“Con la guardia bajita” el Departamento de Salud ante la epidemia del dengue

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla | Centro de Periodismo Investigativo

A pesar de que en Puerto Rico el dengue es endémico y que en estos momentos hay una emergencia por este virus, el Departamento de Salud (DS) no ha tomado acciones básicas de prevención y protección a la ciudadanía, ni de orientación sobre la vacuna disponible para menores de nueve a 16 años, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

La agencia solo ha logrado la vacunación completa de 19 niños desde que se introdujo en Puerto Rico la vacuna en el 2022, esto es menos del 0.01% de la población en este segmento de edades, y casi todos han sido de San Juan.

A la fecha, se han reportado 1,033 casos desde que comenzó el año, sobrepasando el umbral epidemiológico esperado. La mayor parte de los casos que se están viendo son de un tipo de dengue para el cual la mayoría de las personas en Puerto Rico no tiene inmunidad, dijo Julieanne Miranda, directora asociada de la Unidad de Control de Vectores del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación.

Se desconoce cuántos de los más de 300,000 menores entre los nueve y 16 años cualificarían para la vacuna, pues no se hacen pruebas de cernimiento a gran escala, las cuales son indispensables porque solo pueden vacunarse quienes hayan tenido dengue antes de recibir las dosis. La propia agencia estima que cinco de cada 10 niños y niñas entre esas edades ha tenido dengue en Puerto Rico, por lo que unos 150,000 menores serían elegibles.

También se han hecho pocas pruebas diagnósticas. Este año, Salud ha hecho 3,327 pruebas moleculares y 1,399 IgM (prueba que detecta los anticuerpos), según datos provistos por la Oficina de la Principal Oficial Médico del DS. Estas pruebas son clave para tratar a tiempo otras enfermedades letales que pueden confundirse con el dengue, como la leptospirosis, la influenza y la malaria, aseguraron varios infectólogos entrevistados.

La baja cantidad de pruebas diagnósticas hechas por el DS responde a la falta de infraestructura para procesar las muestras en Puerto Rico, dijeron los expertos y oficiales entrevistados. Mientras que la baja vacunación se debe a que poca gente sabe que existe esta vacuna y a los retos de logística para la inoculación, según los expertos entrevistados.

También, el DS reconoce en su propio Plan Estratégico para el Manejo Integrado de Vectores publicado en 2023 que no cuenta con los recursos, las estructuras físicas, ni la tecnología necesarias para atender la emergencia del dengue.

Hace más de cuatro meses que los casos están superando lo esperado y hace dos meses se declaró una emergencia por el dengue. Aun así, menos de una veintena de niños y adolescentes entre los posibles candidatos a vacunación ha recibido la dosis completa, a pesar de que la vacuna está disponible en Puerto Rico desde el 2022.

La poca acción de los pasados meses del DS se suma a años de abandono oficial al tema del dengue en Puerto Rico, pese a los augurios de un aumento en la prevalencia del virus debido al incremento en el ritmo de reproducción del mosquito ante las altas temperaturas generadas por el cambio climático a nivel global. Por ejemplo, no se ha mantenido una campaña masiva de orientación y se han disminuido los esfuerzos de asperjación periódicos en los municipios. Además, se mantiene centralizado en San Juan el procesamiento de las pruebas de diagnóstico.

Las muestras tomadas en cualquier hospital o laboratorio tienen que ser enviadas a procesar al DS, y el resultado toma aproximadamente una semana, cuando ya no es útil para el tratamiento del paciente.

“Muchas veces nosotros no recibimos los resultados hasta que el paciente se da de alta”, expresó el infectólogo Miguel Colón.

“Fácilmente, al 90% de los casos en Puerto Rico se da de alta antes de que tengamos la prueba confirmatoria”, dijo el médico.

Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) también las procesan, pero solo para sus investigaciones internas, no para el público general.

Insuficiente e inefectiva la orientación

La falta de orientación a la ciudadanía de parte del DS sobre el ciclo del mosquito y sobre la vacunación tiene un rol protagónico en la emergencia declarada en Puerto Rico, que ya cobró este año su primera víctima mortal.

“Antes, esas comunicaciones eran más efectivas dado que el método de comunicación con la gente era uno: la televisión, y tú veías los anuncios, y veías eso y era más sencillo”, opinó el doctor Lemuel Martínez, expresidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, quien cree que debería mantenerse una campaña similar a través de las redes sociales.

A juicio del infectólogo, se debe orientar al público sobre los “métodos básicos y sencillos [que] todavía funcionan” para protegernos contra el mosquito que causa la enfermedad y evitar su reproducción.

El DS ha invertido este año fiscal $14 millones en publicidad, según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, pero la agencia no quiso precisar cuántos de estos fondos fueron destinados a campañas de prevención y orientación sobre el dengue.

Aunque se le preguntó, la agencia tampoco pudo proveer muestra de alguna campaña de medios sobre el dengue, incluyendo la vacunación, para evitar la infección viral que causa el mosquito. Los únicos esfuerzos que mencionó fueron información de orientación en la página web de la agencia y publicaciones en redes sociales con motivo de la celebración de la Semana de Acción contra los Mosquitos. El CPI las revisó han sido solo cuatro publicaciones en 2024 y solo tratan el tema de prevenir los criaderos de mosquitos.

Los expertos del campo de la salud que conversaron con el CPI dijeron que la mayoría de la población no conoce sobre la vacuna para los niños, y mucho menos cómo y dónde se puede obtener.

La doctora Melissa Marzán, principal oficial de Epidemiología del DS, dijo que los esfuerzos están dirigidos principalmente a visitas a las comunidades. Indicó que además están adiestrando a promotores de salud comunitaria en el tema de dengue para que apoyen al DS en las intervenciones educativas a la comunidad.

“Hay un esfuerzo muy concreto en comunidad que nos parece que tal vez [sea] uno de los más importantes en el tema de dengue, porque podemos tener el mejor plan, pero si la comunidad no lo acoge, no lo acepta, no trabajamos en él, la realidad es que no va a funcionar”, agregó Marzán.

Según los avisos promocionales de la agencia en Facebook, empezaron a hacer visitas semanales — mayormente a escuelas y ferias de salud — desde febrero. La agencia ha impactado a unas 30,000 personas desde octubre del año pasado a lo que va de mayo.

ANUNCIO DE DANIEL LUGO:

En 1986, organizaciones sin fines de lucro y cívicas se involucraron en campañas de orientación sobre el dengue como este anuncio presentado por el actor Daniel Lugo. El pasado 25 de marzo, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, emitió una declaración de emergencia de salud pública por dengue.

Los municipios con mayores tasas de incidencia de dengue son Rincón, Canóvanas, Aguada, Carolina y San Juan. El municipio con mayor número de casos acumulados para este periodo es San Juan, seguido de Carolina, Rincón, Bayamón y Canóvanas. Los municipios de Carolina y Bayamón indicaron que están asperjando y orientando a la ciudadanía para eliminar los criaderos. Los demás municipios no respondieron qué medidas están tomando, si alguna.

La mayor cantidad de casos reportados es en hombres y el grupo de edad con la mayoría de los casos es el de 0 a 19 años, particularmente el grupo de 10 a 19 años, que son un poco más del 30% de los casos. A la fecha hay 603 hospitalizados, 59 casos severos y una defunción de un hombre de 85 años de la región de San Juan.

Tras 18 semanas en vigilancia en Puerto Rico, durante las últimas 16, los casos han estado

sobre el umbral de lo esperado y es por eso que se clasifica como epidemia, según Marzán.

La funcionaria señaló que, aunque puedan parecer pocos casos, Salud lo considera una epidemia por el comportamiento histórico de la enfermedad.

“[C]ada enfermedad se evalúa de acuerdo a su [patrón] histórico y a la enfermedad”, precisó Marzán.

La limitación de las pruebas diagnósticas

El doctor Martínez dijo que los médicos tienen que tratar y manejar al paciente en lo quellegan los resultados de la prueba de dengue porque ésta “no es una prueba que tú tienesdisponible, que tú haces en el hospital”. Aseguró que es muy importante que los médicostengan estas herramientas disponibles en el hospital.

“Uno quiere tener los mejores métodos diagnósticos lo más disponible posible. En el caso de dengue, pues todavía nosotros no hemos podido tener disponible este tipo de pruebas. Todavía dependemos de referirlas al Departamento de Salud”, expresó.

