OPFEI archiva por falta de pruebas querella contra el alcalde de Maricao

MARICAO: La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) archivó una querella contra el alcalde Wilfredo “Juny” Ruiz Feliciano, al no encontrar evidencia de violaciones criminales contra el incumbente municipal.

No obstante, hizo recomendaciones para que las oficinas de Ética Gubernamental y del Contralor Electoral verifiquen cualquier falta administrativa.

La querella presentada ante el Departamento de Justicia por un tal Pedro Vélez Valentín, quien alegaba que el alcalde había usado su vehículo oficial durante horas laborables, para supervisar labores proselitistas de propaganda política.

Justicia comenzó su proceso de investigación preliminar desde octubre pasado, a través de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de esa instrumentalidad gubernamental.

Concluida la investigación, el Departamento de Justicia remitió a la OPFEI, sin embargo, se recomendó no designar un Fiscal Especial independiente al alcalde Ruiz Feliciano.

Designan FEI a exalcalde de Moca por “politiquear” en página “oficial”

REDACCIÓN: El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) designó a las fiscales especiales independientes Ileana Agudo Calderón y Maricarmen Rodríguez Barea, para que investiguen a fondo un referido del Departamento de Justicia, en torno a posibles actuaciones ilegales del exalcalde de Moca, Ángel A. “Beto” Pérez Rodríguez.

La génesis del caso surge en un referido por parte del Contralor Electoral, Walter Vélez Martínez, con fecha del 29 de octubre de 2024, en contra del exalcalde Pérez Rodríguez.

Se alegó en una investigación administrativa realizada por la Oficina del Contralor Electoral, que, de dos confidencias que recibió, apuntaban a que “Pérez Rodríguez estaba utilizando la página oficial de tipo gubernamental, “Alcalde del Municipio de Moca” en la red social Facebook para generar contenido de índole político partidista, con alusión directa a su partido político y a su reelección como candidato”.

Como cuestión de hecho, Pérez Rodríguez fue derrotado en las elecciones de noviembre de 2024, cuando buscaba ser reelecto.

En el Informe de Investigación Preliminar realizado por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, se concluyó que basado en la prueba recopilada, el exalcalde Pérez Rodríguez incurrió en conducta ilegal por los delitos tipificados en los artículos 262 y 264 del Código Penal, Incumplimiento del Deber y Malversación de Fondos Públicos, respectivamente, así como, el Artículo 4.2 (b) de la Ley Núm. 1-20 12, conocida como, Ley Orgánica  de La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico y el Artículo 13.000 de la Ley Núm. 222-2011, conocida como, Try para La Fiscalización del Financiamiento de Campañas  Políticas en Puerto Rico.

Luego de un extenso análisis del contenido del informe y de la evidencia que lo acompaña, el Panel consideró que surge prueba tendente a demostrar que el exalcalde Pérez Rodríguez pudo haber incurrido en las violaciones de ley que se exponen en el mismo.

“Al analizar claramente este caso determinamos que lo que procede en Derecho es acoger Ia recomendación de la entonces secretaria de Justicia designada, Janet Parra Mercado. En consecuencia, designamos a la licenciada Ileana Agudo Calderón, como la FEI; y a la licenciada Maricarmen Rodríguez Barea, como fiscal delegada, para que realicen la investigación de este asunto”, señala el comunicado de la OPFEI.

OPFEI suspende sumariamente al Alcalde de Ponce

PONCE: la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), adscrita al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), suspendió esta tarde al alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, según trascendió esta tarde.

Irizarry Pabón fue fichado esta mañana en la sede del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, y reiteró en que no renunciará a su cargo, luego que la juez Adria Cruz, del Centro Judicial de Ponce, hallara causa probable para arresto en su contra en todos los cargos radicados por la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

A su salida de sala, Irizarry Pabón comentó que el caso en su contra se trata de una “componenda” política en su contra.

Una acción de la UPAD en estos casos, implica que se tomen las medidas cautelares necesarias para evitar que el alcalde suspendido pueda tener acceso a instalaciones municipales; así como intervenir en asuntos municipales, por sí mismo o por medio de terceros.

Como cuestión de hecho, la orden de suspensión del OPFEI despojaría al alcalde, entre otras cosas, de vehículos oficiales, celular, tarjetas de crédito, computadora y cualesquiera bienes pertenecientes al Municipio.

Igualmente, se puede disponer que se notifique al Panel de cualquier intento de persona alguna de violar lo dispuesto en esa resolución.

Asimismo, se puede ordenar que se le impida a Irizarry Pabón el acceso a la casa alcaldía o a instalaciones municipales.

Tampoco intervenir por sí, o por medio de terceros, con documentos o toma de decisiones en el Municipio.

