Por años ha tenido una “jauja”… Y el Panel del FEI suspende de empleo y sueldo solo por 30 días al Alcalde de Maricao

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SAN JUAN: El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) suspendió el pasado viernes al alcalde de Maricao, Gilberto Pérez Valentín.

Como parte de su suspensión, que es de empleo y sueldo y durará 30 días, Pérez Valentín no podrá acudir a la alcaldía ni hacer uso de su teléfono celular, vehículos ni abastos de gasolina.

El incumbente municipal, que pertenece al Partido Nuevo Progresista (PNP), ha enfrentado múltiples querellas en su contra en la Oficina de Ética Gubernamental y serios señalamientos por parte de la Oficina del Contralor.

En el 2015, Pérez Valentín tuvo que pagar multas por volver a contratar a su hermano. El año anterior, había tenido que pagar $10 mil por las mismas.

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En el informe más reciente de la contralora Yesmín Valdivieso, refirió al alcalde maricaeño al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Administración de los Sistemas de Retiro, por situaciones como el aumento de sueldo al alcalde, concedido por la Legislatura Municipal, así como los pagos por la liquidación de las licencias de vacaciones y enfermedad sin cumplir con los requisitos de ley.

Un escandaloso hallazgo se relaciona con la fuente de bronce de la Casa Alcaldía, que se adquirió en el 2012 por $139 mil, sin celebrar subasta pública. Los auditores del Contralor verificaron la razonabilidad del costo y encontraron una fuente similar que puede ser adquirida por Internet a un costo inferior (de $19 a $40 mil). Los auditores consideraron la cantidad pagada por la fuente como “extravagante y excesiva”.

El informe de auditoría, que consta de 13 hallazgos y dos comentarios especiales, revela desviaciones de ley y de reglamentación con la administración del presupuesto.

El Municipio tenía déficits presupuestarios en el Fondo Operacional de $2.6 millones para el 2012 y $2.8 millones para el 2013. El presupuesto del 2014 solo consignó $25,000 para cubrir el déficit y $0 para el 2015. Una situación similar se comentó en el Informe de Auditoría M-13-26 de 2013.

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Se informó que sin aprobar un reglamento y sin considerar los requisitos establecidos por ley, la Legislatura Municipal aprobó el aumento de salario al alcalde Pérez Valentín, de $3,500 a $6,500 mensuales, y para ello no consideró los estados financieros auditados, ni el déficit del municipio, ni evidencia sobre el censo poblacional de Maricao, ni el cumplimiento de los controles fiscales y administrativos, ni los informes de auditoría ni los planes de acción correctiva de la Oficina del Contralor, de la OCAM ni del Gobierno Federal, entre otros requisitos.

Se indicó también que de mayo de 2011 a marzo de 2013 se pagaron bienes y servicios por $131,000 sin obtener cotizaciones; y en el 2009, se autorizaron trabajos adicionales para mejoras en la Alcaldía, Plaza de Recreo y alrededores por $1 millón, sin celebrar subasta pública.

Otro de los hallazgos señala que no se cobraron arbitrios de construcción ni patentes municipales a contratistas por $26 mil; se efectuaron pagos en exceso por el suministro de gasolina; deficiencias con los gastos incurridos en la tarjeta de crédito; y contratos que se remitieron con tardanzas de hasta 564 días a la Oficina del Contralor.

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Justicia recomienda un FEI para la senadora popular Mari Tere González

Senadora Mari Tere González (Archivo).

Senadora Mari Tere González (Archivo).

SAN JUAN: El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, informó el lunes la entrega a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) del informe sobre la investigación preliminar en el caso de la senadora popular Mari Tere González López, tras detectarse la posible comisión de delitos graves.

La pesquisa es producto de una investigación iniciada por el Departamento de Justicia, a raíz de las declaraciones de testigos en el juicio federal contra Anaudi Hernández Pérez.

Los testimonios que dan pie a la investigación fueron recogidos en sala durante el juicio federal por parte de fiscales asignados por el Departamento de Justicia, con el fin de allegar prueba al Estado de posibles delitos a nivel local.

