Por Eliván Martínez Mercado, Damaris Suárez y Gabriela Carrasquillo | Centro de Periodismo Investigativo
Los apagones causaron que Pamela López tirara al zafacón el pollo con el que iba a rellenar más de doscientas empanadas. Sin posibilidad de mantener la nevera fría, se le dañó la comida que iba a vender a mediados de junio, durante la inauguración de su negocio Café-Tin en el barrio sanjuanero de Santurce. “No sólo se pierde el material, sino las horas de trabajo”, dijo López al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
El CPI preguntó al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) cuáles son las métricas mínimas que la empresa debe cumplir para no cancelar el contrato. El ente regulador respondió que ese asunto contractual lo deben dilucidar LUMA y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).
Cuando el CPI preguntó al director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés, cuáles son las métricas mínimas para no cancelar el contrato, este devolvió la papa caliente al ente regulador. “Las métricas con las que tiene que cumplir LUMA Energy las establece el Negociado de Energía de Puerto Rico”, dijo el funcionario, y añadió que entrarán en vigor cuando la AEE reestructure su deuda y comience el contrato a quince años.
Depender del fin de la reestructuración de la deuda de la AEE para fiscalizar a LUMA es apostar a la incertidumbre. La quiebra de la AEE ha sido el litigio más extenso de todas las reestructuraciones de deuda gubernamental, que comenzaron hace siete años. La jueza federal Laura Taylor Swain, quien dirige los casos de la quiebra, pidió una negociación entre la Junta de Control Fiscal y los bonistas no asegurados, que debe darse en o antes del 8 de septiembre.
Aunque no haya venido una tormenta, los clientes de LUMA enfrentaron un promedio de 1,414 minutos de interrupciones de servicio de abril de 2023 a marzo de 2024, reportó el consorcio tejanocanadiense en su informe más reciente al NEPR. Luego vino la sucesión de apagones de junio.
Esos números no se han mantenido bajo los 1,243 minutos que el Negociado de Energía estableció como desempeño mínimo que espera de LUMA. Ese fue, según el NEPR, el desempeño en 2020 de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que manejaba el sistema energético antes de que entrara el consorcio privado hace tres años.
El contrato indica, en la sección 14.1 inciso K, que LUMA estaría en incumplimiento si no satisface los mínimos de rendimiento de tres métricas clave por tres años consecutivos. La duración de interrupciones del servicio, que no ha mejorado bajo LUMA al entrar a su tercer año de administración del sistema, es una de esas métricas clave.
Pamela tampoco pudo encender el horno para hornear las empanadas al estilo argentino. Las pocas que le quedaban en el congelador las preparó en el centro comunitario La Goyco, en la calle Loíza, y las regaló entre los vecinos. “El negocio lo estamos sacando de nuestro bolsillo”, añadió López, haciendo hincapié en cómo la crisis energética le hace perder dinero. La actividad económica, la calidad de vida de los puertorriqueños y la salud de los enfermos conectados a aparatos eléctricos se afectan con cada apagón.
En la Placita de Santurce, el restaurante de comida criolla La Alcapurria Quemá sufrió pérdidas de más de $7,000 solo en ingredientes durante los apagones que dejaron al negocio casi cinco días sin luz en junio. En la cocina, tuvieron que deshacerse del bistec que acababan de comprar y del que ya estaba adobado. Se fueron a juste las chuletas, los camarones y el pulpo. A eso hay que añadir las pérdidas de las ventas que no se hicieron, del trabajo adicional de desinfección y de los empleados que no pudieron trabajar.
“No importa si llevas veinte años de establecido como nosotros o un día. Esto es una pérdida terrible”, dijo la dueña de La Alcapurria Quemá, Sonia Vizcarrondo. “La luz se iba, pero eso nunca nos había afectado tanto”.
