Fantasmas pululaban por la Alcaldía de Yauco bajo incumbencia del exalcalde Abel Nazario según informe del Contralor

YAUCO: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre las operaciones relacionadas con la administración del personal del Municipio de Yauco, bajo la incumbencia del exalcalde novoprogresista Abel Nazario Quiñones. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que estas operaciones no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

En un comunicado de prensa se indicó que el informe revela múltiples irregularidades con la compensación a empleados del Municipio. Por ejemplo, del examen realizado a siete de los 35 nombramientos irregulares realizados en el 2014 y 2015, se encontró que tres mantenían jornadas de trabajo simultáneas con el Departamento de Educación, el Municipio de Adjuntas y una empresa privada. Estos empleados devengaron $3,269 en salarios indebidos. Las hojas de asistencia de estos tres empleados fueron certificados por la vicealcaldesa, la supervisora de Child Care, y un ayudante del entonces alcalde Nazario.

Empleados fantasmas en Yauco

La auditoría de un hallazgo señala también que los siete empleados no tenían tareas específicas, desconocían sus horarios y ninguno había trabajado en el Departamento de Propiedad. Los auditores de la Contraloría detectaron que, a uno de los empleados, también legislador municipal de Ciales, sólo lo vieron en dos o tres ocasiones y los días de cobro.  Además, a otro empleado de Juana Díaz, nunca lo habían visto en el Municipio, pero tenía sus hojas de asistencia firmadas por la vicealcaldesa y un ayudante del alcalde.

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Varios funcionarios de Recursos Humanos declararon que en ocasiones prepararon nóminas mediante un proceso distinto al regular, por instrucciones del ayudante del alcalde.  Además, admitieron que realizaron ajustes en la nómina preliminar de algunos por no tener evidencia de su asistencia; sin embargo, en la nómina final cobraban todas las horas.

Los auditores de la Contraloría examinaron las tarjetas de asistencia de dos empleados en dos fechas distintas y detectaron que las tarjetas no eran las mismas. Las entregadas en la segunda fecha, reflejaron horarios conflictivos, más días y horas de trabajo, y ponchadas en la máquina de asistencia. Además, no se encontró para examen, las tarjetas de asistencia que justificaran los $38,111 en nómina, ni los nombramientos de cuatro empleados a quienes se les realizaron pagos por $5,533.

Estas situaciones, referidas al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) el 15 de octubre de 2018, se atribuyen a que el ayudante del alcalde, la vicealcaldesa, la supervisora de Child Care y los siete empleados, incurrieron en prácticas ilegales con la intención de defraudar el erario.

La auditoría comenta otros procesos judiciales contra el exalcalde que son significativas para la operación del Municipio de Yauco. El exalcalde fue encontrado culpable el 22 de marzo de 2020 por fraude contra el Gobierno de los Estados Unidos. Además, el 6 de noviembre de 2019, la fiscalía federal en Puerto Rico, radicó cargos contra el exalcalde de Yauco, su exayudante, la exdirectora de Recursos Humanos y cinco exempleados por robo o fraude relacionado con programas que reciben fondos federales.

La auditoría recomienda a la secretaria de Justicia y al director de la Oficina de Ética Gubernamental, tomar las acciones que consideren, con respecto al hallazgo.  Además, le recomienda a la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, velar que Yauco cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Contraloría de Puerto Rico.

Este tercer y último informe de Yauco, cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015, y está disponible en http://www.ocpr.gov.pr.

Oficina del Contralor rediseña portal de Internet para radicar querellas sobre actos de corrupción

SAN JUAN: La Oficina del Contralor de Puerto Rico dio a conocer el lunes el rediseño de su página de radicación de querellas en el Internet, “haciéndola más llamativa y mejor organizada”.

Se indicó que, entre los cambios en el contenido, en lugar de que el formulario se llame “enlace”, ahora se accede por el título “Queréllese”, y se incluyen ejemplos de algunas situaciones que aplican para querellarse.

También incluyen querellas (Tríptico); las leyes que protegen los derechos de las personas que denuncian actos de corrupción; otros folletos informativos y tres videos relacionados.

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Alcalde de Cabo Rojo reacciona a informe de la Contraloría

Roberto Ramírez Kurtz, Alcalde de Cabo Rojo (Foto/LA CALLE Digital).

