos judiciales contra el exdirector ejecutivo de MEDI, a tres asesores financieros, a un asesor legal y a otras dos personas.

La auditoría comenta que el Municipio pagó $2.4 millones a un bufete de abogados para recuperar de las casas de corretaje la pérdida de $9 millones por el fraude. De la gestión, se pudo recuperar $8.2 millones, de los cuales MEDI devolvió $5.8 millones al Municipio. MEDI operaba prácticamente con dinero público y no hay evidencia de la ganancia de sus gestiones. Por ende, su situación presupuestaria no era la mejor para la contratación con el bufete de abogados.

Un juzgado de Alicante, España, le requirió a MEDI el pago de €6.7 millones de euros el 9 de noviembre de 2022. El demandante le reclamó a MEDI y a Mayagüez Economic Development Iberica, S.L.U., el pago de servicios prestados relacionados la emisión de una obligación corporativa por €500 millones, viajes a Hong Kong, Londres y Portugal para asesorar la colocación de la obligación a interesados, y por la solicitud de una segunda emisión de bonos por €10 millones.

El 3 de febrero de 2023, el Municipio refirió este asunto a la Fiscalía Federal a través de una firma de abogados ya que estableció que el entonces director de MEDI no estaba autorizado a crear ninguna entidad en España, ni a realizar la emisión de los €500 millones.

Al 2 de febrero de 2024, estaban pendientes de resolución, dos demandas civiles contra MEDI por $8.1 millones. Una de las demandas incluyó a Medi Films como demandado por $6.5 millones y reclamaba la ejecución de gravámenes mobiliarios, la ejecución de hipoteca y enriquecimiento injusto, entre otros.

El presupuesto del Municipio fue de $69 millones en el 2018, $61.5 millones en el 2019, $54.5 millones en el 2020, $58.5 millones en el 2021, $61.6 millones en el 2022 y $55.2 millones en el 2023. Los estados financieros del 2018 al 2022, reflejaron déficits acumulados de $25.7 millones, $22 millones, $24.2 millones, $14.4 millones y $1.4 millones respectivamente.

Además de las recomendaciones a la secretaria de Justicia y al director de la Oficina de Ética Gubernamental, el Informe le recomienda al director de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Este segundo informe de Mayagüez cubre el periodo del 1 de julio de 2017 hasta el 28 de febrero de 2023, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Por el escándalo de MEDI, el exjuez y exasesor legal del exalcalde Rodríguez, Arnaldo Gerónimo IrizarryRiera Fernández fueron los únicos de los acusados en el esquema de fraude y apropiación ilegal de dinero público que enfrentaron juicio en el Tribunal de Distrito Federal, y fueron encontrados culpables.

Los otros acusados “levantaron las manos” e hicieron alegación de culpabilidad antes de enfrentar el proceso. Estos fueron los exconsultores municipales Eugenio García Jiménez y Roberto Mejill TelladoSteve Minger, y los hermanos Stephen y Joseph Kirkland, quienes eran corredores de bolsa.

Los chavos destinados al proyecto del Centro de Traumas de Mayagüez, una promesa de campaña que no se ha materializado, fueron usados por los ahora convictos para, entre otras cosas, la compra de embarcacionesjoyasropamatrículas escolaresrestaurantesservicios públicospago de tarjetas de crédito e hipotecasdecoración y mejoras al hogar.

Mientras tanto, el exalcalde Rodríguez y Valentín Andrade tienen pendiente un juicio a nivel local.

Reacciona el alcalde de Mayagüez, Ing. Jorge L. Ramos Ruiz

Por otro lado, el alcalde de Mayagüez, Jorge Luis Ramos Ruiz, emitió declaraciones escritas reaccionando al contenido del informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico:

“Ayer, recibimos la publicación del informe de Auditoría OC-25-60 de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, el cual evalúa el manejo de las empresas municipales de Mayagüez en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 28 de febrero de 2023.

