Contraloría revela gastos inútiles en el Municipio de Aguadilla

AGUADILLA: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Aguadilla. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio invirtió $45,840 en servicios de internet y telefonía para el Aguadilla Ice Skating, Aguadilla Memorial Park y para el Cementerio Urbano Histórico Pueblo, sin utilidad. Sin embargo, la pista de patinaje llevaba cerrada desde el paso del huracán María en el 2017, y los administradores de los cementerios indicaron que no contaban con estos servicios desde enero de 2017, sino que utilizaban sus teléfonos personales para comunicarse.

Los directores de la Oficina de Tecnología de Información (OTI) y los ayudantes especiales en funciones no verificaron la disponibilidad de los servicios ya que del 2018 al 2021, solicitaron y recomendaron enmiendas al contrato de los servicios de internet y telefonía para extender su vigencia. El Informe recomienda al alcalde, entre otros funcionarios, que se asegure que el administrador cumpla con la supervisión adecuada del director de la OTI, y que se utilicen de forma diligente los recursos en beneficio del interés público.

La auditoría de dos hallazgos señala que, del examen de una muestra de las 89 transferencias de crédito por $1,413,094 entre partidas presupuestarias, efectuadas del 14 de julio al 17 de diciembre de 2020, no se emitieron órdenes ejecutivas ni las certificaciones de sobrante en ninguna de las transacciones. Esta situación contraria a la ley y a la reglamentación vigente impidió que la Legislatura y la Oficina de Gerencia Municipal tuvieran conocimiento de las transacciones fiscales.

El informe comenta que, al 31 de diciembre de 2020, estaban pendiente de resolución en los tribunales, 10 demandas civiles presentadas contra el Municipio por $1,380,348. Además, estaba pendiente de resolución, ante la Comisión Apelativa del Servicio Público, un caso de una empleada, sin cuantía.

Este primer informe de Aguadilla cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2020, que incluyen los últimos tres años de mandato del exalcalde Carlos Méndez Martínez, y los once meses de incumbencia de la exalcaldesa Yanitsia Irizarry.

El documento está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Contraloría señala deficiencias relacionadas con el Parque Acuático de San Germán

SAN GERMÁN: La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió el martes una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de San Germán. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El informe de auditoría señala, entre otros hallazgos, dos acuerdos contrarios a la Ley para el destaque de cinco empleados municipales en la empresa municipal del San Germán Surf & Fun Water Park.  Contrario a la Ley, en ambos acuerdos (uno firmado el 1 de mayo de 2017 y otro el 2 de julio de 2018) se estableció que los empleados continuarían como empleados del Municipio con los mismos beneficios marginales obtenidos por los demás empleados en el mismo estatus o clasificación, y que podían ser reinstalados a sus puestos regulares en el Municipio.

Estos cinco empleados en destaque estaban encargados para realizar tareas de mantenimiento (3), contabilidad (1) y ventas (1) en el Parque Acuático por períodos que fluctuaron de 15 días a cuatro años. Esto, sin cambiar su estatus y condición a la de empleados privados.

El hallazgo señala que, las tareas relacionadas con los contratos, la contabilidad, las compras, los desembolsos, y el registro y depósito de las recaudaciones fueron realizadas desde el Municipio por empleados municipales.

Las horas dedicadas a las tareas del Parque Acuático de estos empleados no fueron contabilizadas por el Municipio, por lo que no se pudo determinar el importe de los sueldos pagados a estos correspondiente a dichas tareas. Estas situaciones comentadas son contrarias a los artículos 11.003(e), 11.009(c) y 11.027(b) de la Ley 81-1991.

Contrario a la Ley, el Municipio tampoco registró ni remitió a la OCPR el acuerdo del 1 de mayo de 2017.

La auditoría también señala que, del 29 de abril de 2016 al 19 de mayo de 2017 y del 3 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2021, el Municipio otorgó préstamos al Parque Acuático por $848,538 de fondos de capital y del Fondo General a pesar de los déficits del Municipio. 