CABO ROJO: El alcalde Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz reaccionó al más reciente informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, que establece que “las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder revelaron que las operaciones del Municipio de Cabo Rojo, objeto de este Informe, se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables;” excepto por seis hallazgos que se incluyen en el mismo.

Ramírez Kurtz indicó en un comunicado de prensa que su administración “ha comenzado a implantar las medidas correctivas de los hallazgos, en cumplimiento con las recomendaciones recibidas de parte de la Oficina del Contralor”.

El incumbente municipal reiteró que desde que asumió la dirección del Gobierno Municipal, ha establecido prácticas de sana administración pública cónsonas con las leyes y reglamentos aplicables.

La Oficina del Contralor exhortó a los funcionarios y empleados del Municipio de Cabo Rojo, “a velar por el cumplimiento de la ley y la reglamentación aplicables, y a promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del Gobierno en beneficio de nuestro pueblo”.

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Contraloría “le cae arriba” al Municipio de Aguada y revela deficiencias de controles internos y la falta de fiscalización de Auditoría Interna (Enlace al documento)

AGUADA: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Aguada, revelando deficiencias en las transferencias de crédito entre partidas presupuestarias. Por ejemplo, algunas de las transferencias de créditos se realizaron sin la debida certificación de sobrantes que debe emitir el director de Finanzas.

El informe M-19-19 indica además que las secretarias de la Legislatura Municipal, contrario a la reglamentación, no remitieron copia de las órdenes ejecutivas y resoluciones, a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) en 131 transferencias de crédito de un total de 349 para el periodo auditado.

Otras copias se enviaron a la OCAM hasta nueve meses más tarde de la fecha establecida.

La auditoría de cuatro hallazgos señala que contrario al reglamento para la Administración Municipal, de enero de 2014 a diciembre de 2016, bajo la incumbencia del exalcalde popular Jessie Cortés, no se preparó el Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos. Tampoco el Municipio llevaba de forma correcta el registro y los expedientes de inversiones ya que no incluía los intereses mensuales acreditados ni el aumento en la inversión, y carecía de los documentos de apertura cancelación e intereses capitalizados.

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Los auditores de la Oficina de la Contralora identificaron que la Unidad de Auditoría Interna de Aguada no realizaba auditorías periódicas de materialidad y riesgo sobre las recaudaciones, desembolsos, nóminas, propiedad y funcionamiento del sistema uniforme de contabilidad mecanizado. Esta situación impide mantener una fiscalización continua y eficaz de las finanzas y operaciones del Municipio.

El informe comenta que el Municipio formalizó un contrato y tres enmiendas con la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) para participar de los fondos del programa federal del Child Care and Development Fund del 2012 al 2013 por $210,147.

La ACUDEN cuestionó en febrero de 2017, el uso de $57,539, por qué no se incluyó la información de los nombres de los proveedores con pagos pendientes, se efectuaron pagos con posterioridad al tiempo establecido y el Municipio no devolvió el sobrante de fondos.

Otro comentario de la auditoría indica que la OCAM cuestionó el uso de $6,284 para rehabilitación de viviendas cuyo participante no cumplió con los requisitos del programa.

El informe que cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2017, está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Otro “ganso” que pillaron… Contraloría refiere a Justicia contratista de San Sebastián por falsificar documentos

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Fotos del aspecto del Centro de Bellas Artes de San Sebastián publicadas en un Informe de Contraloría del 2017.

SAN SEBASTIÁN: A pesar de que la Contraloría de Puerto Rico emitió una “opinión favorable” sobre las órdenes de cambio relacionadas con el proyecto de rehabilitación del Centro de Bellas Artes de San Sebastián, señaló haber referido al Departamento de Justicia a un contratista que presuntamente falsificó documentos relacionados con esta obra.

En un comunicado de prensa se indicó que los auditores identificaron que el contratista a quien se le adjudicó la subasta por $805,000, y se le aprobaron ocho órdenes de cambio por $206,420 para la rehabilitación del Centro de Bellas Artes, falsificó la carta de aceptación del Municipio de San Sebastián sobre la culminación del proyecto y su costo final de $1,011,420.