Es de conocimiento público que, en el pasado, se han señalado serias deficiencias en la administración y el manejo de fondos de estas entidades, en particular de Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI) y sus subsidiarias. No obstante, es importante enfatizar que los hallazgos contenidos en este informe corresponden a decisiones y gestiones realizadas antes del inicio de mi administración.

Desde el primer día de nuestro mandato, hemos asumido con responsabilidad la tarea de corregir las irregularidades del pasado. Por ello, hemos implementado medidas concretas para fortalecer los controles internos, garantizar la transparencia en la gestión municipal y colaborar plenamente con las autoridades pertinentes en las investigaciones en curso.

Como parte de estas acciones, el 3 de febrero de 2023, remitimos referidos formales al Departamento de Justicia Federal sobre varios de los hallazgos señalados en este informe. Además, los tribunales han validado nuestras reclamaciones y han revertido la titularidad de varias facilidades municipales en favor del Gobierno de Mayagüez.

Nuestro compromiso con la sana administración es inquebrantable. Continuaremos fortaleciendo los procesos administrativos y fiscales para asegurar que cada recurso público sea manejado con responsabilidad y eficiencia. Como siempre he sostenido, la integridad y el buen uso de los fondos públicos son principios innegociables en nuestra gestión”, expresó el incumbente municipal.

Alcalde electo de Mayagüez logra que Tribunal devuelva al Municipio titularidad sobre el Palacio de Recreación y Deportes

MAYAGÜEZ: El alcalde de la Sultana del Oeste, ingeniero Jorge Ramos Ruiz celebró la determinación del Tribunal de devolver al Municipio de Mayagüez la titularidad del Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez, que estaba en litigio en un pleito de cobro de dinero incoado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Las Piedras.

“Desde abril de 2022, cuando asumimos la encomienda de dirigir los destinos de la Administración Municipal de Mayagüez, adquirimos el firme compromiso de velar por el bienestar de nuestra ciudad y su gente. Entre nuestras prioridades se encontraba proteger las propiedades que forman parte del valioso patrimonio de los mayagüezanos. Estas propiedades, que en el pasado fueron utilizadas como garantía para obtener préstamos en la banca privada, debían permanecer en manos de nuestra comunidad y al servicio de todos los residentes de la Sultana del Oeste.

En defensa de este principio y del interés público, presentamos nuestro reclamo ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Hoy, nos complace informar que la honorable juez Isabel Padilla Zapata acogió nuestra posición, declarando nulas las escrituras y ordenando al Registro de la Propiedad la cancelación de los asientos correspondientes a las Escrituras 9 y 42. Estas propiedades, que habían sido hipotecadas a nombre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Las Piedras, regresan a manos del pueblo de Mayagüez”, expresó en declaraciones escritas el alcalde Ramos Ruiz.                                                                    

Con esta determinación, el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez “queda libre de cualquier hipoteca, reafirmando que esta importante instalación sigue siendo propiedad de todos los mayagüezanos”. Este logro simboliza nuestro compromiso con la transparencia, la justicia y el bienestar de nuestra ciudad.

Como cuestión de hecho, otras propiedades del Municipio de Mayagüez fueron hipotecadas bajo la administración del saliente y suspendido alcalde José Guillermo Rodríguez, como lo fueron el Hospital San Antonio y el Centro Médico de Mayagüez.

Durante una investigación realizada entonces por LA CALLE Digital, se descubrió que prácticamente la titularidad de todas las propiedades del Municipio de Mayagüez entre la que se destacan la Plaza Colón, el Teatro Yagüez, los estadios Isidoro “Cholo” García y José Antonio Figueroa Freyre, entre otras; fue transferida a la corporación Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), para levantar un capital de $400 millones.

Condenan a más de 3 años de prisión federal al exjuez Arnaldo Irizarry

MAYAGÜEZ: A tres años y un mes que deberá cumplir en una cárcel federal, fue sentenciado hoy el exjuez Arnaldo Irizarry, uno de los convictos por el fraude de $9 millones al Municipio de Mayagüez.

