Contraloría “le cae arriba” al Municipio de Aguada y revela deficiencias de controles internos y la falta de fiscalización de Auditoría Interna (Enlace al documento)

AGUADA: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Aguada, revelando deficiencias en las transferencias de crédito entre partidas presupuestarias. Por ejemplo, algunas de las transferencias de créditos se realizaron sin la debida certificación de sobrantes que debe emitir el director de Finanzas.

El informe M-19-19 indica además que las secretarias de la Legislatura Municipal, contrario a la reglamentación, no remitieron copia de las órdenes ejecutivas y resoluciones, a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) en 131 transferencias de crédito de un total de 349 para el periodo auditado.

Otras copias se enviaron a la OCAM hasta nueve meses más tarde de la fecha establecida.

La auditoría de cuatro hallazgos señala que contrario al reglamento para la Administración Municipal, de enero de 2014 a diciembre de 2016, bajo la incumbencia del exalcalde popular Jessie Cortés, no se preparó el Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos. Tampoco el Municipio llevaba de forma correcta el registro y los expedientes de inversiones ya que no incluía los intereses mensuales acreditados ni el aumento en la inversión, y carecía de los documentos de apertura cancelación e intereses capitalizados.

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Los auditores de la Oficina de la Contralora identificaron que la Unidad de Auditoría Interna de Aguada no realizaba auditorías periódicas de materialidad y riesgo sobre las recaudaciones, desembolsos, nóminas, propiedad y funcionamiento del sistema uniforme de contabilidad mecanizado. Esta situación impide mantener una fiscalización continua y eficaz de las finanzas y operaciones del Municipio.

El informe comenta que el Municipio formalizó un contrato y tres enmiendas con la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) para participar de los fondos del programa federal del Child Care and Development Fund del 2012 al 2013 por $210,147.

La ACUDEN cuestionó en febrero de 2017, el uso de $57,539, por qué no se incluyó la información de los nombres de los proveedores con pagos pendientes, se efectuaron pagos con posterioridad al tiempo establecido y el Municipio no devolvió el sobrante de fondos.

Otro comentario de la auditoría indica que la OCAM cuestionó el uso de $6,284 para rehabilitación de viviendas cuyo participante no cumplió con los requisitos del programa.

El informe que cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2017, está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Favorable pero “con excepciones” Informe de la Contralora en Isabela

Carlos "Charlie" Delgado Altieri, alcalde de Isabela (Archivo).

Carlos “Charlie” Delgado Altieri, alcalde de Isabela (Archivo).

ISABELA: La Contraloría de Puerto Rico emitió el jueves una opinión favorable con excepciones de las operaciones fiscales del Municipio de Isabela relacionadas a la administración del presupuesto y el uso del sistema de contabilidad mecanizado.

El Informe presenta cuatro hallazgos que revelan deficiencias con las conciliaciones bancarias, los ingresos y los informes mensuales de ingresos y desembolsos.

Por ejemplo, las conciliaciones de la cuenta General, Sellos y Comprobantes, CIMA y Aportación Ciudadana reflejaban diferencias de hasta $23,750 y las conciliaciones bancarias del Municipio tenían atrasos de hasta 12 meses. Los respectivos ajustes se realizaron a principios del 2016 como respuesta a la carta a la gerencia remitida por los auditores al alcalde Carlos “Charlie” Delgado Altieri.

Además, a junio de 2015, el Municipio no llevaba un mayor general para que pudiera conciliarse con las cuentas bancarias y el Informe Mensual, ni tampoco mantenía un registro confiable de todas las cuentas por cobrar.

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La auditoría señala que el Municipio no remitió a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) la lista de deudas vencidas al 30 de junio de 2012 ni las cuentas por cobrar de $111,286, al 30 de junio de 2015. Por disposición de ley, las deudas vencidas de dos años o más, se deben notificar a la OCAM.

Los auditores identificaron $589,500 en fondos inactivos por periodos de hasta más de 11 meses y la falta de fiscalización de los sistemas de contabilidad mecanizados por parte de la Unidad de Auditoría Interna.

En los Comentarios Especiales del Informe se indica que el Municipio de Isabela tuvo que pagar a la Oficina de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos una penalidad de $3,475 por violaciones, luego de la inspección de varias entidades municipales.

Al 30 de junio de 2015 tenía tres demandas civiles por $105 mil, pendientes de resolución por los tribunales.