“Tierra de nadie” la compra de pruebas y suplidos para la emergencia del COVID-19

Foto por Eric Rojas/CPI

Por Luis J. Valentín Ortiz y Cristina del Mar Quiles del Centro de Periodismo Investigativo

El proceso de compras del Gobierno de Puerto Rico de materiales y equipo para enfrentar la emergencia del coronavirus ha estado plagado de errores, retrasos, ineficiencia, compras cuestionables y falta de detalles.

Más de tres fuentes entrevistadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) identificaron a Adil Rosa Rivera como la persona responsable formalmente de la compra de suplidos para la emergencia, como ventiladores, pruebas y equipo de protección. Hasta hace unos días, Rosa Rivera coordinó el proceso de compras, primero desde Salud y luego en el Centro de Operaciones (COE) del Negociado de Manejo de Emergencias (NMEAD). Desde el COE, junto a los miembros del Task Force médico, el Dr. Juan Salgado y el Dr. Segundo Rodríguez, han coordinado qué comprar y a quién se le compra, aseguraron tres fuentes.

Adil Rosa Rivera, quien trabajó anteriormente como directora de Administración de la región de Caguas del Departamento de la Familia, tuvo a su cargo la secretaría auxiliar de Administración del Departamento de Salud hasta la semana pasada. Llegó a la agencia durante la incumbencia del exsecretario, Rafael Rodríguez Mercado, y su chief of staff, Mabel Cabeza Rivera.

Dos fuentes identificaron a Cabeza como la persona que La Fortaleza designó para supervisar las compras que manejaba Adil Rosa Rivera y el Task Force desde Salud y el COE.

“Fui nombrada en destaque para laborar en La Fortaleza. Ahí se me solicitó que trabajara con el Task Force en Fortaleza dirigido por el Dr. Segundo Rodríguez. No se me brindó un título o tareas en específico. […] No fui ni enlace ni coordinadora”, reaccionó por escrito Cabeza, quien salió de Salud el 30 de marzo para pasar a la mansión ejecutiva.

Añadió: “Nunca he tenido rol alguno en cuanto al proceso de compras o contrataciones de Salud, de Fortaleza ni del proceso de Emergencia”.

Pero las fuentes aseguran que Cabeza era el enlace entre la mansión ejecutiva y el Task Force médico hasta el 30 de marzo, y refirió nombres de compañías a Rosa Rivera para que se les pidiera cotización. Varias empresas referidas por La Fortaleza lograron vender sus productos al Gobierno, incluyendo las tres compañías que suplieron pruebas rápidas a Salud: Zogen (cuyo representante autorizado en la isla es 313 LLC), Castro Business y Maitland 175 Inc. Antes del cierre de cualquier transacción, el proceso incluye la revisión de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda y la secretaría del Departamento de Salud.

Cabeza negó que diera instrucciones o sugerencias a Rivera Rosa en cuanto a suplidores. “Cualquier email o mensaje de texto de propuestas que a mí me llegaban se les enviaba al Departamento de Salud para que fuesen ellos quienes evaluaran y tomaran sus determinaciones. NUNCA emití recomendación alguna sobre ninguna persona o entidad jurídica con respecto a la compra de pruebas o cualquier otra adquisición que estaba bajo consideración del Task Force”, dijo.

Las fuentes añadieron que los acercamientos de suplidores que recibe el Gobierno y el Task Force durante la emergencia se han canalizado a través de Adil Rosa Rivera, quien a su vez pide cotizaciones según las exigencias del grupo de médicos, particularmente a través del Dr. Salgado y el Dr. Rodríguez. Aunque el Task Force asegura que su rol se limita a recomendar qué se necesita y evaluar las opciones disponibles, más de tres fuentes aseguran que tanto el Dr. Rodríguez, como el Dr. Salgado tienen poder decisional e imparten instrucciones de compra.

Cabeza identificó a Adil Rosa Rivera, la Dra. Quiñones de Longo y el Dr. Segundo Rodríguez como las personas responsables del proceso de evaluación y contratación. “Yo no participaba de las reuniones de compras y/o contratación que se llevaron a cabo entre ellos”, aseguró.

El CPI supo que Rosa Rivera fue entrevistada por autoridades federales con relación a las compras realizadas. Rosa es activista del Partido Nuevo Progresista (PNP) y en sus redes sociales ha mostrado su apoyo al partido, la gobernadora Wanda Vázquez Garced y al exmandatario, Ricardo Rosselló Nevares, entre otras figuras relacionadas al PNP. Según una fuente, entre Mabel Cabeza y Adil Rosa existe una amistad, pero según Cabeza, la relación es una profesional.

Rosa Rivera fue designada por los tres secretarios que ha tenido el DS en el pasado mes para supervisar el proceso de compras de parte de la agencia. Un boletín interno de la agencia el 3 de abril anunció la designación de Johnny Colón González al puesto de secretaría auxiliar de Administración, pero no queda claro si Rosa Rivera continúa trabajando en Salud. La agencia no contestó si fue removida o si sigue involucrada en el proceso de compras.