El Municipio reflejó déficits acumulados, en los años fiscales del 2014-15, 2015-16, y del 2017-18 al 2019-2015, por $2,684,592, $1,998,885, $1,509,021, $655,841 y $1,672,895, respectivamente. Al 30 de junio de 2021, la empresa municipal no había rembolsado dichos préstamos al Municipio.

Otros hallazgos señalados son falta de fiscalización por parte de la Comisión de Empresas, Franquicias y Corporaciones Municipales de la Legislatura Municipal; ausencia de reglamentación para regir las actividades administrativas y operacionales del Parque Acuático, ausencia de investigaciones administrativas e incumplimiento con la notificación de accidentes a la OCPR, ausencia de inventarios de documentos públicos y ausencia de evaluaciones de desempeño del personal municipal.

El informe cubre el periodo del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2021. Y está disponible en http://www.ocpr.gov.pr.

Contraloría revela deficiencias en administración de exalcalde PNP de Aguada

AGUADA: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Aguada. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El informe revela que la Junta de Subastas adjudicó la adquisición de diésel a un licitador que no cumplió con las especificaciones de la subasta. El licitador estableció en su propuesta, un margen de ganancia a base del precio reportado por el mayorista al Departamento de Asuntos al Consumidor, en vez de a base del precio pagado al mayorista. Esta situación ocasionó que el Municipio pagara al proveedor $6,307 en exceso.

Además, los tres preinterventores en funciones que examinaron unos 14 comprobantes de desembolsos emitidos en el 2019, no se aseguraron de que las facturas del licitador incluyeran la evidencia del costo del diésel comprado al mayorista. Esta situación contraria al Reglamento para la Administración Municipal impidió verificar la corrección y propiedad de los desembolsos.

La auditoría de cinco hallazgos señala que, al 31 de diciembre de 2020, bajo la incumbencia del exalcalde novoprogresista Manuel “Gabina” Santiago, el Municipio adeudaba $890,817 al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), a la Autoridad de Energía Eléctrica, y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Esta situación propició el pago de intereses, penalidades y recargos por $14,996 a la deuda al DTRH y afecta los recursos de las entidades gubernamentales.

Contrario a las leyes y reglamentación vigente, el contrato para la administración del complejo de viviendas Jardines de Aguada, del cual el municipio es propietario, no se remitió a la consideración de la Legislatura Municipal, ni a la Oficina del Contralor. Además, al 9 de octubre de 2020, la Unidad de Auditoría Interna no había efectuado auditorías o monitoreos de las operaciones del complejo de viviendas. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-19-19 del 13 de diciembre de 2018.

Los auditores identificaron deficiencias sobre la repartición de 5,541 boletos de entrada general y 161 tarjetas de abonados para asistir a juegos de baloncesto. El Municipio había formalizado dos contratos con la liga de baloncesto superior para el uso gratuito del Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, a cambio de proveerle abonos de palco y boletos de cortesía. Al 27 de julio de 2020, el exalcalde certificó que no tenían un registro de la repartición de los boletos.

Al 12 de marzo de 2018, se reportó la apropiación ilegal de un vehículo four track del taller de Obras Públicas Municipal valorado en $1,050. El Municipio no realizó una investigación administrativa, ni reclamó a la compañía aseguradora. Además, notificó la irregularidad a la Oficina del Contralor, siete meses después, y al 4 de diciembre de 2020, el vehículo permanecía registrado en el módulo de Activos Fijos del sistema de contabilidad.

La auditoría publica un comentario especial sobre la resolución del 31 de marzo de 2021 emitida por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), en la que establece la nulidad de un contrato y una enmienda otorgada por el Municipio. El 4 de diciembre de 2018, el Municipio había adjudicado un contrato mediante subasta a un contratista no cualificado por $3,000,000 y una enmienda sin subasta y en clara violación de las leyes y reglamentos vigentes, por $4,000,000. El contratista había certificado bajo juramento que tenía dos años de experiencia en la operación de logística para la recuperación de desastres, lo cual era falso.