Irizarry fue en su momento el principal asesor legal del suspendido alcalde José Guillermo Rodríguez, quien enfrentará juicio a nivel local, junto a la gerente de Finanzas del Municipio, Yahaira Valentín Andrade, por cargos de malversación de fondos públicos y negligencia en el cumplimiento del deber.

El exjuez Irizarry y Alejandro Riera Fernández, exdirector ejecutivo de Mayagüez Economic Development (MEDI), fueron los únicos de los acusados en el esquema de fraude y apropiación ilegal de dinero público que enfrentaron juicio en el Tribunal de Distrito Federal, y fueron encontrados culpables.

Los otros acusados “levantaron las manos” e hicieron alegación de culpabilidad antes de enfrentar el proceso. Estos fueron los exconsultores municipales Eugenio García Jiménez y Roberto Mejill Tellado; Steve Minger, y los hermanos Stephen y Joseph Kirkland, quienes eran corredores de bolsa.

Los chavos destinados al proyecto del Centro de Traumas de Mayagüez, una promesa de campaña que no se ha materializado, fueron usados por los ahora convictos para, entre otras cosas, la compra de embarcaciones, joyas, ropa, matrículas escolares, restaurantes, servicios públicos, pago de tarjetas de crédito e hipotecas, decoración y mejoras al hogar.

A la cárcel federal los primeros 2 convictos por robarle $9 millones a los mayagüezanos

TRIBUNAL FEDERAL: A cinco años y tres meses sentenció la juez federal Aida Delgado Colón al exasesor financiero del Municipio de Mayagüez, Eugenio García Jiménez; y a tres años y un mes al exdirecto ejecutivo de la corporación Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), Alejandro Riera Fernández, por el esquema de fraude de $9 millones de fondos que estaban destinados para establecer el, desde hace años prometido, Centro de Traumas de la Sultana del Oeste y que todavía está “en papel”.

A pesar de haberse declarado culpable y haber cooperado con la pesquisa federal, para la juez Delgado esto no significó nada, en vista de la sentencia fue mayor por seis meses que la que pidió la Fiscalía Federal, resaltando el papel de “cabecilla” de García Jiménez en este esquema, que produjo siete convicciones, entre otros del exjuez y exabogado del suspendido alcalde de Mayagüez, Arnaldo Jerónimo Irizarry; y el exasesor Roberto Mejill Tellado.

La juez destacó que García Jiménez tenía control, completo o parcial, de 21 cuentas financieras involucradas en el esquema.

“Me pregunto, ¿cómo podía dormir?”, lanzó la jueza desde el estrado al contrastar que mientras los residentes del área oeste esperaban por un Centro de Trauma, García Jiménez estaba usando el dinero para comprarse apartamentos, casas, botes y otros gastos”, destaca la noticia publicada por el periodista y abogado Oscar Serrano, de Noticel.

En el proceso de sentencia, ambos reos usaron citas bíblicas o destacaron su “acercamiento a Dios” a ver si tenía algún efecto en la determinación de la juez Delgado.

“Además de cárcel, el hombre residente en Orlando enfrenta dos años de libertad supervisada, 200 horas de servicio comunitario y prohibición de incurrir en deuda, suscribir financiamientos o tener un empleo con responsabilidades fiduciarios, a menos que lo autorice la Oficina de Probatoria. García Jiménez tiene pendiente una demanda civil que le presentó la Comisión de Intercambio de Valores (SEC en inglés) por hacerse pasar como consultor financiero y es objeto también de otros pleitos locales por incumplimiento de contratos y deuda, así como de una demanda del propio municipio sobre estos hechos que está sometida contra todas las personas y entidades involucradas en el fraude.

La restitución en este caso no está clara todavía y las partes han argumentado sobre esto en mociones selladas, pero Delgado Colón indicó que el dinero ha sido reembolsado y que solo resta que una de las entidades que reembolsó indique si le interesa recuperar ese dinero mediante una orden de restitución contra los convictos. Pero la juez alertó a García Jiménez que todavía la fiscalía tiene el poder de confiscar cualquiera de sus activos y propiedades si hay necesidad de recuperar alguna cantidad”, reseña Noticel.

