Otro “ganso” que pillaron… Contraloría refiere a Justicia contratista de San Sebastián por falsificar documentos

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Fotos del aspecto del Centro de Bellas Artes de San Sebastián publicadas en un Informe de Contraloría del 2017.

SAN SEBASTIÁN: A pesar de que la Contraloría de Puerto Rico emitió una “opinión favorable” sobre las órdenes de cambio relacionadas con el proyecto de rehabilitación del Centro de Bellas Artes de San Sebastián, señaló haber referido al Departamento de Justicia a un contratista que presuntamente falsificó documentos relacionados con esta obra.

En un comunicado de prensa se indicó que los auditores identificaron que el contratista a quien se le adjudicó la subasta por $805,000, y se le aprobaron ocho órdenes de cambio por $206,420 para la rehabilitación del Centro de Bellas Artes, falsificó la carta de aceptación del Municipio de San Sebastián sobre la culminación del proyecto y su costo final de $1,011,420.

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Según la Oficina de la Contralora, esta carta es parte del proceso que realiza el contratista para cobrar el 10 por ciento que el Municipio retiene al principio del proyecto. El contratista no le entregó a la aseguradora la carta de aceptación que elaboró el Municipio, sino otra que no incluyó el costo final del proyecto.

Se alega que el contratista presentó al Municipio un endoso de cambio de fianza por $206,420 falsificado con el sello de la compañía aseguradora.

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El contratista no podía facturar ni cobrar el 10 por ciento retenido de los pagos debido a que no había pagado el aumento de las primas de la fianza a la compañía aseguradora.

Esta situación se refirió a la Secretaria de Justicia el 29 de enero de 2018 para la acción correspondiente.

El informe M-18-36 cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

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Contralor señala pago de demanda por discrimen político y vehículos municipales abandonados en Las Marías

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LAS MARÍAS: Una opinión parcialmente adversa sobre las operaciones fiscales del Municipio de Las Marías, fue emitida por la Contraloría de Puerto Rico, relacionadas con la compra de bienes, la adquisición de servicios, la construcción de obras y mejoras permanentes y el pago de una demanda por discrimen político, entre otras.

El informe M-18-14 revela que contrario a la Constitución de Puerto Rico y la Ley de Municipios Autónomos, el exalcalde José Javier Rodríguez López (PPD) pagó una demanda por discrimen político a un empleado municipal, por la cantidad $70 mil.

“El utilizar criterios políticos en la toma de decisiones causó que Las Marías no recibiera ningún beneficio por dicho desembolso”, reza el comunicado.

El informe cubre desde el 1 de julio de 2013 al 8 de enero de 2017.

La auditoría de siete hallazgos señala que el Municipio no obtuvo las cotizaciones de al menos tres proveedores para la construcción e instalación de siete hitos, tampoco obtuvo el endoso del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para cinco de ellos; ni consiguió el permiso de construcción para dos proyectos. “Estas situaciones son contrarias al Reglamento para la Administración Municipal e impidió que el Municipio tuviese alternativas para seleccionar las mejores ofertas, entre otras”, añade.

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“Nuestros auditores identificaron que de julio de 2015 a diciembre de 2016, el Municipio no había preparado las conciliaciones bancarias, y las conciliaciones a junio de 2015 reflejaban diferencias de hasta $564,899 sin ser corregidas por los directores de Finanzas. Además, el Municipio otorgó contratos por $603,617 sin obligar los créditos presupuestarios y mantenía fondos por $44,802 en siete cuentas bancarias que a diciembre de 2016 permanecían inactivas. Situaciones similares se habían comentado en el Informe de Auditoría M-15-23”, se reveló.

Mientras tanto, del 2013 al 2015 no se realizaron los inventarios anuales físicos de la propiedad y unos 16 vehículos inservibles permanecían abandonados y cubiertos de vegetación sin realizar los procedimientos para su disposición.

El Informe comenta que en junio de 2015 el exalcalde Rodríguez pagó una multa por $4 mil a la Oficina de Ética Gubernamental, tras aceptar que intervino en el nombramiento de dos parientes, y al 31 de diciembre de 2016 no había recobrado $66,292 correspondientes a los informes M-13-03 y M-15-23.

Además, el Municipio tiene una demanda civil de $5.5 millones pendiente de resolución por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico.

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Comprometido el presupuesto de Yauco… Contralora señala déficits e irregularidades bajo incumbencia de Abel Nazario

Infograma sobre la situación presupuestaria de Yauco (Suministrada/Oficina del Contralor).