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“En el día de hoy estamos refiriendo a la atención de la OPFEI a la senadora María Teresa González López y a los señores Anaudi Hernández Pérez, Héctor Vargas Soto y José Torres Mena, este último tesorero de la campaña electoral de la senadora. En dicho referido estamos recomendando la designación de un fiscal especial independiente tras detectar un posible esquema ilegal distinto al que fue objeto de las acusaciones federales. Entendemos que la senadora utilizó las facultades de su cargo para beneficiar a terceros. Mientras esto sucedía, la senadora obtuvo beneficios de estos terceros y encubrió dicho hecho en los informes que proveyó al Estado. Ahora corresponde al FEI, conforme a su ley habilitadora, determinar si procede la radicación de cargos en este caso”, detalló Miranda en un comunicado de prensa.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la OPFEI, el Departamento de Justicia realizó la investigación preliminar de este caso dentro del término legal de 90 días para hacer el referido a la OPFEI.

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El referido de individuos privados se realiza en conformidad con el Artículo 5 de la propia ley de la OPFEI. Dicha ley que requiere que individuos que hayan participado, conspirado, provocado, o que de algún otro modo fueran autores o coautores en cualquiera de los delitos imputados, sean referidos a la OPFEI para evaluar la prueba en conjunto con la prueba contra el funcionario a ser investigado.

“Como he repetido en varias ocasiones, las investigaciones, referidos o presentaciones de cargos criminales las realiza el Departamento de Justicia una vez esté listo y cuente con la prueba requerida en nuestro ordenamiento. Siempre que se esté en posición de satisfacer un quantum de prueba para sustentar referidos o cargos criminales, el Departamento de Justicia tiene la obligación de proceder diligentemente con las acciones administrativas o judiciales que correspondan”, añadió el titular de la agencia.

Justicia destacó a dos fiscales en las vistas del juicio federal contra Hernández Pérez, para recoger de primera mano datos que pudieran dar indicio de posible comisión de delitos estatales. Desde entonces, la agencia lleva a cabo una investigación amplia que incluye solicitudes de prueba documental, entrevistas, entre otras gestiones investigativas.

Secretario Justicia niega conocer a Anaudi Hernández y desmiente rumores

De izquierda a derecha, el secretario de Justicia, César Miranda; el convicto empresario Anaudi Hernández; y el representante novoprogresista José Aponte Hernández.

De izquierda a derecha, el secretario de Justicia, César Miranda; el convicto empresario Anaudi Hernández; y el representante novoprogresista José Aponte Hernández.

SAN JUAN: El secretario de Justicia, César Miranda, rechazó el martes conocer al convicto recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández, desmintiendo señalamientos publicados en un portal cibernético, que fueron recogidos por el representante novoprogresista José Aponte Hernández, quien “le pidió cuentas” sobre el asunto.

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“Lamentablemente en la mañana de hoy el representante José Aponte Hernández ha sacado un comunicado de prensa en el que solicita que se aclare la naturaleza del vínculo de este servidor con el señor Anaudi Hernández. En el documento se sugiere que yo me pude haber relacionado con Hernández a raíz de mi participación en la transición del gobierno de Carmen Yulín Cruz a la Alcaldía de San Juan. Esta idea carece de total credibilidad y es uno de los actos más bajunos que he visto en toda mi carrera como servidor público”, dijo Miranda en declaraciones escritas.

El secretario Miranda fue enfático al negar conocer a Hernández, asegurando que “no participó de evento alguno de recaudación de fondos durante la campaña de Yulín Cruz”.

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“Mi vínculo con el imputado Anaudi Hernández es sencillo, es claro y todo el mundo lo conoce: yo como Secretario de Justicia lo acusé. No tan sólo lo acusé a él, acusé a su esposa y acusé a dos de sus socios y acusé a cuatro de sus corporaciones por evasión contributiva. Las vistas de esos casos están señaladas para el próximo 14, 15 y 16 de septiembre, cuando veremos al señor Hernández comparecer nuevamente ante el foro local. De hecho, los acusados se exponen a cumplir cárcel por un periodo de 3 a 8 años”, expresó Miranda.

“Es importante desmentir de inmediato estas desafortunadas declaraciones del representante Aponte Hernández pues creo que demasiadas veces, para adelantar causas políticas, se raya en niveles intolerables de falta a la verdad. Es indeseable y repudiable la práctica de mancillar reputaciones a diestra y siniestra. Lo cierto es que en la política, no todo puede ser permisible”, concluyó.