Aunque procesar la muestra solo toma unas horas, los resultados demoran una semana debido a los procesos burocráticos y documentos que se tienen que completar.

“Todavía no hemos podido tener esa prueba disponible en los hospitales de Puerto Rico, ni siquiera en los laboratorios, en general. Este tipo de herramientas, en un país tropical, donde tenemos dengue todo el año, y siempre hemos tenido, pues lo ideal sería que pudiésemos nosotros hacer las pruebas”, sostuvo.

Mencionó que la agilidad con que se hagan estas pruebas es importante porque hay enfermedades que pudieran “disfrazarse” de otras que presentan un cuadro clínico similar, como la leptospirosis o la malaria — en el caso de los viajeros — y el dengue.

El infectólogo Colón aseguró que en Puerto Rico es común que los médicos diagnostiquen a pacientes con dengue cuando en realidad tienen otras enfermedades como leptospirosis o influenza. Incluso, mencionó que tras el huracán María hubo diagnósticos de dengue que en realidad eran leptospirosis.

De cara a la temporada de huracanes, a Colón le preocupa que siga la confusión de diagnósticos. “Si fallamos ese diagnóstico por pensar que tienen dengue, que solamente hay que darle líquido, nuestra población va a pasar lo que pasó con María, que tuvimos muchas muertes por leptospirosis [que requiere antibióticos] que se pudieron haber evitado”, advirtió.

“Si un paciente le viene con dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre bien alta y plaquetas bajas, [los médicos] tienen que mirar el contaje de glóbulos blancos porque, si está bajito, es dengue, pero si está alto, es leptospirosis y estos pacientes se merecen el uso de antibióticos”, sostuvo.

Explicó que la prueba de leptospirosis también tarda dos semanas, por lo que hay que tratar a esos pacientes como si tuvieran leptospirosis “antes de que se vayan en fallo renal, fallo hepático y hemorragia pulmonar”.

“Por lo general ha habido esa conversación: Si lo sospechas, trátalo. Pero no es tan fácil, porque tú necesitas tener los diagnósticos más certeros, lo más pronto posible”, sostuvo.

“Cómo traemos y hacemos que esa tecnología esté disponible y que funcione y que le llegue al paciente, y al médico que lo está manejando, pues es es bien importante”, agregó.

Para la doctora Iris Cardona, principal oficial médico del DS, no se necesita una prueba positiva o hacer una prueba para determinar el manejo del paciente.

“No se debe esperar por un resultado. El resultado es importante para decir qué pasó, para los datos de vigilancia, para saber dónde tenemos un problema. Pero en realidad, el dengue tiene un cuadro clínico, unos criterios diagnósticos, una definición específica y una clasificación específica que dicta a los médicos, a los clínicos, cómo proceder. Y eso es lo más importante”, dijo al CPI.

Por su parte, la doctora Marzán reconoció que uno de los retos para el manejo del dengue es la forma en que se diseñó el sistema público de vigilancia que centralizó las pruebas de diagnóstico moleculares en el laboratorio de emergencia del DS. José Sánchez, expresidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, agregó que los laboratorios privados tampoco invierten en la infraestructura necesaria para procesar las pruebas moleculares porque es costosa, la demanda es baja y los planes médicos pagan “$20” por prueba.

“No hay forma de que el laboratorio pueda traer esa máquina para implementar esa prueba”, indicó.

Marzán aseguró que buscan aumentar la capacidad del laboratorio de emergencia y que el Laboratorio de Salud Pública del DS también realice las pruebas moleculares.

La funcionaria también indicó que la agencia está trabajando para que los laboratorios comerciales puedan ofrecer dos tipos de pruebas de dengue para ampliar el alcance. Entre éstas está la prueba conocida como NS1 (antígenos), que en conjunto con la prueba serológica IgM, puede confirmar casos. Dijo que ya hay un laboratorio clínico que completó el proceso de validación con el DS y que hay otros cinco en proceso.

Peligroso no seguir el protocolo

Desde el 6 de septiembre de 2022 hasta el 21 de mayo, se han administrado un total de 245 dosis de la vacuna del dengue, según datos de la Oficina de la Principal Oficial Médico del DS. La información que el DS ha estado brindando sobre esta vacuna es muy pobre. Solo la tienen disponible en su página de internet.

La doctora Gredia Huerta Montañez, pediatra y cofundadora y presidenta de Puerto Rico Clinicians for Climate Action, señaló que lo que se busca con esta vacuna es evitar que le dé dengue grave al menor, que es el que se presenta en una segunda infección.

Esta vacuna fue descontinuada por la farmacéutica fabricante por el bajo nivel de uso, y lo que queda disponible será administrada hasta el 2026, agregó Huerta Montañez.

Actualmente, hay otras dos compañías trabajando en una vacuna para el dengue, aseguró la pediatra.

El infectólogo Colón explicó que, para que la vacuna no tenga efectos secundarios, el paciente tiene que haber padecido de dengue. El médico explicó que algunos estudios mostraron efectos serios, incluyendo la muerte, en personas que se vacunaron sin nunca haber contraído dengue previo a la vacunación.

“Por eso es que esa vacuna nunca ha cogido un auge brutal”, analizó Colón. “Yo soy pro vacuna, pero esta vacuna no”, sostuvo al explicar que, si el dengue es tratado adecuadamente, los riesgos son mínimos.

El doctor Martínez, por su parte, sí apoya la vacuna, aunque reconoce las limitaciones de logística que existen para la vacunación.

Un paciente puede confirmar si ha tenido dengue mediante pruebas de cernimiento y así determinar si es apto para la vacunación contra el dengue. El Laboratorio Clínico Toledo está trabajando con estas pruebas y “ayudó” al DS a promocionar la vacuna con la publicación de anuncios en billboards, según la licenciada Ilia Toledo, presidenta del Laboratorio. Aseguró que la promoción se ha traducido en llamadas del público en busca de orientación.

“Quisimos ayudar al Departamento de Salud en ese sentido. Y, aunque nosotros no vacunamos, lo hicimos para darle orientación al público y creo que ha tenido ese efecto porque verdaderamente nos han llamado preguntando”, dijo la tecnóloga médica, quien explicó que mucha gente no conoce sobre la existencia de la vacuna contra el dengue.

La doctora Cardona explicó que las dos pruebas de cernimiento que se requieren antes de la vacunación son diferentes a las de diagnóstico de la enfermedad. Indicó que se escogió a los Centros 330 para dirigir la inoculación porque en una misma instalación está disponible el pediatra, el laboratorio y la coordinación con los laboratorios de referencia que hacen falta y la clínica de vacunación.

El control de vectores en Puerto Rico

Actualmente el dengue que se está viendo más en Puerto Rico es el serotipo 3, según la doctora Julieanne Miranda, directora asociada de la Unidad de Control de Vectores del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación.

“Hace muchos años en Puerto Rico no había dengue 2 y 3. La última epidemia fue de dengue 1 en el 2010-2012. ¿Qué sucede? Hay mucha gente que tiene inmunidad a este serotipo. Ahora estamos viendo más tipo 3 porque hay más gente susceptible, por eso más gente se infecta”, sostuvo Miranda. Como hay menos gente que anteriormente se ha infectado con ese virus, con ese serotipo, hay menos inmunidad “y eso nos preocupa porque al ser un serotipo que no vemos hace más de 20 años en Puerto Rico, más personas pueden infectarse, así que la epidemia puede aumentar rápidamente”, agregó.

Gabriela Paz Bailey, jefa de la Subdivisión de Dengue de los CDC, coincidió en que los serotipos que predominan actualmente son el 2 y 3.

“Cuando uno se infecta con un tipo de dengue, tiene protección de por vida. Si yo me infecto con dengue 1, nunca más me voy a enfermar (con ese tipo). Si me infecté con dengue 1, todavía soy susceptible a los otros serotipos porque la protección es solo por el serotipo que la persona se infectó. Y uno de los factores de riesgo más importante para enfermedad severa por dengue, es la segunda vez que una persona se infecta con un serotipo diferente al primero”, explicó Paz Bailey.

Otro factor que fortalece la epidemia es la acumulación de agua por las lluvias durante los meses de marzo, abril y mayo. El mosquito adulto hembra, que es la que pica, pone los huevos en las paredes de recipientes con agua acumulada. Según Miranda, los repetidos episodios de lluvia de los últimos meses propiciaron la transmisión de dengue más temprano que otros años.

