Justicia radica más de 200 cargos contra Laboratorio Ortopédico y Protésico de Mayagüez y sus dueños por fraude millonario al Medicaid

MAYAGÜEZ: El secretario de Justicia Domingo Emanuelli Hernández; y el director ejecutivo de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU), adscrita al Departamento de Justicia (DJ), Luis Freire Borges; informaron que hoy martes se radicaron cargos contra el Laboratorio Ortopédico y Protésico de Mayagüez y sus propietarios, Sixto Agostini Colón y Ruth Pérez Laracuente por supuesto fraude al programa Medicaid.

Según Emanuelli Hernández, la Unidad de Integridad de Medicaid del Departamento de Salud de Puerto Rico realizó un referido al MFCU, relacionado con reclamaciones fraudulentas presentadas por el Laboratorio Ortopédico y Protésico a los planes médicos.

El secretario de Justicia explicó que Agostini Colón y Pérez Laracuente son propietarios del Laboratorio Ortopédico y Protésico de Puerto Rico, que lleva operando por más de 30 años, en la fabricación de prótesis, en Mayagüez. 

Se alega que, entre enero de 2018 y abril de 2021, el Laboratorio Ortopédico y Protésico supuestamente sometió reclamaciones fraudulentas a los planes médicos Molina Healthcare y Plan de Salud Menonita por la cantidad de $1,219,841.44.

El secretario Emanuelli Hernández señaló que, como parte del esquema, Agostini Colón y Pérez Laracuente se apropiaban ilegalmente de las identidades de protesistas para poder facturar y cobrar ante los planes médicos. Con este esquema, le daban cierta legitimidad al proceso de fabricación y entrega de prótesis.

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Por su parte, el director ejecutivo de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Justicia indicó que a Agostini Colón y a Pérez Laracuente, se les radicaron dos cargos por el Artículo 182 del Código Penal (Apropiación Ilegal de Fondos Públicos); seis cargos por el Artículo 209 (Apropiación Ilegal de Identidad); seis cargos por el Artículo 217 (Posesión y traspaso de documentos falsos); 12 cargos por el Artículo 202 (Fraude); y 45 cargos por el Artículo 3.07 de la Ley 154 de 2018 (Fraude al Programa Medicaid).

A la corporación Laboratorio Ortopédico y Protésico de Puerto Rico se le sometieron dos cargos por Apropiación Ilegal de Fondos Públicos, 45 cargos por Fraude al Medicaid, y 12 cargos por Fraude.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Brenda Rosado Aponte, junto a la agente Rosalía Berenguer Zurita, del MFCU; y el agente especial Fernando Vázquez Barreto, de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud de los Estados Unidos.

La juez Alfrida Tomey Imbert del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de San Juan, encontró causa por todos los delitos imputados contra Agostini Colón, Pérez Laracuente y al Laboratorio Ortopédico y Protésico de Puerto Rico, imponiendo fianzas individuales de $350 mil.

La vista preliminar fue señalada para el 21 de junio de 2021.

La Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico recibe el 90 por ciento de su financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Lo anterior, en virtud de una subvención que totaliza $1,228,468 para el año fiscal 2020-2021, el restante 10 por ciento, o $136,493, es financiado por el Gobierno de Puerto Rico.

Acusan por explotación financiera a dueño de hogar de ancianos en Isabela y a empleados del Departamento de la Familia en Aguadilla

AGUADILLA: El Departamento de Justicia radicó cargos contra dos funcionarios del Departamento de la Familia y el administrador de una institución de cuidado de larga duración por explotación financiera de personas de edad avanzada y fraude, entre otros.

Según Luis Freire Borges, director ejecutivo de la Unidad de Control de Fraude al Medicare (MFCU, por sus siglas en ingles), la investigación surge como producto de un referido del Departamento de la Familia a la MFCU. De esta, se desprende un patrón de explotación financiera y maltrato institucional contra una persona de edad avanzada en un establecimiento de cuidado de larga duración.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, explicó que los eventos ocurrieron entre octubre de 2015 al 26 de junio de 2019, mientras Johnny Pitre Acevedo era operador y/o administrador del Hogar Mi Pequeño Paraíso de Isabela.

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Se alega que este manejó ilegalmente los beneficios de Seguro Social de la víctima, de edad avanzada, durante treinta y nueve meses.  Como consecuencia, logró apropiarse de $87,112, producto de los beneficios federales destinados a la septuagenaria, a través de la Corporación Mi Pequeño Paraíso.

Emanuelli agregó que Nereida Rivera Feliciano, supervisora local de Isabela y Ernesto Tavárez Ramos, director regional Aguadilla, ambos funcionarios del Departamento de la Familia para entonces, obviaron los procesos, reglamentos y órdenes de la agencia. Como producto de ello, beneficiaron Pitre Acevedo.