Bernier asegura que tendrá “el mismo rigor” con la senadora Mari Tere González

La senadora Mari Tere González y el presidente del PPD, el doctor David Bernier.

La senadora Mari Tere González y el presidente del PPD, el doctor David Bernier.

SAN JUAN: El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y candidato a la gobernación por esa colectividad, el doctor David Bernier, aseguró que el mismo rigor que tuvo con el ahora expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, lo tendrá con la senadora por el Distrito Mayagüez-Aguadilla, Mari Tere González, quien según el testimonio del exrecaudador de la Pava, Anaudi Hernández, recibió donativos para su campaña y lo ayudó a colocar personas en agencias gubernamentales.

“Evaluaremos las circunstancias, y sí lo amerita, porque hay unas imputaciones que entendemos tienen el peso que así lo dispone, actuaremos como hemos actuado en este caso (el de Perelló), y como yo he actuado siempre. El único candidato a la gobernación que ha retirado candidatos de la papeleta, a varios de ellos, ha sido David Bernier”, expresó el líder de la Pava en una conferencia de prensa efectuada en la sede del PPD en Puerta de Tierra.

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En el segundo día de su testimonio en el Tribunal Federal, Hernández dijo que contactó a la senadora González para que lo ayudara a convencer a otros senadores para que confirmaran a la exdirectora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), Sally López Martínez para ese puesto. López Martínez es una de las acusadas en el proceso.

Anaudi Hernández dijo también bajo juramento que la senadora González lo ayudó a ubicar a personas en otras agencias, como por ejemplo Sonia Barreto, quien fue nombrada directora de compras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Tanto con la ADL, como con la AAA, Hernández “guisó” con contratos.

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En cuanto a su “ayuda” a la senadora González, el convicto Hernández alegó que recogió fondos para la campaña de ésta y le pagó algunas de las deudas que tenía por artículos de publicidad.

En el juicio también se descubrió que la senadora González residía en el complejo de apartamentos Puerta del Mar, cerca de la playa Crashboat de Aguadilla, en un apartamento propiedad del oncólogo Rolando Jiménez, que a su vez, entre recoger chavos y pagar deudas, donó aproximadamente $80 mil en efectivo.

La columna de Iván: ¿Cuántos Anaudi hay “guisando” en el Gobierno?

El convicto federal Anaudi Hernández (Archivo).

El convicto federal Anaudi Hernández (Archivo).

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste del país y miembro de la UIA/AAA

Cada cuatrienio salen a relucir señalamientos de actos de corrupción, por parte de funcionarios públicos y alrededores de las campañas políticas. Se habla de beneficiar a los individuos con contratos en el gobierno y hasta legislación para beneficiar a otros.

Este cuatrienio no ha sido la excepción. Hoy precisamente comienza el juicio por actos de corrupción, de algunos coacusados en el caso relacionado a Anaudi Hernández, excontribuyente del Partido Popular Democrático. De hecho, entre esos coacusados se encuentran dos exfuncionarios de la Autoridad de Acueductos, Ivonne Falcón y Sonia Barreto.

Los señalamientos de corrupción en este caso se concentran en la otorgación de contratos de forma ilegal e influenciar para reclutar empleados en el gobierno.

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Pero como inicié mi columna, esto no es nuevo. Los que trabajamos en el gobierno vemos cómo cada vez que sale electo un nuevo gobierno, comienza el desfile de personas que traen a las agencias y corporaciones públicas cada gobernante. También vemos que lo mismo pasa con contratistas, que cambian de administración en administración. Claro, este desfile no quiere decir que siempre se utilizan mecanismos ilegales para que unos logren empleo y otros logren contratos, pero siempre crea cierta suspicacia.

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Sin embargo, no hay duda que este caso que comienza hoy, nos abre los ojos y nos siembra dudas sobre qué mecanismos se utilizaban en el pasado, tanto para reclutar empleados públicos como para obtener contratos. Sería interesante saber, cuántos otros como Anaudi hay en el gobierno, porque la realidad es que este tipo de personas, en la mayoría de las veces ostentan un poder casi mayor al que tiene un gobernador en el gobierno.

Solo espero que se continúe la investigación para poder contestarnos la pregunta ¿Cuántos Anaudi hay “guisando” todavía con el Gobierno?