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Según la Oficina de la Contralora, esta carta es parte del proceso que realiza el contratista para cobrar el 10 por ciento que el Municipio retiene al principio del proyecto. El contratista no le entregó a la aseguradora la carta de aceptación que elaboró el Municipio, sino otra que no incluyó el costo final del proyecto.

Se alega que el contratista presentó al Municipio un endoso de cambio de fianza por $206,420 falsificado con el sello de la compañía aseguradora.

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El contratista no podía facturar ni cobrar el 10 por ciento retenido de los pagos debido a que no había pagado el aumento de las primas de la fianza a la compañía aseguradora.

Esta situación se refirió a la Secretaria de Justicia el 29 de enero de 2018 para la acción correspondiente.

El informe M-18-36 cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

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Contralor señala pago de demanda por discrimen político y vehículos municipales abandonados en Las Marías

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LAS MARÍAS: Una opinión parcialmente adversa sobre las operaciones fiscales del Municipio de Las Marías, fue emitida por la Contraloría de Puerto Rico, relacionadas con la compra de bienes, la adquisición de servicios, la construcción de obras y mejoras permanentes y el pago de una demanda por discrimen político, entre otras.

El informe M-18-14 revela que contrario a la Constitución de Puerto Rico y la Ley de Municipios Autónomos, el exalcalde José Javier Rodríguez López (PPD) pagó una demanda por discrimen político a un empleado municipal, por la cantidad $70 mil.

“El utilizar criterios políticos en la toma de decisiones causó que Las Marías no recibiera ningún beneficio por dicho desembolso”, reza el comunicado.

El informe cubre desde el 1 de julio de 2013 al 8 de enero de 2017.

La auditoría de siete hallazgos señala que el Municipio no obtuvo las cotizaciones de al menos tres proveedores para la construcción e instalación de siete hitos, tampoco obtuvo el endoso del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para cinco de ellos; ni consiguió el permiso de construcción para dos proyectos. “Estas situaciones son contrarias al Reglamento para la Administración Municipal e impidió que el Municipio tuviese alternativas para seleccionar las mejores ofertas, entre otras”, añade.

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“Nuestros auditores identificaron que de julio de 2015 a diciembre de 2016, el Municipio no había preparado las conciliaciones bancarias, y las conciliaciones a junio de 2015 reflejaban diferencias de hasta $564,899 sin ser corregidas por los directores de Finanzas. Además, el Municipio otorgó contratos por $603,617 sin obligar los créditos presupuestarios y mantenía fondos por $44,802 en siete cuentas bancarias que a diciembre de 2016 permanecían inactivas. Situaciones similares se habían comentado en el Informe de Auditoría M-15-23”, se reveló.

Mientras tanto, del 2013 al 2015 no se realizaron los inventarios anuales físicos de la propiedad y unos 16 vehículos inservibles permanecían abandonados y cubiertos de vegetación sin realizar los procedimientos para su disposición.

El Informe comenta que en junio de 2015 el exalcalde Rodríguez pagó una multa por $4 mil a la Oficina de Ética Gubernamental, tras aceptar que intervino en el nombramiento de dos parientes, y al 31 de diciembre de 2016 no había recobrado $66,292 correspondientes a los informes M-13-03 y M-15-23.

Además, el Municipio tiene una demanda civil de $5.5 millones pendiente de resolución por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico.

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Comprometido el presupuesto de Yauco… Contralora señala déficits e irregularidades bajo incumbencia de Abel Nazario

Infograma sobre la situación presupuestaria de Yauco (Suministrada/Oficina del Contralor).

Infograma sobre la situación presupuestaria de Yauco (Suministrado/Oficina del Contralor).

YAUCO: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión que catalogó como “parcialmente adversa” sobre las operaciones fiscales relacionadas con la administración del presupuesto, los desembolsos, la construcción de obras y mejoras permanentes, las recaudaciones, y algunos controles y procedimientos del Municipio de Yauco.

En un comunicado de prensa se indica que el informe M-17-41 revela que Yauco tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional de $4.5 millones para el año fiscal 2014 (32 por ciento del presupuesto) y $5.7 millones para el 2015 (42 por ciento del presupuesto).