Se canta sin recursos el DS

El DS lidia con retos relacionados a la falta de presupuesto para el control de vectores y la insuficiencia de recursos humanos y materiales, según el Plan Estratégico para el Manejo Integrado de Vectores de Puerto Rico 2023.

Además, de acuerdo a este documento, las instalaciones físicas son deficientes y carentes de tecnología y tampoco tienen laboratorio entomológico.

La agencia reconoce, además, que las acciones que toman para el control de vectores son reactivas y no proactivas porque se actúa conforme a la vigilancia epidemiológica.

Asimismo, carecen de reglamentación para un proceso de fiscalización sobre el manejo del control de vectores y que tienen ausencia de programas de educación u orientación comunitaria de forma recurrente.

Ante las deficiencias que reconoce Salud en su plan para el manejo de vectores, Mayra Toro, secretaria auxiliar de la División de Salud Ambiental del DS, dijo que se establecieron acuerdos de colaboración con la Unidad de Control de Vectores del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico para atender la parte entomológica, con el CDC, y con los municipios.

Por otro lado, Toro explicó que para el control de vectores en las comunidades la prioridad es identificar el criadero, tratarlo con el uso de herbicidas o eliminarlo si es posible, y como último recurso, se usa la fumigación.

Precisó que desde finales del 2023 se han realizado asperjaciones en nueve de los 78 municipios de Puerto Rico: Loíza, Bayamón, San Juan, Guaynabo, Canóvanas, Río Grande, Rincón, Aguada y Las Piedras.

Los efectos del cambio climático

Huertas dijo que se sabe que con el cambio climático la frecuencia de las epidemias, como las provocadas por el dengue, pueden aumentar.

Indicó que el mosquito cambia su comportamiento con las altas en temperatura, y tiene un ciclo de vida más corto, donde puede pasar de huevo a mosquito adulto en menos tiempo; por lo tanto, una mayor capacidad de reproducción.

“Esto no va a ser una cosa de ahora y se acabó. Sabemos que en el futuro inmediato y a largo plazo tenemos que saber controlar el mosquito”, puntualizó.

Por su parte, Paz Bailey dijo que Puerto Rico tiene el ambiente ideal para el Aedes aegypti, por el clima, las lluvias y el calor.

“Es una isla paradisíaca, pero también es un paraíso para los mosquitos. Hay una población bastante robusta de Aedes aegypti en Puerto Rico”, dijo la funcionaria del CDC. “El Aedes aegypti es una especie importada. No existía aquí originalmente, pero se ha establecido desde hace muchos años”, aclaró.

Incluso mencionó que el aumento de las temperaturas por el cambio climático ha contribuido a que las poblaciones de Aedes aegypti crezcan y se expandan hacia áreas en donde antes no había la presencia del mosquito.

“En el caso de Estados Unidos, Arizona reportó dos casos localmente adquiridos en el 2022 y California dos casos en el 2023. Antes [estos estados] sólo habían tenido casos asociados a viajes, ahora se han tenido casos adquiridos localmente”, advirtió Paz Bailey.

La jefa de la Subdivisión de Dengue de los CDC dijo que en Europa también se han reportado por primera vez casos de la infección viral en Italia, Francia y España.

Paz Bailey dijo que es difícil predecir la incidencia de dengue en el futuro porque eso depende de una combinación del clima y de la inmunidad en la población.

“A nivel global se espera que el dengue sea más común, que se reporte en áreas donde no se había reportado antes y que las áreas que son endémicas para dengue [como Puerto Rico], que han tenido el dengue históricamente, tengan, outbreaks con más frecuencia”, dijo la especialista en el tema.

Gobierno ignora el valor del trabajo doméstico sin paga

Por Cindy A. Burgos Alvarado | Todas y Centro de Periodismo Investigativo

“Eso que llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pagado”.

Silvia Federici, activista feminista italiana

Cuando Wanda García, de 57 años, se enteró de que su hijo Christian, hoy de 24, tenía perlesía cerebral, tomó una difícil decisión: dejó su trabajo como secretaria médica para dedicarse completamente a cuidarlo. Las dos semanas que estuvo hospitalizada por preeclampsia antes de dar a luz — a la semana 33 de embarazo — y los 40 días que Christian pasó en la unidad de cuidados intensivos neonatales eran solo una pizca de lo que esta familia del Municipio de Florida atravesaría.

A los días de nacido, Christian se infectó con una bacteria en el hospital que se le alojó en la sangre. Tras dos semanas de recibir el alta, Wanda y su esposo tuvieron que llevar a Christian nuevamente al hospital donde le diagnosticaron una infección de orina. A partir de ahí, le recomendaron varios estudios y análisis que derivaron en el diagnóstico.

“El médico nos dijo que el nene no iba a hablar ni a caminar, que iba a estar como un vegetal, pero yo no le creí eso”, contó Wanda en una llamada telefónica. “Uno tiene que limpiarse la cara y echar pa’lante. Dejé el trabajo pa’ meterle pecho a eso”.

Wanda lleva más de 20 años fuera de lo que el Gobierno llama la fuerza trabajadora, pero no ha descansado prácticamente ni un solo día. Su vida ha girado en torno a llevar a su hijo a las citas que tiene con 12 especialistas distintos y a sus múltiples terapias e intervenciones médicas. A veces tiene hasta tres citas por día, por lo que Wanda se levanta temprano, cocina para toda la familia, prepara un bulto con comida y ropa para Christian, y pasa el día de cita en cita.

“Desde hace un año para acá, me dedico a controlar todo eso porque me canso demasiado. En mi situación, me canso más”, mencionó y explicó que, naturalmente, ya no tiene las mismas energías que disfrutaba cuando su hijo era pequeño.

Wanda sacó a su hijo de la escuela a los 15 años por la frustración que tenía con el sistema de educación pública que falló en proveer una asistente educativa estable para Christian mientras estuvo matriculado.

“Le di homeschooling cinco años en casa. Me aprendió a leer, que las maestras decían que nunca iba a leer. Aprendió las tablas de multiplicar. Sabe escribir su nombre, apellido, dirección y seguro social. Brega con el celular y con la laptop”, contó Wanda con orgullo por haber retado lo que ese primer médico le auguró.

En la falda del cerro Mime en Orocovis, Lillian Figueroa, de 58 años, se acerca a una cama de posiciones y arropa con ternura a su papá Juan, de 88 y paciente de Alzhéimer. Piensa en la merienda y la cena que le tiene que preparar a su mamá, María, de 80, paciente de diabetes, y en que pronto le tiene que poner la tercera inyección de insulina del día.

Hace dos años que Lillian vive con sus papás para poder ser su cuidadora a tiempo completo.

Fue una decisión que tomó luego de sentirse demasiado abrumada por viajar cada día de su casa a la de sus padres para cuidarlos. “Yo vivía cerca, pero el sube y baja me tenía agotada”, contó sentada en el sofá de su sala frente a una imagen de la Sagrada Familia y otra de Jesucristo con rostro sereno.

“Esto es un maratón. No es fácil, pero no es imposible”, dice Lillian mientras cruza sus manos y se escucha el sonido de una quebrada de fondo. “Cuando tengo internet en la tablet, busco información. Me gusta buscar mucha información de cómo progresa la enfermedad de Alzhéimer, cómo nos tenemos que cuidar los cuidadores, aunque a veces te digo que no hay tiempo, no me acuerdo ni de comer. No tengo chance”, relató.

Wanda y Lillian no se conocen, pero algo las une: realizan trabajos domésticos y de cuidado sin paga. Son tareas que hacen millones de personas — sobre todo mujeres y niñas — en el mundo, pero que no se consideran dentro de la economía formal y no son remuneradas.

Sin embargo, estas labores diarias sostienen la vida misma porque ¿qué sería de estas personas si no tuvieran sus cuidados? ¿En quién recaería la responsabilidad de alimentarlos? ¿Quién pagaría por esos servicios? ¿Cuánto costaría pagar por estas tareas? ¿Cuánto valen los trabajos domésticos y de cuidado no remunerados?

El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado comprende dos tipos de actividades por las que una persona no recibe compensación económica: el cuidado directo a bebés, niños, adultos y personas con diversidad funcional o alguna enfermedad, y las actividades de cuidado indirecto, como limpiar, cocinar o hacer trámites.