En el caso de Riera, aparte de la cárcel, tendrá tres años de libertad supervisada durante los que no puede tener empleo o contrato que involucre responsabilidad fiduciaria, a menos que lo autorice Probatoria.

La sentencia del convicto exjuez Arnaldo Irizarry Irizarry, pautada también para ayer, fue pospuesta para noviembre por lo que la jueza caracterizó como “razones humanitarias”, debido a una condición de salud en la familia del convicto.

Caso contra José Guillermo Rodríguez se verá en el Tribunal de Mayagüez

REDACCIÓN: El proceso de vista preliminar y juicio, en caso de que se determine causa probable, contra el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, se ventilará en el Centro Judicial de la Sultana del Oeste, según lo dictaminó el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El alto foro judicial declaró no ha lugar la solicitud de los Fiscales Especiales Independientes (FEI) para que el caso se viera en el Tribunal de San Juan y no en la ciudad de la que Rodríguez ha sido alcalde por casi 30 años.

La decisión validó el pasado 21 de octubre la decisión del Tribunal de Apelaciones, que había resuelto que Rodríguez debía ser evaluado por sus pares, por lo que su caso debía ventilarse en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez.

El alcalde Rodríguez debe responder por cargos de malversación de fondos públicos y negligencia en el cumplimiento del deber por el manejo de una inversión de poco más de $9 millones. También figura como acusada por los mismos delitos la gerente de Finanzas del Municipio de Mayagüez, Yahaira Valentín Andrades.

De la investigación original del Departamento de Justicia surgió que, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez.

Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.

Además, de la investigación surgió que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio.

Se declara culpable el primero de los acusados por el fraude de $9 millones en Mayagüez

REDACCIÓN: El primero de los acusados a nivel federal por el esquema de fraude con una inversión de $9 millones en fondos públicos en el Municipio de Mayagüez, se declaró culpable formalmente el lunes en la mañana ante el magistrado federal Bruce McGiverin.

Se trata de Roberto Mejill Tellado, quien asesoraba al suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez; y que en las elecciones del 2004 figuró como candidato a alcalde de Guánica por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Según el diario digital Noticel, de los nueve cargos que enfrentaba, Mejill Tellado ahora solo enfrenta dos (conspiración para cometer fraude y lavado de dinero), como parte de su acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

“Según el pliego acusatorio. Mejill Tellado y los también exasesores Eugenio García Jiménez y Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry, así como el exdirector ejecutivo de la Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), Alejandro Riera Fernández, y otras dos personas, conspiraron para defraudar al municipio cuando tomaron los $9 millones en fondos públicos y supuestamente los invirtieron, pero realmente los desviaron para uso propio. En el caso de Mejill Tellado, el pliego dice que habría obtenido una ganancia ilegal de $444,000”, indica la nota del periodista Oscar Serrano.

La nota periodística señala que el esquema fue posible porque el alcalde suspendido Rodríguez, quien además de jefe del gobierno municipal, era el controlador de MEDI como presidente de su junta de directores, decidió tomar el dinero, originalmente asignado por la Legislatura para el Centro de Trauma de la ciudad y autorizó que se sometiera a la inversión.

Por estos hechos, tanto Rodríguez como la gerente de Finanzas del Municipio, Yahaira M. Valentín Andrades, enfrentan cargos en la jurisdicción local por malversación de fondos y negligencia en el cumplimiento del deber que les presentó el Fiscal Especial Independiente (FEI).

Se destaca que, aunque el caso federal tiene un señalamiento preliminar de juicio para septiembre próximo ante la jueza Aida Delgado Colón, en una vista de status reciente casi todos los demás acusados expresaron, a través de sus abogados, que estaban considerando ofertas para declararse culpables.

La excepción aparenta ser el exasesor legal del alcalde Rodríguez, Arnaldo Irizarry Irizarry, cuyo abogado dijo que tiene la intención de ir a juicio. La Fiscalía federal presentaría entre 20 a 25 testigos.