Además, el banco depositario de los fondos del Municipio efectuó cargos por $116,104 debido a cheques pagados con fondos insuficientes, financiamiento de sobregiros, cheques devueltos y otros. El informe recordó que “operar con déficit reduce los recursos disponibles y los cargos por sobregiros e insuficiencia en las cuentas bancarias, reducen también los recursos económicos para dar servicios a la comunidad”.

Infograma sobre irregularidades detectadas (Suministrado/Oficina del Contralor).

Infograma sobre irregularidades detectadas. Haga “click” sobre la imagen (Suministrado/Oficina del Contralor).

La auditoría de nueve hallazgos señala que se fraccionó el costo de la rehabilitación del antiguo Centro de Diagnóstico y Tratamiento en dos contratos por $100 mil y $133 mil, al mismo contratista para evitar la subasta pública requerida para obras que exceden los $200 mil.

Además, el entonces alcalde y hoy senador Abel Nazario formalizó cinco contratos por $406,940 para cinco obras de construcción sin obtener al menos las cotizaciones de tres proveedores como dispone la Ley 81-1991, Ley de Municipios Autónomos. “Estas situaciones impiden la libre competencia entre licitadores y que el Municipio tenga alternativas para seleccionar las mejores ofertas”, reza el informe.

Aparte de eso, el Municipio realizó dos proyectos de construcción de puentes, uno sobre el Río Loco, y el otro en el sector Albarrán, sin obtener los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos.

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“También, contrario a la Ley 81-1991, la directora de Finanzas de Yauco, no obligó los créditos sino hasta 435 días posteriores al otorgamiento de tres contratos y dos enmiendas de mejoras permanentes por $2.4 millones”, señala en informe de los auditores de la contralora Yesmín Valdivieso.

Por otro lado, los auditores identificaron que el Municipio realizó pagos sin facturas, no se mantenía un inventario perpetuo de los materiales en los almacenes ni de los cheque en blanco.

“Además, la Comisión de Asuntos de Auditoría de la Legislatura no cumplió con su función fiscalizadora ya que a abril de 2015, no había evaluado siete informes de auditoría interna, dos monitorías de programas federales, y dos informes de los estados financieros auditados emitidos por auditores externos del Municipio”, señala.

El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Revienta lío con el Natatorio del Colegio de Mayagüez (Documentos)

Parte de las facilidades del Natatorio del RUM (Archivo).

Parte de las facilidades del Natatorio del RUM (Archivo).

MAYAGÜEZ: Desde marzo de 2014, LA CALLE Digital tuvo conocimiento y publicó la escandalosa situación que rodeaba la operación del Natatorio del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM), mientras estuvo bajo la dirección de un exaspirante a la rectoría de la institución, lo que llegó ante la consideración de la contralora Yesmín Valdivieso.

En estos días, el asunto se ha convertido en tema de conversación dentro del campus mayagüezano.

Documentos relacionados con el asunto obran en poder de LA CALLE Digital y al final de esta nota se provee el enlace para acceder a los mismos.

Según una carta enviada por el licenciado Luis Santini Gaudier, se le cuestionó al doctor Efrank Mendoza Martínez, el proceso de contratación de la compañía que le daría mantenimiento a las facilidades, que fueron utilizadas durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mayagüez 2010.

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El doctor Mendoza Martínez está adscrito al Departamento de Educación Física del RUM y para el 2014 aspiró a la rectoría del RUM. Para la fecha de la misiva del licenciado Santini Gaudier, Mendoza fungía como ayudante del Rector para Asuntos Deportivos y director del Complejo del Natatorio, Tenis y Racketball.

Se alega en la carta que para el 27 de octubre de 2011, se le adjudicó la subasta 230002801 a la empresa propiedad de Lourdes Marrero, que fue la licitadora más baja en el proceso, cotizando los servicios por $56,700, mientras que los otros postores, Jireh Pool Center y CSCG, lo hicieron por $125,624.42 y $84,110.04, respectivamente.

No obstante, a pesar de que en una extensión de tres meses se le solicitó a Marrero que bajara sus honorarios a $50,000, ésta para mantener el contrato, accedió a la rebaja.