Esta labor, sin embargo, no se contabiliza dentro del Producto Interno Bruto (PIB) en ninguna parte del mundo, aunque sostiene la economía global, ya que este cálculo (el PIB) generalmente solo incluye actividades que involucran transacciones monetarias.

La jornada de Lillian Figueroa, encargada del cuidado de sus padres, inicia todos los días a las 6:00 a.m. Las primeras tareas que asume son preparar el desayuno y administrar la insulina a su mamá, paciente de diabetes.

En Puerto Rico, la Legislatura aprobó el Proyecto del Senado 223 (P del S 223) que buscaba cuantificar el trabajo no remunerado, pero el gobernador Pedro Pierluisi lo vetó en enero de 2023. Esta medida habría arrojado luz sobre la magnitud del trabajo no remunerado, la disparidad entre géneros de quienes lo realizan y cuánto representa en la economía.

Según la secretaria de Prensa del Gobernador, Sheila Angleró Mojica, Pierluisi “se vio imposibilitado” de firmar la medida por recomendación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), que ya “hace una encuesta relacionada que se paga con fondos federales y cuyos temas no se pueden cambiar sin autorización”.

En declaraciones escritas, Angleró dijo a Todas y al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que “no hay fondos para una encuesta local” y que los fondos federales no se pueden usar para otros propósitos que los asignados. Argumentó que la propuesta de ley trataba de labores “fuera de los lugares de trabajo o por personas que no pertenecen a la fuerza trabajadora” e indagaba sobre la “vida privada de los encuestados”.

No obstante, la Encuesta del Grupo Trabajador que se publica por el DTRH apenas menciona qué porcentaje trabaja en “oficios domésticos”; y no incluye el cuidado no pago, lo que es un “factor estructural de la desigualdad de género”, según la ONU Mujeres.

Las estadísticas oficiales sobre la productividad laboral no integran preguntas que sirvan para saber cuántas trabajadoras tienen prole, ni de cómo la maternidad, la paternidad o los cuidados reducen el tiempo disponible para mantener un trabajo con paga. Por el contrario, el único análisis dedicado a este asunto es sobre la participación de la mujer en la fuerza laboral en Puerto Rico. En el 2022, la publicación dio a entender que la baja participación laboral de la mujer, en comparación con el hombre, se debía a la disponibilidad de la mujer cuando dice que: “A pesar de que constituyen más de la mitad de la población en edad de trabajar, menos del 50% de ellas participa o está disponible para la producción de bienes y servicios en la economía”.

Estas tareas domésticas y de cuidado no remuneradas pueden redundar, además, en que las mujeres tengan menos tiempo para aprender, divertirse, participar de la política o dedicarse a su autocuidado. También inciden en su inserción y crecimiento en el ámbito laboral formal y las deja relegadas al trabajo informal.

En el caso de Wanda, una de las protagonistas de esta historia, siempre tuvo la esperanza de volver al trabajo formal. “Mi esposo me dijo que el nene iba a mejorar y que yo iba a volver a trabajar. Pero eso nunca se dio”.

LA CALLE Digital se une en alianza al Centro de Periodismo Investigativo

MAYAGÜEZ: LA CALLE Digital, uno de los principales medios informativos electrónicos del Oeste, anunció el miércoles en la tarde su alianza con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) con el fin de divulgar el trabajo de investigación periodístico que esta organización sin fines de lucro realiza en beneficio de la comunidad.

El periodista Julio Víctor Ramírez, hijo, editor en jefe de LA CALLE Digital, confirmó la unión como medio aliado del CPI en el marco del vigésimo aniversario de LA CALLE como medio informativo y la década de existencia de LA CALLE Digital, que se celebrará el próximo 1 de agosto.

El CPI es una organización de periodismo sin fines de lucro 501(c3) fundada en 2007, dedicada al periodismo de investigación en Puerto Rico.

La misión del CPI es ser un instrumento para promover y defender el periodismo de investigación y el derecho del público al acceso a la información.

El CPI distribuye su contenido bilingüe de forma gratuita, directamente a lectores y medios aliados en Puerto Rico y en el extranjero. Su trabajo ha sido ganador de premios de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club, y de organizaciones internacionales.

“Para nosotros es un honor unirnos como medio aliado al Centro de Periodismo Investigativo y estaremos divulgando su trabajo tanto en LA CALLE Digital como en nuestro programa CON BASE Y FUNDAMENTO, que se transmite de lunes a viernes a las 7:00 de la noche por WKJB 710 AM y el Facebook Live de LA CALLE Digital y todas nuestras plataformas”, dijo complacido el periodista Ramírez.

«Tierra de nadie» la compra de pruebas y suplidos para la emergencia del COVID-19

Foto por Eric Rojas/CPI

Por Luis J. Valentín Ortiz y Cristina del Mar Quiles del Centro de Periodismo Investigativo

El proceso de compras del Gobierno de Puerto Rico de materiales y equipo para enfrentar la emergencia del coronavirus ha estado plagado de errores, retrasos, ineficiencia, compras cuestionables y falta de detalles.

Más de tres fuentes entrevistadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) identificaron a Adil Rosa Rivera como la persona responsable formalmente de la compra de suplidos para la emergencia, como ventiladores, pruebas y equipo de protección. Hasta hace unos días, Rosa Rivera coordinó el proceso de compras, primero desde Salud y luego en el Centro de Operaciones (COE) del Negociado de Manejo de Emergencias (NMEAD). Desde el COE, junto a los miembros del Task Force médico, el Dr. Juan Salgado y el Dr. Segundo Rodríguez, han coordinado qué comprar y a quién se le compra, aseguraron tres fuentes.

Adil Rosa Rivera, quien trabajó anteriormente como directora de Administración de la región de Caguas del Departamento de la Familia, tuvo a su cargo la secretaría auxiliar de Administración del Departamento de Salud hasta la semana pasada. Llegó a la agencia durante la incumbencia del exsecretario, Rafael Rodríguez Mercado, y su chief of staff, Mabel Cabeza Rivera.

Dos fuentes identificaron a Cabeza como la persona que La Fortaleza designó para supervisar las compras que manejaba Adil Rosa Rivera y el Task Force desde Salud y el COE.

“Fui nombrada en destaque para laborar en La Fortaleza. Ahí se me solicitó que trabajara con el Task Force en Fortaleza dirigido por el Dr. Segundo Rodríguez. No se me brindó un título o tareas en específico. […] No fui ni enlace ni coordinadora”, reaccionó por escrito Cabeza, quien salió de Salud el 30 de marzo para pasar a la mansión ejecutiva.

Añadió: “Nunca he tenido rol alguno en cuanto al proceso de compras o contrataciones de Salud, de Fortaleza ni del proceso de Emergencia”.

Pero las fuentes aseguran que Cabeza era el enlace entre la mansión ejecutiva y el Task Force médico hasta el 30 de marzo, y refirió nombres de compañías a Rosa Rivera para que se les pidiera cotización. Varias empresas referidas por La Fortaleza lograron vender sus productos al Gobierno, incluyendo las tres compañías que suplieron pruebas rápidas a Salud: Zogen (cuyo representante autorizado en la isla es 313 LLC), Castro Business y Maitland 175 Inc. Antes del cierre de cualquier transacción, el proceso incluye la revisión de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda y la secretaría del Departamento de Salud.

Cabeza negó que diera instrucciones o sugerencias a Rivera Rosa en cuanto a suplidores. “Cualquier email o mensaje de texto de propuestas que a mí me llegaban se les enviaba al Departamento de Salud para que fuesen ellos quienes evaluaran y tomaran sus determinaciones. NUNCA emití recomendación alguna sobre ninguna persona o entidad jurídica con respecto a la compra de pruebas o cualquier otra adquisición que estaba bajo consideración del Task Force”, dijo.

Las fuentes añadieron que los acercamientos de suplidores que recibe el Gobierno y el Task Force durante la emergencia se han canalizado a través de Adil Rosa Rivera, quien a su vez pide cotizaciones según las exigencias del grupo de médicos, particularmente a través del Dr. Salgado y el Dr. Rodríguez. Aunque el Task Force asegura que su rol se limita a recomendar qué se necesita y evaluar las opciones disponibles, más de tres fuentes aseguran que tanto el Dr. Rodríguez, como el Dr. Salgado tienen poder decisional e imparten instrucciones de compra.