Infograma sobre la situación presupuestaria de Yauco (Suministrado/Oficina del Contralor).

YAUCO: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión que catalogó como “parcialmente adversa” sobre las operaciones fiscales relacionadas con la administración del presupuesto, los desembolsos, la construcción de obras y mejoras permanentes, las recaudaciones, y algunos controles y procedimientos del Municipio de Yauco.

En un comunicado de prensa se indica que el informe M-17-41 revela que Yauco tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional de $4.5 millones para el año fiscal 2014 (32 por ciento del presupuesto) y $5.7 millones para el 2015 (42 por ciento del presupuesto).

Además, el banco depositario de los fondos del Municipio efectuó cargos por $116,104 debido a cheques pagados con fondos insuficientes, financiamiento de sobregiros, cheques devueltos y otros. El informe recordó que “operar con déficit reduce los recursos disponibles y los cargos por sobregiros e insuficiencia en las cuentas bancarias, reducen también los recursos económicos para dar servicios a la comunidad”.

Infograma sobre irregularidades detectadas (Suministrado/Oficina del Contralor).

Infograma sobre irregularidades detectadas. Haga “click” sobre la imagen (Suministrado/Oficina del Contralor).

La auditoría de nueve hallazgos señala que se fraccionó el costo de la rehabilitación del antiguo Centro de Diagnóstico y Tratamiento en dos contratos por $100 mil y $133 mil, al mismo contratista para evitar la subasta pública requerida para obras que exceden los $200 mil.

Además, el entonces alcalde y hoy senador Abel Nazario formalizó cinco contratos por $406,940 para cinco obras de construcción sin obtener al menos las cotizaciones de tres proveedores como dispone la Ley 81-1991, Ley de Municipios Autónomos. “Estas situaciones impiden la libre competencia entre licitadores y que el Municipio tenga alternativas para seleccionar las mejores ofertas”, reza el informe.

Aparte de eso, el Municipio realizó dos proyectos de construcción de puentes, uno sobre el Río Loco, y el otro en el sector Albarrán, sin obtener los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos.

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“También, contrario a la Ley 81-1991, la directora de Finanzas de Yauco, no obligó los créditos sino hasta 435 días posteriores al otorgamiento de tres contratos y dos enmiendas de mejoras permanentes por $2.4 millones”, señala en informe de los auditores de la contralora Yesmín Valdivieso.

Por otro lado, los auditores identificaron que el Municipio realizó pagos sin facturas, no se mantenía un inventario perpetuo de los materiales en los almacenes ni de los cheque en blanco.

“Además, la Comisión de Asuntos de Auditoría de la Legislatura no cumplió con su función fiscalizadora ya que a abril de 2015, no había evaluado siete informes de auditoría interna, dos monitorías de programas federales, y dos informes de los estados financieros auditados emitidos por auditores externos del Municipio”, señala.

El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Revienta lío con el Natatorio del Colegio de Mayagüez (Documentos)

Parte de las facilidades del Natatorio del RUM (Archivo).

Parte de las facilidades del Natatorio del RUM (Archivo).

MAYAGÜEZ: Desde marzo de 2014, LA CALLE Digital tuvo conocimiento y publicó la escandalosa situación que rodeaba la operación del Natatorio del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM), mientras estuvo bajo la dirección de un exaspirante a la rectoría de la institución, lo que llegó ante la consideración de la contralora Yesmín Valdivieso.

En estos días, el asunto se ha convertido en tema de conversación dentro del campus mayagüezano.

Documentos relacionados con el asunto obran en poder de LA CALLE Digital y al final de esta nota se provee el enlace para acceder a los mismos.

Según una carta enviada por el licenciado Luis Santini Gaudier, se le cuestionó al doctor Efrank Mendoza Martínez, el proceso de contratación de la compañía que le daría mantenimiento a las facilidades, que fueron utilizadas durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mayagüez 2010.

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El doctor Mendoza Martínez está adscrito al Departamento de Educación Física del RUM y para el 2014 aspiró a la rectoría del RUM. Para la fecha de la misiva del licenciado Santini Gaudier, Mendoza fungía como ayudante del Rector para Asuntos Deportivos y director del Complejo del Natatorio, Tenis y Racketball.

Se alega en la carta que para el 27 de octubre de 2011, se le adjudicó la subasta 230002801 a la empresa propiedad de Lourdes Marrero, que fue la licitadora más baja en el proceso, cotizando los servicios por $56,700, mientras que los otros postores, Jireh Pool Center y CSCG, lo hicieron por $125,624.42 y $84,110.04, respectivamente.