Sin embargo, al finalizar la última extensión de su contrato, la empresaria advino a conocimiento de que el servicio de mantenimiento del Natatorio se le encomendó a otra empresa, con sede en Aguada, sin que mediara subasta.

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“Se desconoce la razón o motivo por la cual no se celebró subasta relacionado a la prestación de este servicio y nos extraña la razón por la cual se estaría solicitando cotizaciones por cinco (5) meses de servicio; solamente.

Confiamos en que la no celebración de subasta y la contratación por solo cinco (5) meses no obedezca a un esquema para obviar el proceso formal de subasta que es el proceso más prístino en la contratación gubernamental”, lee textualmente parte de la comunicación del licenciado Santini Gaudier al doctor Mendoza.

Copia de la carta fue enviada a la contralora Yesmín Valdivieso, quien contestó que refirió el contenido de la misma a la División de Auditorías de Corporaciones Públicas.

De uno de los documentos en poder de LA CALLE Digital, surgió que el doctor Mendoza Martínez hizo gestiones por escrito el 18 de febrero de 2011, previo a la subasta del 27 de octubre, para que se efectuara el pago por los servicios prestados a la compañía CSCG, Inc., que había dado el mantenimiento  las piscinas del Natatorio del RUM, entre el 8 de diciembre de 2010 al 8 de febrero de 2011.

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“Certifico que la compañía CSCG, Inc., representada por el Sr. Víctor García, de Pucho’s Pool Service, finalizó el contrato de mantenimiento de la piscina olímpica, piscina para clavados, piscina para calentamientos y “spa” de aclimatación, trabajos pertinentes a la orden de compra 4300112092, del 6 de diciembre de 2010. Los servicios prestados comenzaron el 8 de diciembre de 2010 al 8 de febrero de 2011. Agradeceré el trámite correspondiente para que se efectúe el pago por dichos servicios”, indica un memorándum sobre “Certificación de Servicios Completados”, enviado por el doctor Mendoza a José E. Avilés, director de Finanzas del RUM.

Surge de los documentos que la empresa aguadeña cobró por dos meses de servicios de limpieza, un total de $34,980, sin que mediara subasta.

Las compañías a nombre de la familia García fueron mencionadas por la prensa del País en marzo de 2010, cuando trascendió que mientras una de las corporaciones tenía el proyecto de construcción de la “Plaza del Mercado” de Aguadilla, otra de las empresas de esa familia construía una piscina en la residencia del alcalde de esa municipalidad, Carlos Méndez Martínez.

A la empresa de García, CSCG, se le otorgó el contrato de servicios a las piscinas del Natatorio mayagüezano el 31 de enero del 2013, cuando la extensión del contrato de Marrero vencía el 1 de febrero, sacando de carrera a la empresa de Marrero, el día antes del vencimiento de su contrato.

Lourdes Marrero, según se supo, estuvo a cargo de la remodelación de las piscinas de clavado y nado del Recinto de Río Piedras de la UPR.

El 17 de marzo de 2013, LA CALLE Digital buscó la reacción del doctor Mendoza Martínez, dejando un mensaje en su oficina, y al mismo tiempo se solicitó la asistencia de la Oficina de Prensa de la institución. La respuesta del funcionario no se produjo entonces.

Enlace a los documentos:

https://www.dropbox.com/s/z3f4b11bbd8aqaq/03-19-14%20Documentos%20Dr%20Efrank%20Mendoza%20Martinez.pdf?dl=0

Causa para juicio contra aspirante PNP a alcalde de Lajas

Foto del perfil de la red social Facebook de Jonathan Ruiz Irizarry (Tomada de Internet).

Foto del perfil de la red social Facebook de Jonathan Ruiz Irizarry (Tomada de Internet).

MAYAGÜEZ: Jonathan Ruiz Irizarry, quien fungiera como ayudante especial del exalcalde de Lajas, Leovigildo “Leo” Cotte, para el 2011; y que aspiraba a la candidatura a la alcaldía de ese municipio por el Partido Nuevo Progresista (PNP) para el 2016, enfrentarán un proceso luego de que una juez de la Sultana del Oeste hallara causa para juicio en la vista preliminar por ocho cargos graves por negociar unos contratos de forma ilegal y utilizar su posición para adelantar el pago de los contratos que le otorgó el municipio a éste.