El 19 de abril de 2021 el alcalde solicitó asesoramiento sobre cómo proceder con los pagos pendientes al contratista a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La Oficina de Gerencia Municipal le informó al alcalde de Aguada, que se abstendría de emitir recomendación ya que la controversia se encuentra referida ante el secretario de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Este primer informe de Aguada cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2020, y está disponible en http://www.ocpr.gov.pr.

Contraloría revela atrasos en el pago de deudas en el Municipio de Lajas

LAJAS: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Lajas. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que, al 31 de diciembre de 2020, el Municipio, bajo la incumbencia del exalcalde Marcos “Turín” Irizarry, adeudaba $184,889 a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), a la Administración de Servicios Generales (ASG), y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Además, pagó $5,031 al Servicio de Rentas Internas Federal (Internal Revenue Service – IRS) en multas e intereses por remesar tarde las retenciones y aportaciones.

La reglamentación del Servicio de Rentas Internas establece que los pagos al Seguro Social Federal se depositan todos los meses en bancos adscritos a la Reserva Federal. Situaciones similares habían sido publicadas en los informes de auditoría M-19-39 del 24 de mayo de 2019 y el M-14-40 del 15 de abril de 2014.

La auditoría de dos hallazgos señala que el Municipio le cedió el uso de un quiosco libre de costo a una entidad con fines de lucro sin la aprobación de la Legislatura Municipal. El convenio formalizado en el 2018 y renovado en el 2020 tampoco se presentó para la aprobación de la Legislatura e indicaba, de forma errónea, que la entidad era sin fines de lucro. A tales efectos el Municipio dejó de recibir $4,800 por la renta del quiosco.

El Informe comenta que el Municipio tuvo que pagar $25,000 por incumplir con las regulaciones federales al solicitar sólo una propuesta por un contrato de servicios profesionales con una firma de ingenieros sufragado con fondos federales del Energy Efficiency and Conservation Block Grant. Además, al 15 de junio de 2021 el Municipio no había recobrado $146,117 indicados en informes de auditoría del 2014 y 2016.

Al 25 de febrero de 2021, estaban pendientes de resolución en los tribunales, siete demandas civiles contra el Municipio por $7,738,593. Además, estaba pendiente de resolución dos casos presentados por empleados ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.

Este segundo y último informe de Lajas, cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2020, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Contraloría revela deficiencias en control de asistencia y recaudaciones en Lajas

LAJAS: La Contraloría de Puerto Rico emitió un informe sobre las operaciones fiscales del Municipio de Lajas, bajo la administración del exalcalde Marcos “Turín” Irizarry, en el que se revela que “el Municipio permitía, contrario a la ley y la reglamentación vigente, que los empleados acumularan tiempo compensatorio en exceso de las 240 horas establecidas para los empleados públicos y 480 horas para los empleados de seguridad o de emergencias”.

En un comunicado de prensa se indicó que en el 2018 el Municipio pagó $16,798 a cuatro empleados en lugar de permitirles que tomaran el tiempo compensatorio antes de la efectividad de sus renuncias.

Además, los auditores de la Contraloría identificaron empleados con tiempo acumulado de hasta 815 horas, balances incorrectos y registros de tiempo compensatorio sin las autorizaciones. Situaciones similares se habían comentado en los informes de auditoría M-14-40 del 2014, M-10-55 del 2010.

La auditoría de cuatro hallazgos señala la ausencia de procedimientos y controles internos que regularan las recaudaciones del programa de talleres y adiestramientos del Departamento de Arte, Cultura y Turismo del Municipio.

En el programa se realizaron recaudaciones por $29,379 sin expedir recibos de recaudación electrónicos o manuales que estuvieran registrados en el módulo de recaudaciones Ingresys del sistema contable. Además, tampoco se realizaban depósitos ni se emitían informes diarios de lo recaudado.