Cabeza identificó a Adil Rosa Rivera, la Dra. Quiñones de Longo y el Dr. Segundo Rodríguez como las personas responsables del proceso de evaluación y contratación. “Yo no participaba de las reuniones de compras y/o contratación que se llevaron a cabo entre ellos”, aseguró.

El CPI supo que Rosa Rivera fue entrevistada por autoridades federales con relación a las compras realizadas. Rosa es activista del Partido Nuevo Progresista (PNP) y en sus redes sociales ha mostrado su apoyo al partido, la gobernadora Wanda Vázquez Garced y al exmandatario, Ricardo Rosselló Nevares, entre otras figuras relacionadas al PNP. Según una fuente, entre Mabel Cabeza y Adil Rosa existe una amistad, pero según Cabeza, la relación es una profesional.

Rosa Rivera fue designada por los tres secretarios que ha tenido el DS en el pasado mes para supervisar el proceso de compras de parte de la agencia. Un boletín interno de la agencia el 3 de abril anunció la designación de Johnny Colón González al puesto de secretaría auxiliar de Administración, pero no queda claro si Rosa Rivera continúa trabajando en Salud. La agencia no contestó si fue removida o si sigue involucrada en el proceso de compras.

El CPI intentó contactar a Adil Rosa pero no tuvo éxito.

El Dr. Salgado admitió en entrevista con el CPI su intervención en el proceso de compras desde el COE y negó que recomendara a compañías de amigos o conocidos, aunque sí refirió a suplidores que lo han contactado. Una petición de entrevista al Dr. Rodríguez Quilichini no fue atendida.

Al menos tres fuentes dijeron que La Fortaleza ha intervenido directamente en el proceso de compras, principalmente a través de Mabel Cabeza, cuando ella supervisaba desde la mansión ejecutiva las compras que realizaba Rosa y el grupo de Salud.

La Gobernadora reiteró el miércoles que La Fortaleza no intervino en el proceso de compras, incluyendo la orden de un millón de pruebas rápidas que fue cancelada. Nombró como responsable al Departamento de Salud.

El CPI preguntó a la exsecretaria de Salud, Dra. Concepción Quiñones de Longo, si las órdenes de compra que realizó Salud bajo su incumbencia se estaban gestionando desde La Fortaleza.

“Eso es correcto, las compras y las cotizaciones las gestionaban desde La Fortaleza y nos contactaban solo para firmar el visto bueno. Los procesos yo entendía que no eran los adecuados, que eso fue lo que motivó al fin y al cabo mi renuncia, porque yo no estaba dispuesta a participar de todo ese tipo de compra, porque yo entendía que no eran lo mejor para el Departamento de Salud y el Gobierno”, contestó.

Cabeza afirmó al CPI: “No tuve nada que ver con el proceso de compras ni adjudicación”.

Quiñones de Longo aprobó la compra de pruebas y otros materiales para la emergencia realizadas cuando estuvo a cargo de la agencia. Dos fuentes aseguran que la doctora evaluaba estas órdenes y tenía una persona de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) que la asistía.

La compra de materiales y equipo se hizo desde Salud hasta el 26 de marzo. Ese día, NMEAD tomó control del proceso, pero solo en papel, según dijo el jefe del Negociado, José Burgos, a El Nuevo Día. Burgos identificó a Adil Rosa como la persona que dio la instrucción de compra de un millón de pruebas rápidas que fue cancelada la semana pasada. Una entrevista solicitada a Burgos no fue concedida.

El suplidor de estas pruebas, APEX, ya había enviado una cotización, antes de que se le pidiera desde el COE. El CPI vio evidencia de que la cotización de la compañía había sido enviada con anterioridad por Juan Maldonado, exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo y abogado de APEX, a tres personas: el Dr. Segundo Rodríguez, el Dr. Roberto Rosso — ayudante de Quiñones de Longo y quien renunció tras la salida de la exsecretaria — y Mabel Cabeza Rivera.

Además, la evidencia también muestra que Eduardo “Tito” Laureano, vinculado al PNP y quien trabajó para Pedro Rosselló, ayudó a establecer el contacto entre el Task Force y el abogado de APEX, Maldonado. Laureano, quien fue contratado por el Dr. Segundo Rodríguez en el Recinto de Ciencias Médicas según reportó Metro, es amigo del Dr. Rodríguez, dijo una fuente.

En una conferencia de prensa el miércoles, el Dr. Rodríguez evadió contestar directamente su relación con Laureano, pero aceptó recibir de él la información de contacto de Maldonado y APEX.

Otra fuente dijo que el Dr. Salgado mantiene una estrecha relación de amistad con el padre de Juan Maldonado, abogado de APEX.

Cabeza, por su parte, aseguró no conocer a nadie relacionado a la compañía APEX. “Nunca recomendé a esta compañía o a cualquier otra. Nunca solicité propuesta de ninguna de las compañías contratadas por Salud ni por el NMEAD ni recomendé a ninguna”.

La adquisición de pruebas para detectar el coronavirus muestra las irregularidades y tropiezos que ha tenido el proceso de compras en el Gobierno para enfrentar la epidemia. De las primeras pruebas que llegaron a Puerto Rico el pasado 17 de marzo — 200 pruebas moleculares o “PCR” de la compañía Quest —, el Departamento de Salud proveyó evidencia de entrega para todas estas pruebas, excepto las 50 que fueron al aeropuerto. Según la agencia, fueron entregadas a una empleada de la Administración de Servicios Médicos para el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. Estas son las pruebas que, según Concepción Quiñones de Longo, fueron entregadas sin cumplir con la cadena de mando.

La persona responsable de la custodia de pruebas era Adil Rosa, según afirmó Mabel Cabeza Rivera. Una fuente asegura que Rosa Rivera no tenía todavía la responsabilidad de custodiar las pruebas al momento que llega esa entrega, el 17 de marzo.

Una petición de todas las órdenes de compra realizadas durante la emergencia por Salud y NMEAD no fue atendida.

[MAYAGÜEZ] Senadora Evelyn Vázquez exige la renuncia del gobernador Rosselló

MAYAGÜEZ: La senadora por el distrito Mayagüez-Aguadilla, Evelyn Vázquez Nieves, exigió la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló tras darse a conocer que su nombre salió a relucir el escandaloso chat de casi 900 páginas, en el que insinuaron que era prostituta.

El sábado, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó una larga conversación entre Rosselló y miembros de su círculo íntimo en la aplicación de mensajería por Internet, Telegram.

La legisladora afirmó estar avergonzada, apenada y molesta. La insinuación salió a relucir durante una conversación entre Elías Sánchez Sifonte y Edwin Miranda.

“La información que ha trascendido públicamente me llena de profunda tristeza y coraje. A la vez siento vergüenza por cada mujer y cada persona que en esas conversaciones ha sido maltratada, menospreciada y ridiculizada, ya que bajo esos fundamentos no se fundó el Partido Nuevo Progresista, ni la institución que hoy en día representa. Tampoco para lo fue elegido el señor Gobernador, ni mucho menos los funcionarios y asesores que son pagados con el dinero del pueblo puertorriqueño”, sostuvo Vázquez en declaraciones escritas.

“Ante esta penosa y vergonzosa situación, el cual está afectando tan destructivamente al país en todas las esferas, como senadora estoy solicitando al señor gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a todos los miembros que componen este chat su renuncia inmediata a sus cargos, por el bien del país y de lo que representa”, agregó.

Al momento de la publicación de esta nota, La Fortaleza emitió un comunicado de prensa informando que el gobernador Rosselló prescindió de manera inmediata de la colaboración de todos los allegados a su administración que formaron parte del chat.

El gobernador también participó activamente del chat, pero alegó que como fue “electo por el pueblo”, continuará “la misión que le fue concedida”.

En declaraciones escritas, Rosselló dijo que “luego de analizar el contenido de las comunicaciones, resulta imposible para mí y para quienes esperan los más altos estándares éticos y de comportamiento, continuar con esta controversia que distrae y obstaculiza la gestión pública tan importante que tenemos por delante”.

Ya renunciaron el licenciado Christian Sobrino, quien dejó todos los cargos que ostenta; y el secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín.