No obstante, a pesar de que en una extensión de tres meses se le solicitó a Marrero que bajara sus honorarios a $50,000, ésta para mantener el contrato, accedió a la rebaja.

Sin embargo, al finalizar la última extensión de su contrato, la empresaria advino a conocimiento de que el servicio de mantenimiento del Natatorio se le encomendó a otra empresa, con sede en Aguada, sin que mediara subasta.

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“Se desconoce la razón o motivo por la cual no se celebró subasta relacionado a la prestación de este servicio y nos extraña la razón por la cual se estaría solicitando cotizaciones por cinco (5) meses de servicio; solamente.

Confiamos en que la no celebración de subasta y la contratación por solo cinco (5) meses no obedezca a un esquema para obviar el proceso formal de subasta que es el proceso más prístino en la contratación gubernamental”, lee textualmente parte de la comunicación del licenciado Santini Gaudier al doctor Mendoza.

Copia de la carta fue enviada a la contralora Yesmín Valdivieso, quien contestó que refirió el contenido de la misma a la División de Auditorías de Corporaciones Públicas.

De uno de los documentos en poder de LA CALLE Digital, surgió que el doctor Mendoza Martínez hizo gestiones por escrito el 18 de febrero de 2011, previo a la subasta del 27 de octubre, para que se efectuara el pago por los servicios prestados a la compañía CSCG, Inc., que había dado el mantenimiento  las piscinas del Natatorio del RUM, entre el 8 de diciembre de 2010 al 8 de febrero de 2011.

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“Certifico que la compañía CSCG, Inc., representada por el Sr. Víctor García, de Pucho’s Pool Service, finalizó el contrato de mantenimiento de la piscina olímpica, piscina para clavados, piscina para calentamientos y “spa” de aclimatación, trabajos pertinentes a la orden de compra 4300112092, del 6 de diciembre de 2010. Los servicios prestados comenzaron el 8 de diciembre de 2010 al 8 de febrero de 2011. Agradeceré el trámite correspondiente para que se efectúe el pago por dichos servicios”, indica un memorándum sobre “Certificación de Servicios Completados”, enviado por el doctor Mendoza a José E. Avilés, director de Finanzas del RUM.

Surge de los documentos que la empresa aguadeña cobró por dos meses de servicios de limpieza, un total de $34,980, sin que mediara subasta.

Las compañías a nombre de la familia García fueron mencionadas por la prensa del País en marzo de 2010, cuando trascendió que mientras una de las corporaciones tenía el proyecto de construcción de la “Plaza del Mercado” de Aguadilla, otra de las empresas de esa familia construía una piscina en la residencia del alcalde de esa municipalidad, Carlos Méndez Martínez.

A la empresa de García, CSCG, se le otorgó el contrato de servicios a las piscinas del Natatorio mayagüezano el 31 de enero del 2013, cuando la extensión del contrato de Marrero vencía el 1 de febrero, sacando de carrera a la empresa de Marrero, el día antes del vencimiento de su contrato.

Lourdes Marrero, según se supo, estuvo a cargo de la remodelación de las piscinas de clavado y nado del Recinto de Río Piedras de la UPR.

El 17 de marzo de 2013, LA CALLE Digital buscó la reacción del doctor Mendoza Martínez, dejando un mensaje en su oficina, y al mismo tiempo se solicitó la asistencia de la Oficina de Prensa de la institución. La respuesta del funcionario no se produjo entonces.

Enlace a los documentos:

https://www.dropbox.com/s/z3f4b11bbd8aqaq/03-19-14%20Documentos%20Dr%20Efrank%20Mendoza%20Martinez.pdf?dl=0

Causa para juicio contra aspirante PNP a alcalde de Lajas

Foto del perfil de la red social Facebook de Jonathan Ruiz Irizarry (Tomada de Internet).

Foto del perfil de la red social Facebook de Jonathan Ruiz Irizarry (Tomada de Internet).

MAYAGÜEZ: Jonathan Ruiz Irizarry, quien fungiera como ayudante especial del exalcalde de Lajas, Leovigildo “Leo” Cotte, para el 2011; y que aspiraba a la candidatura a la alcaldía de ese municipio por el Partido Nuevo Progresista (PNP) para el 2016, enfrentarán un proceso luego de que una juez de la Sultana del Oeste hallara causa para juicio en la vista preliminar por ocho cargos graves por negociar unos contratos de forma ilegal y utilizar su posición para adelantar el pago de los contratos que le otorgó el municipio a éste.