El 10 de noviembre de 2020, siete días después de las elecciones en las que el exalcalde Irizarry perdió la poltrona, el Municipio de Lajas aprobó el Reglamento sobre Normas y procedimientos para los talleres; sin embargo, dicho reglamento no establece disposiciones que atiendan y corrijan las situaciones señaladas.

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La administración del Cementerio Municipal de Lajas no recibió el pago de arbitrios de un contratista independiente contratado para construir fosas, no cobró el 10 por ciento de la contribución especial por parte de dos propietarios que vendieron sus fosas, y no formalizaban contratos escritos con las personas que compraban lotes. Estas situaciones no permiten mantener un control adecuado de las operaciones y pueden propiciar que se cometan irregularidades.

El Informe indica que el Municipio notificó a la Oficina del Contralor, siete incidencias de pérdida de propiedad por $118,747 hasta 265 días posterior a la fecha reglamentaria. Esta situación no permitió que la Oficina tuviera disponible la información en el tiempo requerido.

La auditoría comenta que Lajas tenía en el 2017, un 28 por ciento ($3,100,315) de déficit del total de su presupuesto; en el 2018, un 32 por ciento ($2,959,655) y en el 2019, un 20 por ciento ($1,870,684). En la preparación y ejecución de un presupuesto, no se puede gastar u obligar en un año fiscal cantidad alguna que exceda las asignaciones y los fondos obligados por ordenanza o resolución.

El Municipio tenía un 80 por ciento de los 127 empleados nombrados como transitorios hasta 20 años, en exceso del término de ley. En ocasiones los municipios se ven obligados a nombrar empleados transitorios, pero estos no deben exceder los 12 meses.

Este primer informe de Lajas cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Descubren electricista empleado del Municipio de Lajas haciendo trabajos privados en horas laborables

LAJAS: La Contraloría de Puerto Rico publicó el resultado de la investigación de una querella relacionada con la asistencia de un electricista empleado del Municipio de Lajas, bajo la incumbencia del exalcalde Marcos “Turin” Irizarry.

En la querella se alega que, durante horas laborables, el empleado en cuestión visitó la oficina comercial de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), para entregar certificaciones de instalaciones eléctricas que ha realizado a personas privadas.

La investigación revela que, en 12 ocasiones, desde octubre de 2018 a noviembre de 2019, el electricista entregó certificaciones de instalaciones eléctricas durante horas laborables en las oficinas de la AEE en el centro comercial La Quinta en San Germán.

Sin embargo, la asistencia a su trabajo en el Municipio para esos días no refleja registros de licencias, ni tiene anotaciones sobre ausencias no autorizadas o descuentos en su sueldo. Esta situación es contraria a la Reglamentación Interna sobre Jornada de Trabajo y Asistencia.

La investigación recomienda al nuevo alcalde Jay Martínez que imparta instrucciones al personal de la Oficina de Recursos Humanos para que tome las acciones disciplinarias correspondientes.

Enlace al informe de investigación

El resultado de la pesquisa con fecha del 22 de febrero de 2021 está disponible en http://www.ocpr.gov.pr.

Contraloría revela presunta falsa apariencia de competencia en compras realizadas por Añasco

AÑASCO: La Contraloría de Puerto Rico publicó el resultado de la investigación de una querella sobre las compras realizadas por el Municipio de Añasco a un proveedor de venta de materiales de imprenta.

En un comunicado de prensa divulgado el miércoles se dijo que la investigación reveló la apariencia de competencia entre cuatro compañías relacionadas por vínculos familiares o económicos, con el objetivo de licitar de manera coordinada, para aparentar competencia entre ellos. Del 2014 al 2016, el Municipio emitió y pagó 29 órdenes de compra por $97,443 a favor de la compañía A. En 27 de ellas se consideraron cotizaciones de las compañías A, B, C y D.