[MAYAGÜEZ] Mundi le causa un “tic” nervioso al gobernador Rosselló

MAYAGÜEZ: El tema de un posible traslado de la elefante Mundi, principal atracción del Jardín Zoológico Dr. Juan A. Rivero de la Sultana del Oeste, no ha pasado inadvertido para el gobernador Ricardo Rosselló, quien en medio del chat de la aplicación de mensajería por Internet Telegram, dijo que leer el nombre de Mundi le causa “un tic nervioso”.

El contenido completo del chat fue divulgado el sábado en la mañana por el Centro de Periodismo Investigativo.

“Leí Mundi. Inmediatamente me dio un tic nervio (sic) en la parte superior de mi ojo izquierdo”, dijo Rosselló en el chat, específicamente en la página 659, cuya captura de pantalla se reproduce en LA CALLE Digital.

Aunque no se explica el motivo del “tic nervioso” de Rosselló cuando le mencionan a Mundi, es conocido el hecho de que el liderato cívico llevó a cabo una marcha hasta La Fortaleza hace unos meses y más recientemente se llevó a cabo una marcha multitudinaria en Mayagüez, reclamando la reapertura del Zoológico y que Mundi se quede en Mayagüez.

De hecho, el gobierno había formalizado un contrato con la cuidadora de elefantes Carol Buckley, pero eventualmente lo rescindió, lo que provocó que Buckley demandara. El reclamo de la cuidadora no prosperó en la corte.

También el Municipio de Mayagüez demandó al gobierno para que se respetara el acuerdo de Fideicomiso firmado para administrar el Zoológico, en el que figura el Gobierno Central, a través del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), el Municipio y el Recinto Universitario de Mayagüez. El Municipio no prevaleció en la sala de la juez Mónica Alpi.

El tema de Mundi surgió luego de que comentaran la manera en que el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, fuera cuestionado sobre el tema en la emisora WKAQ.

Otras referencias a Mundi también aparecen en las páginas 710 y 836 del chat, que también son reproducidas en esta nota.

“El tiempo me dio la razón” asegura Presidente de la UIA en el Oeste por reportaje del Centro de Periodismo Investigativo sobre el Embalse Guajataca

MAYAGÜEZ: El presidente del Capítulo de Mayagüez de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA), Iván Vargas Muñiz reaccionó a la información que publicó el Centro de Periodismo Investigativo sobre la situación en el Embalse Guajataca.

“El tiempo me ha dado la razón. Desde diciembre de 2017 he estado denunciando que el Cuerpo de Ingenieros y el gobierno de Puerto Rico no le estaban diciendo toda la verdad al país sobre el Lago Guajataca. En aquella ocasión cuestionaba las razones para mantener los niveles bajos en el Lago por tanto tiempo, lo que pudiera provocar que en periodo de sequía, se tuviera que implantar un racionamiento. Hoy, el Centro de Periodismo confirma precisamente que se le ocultó información al país”, aseguró Iván Vargas Muñiz.

Iván, quien ha sido consistente en proponer nuevas alternativas para sustituir o al menos reforzar el abasto de agua para la zona noroeste del país, está convencido que la acción de mantener bajos niveles en la represa, fueron tomadas sin tomar en cuenta las consecuencias detrimentales para la zona, ni tampoco la posibilidad de un largo periodo de sequía y ni tan siquiera se tomó en cuenta el flujo de escorrentías hacia el Lago versus la cantidad de agua que salía del mismo.

“A pesar de las advertencias que, según el reportaje, se hacían desde la Autoridad de Acueductos de no continuar sacándole agua al Lago, tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como el Cuerpo de Ingenieros continuaron extrayendo agua hasta que el propio gobernador dio instrucciones para descontinuar dicha práctica. No tomaron en cuenta la necesidad de agua, ni de la Autoridad de Acueductos ni de los Agricultores del noroeste y pusieron en riesgo la distribución de agua potable”, dijo Vargas Muñiz.

“No cabe duda, que la Autoridad de Acueductos tiene que comenzar a mirar en serio la propuesta de un embalse que esta propuesto hace más de 15 años, el Embalse de Casey con el que pudieran suplir la necesidad o al menos ayudar a que la zona noroeste tenga fuentes de abasto seguras y logren un servicio de agua constante y sin la incertidumbre que provocan los periodos de sequía. No se puede seguir aplazando el estudio de viabilidad de este embalse o de cualquier otro mecanismo que ayude a subsanar este problema”, finalizó diciendo Vargas Muñiz en comunicación escrita.

Centro de Periodismo Investigativo busca contar cifra real de muertes provocadas por el Huracán María con el “hashtag” #QueCuenten

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SAN JUAN: Ha pasado un mes desde que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ordenó el recuento de las muertes vinculadas al huracán María, y la cifra oficial permanece en 64: la misma de diciembre de 2017. El gobierno no ha explicado cómo va a hacer el recuento de las muertes para garantizar que, en efecto, todas las muertes relacionadas a la emergencia sean contadas y analizadas, como prometió públicamente Rosselló.

Ante esta realidad, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) redobló sus esfuerzos para documentar de manera independiente estas muertes a través de un formulario electrónico que las personas pueden llenar en periodismoinvestigativo.com para hacer llegar la información de los casos de sus familiares y conocidos fallecidos por circunstancias relacionadas a la devastación causada por el huracán María. Esto incluye accidentes o cualquier circunstancia que haya sido creada por el estado de emergencia que vive el país como falta de servicios médicos, falta de servicios de sostenimiento a causa del corte de electricidad, y enfermedades por los problemas con el agua potable y escasez de alimentos, entre otras.

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El CPI lanzó el formulario en internet en diciembre en alianza con el medio digital Quartz (qz.com), y con la información recopilada busca crear una base de datos que refleje la realidad de las muertes ocurridas a raíz del huracán María. La organización también hizo un llamado a entidades comunitarias, administraciones municipales y otras organizaciones que reciben continuamente información de los decesos, para que propaguen el formulario.

Aunque la cifra oficial de muertes relacionadas al huracán es 64, se sabe que los números preliminares del mismo gobierno confirman que del 20 de septiembre al 30 de octubre en la isla hubo al menos 985 muertes en exceso en comparación con el 2016. Esto plantea al menos 921 muertes que el estado reconoce que ocurrieron por encima de lo normal, pero a las cuales no les da explicación.

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“El formulario está disponible en www.periodismoinvestigativo.com. Estamos haciendo un llamado a las personas que conocen de casos de muertes relacionadas al huracán a que hagan pública esa información, completando este formulario breve. Como indica el hashtag #QueCuenten, que no quede una muerte sin contar. Sabemos que mucha gente no tiene acceso a internet, por lo que la exhortación es a que todo aquel amigo o familiar que tenga los datos, los entre en periodismoinvestigativo.com y nos comunicaremos de inmediato para corroborar la información”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.

Con el apoyo de estudiantes de la Escuela Graduada de Salud Pública, se diseñó un protocolo para el análisis de los resultados.

El CPI divulgó la iniciativa unos días después de que Rosselló, reconoció que es necesario hacer un recuento de las muertes para asegurar que todos los casos sean revisados y analizados de forma apropiada, tomando en cuenta todas las circunstancias de esas muertes. La encomienda del recuento cayó en manos de los mismos dos funcionarios que estuvieron a cargo del deficiente proceso durante los tres meses después del huracán: el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, y la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet.

El formulario se accede en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiuFYQ1p8DmLg7a5VIZ5GJg5J6K5a2cfdCcQaqicLpmIFIdQ/viewform?embedded=true

La columna de Iván: La planta de carbon… Crónica de una contaminación anunciada

Depósito de cenizas de carbon (Archivo).

Depósito de cenizas de carbon (Archivo).

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

Hace ya varias semanas, la periodista Damaris Suárez ha estado reseñando en su programa radial, una investigación realizada por el Centro de Periodismo Investigativo acerca de los efectos de las cenizas de la planta de carbón de AES en Guayama.

Una serie de reportajes completos y bien explicados de lo que reflejó dicha investigación acerca de los efectos a la salud, al medio ambiente, hasta donde han llevado dichas cenizas, el contenido de éstas, violaciones a leyes ambientales y contratos, permisos nebulosos entre otros.

La investigación realizada por el también periodista Omar Alfonso, director de un periódico regional del Sur y un científico de la Universidad de Puerto Rico, destapa un escándalo ambiental y administrativo de grandes proporciones, a tal punto que cenizas de la planta de Guayama han sido depositadas en lugares como la República Dominicana, así como también en distintos pueblos del país.

