Fantasmas pululaban por la Alcaldía de Yauco bajo incumbencia del exalcalde Abel Nazario según informe del Contralor

YAUCO: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre las operaciones relacionadas con la administración del personal del Municipio de Yauco, bajo la incumbencia del exalcalde novoprogresista Abel Nazario Quiñones. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que estas operaciones no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

En un comunicado de prensa se indicó que el informe revela múltiples irregularidades con la compensación a empleados del Municipio. Por ejemplo, del examen realizado a siete de los 35 nombramientos irregulares realizados en el 2014 y 2015, se encontró que tres mantenían jornadas de trabajo simultáneas con el Departamento de Educación, el Municipio de Adjuntas y una empresa privada. Estos empleados devengaron $3,269 en salarios indebidos. Las hojas de asistencia de estos tres empleados fueron certificados por la vicealcaldesa, la supervisora de Child Care, y un ayudante del entonces alcalde Nazario.

Empleados fantasmas en Yauco

La auditoría de un hallazgo señala también que los siete empleados no tenían tareas específicas, desconocían sus horarios y ninguno había trabajado en el Departamento de Propiedad. Los auditores de la Contraloría detectaron que, a uno de los empleados, también legislador municipal de Ciales, sólo lo vieron en dos o tres ocasiones y los días de cobro.  Además, a otro empleado de Juana Díaz, nunca lo habían visto en el Municipio, pero tenía sus hojas de asistencia firmadas por la vicealcaldesa y un ayudante del alcalde.

Varios funcionarios de Recursos Humanos declararon que en ocasiones prepararon nóminas mediante un proceso distinto al regular, por instrucciones del ayudante del alcalde.  Además, admitieron que realizaron ajustes en la nómina preliminar de algunos por no tener evidencia de su asistencia; sin embargo, en la nómina final cobraban todas las horas.

Los auditores de la Contraloría examinaron las tarjetas de asistencia de dos empleados en dos fechas distintas y detectaron que las tarjetas no eran las mismas. Las entregadas en la segunda fecha, reflejaron horarios conflictivos, más días y horas de trabajo, y ponchadas en la máquina de asistencia. Además, no se encontró para examen, las tarjetas de asistencia que justificaran los $38,111 en nómina, ni los nombramientos de cuatro empleados a quienes se les realizaron pagos por $5,533.

Estas situaciones, referidas al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) el 15 de octubre de 2018, se atribuyen a que el ayudante del alcalde, la vicealcaldesa, la supervisora de Child Care y los siete empleados, incurrieron en prácticas ilegales con la intención de defraudar el erario.

La auditoría comenta otros procesos judiciales contra el exalcalde que son significativas para la operación del Municipio de Yauco. El exalcalde fue encontrado culpable el 22 de marzo de 2020 por fraude contra el Gobierno de los Estados Unidos. Además, el 6 de noviembre de 2019, la fiscalía federal en Puerto Rico, radicó cargos contra el exalcalde de Yauco, su exayudante, la exdirectora de Recursos Humanos y cinco exempleados por robo o fraude relacionado con programas que reciben fondos federales.

La auditoría recomienda a la secretaria de Justicia y al director de la Oficina de Ética Gubernamental, tomar las acciones que consideren, con respecto al hallazgo.  Además, le recomienda a la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, velar que Yauco cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Contraloría de Puerto Rico.

Este tercer y último informe de Yauco, cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015, y está disponible en http://www.ocpr.gov.pr.

Parece que Donald Trump tenía razón

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste

Ya se ha convertido en algo común que día a día salgan noticias de que los federales están investigando alguna agencia, municipio o corporación pública. Que si el FBI está investigando al Departamento de Hacienda; al Departamento de Educación, que si ASES, empleados fantasmas en El Capitolio; que están investigando al Municipio de San Juan; y ahora sale que están investigando al Municipio de Mayagüez, incluso hasta bancos privados han sido intervenidos por el ente federal.

Todas estas investigaciones tienen como fin recuperar fondos federales que pudieron haber sido utilizados de manera ilegal por alguna de estas agencias o municipios, y por violaciones a leyes federales en el caso de los bancos que pueden incluir hasta el soborno. Claro, cada vez que sale una noticia sobre estas investigaciones, los políticos de partidos contrarios sacan, en tiempo récord, comunicados de prensa donde pareciera que son ellos los que están realizando dichas investigaciones, porque dicen más “información” que la que dan los propios federales. Parece un juego de a quién es al que más investigan.

Mientras todo esto pasa, el pueblo continúa viendo cómo, esos mismos políticos investigados, se reparten miles de dólares en salarios a familiares, con contratitos en alguna agencia o corporación pública. Si un senador quiere que un familiar tenga un buen contrato, lo lleva a algún municipio o a la Cámara de Representantes para que lo contraten. Lo mismo pasa si es un representante a la Cámara, lo lleva al Senado o a algún municipio o hasta a una corporación pública para que le contraten el familiar.

Mientras para el pueblo no hay trabajo, estos funcionarios se reparten los pocos puestos que hay disponibles.

Todo esto nos debe llevar a pensar que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tenía un panorama bien claro de lo que está pasando en Puerto Rico cuando dijo que los políticos en Puerto Rico eran unos corruptos. De hecho, cada vez que sale alguna información de investigaciones federales, se deja claro que Trump tenía razón.

Mientras el país tiene una Junta de Control Fiscal Federal (que por cierto no han dicho ni pío sobre estas investigaciones) que está quitándole a los trabajadores el bono de Navidad, bajando las pensiones, reduciendo la aportación patronal a los planes médicos y prohibiendo aumentos de salario a los trabajadores, tenemos funcionarios ganando más de $600 mil al año, con bonos de cancelación de contratos, con residencia y viajes pagados por los puertorriqueños. Mientras cierran escuelas y privatizan centros de trabajo por supuesta falta de dinero, hay funcionarios malversando fondos que se supone vayan en servicio directo a los ciudadanos.

Investigan los contratos de toldos, los de Tu Hogar Renace, los que se dieron en Educación y el de Julia Keleher, sin embargo no vemos que estas investigaciones produzcan arrestos. Al contrario, vemos que el gobierno estatal utiliza todo su andamiaje investigativo para perseguir funcionarios que deciden no quedarse callados, como el caso del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, a quien no solo lo despiden de su trabajo por acudir a los federales, sino que además inician una investigación ilegal contra su hijo por este decir que tiene información de hasta el propio gobernador Ricardo Rosselló.

Veremos que nos traen las próximas semanas.