Por Carlos F. Ramos Hernández
Los ataques infundados e incluso violentos contra periodistas y medios de comunicación en Estados Unidos, Puerto Rico y el mundo se han convertido cada vez más en algo de todos los días. Existen menos voces críticas que cuestionan al oficialismo. Y no es de extrañar, las amenazas a la libertad de prensa, en sus múltiples manifestaciones, se reflejan en los datos recopilados por organizaciones no gubernamentales regionales y mundiales.
Estados Unidos hoy ocupa el puesto 57 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de la organización Reporteros Sin Fronteras, su peor clasificación desde que el ranking comenzó en 2002. En ese país, el año pasado se registraron más de 30 arrestos o detenciones de periodistas durante la cobertura de protestas. Según el Committee to Protect Journalists, en 2025 fueron asesinados 129 periodistas y trabajadores de medios en todo el mundo, la peor cifra en más de tres décadas. La mayoría de estas muertes provienen de zonas de guerra, en particular, las causadas por el Gobierno de Israel durante el genocidio en Palestina.
Aunque hay grados y extremos en los ataques a la prensa, un elemento es común en todos: al silenciar, el Estado busca intimidar, empleando tácticas de miedo y autocensura, en los periodistas que buscan informar sobre la gestión gubernamental. Estas prácticas facilitan la manipulación de las narrativas y limitan el flujo de información confiable.
Sin embargo, hay reporteros valientes que insisten en hacer preguntas incómodas, buscar la verdad y defender la democracia y las libertades civiles a toda costa.
Una persona que ha estado luchando en defensa del periodismo en el hemisferio y a nivel internacional es David McCraw, vicepresidente senior y abogado principal del periódico The New York Times y profesor de la Escuela de Derecho de Harvard.
En su trayectoria de más de dos décadas, McCraw ha dirigido el equipo legal de uno de los periódicos más influyentes en el mundo. Bajo su liderazgo, se han presentado más de 150 demandas de acceso a la información pública a nivel federal y estatal, y ha sido pieza clave para dar asesoramiento legal en investigaciones de gran interés público. Por ejemplo, apoyó legalmente a sus periodistas y editores sobre cómo publicar las revelaciones de WikiLeaks, la página web dedicada a publicar documentos filtrados de gobiernos y organizaciones, así como los documentos confidenciales del Gobierno estadounidense que reveló Edward Snowden, el exagente de la National Security Agency. McCraw también asesoró a periodistas en la cobertura del movimiento global #MeToo, que impulsó denuncias públicas contra el acoso y abuso sexual, y que precipitó la caída del productor de cine y agresor sexual, Harvey Weinstein. Además de este trabajo directo con reporteros del Times, McCraw está a cargo de dirigir los esfuerzos logísticos, diplomáticos y legales de “manejo de crisis” para la liberación de periodistas o freelancers que son secuestrados o detenidos en el extranjero y que muchas veces trabajan en zonas de conflicto.
Durante su visita a Puerto Rico que inicia el lunes 16 de marzo, como orador de la conferencia magistral organizada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), McCraw hablará sobre las batallas legales más recientes del Times contra la administración del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump. Uno de esos litigios encuentra resonancia en un enfrentamiento reciente entre el CPI y la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón: la restricción del acceso a conferencias y espacios públicos por no contar con una credencial de prensa “oficial”.
El New York Times tuvo que demandar al Departamento de Defensa, ahora de Guerra, y su secretario Pete Hegseth para impugnar las nuevas reglas del Pentágono que restringen cómo los periodistas pueden acceder a esa agencia. En una actuación sin precedentes, la nueva política, bajo la administración Trump, exige a todo periodista firmar un “acuerdo de compromiso” de no solicitar ni publicar información que no haya sido autorizada oficialmente por el Departamento de Guerra, aun si se trata de datos públicos y no confidenciales. El periódico, que en este litigio cuenta con el apoyo de múltiples medios y organizaciones a favor de la libertad de prensa, sostiene ante un foro judicial que esta es una clara violación de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Acá en Puerto Rico, el CPI recientemente obtuvo una importante victoria en los tribunales cuando la jueza superior Iris L. Cancio González del Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó a la gobernadora González Colón y a su Oficial de Prensa, Marieli Padró, que desistieran de solicitar la credencial emitida por el Departamento de Estado como condición para acceder a La Fortaleza y cubrir a la Primera Ejecutiva y a los jefes de su gabinete. En su sentencia, la jueza enfatizó que “el derecho a la libertad de prensa de los demandantes se está coartando al negarles el acceso a información gubernamental valiosa, sobre la cual puedan publicar o transmitir”. Aunque el Gobierno anunció que pretende apelar la determinación, desde que se emitió el fallo judicial, los periodistas del CPI han podido entrar a la mansión ejecutiva para ejercer su oficio y participar de las conferencias de prensa que allí se celebran. Además, tras el fallo, la administración de González Colón dejó de exigir la credencial de prensa en sus convocatorias.
El mimetismo en el trato a la prensa del presidente Trump y la gobernadora González Colón ha sido evidente desde el inicio de ambas administraciones. Este último litigio sobre el carnet de prensa, que habíamos anticipado hace varios meses, evidencia que están dispuestos, cada vez más, a tratar de empujar la raya de lo legal y razonable.
Sin dudas, la historia reciente demuestra que los intentos del Estado de restringir el acceso a la información y silenciar a la prensa no son excepciones, sino actuaciones recurrentes de quienes temen ser fiscalizados. Más allá del carnet “oficial” y de las nuevas limitaciones de la Ley de Transparencia, en Puerto Rico vemos que los intentos por acallar a periodistas se dan de muchas otras maneras. Quieren que los periodistas enmudezcan cuando el Estado busca influenciar en las líneas editoriales o cambiar las portadas de los periódicos, como se evidenció en el infame Chat de Telegram. Tratan de ocultar información cuando los funcionarios se niegan consistentemente a ser entrevistados para rendir cuentas de su gestión pública. Buscan amordazar a los reporteros con ataques verbales y burlas de sus líderes políticos por hacer preguntas incómodas.
Cuando hace un año tuve la oportunidad de tomar el curso que ofrece McCraw en la Escuela de Derecho de Harvard, jamás imaginé que, al invitarlo a Puerto Rico, su estadía coincidiría con un momento en el que The New York Times y el Centro de Periodismo Investigativo encaran batallas legales similares contra distintos gobiernos. Mientras él enfrenta en los tribunales las ofensivas antidemocráticas de la Casa Blanca, acá seguimos defendiendo el derecho a saber e informar frente a los caprichos del poder en La Fortaleza y el Capitolio.
Ante estas realidades, corresponde que la ciudadanía permanezca vigilante y alerta. La visita del abogado de The New York Times resulta oportuna para reflexionar, como país, sobre las experiencias de una persona que lleva años defendiendo en los tribunales y en la esfera pública, como también hacemos desde el CPI, a periodistas que no temen indagar, investigar y publicar trabajos que fiscalizan y denuncian los abusos del poder gubernamental.
