¿Dónde están? “Desaparecen” 35 camiones, 2 guaguas escolares, y equipo pesado en el Municipio de Moca

MOCA: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Moca. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio no llevó a cabo investigaciones administrativas por la propiedad no localizada en los inventarios físicos del 2016 al 2019.

La encargada de propiedad no localizó 138 unidades de propiedad por valor de $215,470; entre estas, una excavadora, un tractor con taladora, dos guaguas escolares y 35 camiones. Esta situación contraria al Reglamento para la Administración Municipal de 2016 dificulta que, en que caso de pérdidas, se puedan fijar responsabilidades.

La auditoría de tres hallazgos señala, que no se localizaron ni los funcionarios municipales suministraron para examen, el 25 por ciento de los recibos utilizados para el despacho de combustible antes y durante la emergencia del huracán María.

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Esta situación que se atribuye a la falta de supervisión del director de Obras Públicas propicia que se cometan irregularidades como el despacho de gasolina a vehículos no oficiales, entre otras.

Los auditores de la Contraloría identificaron recursos económicos por $1,792,405 inactivos por 29 meses, y sobregiros por $2,119,618 en 33 fondos municipales especiales y ordinarios, según el Informe Mensual del 31 de agosto de 2019. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-19-17 de 2018.

La auditoría comenta que, al 3 de diciembre de 2019, Moca tenía dos demandas civiles por $310,000 pendientes de resolución en los tribunales, y una demanda de sentencia declaratoria sin cuantía.

El Informe le recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2019, y está disponible en  www.ocpr.gov.pr.

Alcalde le resta importancia a informe de Contraloría en Cabo Rojo

CABO ROJO: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Cabo Rojo en el informe M-20-32. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el 90 por ciento de las transferencias de crédito entre partidas presupuestarias de enero a junio de 2017, se informaron a la Legislatura Municipal hasta ocho meses después de la transacción. Se alega que esta situación “no permitió que la Legislatura Municipal pasara juicio sobre dichas transacciones. La ley 81-1991 de Municipios Autónomos, dispone que la notificación mediante orden ejecutiva se realice dentro de los cinco días desde su firma”.

La auditoría de un hallazgo comenta que 95 empleados, de un total de 110, llevan hasta 15 años clasificados como transitorios contrario a la Ley 81-1991. Los sueldos de dichos empleados se pagaban del Fondo Operacional.

Además, La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) multó al alcalde por utilizar un distintivo político en las instalaciones del Municipio mientras se encontraba en horas laborables, cuando le llevaron un bizcocho con el logo del Partido Popular Democrático (PPD) a su oficina, luego de su triunfo electoral del 2016. El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución de la OEG y el alcalde pagó la multa administrativa de $4,000 en el 2019.

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El Municipio ha tomado medidas para atender la crisis financiera tales como: reducción de jornada laboral, reducción del 10 por ciento del sueldo mensual de los funcionarios de confianza y el pago de hasta cinco días del exceso de 18 días acumulados por la licencia por enfermedad. El alcalde indicó que estas medidas ayudaron a restablecer la jornada laboral completa desde el 1 de julio de 2019 a empleados de mantenimiento y ornato.

El Informe recomienda que la Oficina de Gerencia Municipal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

Este Informe, segundo y último de Cabo Rojo, cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 30 de noviembre de 2018, y está disponible en  www.ocpr.gov.pr.

Reacciona el alcalde Bobby Ramírez

Por su parte, el alcalde Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz reaccionó indicando que “de los miles de transacciones financieras y acciones administrativas efectuadas por su gobierno municipal de Cabo Rojo, solo un hallazgo y tres comentarios especiales, ninguno de importancia, fueron hechos por la Oficina del Contralor de Puerto Rico, en su más reciente informe sobre las finanzas municipales.

El informe, que cubre del 1 de julio de 2015 al 30 de noviembre de 2018, afirma que “las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder revelaron que las operaciones fiscales del Municipio de Cabo Rojo objeto de este Informe se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

Ramírez Kurtz felicitó a los empleados municipales y colaboradores de su gestión gubernamental por mantener una sana administración pública y ayudarlo a corregir las irregularidades del pasado, denunciadas repetidamente por la Oficina del Contralor responsabilizando a altos exfuncionarios municipales por la desastrosa condición en la que encontró las finanzas del Municipio de Cabo Rojo.