La jefa de los fiscales, Melissa Vázquez Sandoval indicó que, a Pitre Acevedo se le radicaron cargos por explotación financiera de personas de edad avanzada, negligencia en el cuidado de personas de edad avanzada e incapacitados, posesión y traspaso de documentos falsos, intervención indebida, fraude y archivo de documentos falsos.

En cuanto a los funcionarios del Departamento de la Familia, la jefa de los Fiscales señaló que Tavárez Ramos enfrenta cargos por intervención; y Rivera Feliciano por falsificación de documentos, perjurio, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos, intervención indebida y fraude. La investigación estuvo a cargo de las fiscales Janice Maymí Camacho y Brenda Rosado Aponte, junto a los agentes Gricel García Gregory, del MFCU; y el agente Aneudi Mercado Cortés, de la División de Propiedad de la Policía de Aguadilla.

En manos del Secretario de Justicia referido para investigar presuntas declaraciones juradas falsas en contienda electoral por la alcaldía de Aguadilla

AGUADILLA: El secretario de Justicia Domingo Emanuelli tiene ante su consideración el referido para investigar a las personas que en declaraciones juradas dijeron que habían visto más de 50 papeletas municipales mixtas votadas, según ellos en contra de la ley, durante el recuento de la papeleta municipal en Aguadilla.

Estas declaraciones fueron la base para que el Tribunal Apelativo ordenara el recuento manual de la elección para el cargo de alcalde de esta ciudad del Noroeste, según lo informó el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz Maldonado.

“El secretario Emanuelli tiene en sus manos la misiva cursada por este servidor en la cual se le solicita se investigue lo ocurrido en Aguadilla.  Debemos recordar que al menos cuatro personas en declaraciones juradas expresaron haber visto alrededor de 50 papeletas municipales votadas mixtas, lo cual provocó que el Tribunal Apelativo acogiera el recurso sometido por la excandidata del PNP a la alcaldía, Yanitzia Irizarry. Entre las personas que presentaron las declaraciones se encuentra la propia candidata quien es abogada y conoce la consecuencia de mentir bajo juramento e inducir a error a un Tribunal”, informó Cruz.

El pasado 27 de febrero, el personal de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por orden del Tribunal Apelativo, llevó a cabo un recuento manual del Precinto 35, para validar la existencia de las presuntas papeletas municipales votadas mixtas. 

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Como cuestión de hecho, desde el 9 de diciembre cuando el actual alcalde Julio Roldán fue certificado como alcalde electo, el personal de la Oficina del Comisionado Electoral del PPD, insistió en que este tipo de voto era poco común, particularmente en la papeleta municipal y que, en el caso específico de Aguadilla, se carecía de información en las Actas de Incidencias de que hubiese la cantidad de papeletas que alegaba que existía la exalcaldesa y otros funcionarios electorales del PNP.

Estos posteriormente sometieron las declaraciones juradas lo que provocó el recuento manual.

“La candidata del PNP y sus funcionarios electorales mintieron y engañaron al Tribunal. Esta acción no puede quedar impune. Por esto el llamado al designado secretario de Justicia para que investigue lo ocurrido y haga valer el peso de la ley. Permitir este tipo de conducta, sin que tenga consecuencias, abre una puerta peligrosa para futuras contiendas cerradas”, finalizó Cruz. 

El resultado del recuento revalidó la victoria del alcalde popular.  En diciembre, el alcalde Roldán fue certificado por 40 votos de ventaja.  Preliminarmente el incumbente municipal podrá ser certificado por sobre 50 votos de ventaja, según se supo.

Alcalde de Aguadilla solicita investigación del Departamento de Justicia por perjurio contra los que promovieron los recuentos

AGUADILLA: El alcalde Julio Roldán le solicitó el lunes al designado secretario de Justicia Domingo Emanuelli que comience una investigación criminal por perjurio contra los implicados en presuntamente prestar falso juramento; luego de que los querellados afirmaron que existían 50 papeletas ilegalmente votadas con votos mixtos.

En un comunicado de prensa se informó que los señalados en la querella realizada por el alcalde Roldán son la exalcaldesa Yanitsia Irizarry, Edwin Mundo, Jessica Colón, Nanette Laguer, José Luis Castro y Saira Rosa.

Estos últimos cuatro fueron los funcionarios que la exalcaldesa aseguró vieron las 50 papeletas municipales mixtas, que en el recuento celebrado el pasado sábado, 27 de febrero, se demostró que no existían.

“El pasado sábado, se demostró que la demanda de la exalcaldesa se basó en declaraciones juradas estereotipadas, sin base ni fundamento en las actas de votación.  Los querellados fueron exitosos en inducir a error al Tribunal de Apelaciones lo que provocó que se malgastaran recursos públicos en la Rama Judicial y en la Comisión Estatal de Elecciones”, explicó Roldán en su carta.

