Mañana la vista de las “bolsas anaranjadas” de Cabo Rojo en el Tribunal de Mayagüez

Logo del programa de "bolsas anaranjadas", Iniciativa Naranja (Fuente/Internet).

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Por: Julio Víctor Ramírez, hijo

MAYAGÜEZ: En la sala 307 del Centro Judicial de la Sultana del Oeste tendrá lugar el miércoles la vista en la que dos ciudadanos residentes en Cabo Rojo impugnan la legalidad de la Ordenanza Municipal 26, que establece el uso de bolsas plásticas anaranjadas para la disposición de la basura, que los residentes dentro de esa jurisdicción municipal tendrían que comprar.

La vista de la demanda, en la que se solicita un interdicto preliminar y una sentencia declaratoria para que se le ordene al Municipio de Cabo Rojo “no poner en vigor y/o dejar sin efecto” la Ordenanza Municipal 26, está señalada para las 9:00 de la mañana.

Mensajes a través de aplicaciones de teléfonos inteligentes, estuvieron circulando el martes en la tarde, convocando a los residentes de Cabo Rojo a acudir al tribunal.

Como demandantes en este pleito figuran el comerciante Juan Cancel Rivera y el artesano Edy Ruiz Vega, representados por el licenciado Wilmer Rivera Acosta.

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Entre los demandados está el alcalde Ramírez Kurtz y la presidenta de la Legislatura Municipal de Cabo Rojo, Evelyn Alicea González; así como el Municipio Autónomo de Cabo Rojo y la Legislatura Municipal como entes con personalidad jurídica.

En la demanda se alega entre otros asuntos, que la Ordenanza “constituye un intento de restringir irrazonablemente los negocios o el comercio de recogido de basura y reciclajes, cuyo efecto es monopolizar dichos servicios en el Municipio de Cabo Rojo”; aparte de obligar a residentes y comerciantes a utilizar los servicios de la compañía que el Gobierno Municipal contrate.

Los demandantes sostienen que la Ordenanza 26 viola la Ley Antimonopolística de Puerto Rico de 1964.

La demanda insiste en que la controvertible ordenanza crea un daño, ya que “restringe (a los demandantes) su libertad de contratación y los obliga a insertarse en un esquema monopolístico bajo el pretexto de que se fomenta el reciclaje”.

Para leer el texto de la demanda, haga “click” aquí.

Emplazan esta mañana al Alcalde… Radican demanda para impugnar ordenanza de “bolsas anaranjadas” en Cabo Rojo

Epígrafe de la demanda radicada contra el Municipio de Cabo Rojo (Suministrada).

Epígrafe de la demanda radicada contra el Municipio de Cabo Rojo (Suministrada).

Por Julio Víctor Ramírez, hijo

CABO ROJO: El alcalde Roberto Ramírez Kurtz fue emplazado el lunes en la mañana, luego de que se radicara en el Tribunal, una demanda solicitando un interdicto preliminar y una sentencia declaratoria para que se le ordene al Municipio de Cabo Rojo “no poner en vigor y/o dejar sin efecto” la Ordenanza Municipal 26, Serie 2016-2017, que autoriza el establecimiento de “un programa activo de manejo y procesamiento del material reciclaje y venta de bolsas plásticas especializadas” para el recogido de desperdicios sólidos.

Como demandantes en este pleito figuran el comerciante Juan Cancel Rivera y el artesano Edy Ruiz Vega, representados por el licenciado Wilmer Rivera Acosta.

LA CALLE Digital confirmó que el ejecutivo municipal fue formalmente emplazado.

Si quiere ver el documento completo haga “click” aquí.

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Entre los demandados está el alcalde Ramírez Kurtz y la presidenta de la Legislatura Municipal de Cabo Rojo, Evelyn Alicea González; así como el Municipio Autónomo de Cabo Rojo y la Legislatura Municipal como entes con personalidad jurídica.

En la demanda se alega entre otros asuntos, que la Ordenanza “constituye un intento de restringir irrazonablemente los negocios o el comercio de recogido de basura y reciclajes, cuyo efecto es monopolizar dichos servicios en el Municipio de Cabo Rojo”; aparte de obligar a residentes y comerciantes a utilizar los servicios de la compañía que el Gobierno Municipal contrate.

Los demandantes sostienen que la Ordenanza 26 viola la Ley Antimonopolística de Puerto Rico de 1964.

La demanda insiste en que la controvertible ordenanza crea un daño, ya que “restringe (a los demandantes) su libertad de contratación y los obliga a insertarse en un esquema monopolístico bajo el pretexto de que se fomenta el reciclaje”.