Líder pipiolo en Maricao denuncia “encubrimiento” en caso de alcalde Gilberto Pérez

Gilberto Pérez Valentín, alcalde de Maricao.

Gilberto Pérez Valentín, alcalde de Maricao.

MARICAO: El presidente del Comité Municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Maricao, Maximino Rivera López, denunció el sábado lo que calificó como “la incompetencia e ineptitud” de las agencias de fiscalización del Estado en el caso del alcalde de esta municipalidad Gilberto Pérez Valentín.

Según Rivera López, al alcalde maricaeño se le ha permitido “una casi total impunidad ante los graves actos de corrupción pública cometidos por el funcionario y claramente documentados por las mismas agencias”.

En declaraciones escritas, señaló directamente al panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), la Oficina del Contralor, el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental.

“(Éstas) han resultado ser claramente incompetentes al momento de hacer al cumplir las leyes que juró cumplir el alcalde de Maricao al asumir su posición y se han convertido en cómplices y facilitadores de los actos de corrupción pública cometidas por el funcionario con su imprudente  e irresponsable indulgencia ante tales actos”,  declaró Rivera, quien es maestro de la Escuela Superior Urbana de Maricao.

El líder pipiolo cuestionó la fuerza moral de estas agencias.

“En el caso del FEI, el descaro de esta agencia- claramente identificada con el partido al que pertenece el alcalde- llega al punto de mentirle al público al declarar que nadie ha radicado querellas contra el alcalde ante ese organismo. Totalmente falso. En o alrededor de septiembre de 2012 personalmente radiqué una querella haciendo alusión a los hallazgos acumulados en diez informes del contralor a lo largo de veinte años y actos públicos que apuntaban a posibles violaciones de ley. La única contestación a esa querella fue el absurdo reclamo de la presentación de un expediente de más de 15 elementos incluyendo declaraciones juradas del alcalde y todos los funcionarios municipales envueltos. Es claro que el FEI no tiene intención alguna de cumplir con su deber y que se ha convertido, con esta bochornosa omisión en el cumplimiento del deber, en cómplice del alcalde y sus actos de corrupción”, reclamó.

Otra dependencia criticada fue la Oficina del Contralor, la que, según Rivera “le ha fallado gravemente al pueblo”.

“A pesar de haber documentado con meridiana claridad en diez informes a los largo de veinte años el patrón de corrupción del alcalde, esta agencia no ha podido convencer a nadie que tome alguna acción para hacerle justicia al pueblo de Maricao que ha estado sumido en el subdesarrollo, la pobreza y el desempleo mientras el alcalde y sus allegados se dan vida de millonarios”, argumentó Rivera.

Sobre el papel del Departamento de Justicia, Rivera dijo que éste ha “ignorado por completo” los señalamientos bien documentados de la oficina del contralor, que cuando hace un señalamiento lo hace con abundante evidencia, sino que cuando recibieron mi querella asumieron el papel de abogados el alcalde y parecían estar más interesados en asegurar que el alcalde pudiera evadir la ley más que cumplirla.

Por otro lado, Rivera criticó a la Oficina de Ética Gubernamental, que a pesar de ser “la única agencia que ha tomado alguna acción contra el alcalde”, ha sido “pusilánime e indulgente” al imponer sanciones “insignificantes e irrisorias”.

“La imposición de una multa de $10,000 al alcalde, por una contumaz violación de la ley que le produjo a un familiar suyo más de $200,000 en ingresos a los que no tenía derecho legal, no solo es inefectiva como mecanismo disuasivo sino que es un estímulo a continuar con el esquema”, sentenció Rivera.

Por último, Rivera López adelantó que estará pidiendo la intervención de la senadora independentista María de Lourdes Santiago en este caso.

“Es hora de que la legislatura intervenga y le quite la discreción a Ética de negociar las multas; que se cree un organismo de fiscalización verdaderamente independiente de influencias políticas que rompa el nudo de impunidad que protege a los alcaldes de forma que se proteja las maltrechas finanzas públicas de la depredación de quienes no consideran la mera vergüenza pública como disuasivo suficiente; que se impongan penas innegociables y automáticas de destitución, cárcel, restitución total y multas verdaderamente punitivas”, concluyó.