Lo cierto es que la planta de Guayama no fue la primera que se propuso en la isla para generar energía de las llamadas fuentes renovables. De hecho, para finales de la década de los ‘80 y principios de los ’90, se propuso para Mayagüez una planta similar, pero de la empresa COGENTRIX.

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Recuerdo claramente que Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, se dieron a la tarea de organizar a sectores del pueblo, en alianza con sindicatos y distintas organizaciones políticas y comunitarias. En esa época, ya se conocía bastante de los efectos nocivos a la salud y el ambiente de éstas cenizas. Inmediatamente se comenzó toda una lucha para evitar a toda costa que dicha planta se ubicara en esta parte de la isla.

Se inició toda una campaña informativa a través de medios de prensa, utilizando el mecanismo de comunicados y conferencias de prensa, se visitaron comunidades, se organizaron incluso manifestaciones de distintos tipos para dejarse sentir en contra de esta planta.

En aquella ocasión, Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, que contaba en aquel momento y aun hoy cuenta en su organización, con científicos, que a su vez eran profesores del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR, detallaron el contenido de las cenizas producto de la quema de carbón y sus efectos nocivos, tanto a la salud como al medio ambiente.

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Muchos, incluyendo al propio gobierno, no le dieron la importancia que tenía, ante lo que alegaba esta organización que contenían dichas cenizas ni de sus efectos.

Hoy, poco más de 20 años después se revela que la AES de Guayama, nos está contaminando el aire, la tierra y muy posiblemente los acuíferos que se utilizan para abastecer agua a distintas comunidades. Lo que en la década de los ‘80 era simplemente unos señalamientos de un grupito del Oeste, hoy es más que una pesadilla hecha realidad.

Las cenizas están siendo utilizadas como relleno en obras como centros comerciales y urbanizaciones, poniendo en riesgo ríos subterráneos, también se utilizan como material de construcción, que al barrenar paredes de cemento hecho con éstas cenizas, la persona puede aspirarlo. Además, durante su transporte en camiones, las cenizas son levantadas por el viento y transportadas vía aire, a saber Dios dónde.

Este reportaje demostró que se incumplió un contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que disponía que no se depositarían estas cenizas en Puerto Rico, se violaron permisos de la EPA, y de la Junta de Calidad Ambiental, que prohibían la disposición de cenizas; y lo que es peor, consiguieron que, tanto la EPA como Energía Eléctrica aprobaran el depósito de éstas aquí, en Puerto Rico, básicamente sin ningún tipo de controles ambientales, tanto en transporte como en la disposición.

Hoy, lo que hace más de 20 años se le dijo al país que podía ocurrir con las cenizas, está ocurriendo en nuestras narices y estamos calladitos.

Sabemos que necesitamos fuentes renovables de energía, pero no puede ser poniendo en riesgo la salud y el ambiente de todo un país.

Fondos buitre acorralan a Puerto Rico

"Sin advertir sobre las consecuencias de la transacción, ese día los principales funcionarios financieros de la administración de Alejandro García Padilla, incluyendo a Melba Acosta, entonces secretaria del Departamento de Hacienda, y el presidente de la Junta del BGF, David Chafey, fueron fotografiados con sus lugartenientes en la sede de Morgan Stanley de Wall Street bajo un letrero que decía "Felicidades Puerto Rico, $3.5 mil millones en “Histórica Transacción de Bonos Municipales". Eran todo sonrisas y se chocaban las manos aludiendo a un gran triunfo" (Archivo).

«Sin advertir sobre las consecuencias de la transacción, ese día los principales funcionarios financieros de la administración de Alejandro García Padilla, incluyendo a Melba Acosta, entonces secretaria del Departamento de Hacienda, y el presidente de la Junta del BGF, David Chafey, fueron fotografiados con sus lugartenientes en la sede de Morgan Stanley de Wall Street bajo un letrero que decía «Felicidades Puerto Rico, $3.5 mil millones en “Histórica Transacción de Bonos Municipales». Eran todo sonrisas y se chocaban las manos aludiendo a un gran triunfo» (Archivo).

Por Joel Cintrón Arbasetti y John Marino

Centro de Periodismo Investigativo

La emisión de bonos del 11 de marzo de 2014 fue celebrada por los funcionarios del gobierno de Puerto Rico.

Como un buitre es un ave de rapiña que se alimenta de carne muerta, un fondo buitre viene a ser una firma de inversión con un gusto muy similar: su alimento principal proviene de los países en crisis, especialmente de la deuda de las corporaciones públicas. Y esas firmas ya aterrizaron en Puerto Rico, luego de su vuelo por países en desgracia económica como Argentina, Grecia y España.

De Puerto Rico a los fondos buitre les apetece, por ejemplo, la deuda de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), pues el alto costo de la factura del agua les asegura sus ganancias. Ya tres firmas de fondos buitre compraron casi toda la deuda de la AAA.

Les gustan también los Bonos de Obligación General (BOG), con los que el gobierno pide préstamos amparado en la buena fe, el buen crédito y los impuestos del Estado Libre Asociado. Además, los BOG cuentan con una garantía constitucional de repago.

Estos fondos también desean los bonos de COFINA, los bonos de obligación del Sistema de Retiro, los del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y los de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), pero los dos últimos no tienen suficiente oferta de bonos en el mercado para satisfacerlos.

¿Qué no le gusta a los fondos buitre? La deuda de la Universidad de Puerto Rico, debido a la resistencia a subir los cargos de matrícula y por la tendencia demográfica que muestra que cada vez más jóvenes se mudan del país.

Lo que le gusta y no le gusta a los fondos buitre lo precisaron fuentes del sector financiero al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), quienes detallaron que actualmente entre un 40 o un 50 por ciento de la deuda del gobierno de Puerto Rico está bajo control de los fondos de cobertura (hedge funds en inglés), de los que forman parte los fondos buitre.

“De pronto bajó radicalmente el valor de todos los bonos de Puerto Rico. Ahí llegaron los fondos buitre”. Así describe un asesor de finanzas el reciente interés de estos fondos por los bonos del país.

¿De dónde salen los fondos buitre?

Los fondos buitre son compañías de inversión, principalmente estadounidenses, que pertenecen al grupo de firmas llamadas fondos de cobertura. La U.S. Securities and Exchange Commision (SEC), agencia federal que se supone regule el mercado de valores, no distingue entre fondos de cobertura y los llamados fondos buitre.

La SEC describe a los fondos de cobertura en general como un tipo de fondo que usa estrategias de inversión especulativas con menos regulaciones federales y en los que pueden invertir solamente individuos de altos ingresos a los cuales denomina “inversores acreditados”.

Sin embargo, expertos del sector financiero y abogados familiarizados con Wall Street sí distinguen a los fondos buitre entre los fondos de cobertura, confirmó el CPI.

“Los fondos buitre como tal, son fondos que se dedican a buscar bonos y acciones de compañías y países que ellos creen que están bajo presión económica y que tienen un alto riesgo de impago. Pero no todos los fondos de cobertura hacen eso, son solamente un subconjunto dentro del universo de fondos de cobertura que se dedican a ese tipo de inversión”, especificó Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE).

“Les decimos fondos buitre porque tradicionalmente a ellos no les interesaba para nada invertir en los bonos de Puerto Rico. Si usted va cinco años atrás, ninguno de esos fondos de cobertura estaban ahí. Ellos buscan la crisis y muchas veces cuando se aprovechan de invertir en esa situación agudizan la crisis de la entidad en la cual están invirtiendo. Es una forma de invertir que no añade al crecimiento de la economía a largo plazo y cobran cargos muy altos por usar sus servicios”, añadió Stephen Albrecht, asesor financiero de la Unión Internacional de Empleados de Servicio (conocida en inglés como SEUI).

Un ejemplo patente de cómo los fondos buitre agudizan la crisis es el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), donde los bonistas, en caso de una nueva transacción, podrían pedir como garantía los “activos físicos”, es decir, edificios, plantas, maquinarias y terrenos de la corporación pública.

Las estrategias especulativas

Los fondos de cobertura y los fondos buitre usan varias estrategias de inversión para aprovechar las crisis económicas. Una de ellas, según la SEC, es la venta corta (short selling en inglés), una estrategia donde los inversores venden a un precio alto hoy, compran a un precio bajo en poco tiempo -entre seis a nueve meses- y la diferencia es su ganancia.