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“Tanto Jessica Colón, Nanette Laguer, José Luis Castro y Saira Rosa realizaron cuatro declaraciones juradas que decían exactamente lo mismo; que existían más de 50 papeletas erróneamente adjudicadas por la máquina las cuales estaban en violación de la Ley Electoral. Estas vagas y falsas declaraciones fueron evidencia suficiente para que el Tribunal de Apelaciones solicitara un recuento manual.  Sin duda alguna, el haber hecho a consciencia falsas declaraciones es un acto criminal que no dejaremos pasar y los implicados deberán enfrentarse a las consecuencias por sus improcedentes actos”, añadió el incumbente municipal aguadillano.

Aparte de los señalamientos en contra de los cuatro funcionarios, en su carta Roldan solicita que se investigue si la licenciada Irizarry Méndez “incurrió en faltas éticas como abogada licenciada, ya que los cánones de ética que rigen la profesión prohíben que los abogados abusen y malgasten los limitados fondos de la Rama Judicial.  Sin duda alguna su participación en una farsa que constituyó un peligroso precedente en la historia electoral de Puerto Rico, siendo ella una abogada, debe ser investigada y llegar a sus últimas consecuencias, ya que son acciones repudiables con consecuencias serias”, indicó.

Roldan finalizó diciendo que la querella incluye además al asesor electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo, por plasmar de igual manera una declaración jurada asegurando que “todo lo declarado es la verdad y nada más que la verdad”.

Arrestan 5 individuos en operativo realizado en el residencial Sábalos de Mayagüez

MAYAGÜEZ: 25 cargos por tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas fueron sometidos contra cinco individuos, con fianzas ascendentes a $2 millones 650 mil, según lo confirmó el miércoles el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

Este es el resultado de un operativo realizado en la madrugada de hoy, Día de Reyes, en el residencial Sábalos de la Sultana del Oeste, en el que los agentes lograron el arresto de todos los imputados.

En el operativo participaron efectivos de la Policía del Área de Mayagüez y de la agencia federal de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés)

La investigación estuvo a cargo del agente José L. (Paché) Acevedo Olivencia, de la División de Homicidios de Mayagüez, y de la Fiscalía de Mayagüez, que dirige la fiscal Blanca Portela.

Según el narrativo del Departamento de Justicia, los hechos ocurrieron el 30 de diciembre de 2020 en el residencial Sábalos.

De la investigación se desprende que el perjudicado Christian de Jesús García Rivera, de 29 años, fue sorprendido por Jefred Irizarry Ortiz, de 30, quien lo atacó en la cabeza cayendo ambos al suelo. El perjudicado trató de defenderse y acto seguido, Irizarry Ortiz abandonó la escena.

Horas más tarde, mientras el perjudicado se encontraba en su apartamento en el residencial Sábalos, llegaron Hustine D. Irizarry Ortiz, de 27 años; Jeremy Ramos Acosta, de 19; Carlos A. García Bonet, de 45; y Ovidio Ortiz Cruz, de 44 años; portando armas largas.

Los sujetos le apuntaron a García Rivera e hicieron varios disparos al aire.

El imputado Jefred Irizarry Ortíz está pendiente de un juicio por asesinato y violación a la Ley de Armas; y se encuentra actualmente en la libre comunidad por luego de que excarcelaran con un recurso de Habeas Corpus.

Por otro lado, el imputado Hustine D. Irizarry Ortiz está libre bajo fianza y está pendiente de juicio en un caso de violencia doméstica y violación a la Ley de Armas.

En cuanto a los casos radicados, los mismos se desglosan como sigue:

A Jefred Irizarry Ortiz le radicaron en ausencia un cargo por Artículo 93 (Tentativa de Asesinato); un cargo por el Artículo 177 (Amenaza); un cargo por violación al Artículo 6.05 de la Ley de Armas (Portación, Transportación o Uso de Armas de Fuego sin Licencia), un cargo por el Artículo 6.14 (Disparar o Apuntar Armas de Fuego; y un cargo por el Artículo 6.22 (Fabricación, Distribución, Posesión y Uso de Municiones; Importación de Municiones).

Mientras que a Hustine D. Irizarry Ortiz, Jeremy Ramos Agosta, Carlos A. García Bonet y Ovidio Ortiz Cruz les radicaron a cada uno en ausencia tres cargos por violación al Artículo 6.09 (Portación, Posesión o Uso Ilegal de Armas Largas Semiautomáticas, Automáticas o Escopeta de Cañón Cortado); un cargo por violación al Artículo 6.14; y un cargo por el Artículo 6.22 de la Ley de Armas.