En un comunicado de prensa del Departamento de Justicia se informó que según se desprende de una auditoría referida por la Oficina de la Contralor de Puerto Rico a la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor de esa agencia, Ruiz Irizarry creó la compañía DJ Universal Contractors Corp. con el propósito de hacer negocios con el Municipio.

La empresa fue creada mientras se desempeñaba como funcionario público.

Ruiz Irizarry, quien también fue director de Arte y Cultura, y Secretario Municipal, consiguió que durante el período comprendido entre agosto de 2011 y diciembre de 2012, el Municipio de Lajas le otorgara seis contratos a la entidad creada. Esos contratos totalizaron la suma de $563,800.

Fue mientras Ruiz Irizarry fungía como Secretario Municipal que gestionó el pago del dinero adeudado a su empresa y pudo obtener beneficios.

Por ese esquema, la juez Ivelisse Zapata Torres encontró causa para juicio en un cargo por infringir la Ley   de Ética Gubernamental y siete cargos por negociación incompatible con el ejercicio del cargo público.

La vista de lectura de acusación fue pautada para el próximo 18 de diciembre y el juicio fue señalado para el 27 de enero de 2016.

El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Gabriel R. Reyes Vázquez, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor; en unión al agente Juan Pastrana Negrón, del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

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Líder del PIP en Maricao tilda de “tímida, insuficiente e irresponsable” acción de cobro contra alcalde

Prof. Maximino Rivera López, presidente del PIP en Maricao (Suministrada).

Prof. Maximino Rivera López, presidente del PIP en Maricao (Suministrada).

MARICAO: Como “tímida, insuficiente e irresponsable” calificó el candidato pipiolo a la alcaldía de Maricao, Maximino Rivera López, la radicación de una demanda por cobro indebido de fondos públicos al incumbente alcalde Gilberto Pérez Valentín, por parte del Departamento de Justicia.

“Durante más de veinte años el alcalde Pérez Valentín ha instaurado con casi total impunidad un esquema de cleptocracia en el que, junto a un grupo de allegados que incluye familiares, contratistas y empleados municipales, han convertido las arcas municipales en fuente de un abundante enriquecimiento ilícito para una minoría vinculada al PNP, mientras el pueblo ostenta las dudosas distinciones de tener las tasas de desocupación, de pobreza y de subdesarrollo- especialmente entre la juventud- más altas de la isla”, señaló Rivera López en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el líder independentista, la demanda de recobro de más de $80 mil es un paso “en la dirección correcta”, pero, según él, “no deja de ser una medida relativamente cosmética si se toma en consideración el volumen del desfalco cometido por el ejecutivo municipal”.

Rivera recordó que en los últimos tres cuatrienios el Municipio de Maricao ha acumulado cerca de $25 millones en deuda.aquaviva nuevo weekends

“Refleja el Informe de Auditoría del Contralor más reciente que para todos los efectos prácticos se eliminó el proceso de subasta para beneficiar con contratos millonarios al mismo contratista quien obtiene casi todos los contratos y que ha facturado al Municipio más de $12 millones; que ese mismo contratista frecuentemente ni siguiera paga los impuestos municipales que le corresponde pagar; amén de que es de conocimiento público de que es el principal contribuyente a la campaña del alcalde. El inversionismo político en su más clara y asqueante expresión”, expresó el exlegislador municipal.

Rivera López trajo a la atención el gasto de $139 mil, que tildó de “extravagante y obsceno”, para pagar por una fuente que en realidad vale apenas $20 mil.

“Ya en el pasado hemos señalado la recomendación clara e inequívoca de la Oficina del Contralor para que se refiera al Departamento de Justicia las acciones fraudulentas y criminales de Pérez Valentín, sin que este Departamento tome acción alguna, más allá de gestos inconsecuentes como el presente. Peor aún, tenemos conocimiento de primera mano que los fiscales de la mal llamada División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, -notoria por sus propios escándalos de corrupción- irónicamente sirve de abogado a los alcaldes colaborando con los mismos para que produzcan “evidencia exculpatoria” que justifique el archivo de los casos que se presentan en su contra, propiciando así un clima de impunidad y tolerancia a la corrupción desde el mismo ente responsable de su encausamiento”, dijo.

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Entre ellos el de Maricao: Alcaldes deberán devolver salarios que cobraron de más

El alcalde de Maricao, Gilberto Pérez Valentín, junto al presidente del PNP, Pedro Pierluisi.