“Los representantes de la compañía A eran el padre y tía del dueño de la compañía C. El dueño de la compañía B era exempleado de la compañía C. El dueño de la compañía D realizaba trabajos de reparación de imprenta a la compañía A. Para el periodo investigado, la compañía A pagó $49,151 a la compañía C por concepto de nómina, $7,087 a la compañía D por concepto de reparaciones y mantenimiento de equipo, y $800 a la compañía B por servicios profesionales”, reza el comunicado.

Estas situaciones se refirieron al Departamento de Justicia, a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, a la Fiscalía Federal, y al Negociado Federal de Investigaciones el 30 de agosto de 2019. Al presente, dichas situaciones están pendientes de resolución.

Los proveedores mencionados incurrieron en prácticas de acuerdos anticompetitivos con la intención de defraudar al Municipio y al erario. La situación comentada ocasionó la falsa apariencia de competencia entre proveedores lo que privó al Municipio el tener a su disposición varias alternativas.  Además, se pudo configurar, entre otros, los delitos de fraude, conspiración e intervención indebida en las operaciones gubernamentales.

El Informe Especial señala también que, el Municipio ordenó efectuar siete compras a favor de la compañía A por $32,160 sin emitir las órdenes de compra. Estas se registraron hasta seis meses después de recibir los bienes lo cual impide mantener un control eficaz del presupuesto de compra y puede propiciar sobregiros en las partidas de gastos.

Contrario a la leyes y reglamentación vigente, las cotizaciones de los proveedores incluidas con los comprobantes de desembolso examinados no tenían el nombre, título, ni la firma del funcionario o empleado municipal que las procesó. Esta situación dificulta que se pueda detectar a tiempo posibles irregularidades para fijar responsabilidades a los funcionarios o empleados que intervienen en estos procesos.

La investigación recomienda que la Oficina de Gerencia y Presupuesto, se asegure que el Municipio de Añasco cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

El Informe Especial cubre el periodo del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2017 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

¿Dónde están? “Desaparecen” 35 camiones, 2 guaguas escolares, y equipo pesado en el Municipio de Moca

MOCA: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Moca. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio no llevó a cabo investigaciones administrativas por la propiedad no localizada en los inventarios físicos del 2016 al 2019.

La encargada de propiedad no localizó 138 unidades de propiedad por valor de $215,470; entre estas, una excavadora, un tractor con taladora, dos guaguas escolares y 35 camiones. Esta situación contraria al Reglamento para la Administración Municipal de 2016 dificulta que, en que caso de pérdidas, se puedan fijar responsabilidades.

La auditoría de tres hallazgos señala, que no se localizaron ni los funcionarios municipales suministraron para examen, el 25 por ciento de los recibos utilizados para el despacho de combustible antes y durante la emergencia del huracán María.

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Esta situación que se atribuye a la falta de supervisión del director de Obras Públicas propicia que se cometan irregularidades como el despacho de gasolina a vehículos no oficiales, entre otras.

Los auditores de la Contraloría identificaron recursos económicos por $1,792,405 inactivos por 29 meses, y sobregiros por $2,119,618 en 33 fondos municipales especiales y ordinarios, según el Informe Mensual del 31 de agosto de 2019. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-19-17 de 2018.

La auditoría comenta que, al 3 de diciembre de 2019, Moca tenía dos demandas civiles por $310,000 pendientes de resolución en los tribunales, y una demanda de sentencia declaratoria sin cuantía.

El Informe le recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2019, y está disponible en  www.ocpr.gov.pr.

Alcalde le resta importancia a informe de Contraloría en Cabo Rojo

CABO ROJO: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Cabo Rojo en el informe M-20-32. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el 90 por ciento de las transferencias de crédito entre partidas presupuestarias de enero a junio de 2017, se informaron a la Legislatura Municipal hasta ocho meses después de la transacción. Se alega que esta situación “no permitió que la Legislatura Municipal pasara juicio sobre dichas transacciones. La ley 81-1991 de Municipios Autónomos, dispone que la notificación mediante orden ejecutiva se realice dentro de los cinco días desde su firma”.