Incumplir con las directrices emitidas por el Panel, podría conllevar sanciones ulteriores contra los funcionarios que las desatiendan.

Alcalde de Mayagüez dice que apelará su suspensión sumaria

MAYAGÜEZ: El alcalde José Guillermo Rodríguez expresó esta tarde que habrá de apelar lo antes posible la determinación de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) de suspenderlo de manera sumaria de su posición, por considerar que la misma ha sido “una totalmente injusta”.

“La determinación de la OPFEI, de suspenderme sumariamente de mis funciones como alcalde, la vamos a apelar de inmediato por considerarla una decisión injusta y tenemos el derecho de apelar la misma”, dijo el alcalde Rodríguez en declaraciones escritas.

En noviembre del 2021 el FEI, determinó asignar dos fiscales especiales independientes para investigar supuestas actuaciones en el desempeño de sus funciones en el municipio y en la Corporación de Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI).

“No se me han dado la oportunidad de presentar evidencia alguna”, añadió el ejecutivo municipal al destacar que la orden de sucesión deja al vicealcalde Jorge Ramos en el cargo, pero como este se encuentra fuera de Puerto Rico hasta este próximo fin de semana, quedará como alcalde interino el gerente de la División Legal del Municipio, Harold Ortiz.

“El pueblo de Mayagüez debe saber que a su alcalde no se le acusa por apropiación de fondos públicos, ni de corrupción, que no sea lo que en estos momentos se debate en el Tribunal Federal por las personas que han sido señaladas por el fraude de $9 millones de las arcas municipales”, alegó Rodríguez.

El alcalde refirió a la prensa a comunicarse con su abogado, el licenciado Harry Padilla, de tener preguntas adicionales.

Alcalde de Mayagüez asegura que referido al FEI “es el primer round”

MAYAGÜEZ: El alcalde José Guillermo Rodríguez, quien, junto a la directora de Finanzas del Municipio de Mayagüez, Yahaira M. Valentín Andrades, fue referido a un Fiscal Especial Independiente por las actuaciones de ambos en el desempeño de sus funciones en el Municipio y en la corporación Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), dijo esta noche que esperaba el referido del Departamento de Justicia.

“Le anticipé a mi familia y al caucus de la Legislatura Municipal, con los que me reuní hace varias semanas, de la gran posibilidad de esta determinación, que se hizo pública en el día de hoy”, indicó el alcalde Rodríguez en declaraciones escritas.

El secretario Domingo Emanuelli Hernández acogió la recomendación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, y envió hoy a la OPFEI un informe de 188 páginas sobre la investigación preliminar realizada en la agencia, que concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde, en concierto y común acuerdo con la gerente de Finanzas del municipio, llevaron a cabo acciones que podrían constituir incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.

En su comunicado, el alcalde Rodríguez intentó equiparar su caso con el de otros alcaldes y exalcaldes de la Isla, mencionando entre otros al difunto exalcalde de Humacao, Marcelo Trujillo Panisse; Joe Román (San Lorenzo), Luis Javier Hernández Ortiz (Villalba), Heriberto Vélez (Quebradillas) y Charlie Delgado (Isabela).

“Este es el primer “round” de un largo e injusto proceso que vamos a enfrentar, junto a la gerente de Finanzas, quien es una de las funcionarias de mayor honestidad e integridad que he conocido en mi vida pública”, enfatizó el alcalde mayagüezano.

El secretario Emanuelli Hernández, dijo que Rodríguez y Valentín Andrades se exponen a cargos por violaciones al artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, y también podrían enfrentar acusaciones por violar los artículos 262 y 264 del Código Penal de Puerto Rico del 2012.

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De la investigación surgió que, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez. Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.

Además, la investigación demuestra que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio. Esto, a su vez, ha provocado gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores. El uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrarios a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del Municipio.

El secretario de Justicia también acogió la recomendación de la DIPAC de referir para la consideración de la OPFEI la presentación de un informe preliminar a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD). Dicha unidad, adscrita a la OPFEI, tiene el deber de recomendar al Panel el curso de acción a seguir en torno a los procesos disciplinarios contra alcaldes y alcaldesas, lo que pudiera culminar en su suspensión o destitución, conforme al Artículo 14 de la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Como parte de la investigación, que contó con la colaboración de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, se solicitaron y expidieron órdenes de allanamiento a oficinas municipales, a una de las casas del alcalde también utilizada como oficina, cuentas bancarias, teléfonos celulares y cuentas de correo electrónico.

Las órdenes de allanamiento fueron diligenciadas por los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales junto a personal del Instituto de Ciencias Forenses. Además, se entrevistó y tomó declaración jurada a 30 testigos aproximadamente, y se examinaron cientos de documentos.