‘La Oficina del Contralor ha reconocido nuestra rectitud en la sana administración pública que hemos implantado, al corregir los señalamientos hechos al pasado gobierno y en los cuales estuvo involucrado directamente el exvicealcalde Jorge Morales Wiscovitch, quien aprobó subastas con cotizaciones falsas, permitió la corrupción en el Cementerio Municipal, la inversión indebida de asignaciones legislativas en notas bancarias y la contratación de supuestos ingenieros no certificados’, denunció Ramírez Kurtz.

‘El hallazgo ni los tres comentarios especiales mencionados en el informe del Contralor sobre Cabo Rojo son de carácter grave y corresponden a trámites administrativos que ya hemos corregido. Como gerencia municipal somos responsables de establecer y mantener una estructura de control interno efectiva que logre eficiencia y eficacia en las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y la reglamentación aplicables’, sostuvo el Alcalde”.

“A” para el Municipio de San Germán en reciente informe del Contralor

SAN GERMÁN: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión favorable de las operaciones fiscales del Municipio de San Germán. Las pruebas efectuadas y la evidencia examinada revelaron, que las operaciones objeto de la auditoría se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

Se informó en un comunicado de prensa, que la auditoría contenida en el informe M-20-24, tenía por objeto determinar la corrección en la contratación y los pagos otorgados por servicios prestados durante la emergencia de los huracanes Irma y María, así como, determinar el estatus de las cuentas por pagar a otras agencias gubernamentales.

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Además, se examinaron los procesos relacionados con la adquisición de combustibles, lubricantes, materiales del cementerio, alquiler de equipo y otros gastos.

“A base del trabajo realizado, no se identificaron deficiencias significativas relacionadas con los controles internos”, indica el documento.

Este segundo y último informe de San Germán cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2018, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

“Limpio” el informe del Contralor sobre el Municipio de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión favorable de las operaciones fiscales del Municipio de San Sebastián relacionadas con los contratos y desembolsos por el recogido de escombros, y con el manejo y control de efectivo de las recaudaciones y las conciliaciones bancarias.

Las pruebas efectuadas y la evidencia examinada revelaron, que las operaciones objeto de la auditoría se realizaron, en todos los aspectos significativos, conforme a la ley y la reglamentación aplicables.

El Informe contiene un Comentario Especial sobre las demandas pendientes de resolución. Al 27 de diciembre de 2019, el Municipio tenía dos demandas civiles por $200 mil; uno por daños y perjuicios, y otra por invasión de propiedad y movimiento de terreno.

Este primer informe de San Sebastián cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

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Alcalde Pedro García Figueroa reacciona a publicación de informe del Contralor sobre Hormigueros

HORMIGUEROS: El alcalde Pedro J. García Figueroa reaccionó el martes al informe de Contraloría publicado sobre las operaciones fiscales del Municipio de Hormigueros en el que se cuestiona la presunta contratación de ingenieros que no estaban licenciados.

“En la tarde de hoy, advine en conocimiento de la publicación del informe del contralor que cubre los años de 2015 al 2017. Del informe se desprende que no hay ningún señalamiento de mal uso de fondos públicos, solo algunas fallas administrativas. Los señalamientos están siendo atendidos por este servidor y nuestro equipo de trabajo. Las obras a las que hace referencia el informe están bien construidas y en uso, brindando un servicio de primera a la ciudadanía hormiguereña.  A pesar de que diferimos del informe publicado y sus hallazgos, una vez recibimos el informe preliminar del contralor fuimos proactivos y radicamos la demanda correspondiente en los tribunales para el recobro. Que sea el Tribunal el que determine si la falla administrativa imputada por el Contralor al Municipio es correcta o no.   Entendemos, que este proyecto de la construcción de una celda en el vertedero municipal es demostrativo al país ante la crisis de desperdicios sólidos existente.   Mi administración es una sana y siempre cumple con las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. No somos perfectos, pero somos honestos”, expresó el alcalde García en declaraciones escritas.

Más temprano, la Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Hormigueros. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto “son significativos, pero no generalizados”.

El Informe M-20-16 reveló que el Municipio presuntamente formalizó dos contratos y 11 enmiendas para servicios de diseño y construcción del parque acuático, y del sistema de disposición en el vertedero por $1.4 millones, con dos corporaciones regulares que no estaban autorizadas a ejercer la práctica de la ingeniería ni a ofrecer servicios de diseño.

En un comunicado de prensa se explica que la ley y la jurisprudencia vigente disponen que una corporación regular no puede prestar servicios profesionales de ingeniería.

Este informe sobre el Municipio de Hormigueros cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2017.