Aunque en el caso local contra el suspendido alcalde Rodríguez y Valentín Andrades, se alegó que recuperó una cantidad mayor al dinero malversado; de los $9 millones involucrados en el fraude, la Comisión de Intercambio y Valores (SEC en inglés) dijo que habían recuperado $4.8 millones.

Denuncian “toallazo” PPD en resolución de investigación sobre escándalo en Mayagüez

MAYAGÜEZ: El director político del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Pichy” Torres Zamora, denunció que la Cámara de Representantes no ha hecho nada en casi un año con la investigación de la crisis fiscal y administrativa en el Municipio de Mayagüez.

“En palabras sencillas, el Partido Popular Democrático le está tirando un toallazo al alcalde de Mayagüez. En abril de 2021, el Presidente de la Cámara anunció, ante la presión pública, que estaría investigando las acciones fiscales y administrativas de Mayagüez ante la revelación de serias irregularidades y posibles violaciones, sin embargo, vamos para el año de ese anuncio y todavía no se ha celebrado ni una sola vista pública sobre el asunto. Le quieren tirar la toalla”, dijo el representante novoprogresista.

La mayoría del PPD radicó en el mes de abril pasado la Resolución de la Cámara 346, que le ordena a la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos a realizar una investigación exhaustiva sobre la autorización, el funcionamiento y la operación de franquicias comerciales o empresas corporativas municipales con fines de lucro creadas en virtud de la Ley 107-2020 se incluye dentro del alcance de este mandato una evaluación del universo de transacciones financieras realizadas por los gobiernos municipales durante el término de 10 años, donde se hayan transferido, grabado o utilizado como garantía los activos municipales. La pesquisa, según dijo el propio presidente cameral, iniciaría por Mayagüez.

La medida, que fue aprobada el 8 de junio, no ha recibido ni una sola vista pública.

En julio de 2021, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), realizaron una serie de allanamientos en múltiples oficinas dentro de la Casa Alcaldía de Mayagüez, así como dos residencias propiedad del alcalde José Guillermo Rodríguez Rodríguez, relacionada con una investigación criminal sobre el manejo de fondos públicos en dicho ayuntamiento.

“Estoy convencido que, si fuera un alcalde del PNP, ya le hubiesen caído encima, como han hecho con cuanta cosa sucede en la rama ejecutiva. Pero como es un amigo del alma, un alcalde del partido popular, le tiran, no la toalla, esto es un sabanazo mayor”, añadió Torres Zamora.

Los agentes del NIE se llevaron 39 cajas de documentos, así como evidencia digital relacionados con un esquema fraudulento con la empresa municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI).

Actualmente, dos fiscales especiales independientes conducen una pesquisa criminal contra el incumbente municipal mayagüezano y su directora de Finanzas, esperándose que esta culmine en los próximos días. Al final de la pesquisa se determinará si se someten o no cargos criminales contra el alcalde Rodríguez y su subalterna, o si el FEI solicita una prórroga para continuar con la investigación.

Alcalde de Mayagüez asegura que referido al FEI “es el primer round”

MAYAGÜEZ: El alcalde José Guillermo Rodríguez, quien, junto a la directora de Finanzas del Municipio de Mayagüez, Yahaira M. Valentín Andrades, fue referido a un Fiscal Especial Independiente por las actuaciones de ambos en el desempeño de sus funciones en el Municipio y en la corporación Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), dijo esta noche que esperaba el referido del Departamento de Justicia.

“Le anticipé a mi familia y al caucus de la Legislatura Municipal, con los que me reuní hace varias semanas, de la gran posibilidad de esta determinación, que se hizo pública en el día de hoy”, indicó el alcalde Rodríguez en declaraciones escritas.

El secretario Domingo Emanuelli Hernández acogió la recomendación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, y envió hoy a la OPFEI un informe de 188 páginas sobre la investigación preliminar realizada en la agencia, que concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde, en concierto y común acuerdo con la gerente de Finanzas del municipio, llevaron a cabo acciones que podrían constituir incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.