El CPI intentó contactar a Adil Rosa pero no tuvo éxito.

El Dr. Salgado admitió en entrevista con el CPI su intervención en el proceso de compras desde el COE y negó que recomendara a compañías de amigos o conocidos, aunque sí refirió a suplidores que lo han contactado. Una petición de entrevista al Dr. Rodríguez Quilichini no fue atendida.

Al menos tres fuentes dijeron que La Fortaleza ha intervenido directamente en el proceso de compras, principalmente a través de Mabel Cabeza, cuando ella supervisaba desde la mansión ejecutiva las compras que realizaba Rosa y el grupo de Salud.

La Gobernadora reiteró el miércoles que La Fortaleza no intervino en el proceso de compras, incluyendo la orden de un millón de pruebas rápidas que fue cancelada. Nombró como responsable al Departamento de Salud.

El CPI preguntó a la exsecretaria de Salud, Dra. Concepción Quiñones de Longo, si las órdenes de compra que realizó Salud bajo su incumbencia se estaban gestionando desde La Fortaleza.

“Eso es correcto, las compras y las cotizaciones las gestionaban desde La Fortaleza y nos contactaban solo para firmar el visto bueno. Los procesos yo entendía que no eran los adecuados, que eso fue lo que motivó al fin y al cabo mi renuncia, porque yo no estaba dispuesta a participar de todo ese tipo de compra, porque yo entendía que no eran lo mejor para el Departamento de Salud y el Gobierno”, contestó.

Cabeza afirmó al CPI: “No tuve nada que ver con el proceso de compras ni adjudicación”.

Quiñones de Longo aprobó la compra de pruebas y otros materiales para la emergencia realizadas cuando estuvo a cargo de la agencia. Dos fuentes aseguran que la doctora evaluaba estas órdenes y tenía una persona de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) que la asistía.

La compra de materiales y equipo se hizo desde Salud hasta el 26 de marzo. Ese día, NMEAD tomó control del proceso, pero solo en papel, según dijo el jefe del Negociado, José Burgos, a El Nuevo Día. Burgos identificó a Adil Rosa como la persona que dio la instrucción de compra de un millón de pruebas rápidas que fue cancelada la semana pasada. Una entrevista solicitada a Burgos no fue concedida.

El suplidor de estas pruebas, APEX, ya había enviado una cotización, antes de que se le pidiera desde el COE. El CPI vio evidencia de que la cotización de la compañía había sido enviada con anterioridad por Juan Maldonado, exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo y abogado de APEX, a tres personas: el Dr. Segundo Rodríguez, el Dr. Roberto Rosso — ayudante de Quiñones de Longo y quien renunció tras la salida de la exsecretaria — y Mabel Cabeza Rivera.

Además, la evidencia también muestra que Eduardo “Tito” Laureano, vinculado al PNP y quien trabajó para Pedro Rosselló, ayudó a establecer el contacto entre el Task Force y el abogado de APEX, Maldonado. Laureano, quien fue contratado por el Dr. Segundo Rodríguez en el Recinto de Ciencias Médicas según reportó Metro, es amigo del Dr. Rodríguez, dijo una fuente.

En una conferencia de prensa el miércoles, el Dr. Rodríguez evadió contestar directamente su relación con Laureano, pero aceptó recibir de él la información de contacto de Maldonado y APEX.

Otra fuente dijo que el Dr. Salgado mantiene una estrecha relación de amistad con el padre de Juan Maldonado, abogado de APEX.

Cabeza, por su parte, aseguró no conocer a nadie relacionado a la compañía APEX. “Nunca recomendé a esta compañía o a cualquier otra. Nunca solicité propuesta de ninguna de las compañías contratadas por Salud ni por el NMEAD ni recomendé a ninguna”.

La adquisición de pruebas para detectar el coronavirus muestra las irregularidades y tropiezos que ha tenido el proceso de compras en el Gobierno para enfrentar la epidemia. De las primeras pruebas que llegaron a Puerto Rico el pasado 17 de marzo — 200 pruebas moleculares o “PCR” de la compañía Quest —, el Departamento de Salud proveyó evidencia de entrega para todas estas pruebas, excepto las 50 que fueron al aeropuerto. Según la agencia, fueron entregadas a una empleada de la Administración de Servicios Médicos para el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. Estas son las pruebas que, según Concepción Quiñones de Longo, fueron entregadas sin cumplir con la cadena de mando.

La persona responsable de la custodia de pruebas era Adil Rosa, según afirmó Mabel Cabeza Rivera. Una fuente asegura que Rosa Rivera no tenía todavía la responsabilidad de custodiar las pruebas al momento que llega esa entrega, el 17 de marzo.

Una petición de todas las órdenes de compra realizadas durante la emergencia por Salud y NMEAD no fue atendida.