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Oficina del Contralor rediseña portal de Internet para radicar querellas sobre actos de corrupción

SAN JUAN: La Oficina del Contralor de Puerto Rico dio a conocer el lunes el rediseño de su página de radicación de querellas en el Internet, “haciéndola más llamativa y mejor organizada”.

Se indicó que, entre los cambios en el contenido, en lugar de que el formulario se llame “enlace”, ahora se accede por el título “Queréllese”, y se incluyen ejemplos de algunas situaciones que aplican para querellarse.

También incluyen querellas (Tríptico); las leyes que protegen los derechos de las personas que denuncian actos de corrupción; otros folletos informativos y tres videos relacionados.

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Un “desastre” el mantenimiento de cuarteles de Policía y centros gubernamentales según auditoría del Contralor

REDACCIÓN: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión sobre las operaciones relacionadas con los servicios de mantenimiento de la propiedad inmueble de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), revelando múltiples deficiencias en la conservación y mantenimiento de la propiedad inmueble de la Autoridad.

En un comunicado de prensa se dijo que en una inspección de 20 edificios, entre otros, escuelas, cuarteles de la Policía y centros de gobierno, hallarn alcantarillas tapadas, verjas deterioradas, portones en el piso y desagües tapados.

Además, las estructuras no tenían fuente de agua y presentaban filtraciones, desprendimientos en los techos, ventanas rotas, hongos y comején.

La auditoría de un hallazgo señala que el director del Área de Conservación y Mantenimiento y los directores regionales, no cumplieron con sus responsabilidades de supervisar las operaciones de mantenimiento, y no velaron por el cumplimiento de las disposiciones contractuales.

Para corroborar la calidad de los servicios, los auditores de la Oficina del Contralor entrevistaron a 22 directores escolares y arrendatarios. Éstos expresaron en general, que el servicio de la Autoridad “no era satisfactorio, se tardaban hasta un mes en prestarlo, los trabajos no fueron supervisados y que tenían solicitudes sin atender”.

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Estas situaciones, propician problemas de salubridad, el deterioro de la propiedad de la Autoridad y ocasionaron la falta de servicios esenciales.

Este cuarto informe de la Autoridad de Edificios Públicos, cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2018 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Una situación relacionada se denunció en agosto de 2018 en LA CALLE Digital, sobre la condición de los ascensores que están instalados en el Centro Gubernamental de Mayagüez para darles servicio a las personas con diversidad funcional, que no pueden subir las escaleras que dan acceso a las oficinas que están en los niveles superiores.

En un momento dado se dijo que de las personas que visitan el Centro, muchas son personas mayores e incapacitados, a las que se les imposibilita subir escaleras. En muchas ocasiones el personal tuvo que bajar al primer nivel para poder atenderlos.

Eventualmente, el elevador más nuevo se reparó. No así el más antiguo, pues no se encontró la pieza para arreglarlo.

Oficina del Contralor ordena que profesores del RUM devuelvan “chavos” que cobraron de más en Verano de 2018

Contraloría revela que la UPR Mayagüez pagó más de $300 mil en exceso a profesores de verano

MAYAGÜEZ: La Contraloría de Puerto Rico publicó el resultado de la investigación de una querella relacionada con el pago realizado a los docentes que ofrecieron cursos durante el verano de 2018 en el Recinto Universitario de Mayagüez.

La investigación realizada por la Oficina de Querellas e Inteligencia Fiscal revela, entre otras cosas, que la rectoría de la UPR Mayagüez no cumplió con la Certificación 109 (2017-2018), la cual establece que los profesores cobrarían $2 mil por cada curso de tres créditos de la sección de verano. Por el contrario, y sin tener la autorización de la Junta de Gobierno de la UPR, el Recinto Universitario de Mayagüez pagó de $6 mil a $7 mil por cada curso, para un total de $335 mil 906 en exceso a lo indicado en la Certificación.

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La exrectora interina Wilma Santiago Gabrielini solicitó una dispensa basada en que los ofrecimientos de verano serían auto-liquidables y tendrían ganancias. Sin embargo, la Vicepresidencia en Asuntos Académicos no emitió una recomendación al respecto de esta solicitud, más bien informó en una carta, que los rectores y sus equipos de trabajo atendieron sus sesiones de verano sin consultarle.

Los auditores de la Oficina del Contralor verificaron que estos pagos en exceso se otorgaron a 83 de los 90 profesores que ofrecieron los cursos durante el verano de 2018.

Al respecto, la Contraloría de Puerto Rico recomienda a la rectora interina del Recinto Universitario de Mayagüez, que recobre los $335 mil 906 pagados en exceso a los docentes; y al presidente de la UPR que tome las medidas necesarias para asegurarse que la administración del RUM cumpla con la recomendación indicada.