En Puerto Rico esto se refleja también en la AEE, donde los fondos buitre “lo que quieren es que se reestructure la corporación y poder sacar su dinero lo más rápido posible. A ellos lo que les interesa es tener una ganancia rápida, o sea que a ellos en verdad les importa muy poco lo que pase en la economía de Puerto Rico a largo plazo. Estos fondos están disponibles para proveer liquidez al gobierno de Puerto Rico, pero va a ser a un precio mucho más alto de lo que era antes”, explicó Marxuach.

«Puerto Rico ha aumentado su dependencia en inversores no tradicionales que tienden a tener estrategias de inversión a corto plazo, lo cual incrementa nuestro nivel de preocupación», comentó la casa de corretaje UBS de Nueva York en el informe Puerto Rico Credit and Market Update.

Las estrategias especulativas de inversión de los fondos buitre han sido denunciadas a nivel internacional. El experto independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre las consecuencias de la deuda externa, Juan Pablo Bohoslavsky, declaró que los fondos buitre “obstaculizan saldar las deudas externas de los Estados y atentan contra los derechos humanos”. Por esa razón, Bohoslavsky exigió a la ONU el mes pasado una mayor regulación de las entidades comerciales privadas del sector financiero como los fondos buitre.

“No solo los países menos desarrollados, sino también los de recursos medianos y los altamente desarrollados están siendo blanco, cada vez más, de los fondos buitre”, advierte Bohoslavsky.

¿Cómo llegaron a la isla?

Atraídos por la colosal tasa de interés real pagado de 8.727% libre de impuestos (el llamado rendimiento), los fondos de cobertura no dejaron pasar el negocio que Bank of America Merrill Lynch describió como la transacción de bonos basura más grande y más costosa de la historia hecha por un emisor de bonos municipales: la emisión de $3.5 mil millones que hizo el gobierno de Puerto Rico el 11 de marzo de 2014.

Sin advertir sobre las consecuencias de la transacción, ese día los principales funcionarios financieros de la administración de Alejandro García Padilla, incluyendo a Melba Acosta, entonces secretaria del Departamento de Hacienda, y el presidente de la Junta del BGF, David Chafey, fueron fotografiados con sus lugartenientes en la sede de Morgan Stanley de Wall Street bajo un letrero que decía «Felicidades Puerto Rico, $3.5 mil millones en “Histórica Transacción de Bonos Municipales». Eran todo sonrisas y se chocaban las manos aludiendo a un gran triunfo.

Pero desde finales del año pasado la presidenta del BGF, Melba Acosta, ha estado discutiendo esfuerzos para ampliar la base de inversionistas de Puerto Rico, a medida que lograr ofertas para los bonos de la isla se ha vuelto cada vez más difícil debido a las crecientes demandas de los fondos de cobertura y la cada vez mayor resistencia de los legisladores para cumplir con ellos.

Puerto Rico ha tenido que depender de los fondos de cobertura en parte porque los inversionistas tradicionales del mercado municipal de Puerto Rico, que son conservadores por naturaleza, se asustaron por la rebaja de los bonos del país a la condición de chatarra.

«Queremos ver cómo acceder a otros grupos de inversores. Tú tienes los inversionistas del mercado municipal, los fondos de cobertura y otro grupo de inversores que compran deuda soberana. Estas personas tienen métricas que no usamos necesariamente o típicamente. Así que estamos pensando cómo podemos acceder a ellos», dijo Acosta.

El acceso a este nuevo inversor requerirá que Puerto Rico equilibre su presupuesto, mejore sus informes financieros y sea más transparente, según el analista de inversiones Charles Blitzer.

Como parte de esos requerimientos, el BGF contrató a una empresa consultora que tiene como empleados a ex funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) para incorporar requisitos más rigurosos de información financiera. También contrató al analista financiero Todd Hagerman como especialista en relaciones con inversores. Hagerman ha trabajado para los principales bancos de Estados Unidos y para el Banco de la Reserva Federal. Además, recientemente organizó Rockwood Capital, una firma de inversión en Bienes Raíces que maneja 6 mil millones en fondos con oficinas en San Francisco, Los Ángeles y Nueva York.

La idea es tener información más oportuna en todas las entidades del gobierno que dé un panorama más claro de la deuda y la posición de otros activos líquidos de Puerto Rico. Esto pondría a Puerto Rico en una posición de poder cumplir con las normas de información financiera del FMI requeridas por todos los inversores de deuda soberana.

Para algunas compañías de fondos buitre, la emisión de bonos del 11 de marzo de 2014 presentaba una oportunidad dorada para obtener ganancias invirtiendo en Puerto Rico, donde una larga década de recesión económica hizo trizas el valor de activos, tales como propiedades, acciones locales y ahora los bonos municipales.

Firmas como Paulson & Company, Och-Ziff Capital Management LLC, Fir Tree Partners, Perry Capital LLC y Brigade Capital Management compraron cada una más de $100 millones de la emisión de bonos del 2014.

Los fondos buitres con los que el gobierno de Alejandro García Padilla contrajo deuda incluyen  a firmas notorias por la presión que ejercen sobre los gobiernos de Grecia, Argentina y otros países en crisis para que paguen la totalidad de sus deudas.

Un ejemplo de la presión y el nivel de influencia que los fondos buitre ejercen en Argentina se ve en el hecho de que, aunque representan solo el 1% de los bonistas, no estuvieron de acuerdo con la reestructuración de la deuda que ese país logró en 2004 y 2005 con otro 93% de sus bonistas. Desde entonces, los fondos buitres llevan litigando ante el juez de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, quien determinó que Argentina debe pagar el 100% de la deuda con los «fondos buitre» que no aceptaron la reestructuración. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner continúa apelando las demandas en Nueva York e invirtiendo millones en ese proceso.

Entre las firmas que compraron la emisión de bonos de Puerto Rico se encuentran también Third Point, Appaloosa Management, Farallon Capital Management, Avenue Capital Group, Maglan Capital, Matlin Patterson, Highbridge, PSAM, Apolo, Angelo Gordon, Fundamental Advisors, Arrowgrass, Marathon Asset Management, Pine River Capital Management, Knighthead Capital Management, Davison Kempner, Candlewood Invest Group, Meehan Combs y Blue Mountain Capital Management.

A ciegas el gobierno sobre quién posee los bonos del país

Los bonos se compran en primer lugar en el “mercado primario”, que es cuando el inversor o una firma compra directamente al gobierno en su emisión de bonos original. Pero si ese inversor a su vez decide revender a terceros los bonos que compró, lo hace en lo que se llama el “mercado secundario”.

“Ahí el inversor lo vende a otra entidad o a otra persona en una transacción que ya no tiene nada que ver con el gobierno de Puerto Rico. Ellos lo que tienen son unos bonos que dicen que el gobierno de Puerto Rico les va a pagar ‘tanto de interés’ y un principal a tal fecha. Y si necesitan venderlos antes de esa fecha, buscan a otra persona que esté interesada en comprarlos. Usualmente esa venta se hace a través de un broker como UBS o Popular Securities. Ellos se encargan de conseguir un comprador y el inversor le vende a esa persona esos bonos a cambio de un precio en el que estén mutuamente de acuerdo; ese es el mercado secundario”, abundó Marxuach.

“El Banco Gubernamental de Fomento no controla el mercado secundario por lo que no tenemos la información del universo de fondos que puedan tener deuda de Puerto Rico ni qué cantidades de bonos poseen en la actualidad cada compañía», dijo Betsy Nazario, portavoz de prensa del BGF.

“Los fondos de cobertura pudieran comprar en ambos mercados, pero los fondos buitre en específico usualmente compran primero en el mercado secundario a precios bien baratos, porque ahí es que ellos ven la oportunidad de después poder reestructurarlos o revenderlos a un precio más alto”, añadió el economista.

Aunque no sabemos en detalle quiénes son los que tienen qué cantidad de la deuda del país, su influencia en las decisiones de política pública cada vez es más evidente.

Entre abril y mayo de 2015 el gobierno de Puerto Rico pretende hacer una nueva emisión de bonos. Entre los aspectos que complican la transacción, según Acosta, están los cuestionamientos de los bonistas sobre la reforma contributiva, la AEE y la baja en los recaudos de Hacienda.