En su comunicado, el alcalde Rodríguez intentó equiparar su caso con el de otros alcaldes y exalcaldes de la Isla, mencionando entre otros al difunto exalcalde de Humacao, Marcelo Trujillo Panisse; Joe Román (San Lorenzo), Luis Javier Hernández Ortiz (Villalba), Heriberto Vélez (Quebradillas) y Charlie Delgado (Isabela).

“Este es el primer “round” de un largo e injusto proceso que vamos a enfrentar, junto a la gerente de Finanzas, quien es una de las funcionarias de mayor honestidad e integridad que he conocido en mi vida pública”, enfatizó el alcalde mayagüezano.

El secretario Emanuelli Hernández, dijo que Rodríguez y Valentín Andrades se exponen a cargos por violaciones al artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, y también podrían enfrentar acusaciones por violar los artículos 262 y 264 del Código Penal de Puerto Rico del 2012.

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De la investigación surgió que, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez. Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.

Además, la investigación demuestra que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio. Esto, a su vez, ha provocado gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores. El uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrarios a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del Municipio.

El secretario de Justicia también acogió la recomendación de la DIPAC de referir para la consideración de la OPFEI la presentación de un informe preliminar a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD). Dicha unidad, adscrita a la OPFEI, tiene el deber de recomendar al Panel el curso de acción a seguir en torno a los procesos disciplinarios contra alcaldes y alcaldesas, lo que pudiera culminar en su suspensión o destitución, conforme al Artículo 14 de la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Como parte de la investigación, que contó con la colaboración de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, se solicitaron y expidieron órdenes de allanamiento a oficinas municipales, a una de las casas del alcalde también utilizada como oficina, cuentas bancarias, teléfonos celulares y cuentas de correo electrónico.

Las órdenes de allanamiento fueron diligenciadas por los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales junto a personal del Instituto de Ciencias Forenses. Además, se entrevistó y tomó declaración jurada a 30 testigos aproximadamente, y se examinaron cientos de documentos.

Los agentes del NIE también allanaron la casa del alcalde de Mayagüez

MAYAGÜEZ: Un total de 30 agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), participó del operativo en el que diligenciaron órdenes de allanamiento en varias dependencias de la Casa Alcaldía de la Sultana del Oeste y en la residencia del alcalde José Guillermo Rodríguez.

Tanto el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, y el comisionado del NIE, Rafael Freytes, adelantaron temprano que desde el viernes en la mañana se llevaba a cabo un operativo en distintas instalaciones del Municipio de Mayagüez.

Aunque originalmente se dijo que el allanamiento era en la Casa Alcaldía, posteriormente LA CALLE Digital confirmó a través de fuentes en el Departamento de Justicia, que se había expedido otra orden de allanamiento para la residencia del alcalde mayagüezano, y que al momento en que el portavoz de Prensa del NIE hablaba con los medios frente al edificio del Ayuntamiento, los agentes estaban en la casa del alcalde Rodríguez.

Estas órdenes de allanamiento se expidieron luego de que los agentes del NIE recopilaran evidencia para que un magistrado las autorizara, como resultado de la pesquisa contra el Municipio por un alegado esquema con la empresa municipal Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI).

“Agentes del NIE, fiscales del Departamento de Justicia, personal del DSP y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) están participando de este allanamiento para evaluar evidencia documental y digital que se ocupe”, indicó el secretario.

Freytes detalló que las órdenes de registro incluyen la oficina del alcalde José Guillermo Rodríguez Rodríguez, la oficina del vicealcalde, la Oficina de Finanzas y la Oficina de Informática y Telecomunicaciones.

“Estaremos el tiempo necesario hasta cumplir con el diligenciamiento de las órdenes del tribunal. Al momento, no podemos ofrecer más información por tratarse de una investigación en curso”, destacó Freytes, quien agradeció al personal del ICF por su colaboración en este caso.