Con “buenas notas” informe de Contraloría sobre gastos de viajes del Servicio de Extensión Agrícola del Colegio de Mayagüez

MAYAGÜEZ: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión favorable sobre las operaciones fiscales del Servicio de Extensión Agrícola (SEA) del Recinto Universitario de Mayagüez, relacionada con los gastos de viajes.

En un comunicado de prensa se informó que las pruebas efectuadas y la evidencia en poder de los auditores, revelaron que las operaciones fiscales relacionadas con los gastos de viaje se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable.

El Servicio Cooperativo de Extensión Agrícola se creó mediante la Ley Smith-Lever por el Congreso de los Estados Unidos en el 1914, y sus beneficios se ampliaron a Puerto Rico en el 1931. En el 1966, el Servicio se integró al Recinto Universitario de Mayagüez.

Las operaciones de campo del SEA se llevan a cabo desde las oficinas regionales en San Juan, Arecibo, Mayagüez, Caguas y Ponce y, desde 44 oficinas locales. Del 2016 al 2018, el Servicio de Extensión Agrícola contó con $84.2 millones de los cuales gastó $72.3 millones.

El informe cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2018 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

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Informe del Contralor revela deficiencias administrativas en el Municipio de Mayagüez

MAYAGÜEZ: El más reciente informe de la Contraloría de Puerto Rico sobre las operaciones fiscales del Municipio de Mayagüez, reveló que no se tomaron “las medidas administrativas suficientes para evitar y reducir los déficits acumulados en el Fondo Operacional y no consignaron en los presupuestos los déficits corrientes”.

Se alega que el déficit de $4.4 millones registrado en el 2015, aumentó a $8.1 millones en el 2016, y a $23 millones en el 2017. Esta última cifra representaba el 32 por ciento del total del presupuesto.

El informe indica que “en perjuicio del Municipio, tampoco consideraron en los presupuestos, los ingresos basados en la experiencia de cobro de años anteriores ni los ingresos certificados en el Single Audit más reciente, según requiere la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos”.

“De este modo, del 2014 al 2017, Municipio sobreestimó los ingresos en $6.3, $13.4, $13.7 y $12.8 millones respectivamente (ver Anejo 1 del Informe). Estas situaciones se atribuyen a que, los gerentes de Finanzas y Presupuesto, el alcalde y la Legislatura Municipal, se apartaron de las disposiciones de ley y reglamentación y no administraron de forma eficiente las finanzas”, señala el documento divulgado el jueves.

La auditoría de cinco hallazgos señala que se efectuó un pago indebido de $51,250 a un contratista por servicios no realizados.

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“Nuestros auditores no localizaron ni los funcionarios suministraron ningún plan de trabajo de la compañía contratada para la coordinación de un Primer Festival de Tesoros del Patrimonio Cultural de Mayagüez. Tampoco se encontró información sobre la contratación de artistas, promoción y diseños gráficos de la actividad contratada. Una situación similar se había señalado en el Informe de Auditoría M-13-35 del 2013”, añade.

Más adelante en el informe se destaca que el Municipio acumuló deudas ascendentes a $12.1 millones con proveedores privados y entidades gubernamentales como los Sistemas de Retiro, Hacienda, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y otros.

“Para pagar las deudas obtuvo tres préstamos del Banco Gubernamental de Fomento por $12.1 millones con recargos de $50,247 en mayo de 2012. Además, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos le impuso $16,168 en intereses y recargos por pagar tarde el seguro de desempleo”, apunta.

El informe de los auditores de la Contraloría señala además que el Municipio gastó $672,675 en un edificio para oficinas administrativas y área de estacionamiento que no han sido utilizados. El interior de la construcción estaba deteriorado debido a las filtraciones. “Esta situación, que se atribuye a la falta de planificación del Alcalde, lleva a tener que utilizar recursos adicionales para reparar los daños a la estructura”.

La auditoría comenta que el Municipio no ha cobrado $166,200 del arrendamiento del estacionamiento municipal ni de la Gallera la Candelaria.

Además, 514 empleados han trabajado bajo la clasificación de transitorios, por periodos de hasta 41 años. La ley vigente dispone que dichos nombramientos no pueden exceder el año, a excepción de las personas en proyectos especiales.

Por último, se informó que el Municipio tenía 33 demandas civiles pendientes de resolución por $20.4 millones. Las demandas eran por concepto de daños y perjuicios, cobro de dinero, acción civil y despido injustificado.

El informe cubrió el periodo del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2017, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.