En un comunicado de prensa del Departamento de Justicia se informó que según se desprende de una auditoría referida por la Oficina de la Contralor de Puerto Rico a la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor de esa agencia, Ruiz Irizarry creó la compañía DJ Universal Contractors Corp. con el propósito de hacer negocios con el Municipio.

La empresa fue creada mientras se desempeñaba como funcionario público.

Ruiz Irizarry, quien también fue director de Arte y Cultura, y Secretario Municipal, consiguió que durante el período comprendido entre agosto de 2011 y diciembre de 2012, el Municipio de Lajas le otorgara seis contratos a la entidad creada. Esos contratos totalizaron la suma de $563,800.

Fue mientras Ruiz Irizarry fungía como Secretario Municipal que gestionó el pago del dinero adeudado a su empresa y pudo obtener beneficios.

Por ese esquema, la juez Ivelisse Zapata Torres encontró causa para juicio en un cargo por infringir la Ley   de Ética Gubernamental y siete cargos por negociación incompatible con el ejercicio del cargo público.

La vista de lectura de acusación fue pautada para el próximo 18 de diciembre y el juicio fue señalado para el 27 de enero de 2016.

El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Gabriel R. Reyes Vázquez, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor; en unión al agente Juan Pastrana Negrón, del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

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Líder del PIP en Maricao tilda de “tímida, insuficiente e irresponsable” acción de cobro contra alcalde

Prof. Maximino Rivera López, presidente del PIP en Maricao (Suministrada).

Prof. Maximino Rivera López, presidente del PIP en Maricao (Suministrada).

MARICAO: Como “tímida, insuficiente e irresponsable” calificó el candidato pipiolo a la alcaldía de Maricao, Maximino Rivera López, la radicación de una demanda por cobro indebido de fondos públicos al incumbente alcalde Gilberto Pérez Valentín, por parte del Departamento de Justicia.

“Durante más de veinte años el alcalde Pérez Valentín ha instaurado con casi total impunidad un esquema de cleptocracia en el que, junto a un grupo de allegados que incluye familiares, contratistas y empleados municipales, han convertido las arcas municipales en fuente de un abundante enriquecimiento ilícito para una minoría vinculada al PNP, mientras el pueblo ostenta las dudosas distinciones de tener las tasas de desocupación, de pobreza y de subdesarrollo- especialmente entre la juventud- más altas de la isla”, señaló Rivera López en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el líder independentista, la demanda de recobro de más de $80 mil es un paso “en la dirección correcta”, pero, según él, “no deja de ser una medida relativamente cosmética si se toma en consideración el volumen del desfalco cometido por el ejecutivo municipal”.

Rivera recordó que en los últimos tres cuatrienios el Municipio de Maricao ha acumulado cerca de $25 millones en deuda.aquaviva nuevo weekends

“Refleja el Informe de Auditoría del Contralor más reciente que para todos los efectos prácticos se eliminó el proceso de subasta para beneficiar con contratos millonarios al mismo contratista quien obtiene casi todos los contratos y que ha facturado al Municipio más de $12 millones; que ese mismo contratista frecuentemente ni siguiera paga los impuestos municipales que le corresponde pagar; amén de que es de conocimiento público de que es el principal contribuyente a la campaña del alcalde. El inversionismo político en su más clara y asqueante expresión”, expresó el exlegislador municipal.

Rivera López trajo a la atención el gasto de $139 mil, que tildó de “extravagante y obsceno”, para pagar por una fuente que en realidad vale apenas $20 mil.

“Ya en el pasado hemos señalado la recomendación clara e inequívoca de la Oficina del Contralor para que se refiera al Departamento de Justicia las acciones fraudulentas y criminales de Pérez Valentín, sin que este Departamento tome acción alguna, más allá de gestos inconsecuentes como el presente. Peor aún, tenemos conocimiento de primera mano que los fiscales de la mal llamada División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, -notoria por sus propios escándalos de corrupción- irónicamente sirve de abogado a los alcaldes colaborando con los mismos para que produzcan “evidencia exculpatoria” que justifique el archivo de los casos que se presentan en su contra, propiciando así un clima de impunidad y tolerancia a la corrupción desde el mismo ente responsable de su encausamiento”, dijo.

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