El alcalde de Maricao, Gilberto Pérez Valentín, junto al presidente del PNP, Pedro Pierluisi.

SAN JUAN: El secretario de Justicia (DJ), César Miranda, informó la radicación de demandas por pago indebido de fondos públicos y cobro de dinero contra dos alcaldes y una alcaldesa, como resultado de hallazgos referidos a Justicia por la Contralora, Yesmín Valdivieso, relacionados a otorgamiento de aumentos salariales a varios alcaldes.

Las demandas por aumentos salariales indebidos son contra el alcalde de Maricao, Gilberto Pérez Valentín; y el alcalde de Vega Alta, Isabelo Molina Hernández. Mientras que el caso contra Lorna Soto Villanueva, alcaldesa de Canóvanas, es por devengar salarios mayores a los $6,500 mensuales que le correspondían al momento de asumir el cargo, tal como se dispone en la Ley de Municipios Autónomos, según enmendada en junio de 2014.

En lo que concierne a Maricao y Vega Alta, en la demanda se solicita que los alcaldes de estos pueblos devuelvan las sumas de $88,135.57 y $45,000, respectivamente, por haberse cobrado en contra de la ley, además de cualquier cuantía adicional que sea devengada luego de la presentación del recurso.

En la demanda contra la incumbente alcaldesa de Canóvanas, se establece que Soto Villanueva está sujeta a la aplicación del cálculo predicado en la Ley de Municipios Autónomos, según enmendada, el cual toma en consideración los datos del censo de 2010.bbq dias en semana

Según dicho estudio, la población de Canóvanas es de 47,648 habitantes, lo que coloca al municipio en el renglón de pagar a su alcalde o alcaldesa por concepto de salario la cantidad de $6,500 mensuales. Empero, Soto Villanueva devengó del 1 al 17 de julio de 2014 el salario mensual de $9,400 y continua cobrando $8,742, desde el 18 de julio de 2014 al presente.

Miranda manifestó que se trata de acciones civiles de cobro de dinero y no actuaciones criminales que ameriten la intervención del Ministerio Público. No obstante, exhortó a los alcaldes y a todos los funcionarios de gobierno a que sean cautelosos en el uso de fondos públicos. “La situación económica que enfrentamos demanda de todos, no solamente el cumplimiento estricto de las leyes, sino la mayor prudencia y celo en el gasto público”, dijo.

Los hallazgos de la Oficina de la Contralora sobre aumentos de sueldo a alcaldes que fueron analizados y archivados corresponden a los municipios de Toa Baja, Hatillo, Juana Díaz, Guayanilla, Lares, Corozal (alcalde anterior), Culebra (alcalde anterior), Canóvanas (alcalde anterior).

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Causa para arresto contra aspirante a alcalde de Lajas por el PNP

Foto del perfil de la red social Facebook de Jonathan Ruiz Irizarry (Tomada de Internet).

Foto del perfil de la red social Facebook de Jonathan Ruiz Irizarry (Tomada de Internet).

MAYAGÜEZ: Un individuo que para el 2011 laboró como  ayudante especial del exalcalde de Lajas, Leovigildo “Leo” Cotte, e identificado como Jonathan Ruiz Irizarry, y que según su perfil en la red social Facebook, aspira a la candidatura a la alcaldía de esa municipalidad por el Partido Nuevo Progresista (PNP), tendrá que responder por ocho cargos graves de negociar unos contratos de forma ilegal y utilizar su posición para adelantar el pago de los contratos que le otorgó el municipio a éste y su compañero de negocios, luego de que un juez de la Sultana del Oeste encontrara causa para su arresto en una vista de Regla 6.

Actualmente, Ruiz Irizarry dejaba saber en su cuenta de Facebook su intención de aspirar a la candidatura de la Palma a la silla municipal lajeña, de paso retando en primarias al actual presidente del PNP en Lajas, Edwin “Farito” Álvarez.

En un comunicado del Departamento de Justicia se informó que de acuerdo con una auditoría referida por la Oficina de la Contralor de Puerto Rico a la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor, Ruiz Irizarry presuntamente se unió a Pedro Alameda Camacho para crear la compañía DJ Universal Contractors, Corp., con el propósito de hacer negocios con el Municipio.

Trascendió que la empresa fue creada mientras Ruiz Irizarry se desempeñaba como funcionario público.