La auditoría de un hallazgo comenta que 95 empleados, de un total de 110, llevan hasta 15 años clasificados como transitorios contrario a la Ley 81-1991. Los sueldos de dichos empleados se pagaban del Fondo Operacional.

Además, La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) multó al alcalde por utilizar un distintivo político en las instalaciones del Municipio mientras se encontraba en horas laborables, cuando le llevaron un bizcocho con el logo del Partido Popular Democrático (PPD) a su oficina, luego de su triunfo electoral del 2016. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución de la OEG y el alcalde pagó la multa administrativa de $4,000 en el 2019.

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El Municipio ha tomado medidas para atender la crisis financiera tales como: reducción de jornada laboral, reducción del 10 por ciento del sueldo mensual de los funcionarios de confianza y el pago de hasta cinco días del exceso de 18 días acumulados por la licencia por enfermedad. El alcalde indicó que estas medidas ayudaron a restablecer la jornada laboral completa desde el 1 de julio de 2019 a empleados de mantenimiento y ornato.

El Informe recomienda que la Oficina de Gerencia Municipal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

Este Informe, segundo y último de Cabo Rojo, cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 30 de noviembre de 2018, y está disponible en  www.ocpr.gov.pr.

Reacciona el alcalde Bobby Ramírez

Por su parte, el alcalde Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz reaccionó indicando que “de los miles de transacciones financieras y acciones administrativas efectuadas por su gobierno municipal de Cabo Rojo, solo un hallazgo y tres comentarios especiales, ninguno de importancia, fueron hechos por la Oficina del Contralor de Puerto Rico, en su más reciente informe sobre las finanzas municipales.

El informe, que cubre del 1 de julio de 2015 al 30 de noviembre de 2018, afirma que “las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder revelaron que las operaciones fiscales del Municipio de Cabo Rojo objeto de este Informe se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

Ramírez Kurtz felicitó a los empleados municipales y colaboradores de su gestión gubernamental por mantener una sana administración pública y ayudarlo a corregir las irregularidades del pasado, denunciadas repetidamente por la Oficina del Contralor responsabilizando a altos exfuncionarios municipales por la desastrosa condición en la que encontró las finanzas del Municipio de Cabo Rojo.

‘La Oficina del Contralor ha reconocido nuestra rectitud en la sana administración pública que hemos implantado, al corregir los señalamientos hechos al pasado gobierno y en los cuales estuvo involucrado directamente el exvicealcalde Jorge Morales Wiscovitch, quien aprobó subastas con cotizaciones falsas, permitió la corrupción en el Cementerio Municipal, la inversión indebida de asignaciones legislativas en notas bancarias y la contratación de supuestos ingenieros no certificados’, denunció Ramírez Kurtz.

‘El hallazgo ni los tres comentarios especiales mencionados en el informe del Contralor sobre Cabo Rojo son de carácter grave y corresponden a trámites administrativos que ya hemos corregido. Como gerencia municipal somos responsables de establecer y mantener una estructura de control interno efectiva que logre eficiencia y eficacia en las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y la reglamentación aplicables’, sostuvo el Alcalde”.

“A” para el Municipio de San Germán en reciente informe del Contralor

SAN GERMÁN: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión favorable de las operaciones fiscales del Municipio de San Germán. Las pruebas efectuadas y la evidencia examinada revelaron, que las operaciones objeto de la auditoría se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

Se informó en un comunicado de prensa, que la auditoría contenida en el informe M-20-24, tenía por objeto determinar la corrección en la contratación y los pagos otorgados por servicios prestados durante la emergencia de los huracanes Irma y María, así como, determinar el estatus de las cuentas por pagar a otras agencias gubernamentales.

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Además, se examinaron los procesos relacionados con la adquisición de combustibles, lubricantes, materiales del cementerio, alquiler de equipo y otros gastos.

“A base del trabajo realizado, no se identificaron deficiencias significativas relacionadas con los controles internos”, indica el documento.

Este segundo y último informe de San Germán cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2018, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.