El también exdirector de Arte y Cultura y Secretario Municipal bajo la administración del exalcalde Cotte, consiguió que durante el período comprendido entre agosto de 2011 y diciembre de 2012 el Municipio de Lajas le otorgara seis contratos a la entidad creada. Esos contratos totalizaron la suma de $563,800.

Fue mientras que Ruiz Irizarry fungía como secretario municipal, que éste gestionó el pago del dinero adeudado a su empresa y pudo obtener beneficios.

Por este esquema, el juez Darrick Cruz Martínez, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto en un cargo por infringir la Ley de Ética Gubernamental y siete cargos por negociación incompatible con el ejercicio del cargo público.

Sin embargo, no encontró causa contra Alameda Camacho, contra quien se presentaron ocho cargos por negociación incompatible con el ejercicio del cargo público y seis cargos por falsedad ideológica. En este caso, la Fiscalía evaluará si presenta el caso en alzada.

El magistrado impuso una fianza global de $8 mil contra Ruiz Irizarry, que prestó a través de un fiador.  La vista preliminar fue pautada para el próximo 7 de diciembre.Casa Mia banner 1 b

“Adverso” informe de la Contralora sobre el Centro de Investigación y Desarrollo del RUM

CID RUMSAN JUAN: La Oficina de la Contralora dio a conocer el miércoles un informe de auditoría “con opinión adversa”, en el que se revela que las operaciones relacionadas a las cuentas por cobrar y la propiedad mueble del Centro de Investigación y Desarrollo (CID) del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM), “no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable”.

Este es el cuarto informe de auditoría sobre el CID y cubre de período del 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2014.

El informe, con el número CP-15-11, indica que CID mantenía 1,219 cuentas por cobrar por la cantidad de $18.4 millones por concepto de deudas de proyectos de investigación financiados con fondos federales, estatales y privados, y por anticipos de gastos para viajes.

“Además, no se realizaban conciliaciones mensuales de los balances de las cuentas por cobrar registradas en los libros con los balances en el sistema de contabilidad del RUM (UFIS), ni las conciliaciones de proyectos federales con los depósitos bancarios recibidos mediante transferencia electrónica”, indica el documento.Aquaviva Jazz Session

Se alega que el CID “utiliza reglamentación no aprobada por la Junta Administrativa relacionada a los procedimientos para la adquisición de propiedad con la tarjeta de crédito y al uso de la tarjeta corporativa. Ambos reglamentos –de 2012 y 2005 respectivamente – fueron preparados por el Jefe de Administración y Servicios y están publicados en la página web del CID”.

La auditoría señala también deficiencias con el control de la propiedad en el CID tales como: no mantenía un inventario perpetuo ni de propiedad mueble separado de la propiedad adquirida con fondos federales, no emitían recibos de propiedad a los usuarios y toda la propiedad estaba registrada bajo el Supervisor de la Oficina de Operaciones y Mantenimiento.

El comentario especial señala que se efectuaron pagos a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres sin un contrato escrito y que se formalizaron unos contratos que no estaban autorizados por el Rector del RUM.

El informe completo está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Justicia radica cargos contra exfuncionario municipal de Guánica

Departamento de JusticiaPONCE: Causa probable para arresto encontró esta semana el juez Carlos Candelario Cádiz, del Centro Judicial de aquí, contra Luis Rodríguez Vélez, vecino de Guánica, a quien se le imputa falsificar información que le permitió obtener un puesto de trabajo de confianza en la Administración Municipal de Guánica.

Surge de la investigación conducida por la Oficina del Contralor y el Departamento de Justicia, que el ahora imputado  ocultó que tenía antecedentes penales y estaba cumpliendo una sentencia suspendida a la fecha del 15 de enero de 2013, cuando fue nominado para un puesto de confianza en el municipio guaniqueño.

De acuerdo a las averiguaciones de Justicia y la Oficina del Contralor, Rodríguez Vélez, quien fungía como coordinador administrativo de Servicios de Salud del Municipio de Guánica, estaba cumpliendo una sentencia en libertad tras resultar convicto por casos de violencia doméstica y maltrato de menores. El comunicado emitido por Justicia no entra en los pormenores de dichos delitos.

Rodríguez Vélez, quien de resultar culpable puede enfrentar hasta tres años de reclusión,  debió prestar la fianza de mil dólares que le impuso el magistrado de primera instancia.

La vista preliminar de los cargos está pautada para el próximo 5 de mayo en el Tribunal de Ponce. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Carmen Medina Eliza, del Departamento de Justicia, y el agente Rubén Rosa, adscrito al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) de dicha agencia.