A LUMA le queda mucho camino por recorrer si quiere llegar a la meta de solo 102 minutos del indicador System Average Interruption Duration Index (SAIDI), que promedia la duración total de los cortes de luz. El NEPR estableció esa meta de desempeño usando como referencia las compañías eléctricas con características similares a la red eléctrica puertorriqueña y que tienen buenos números. Hawái, que cuenta con un sistema de transmisión y distribución aislado como el de Puerto Rico, mantuvo un SAIDI menor a 152 minutos entre 2015 y 2020.
La vara con la que se mide el desempeño de LUMA
En 2019, el NEPR solicitó a la AEE que informara cada tres meses sus métricas de desempeño. Estas métricas históricas sirven al regulador para fiscalizar y medir el desempeño de LUMA y de la otra empresa, Genera, que comenzó a administrar en 2023 las plantas de generación. El NEPR sostiene que puede multar por incumplir reglamentación u órdenes, según la Ley 57 de 27 de mayo de 2014, que creó al ente regulador.
La agencia indicó que toma como bueno que sea la empresa la que recoja los números y se los suministre. “De identificarse algo inusual, el NEPR realizaría una revisión más profunda y solicitaría información adicional de ser necesario… los regulados deben estar conscientes que mentir es procesable hasta criminalmente, y sujeto al menos, a multas económicas. Es la forma que operan otras comisiones, incluyendo la Federal Energy Regulatory Commission (FERC)”, según expresiones que envió el Negociado de Energía al CPI.
Cuando el CPI pidió las definiciones de las categorías de las distintas quejas que reporta la empresa bajo el renglón de “quejas formales” en su informe de métricas, el ente regulador respondió que LUMA las define y que esta pregunta debe ser dirigida a la empresa, lo que muestra que el NEPR no tiene claro todo el panorama de las métricas que le reporta LUMA. La empresa, por su parte, evadió responder la pregunta.
Según los números de LUMA, ha habido una mejora en el System Average Interruption Frequency Index (SAIFI), una métrica clave que recoge el promedio de interrupciones de servicio al año. Sus clientes experimentan unos ocho apagones anuales, algo menos que los 11 que había en 2020, tres años después del huracán María, cuando la AEE administraba la red. La meta establecida por el NEPR es que solo haya una interrupción anual.
En un proceso separado, el NEPR aprobó métricas mínimas que debe cumplir el consorcio para recibir otros incentivos económicos por su trabajo, según lo establece el contrato. Esas métricas para las bonificaciones fueron aprobadas el pasado 14 de junio de 2024, y entrarán en vigor cuando comience el contrato de 15 años de LUMA, el cual está pautado para iniciar luego de que la AEE termine el proceso de reestructuración financiera, y de que el consorcio privado decida si puede administrar el sistema con las obligaciones que impongan los acuerdos de la quiebra.
Mientras, LUMA opera provisionalmente con un contrato suplementario que venció en noviembre de 2022, y que fue renovado por la administración de Pedro Pierluisi sin fecha de expiración.
El problema del proceso del NEPR para dar incentivos a LUMA es que el ente regulador no incluyó ningún tipo de penalidad por incumplimiento, algo que solicitaron organizaciones comunitarias y ambientales. La falta de mecanismos para imponer penalidades a la empresa es evidente en las resoluciones conjuntas en la Legislatura, desde que el acuerdo de operación y mantenimiento de la red eléctrica entró en vigor en 2021.
“El Negociado de Energía puede imponer penalidades como autoridad regulatoria, pero renunció a su derecho de hacerlo porque no impuso penalidad ni para el contrato interino ni para el permanente”, explicó la abogada Ruth Santiago, del equipo legal que representó a ocho organizaciones en este caso.
“iWow! Me parece una falta de fiscalización horrible de parte de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y del Negociado de Energía, porque nadie ha definido los parámetros para cancelar el contrato, para que no se perjudique el pueblo de Puerto Rico”, expresó Cathy Kunkel, analista de energía del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero, un grupo de investigación global con sede en Ohio, que ha analizado en detalle la quiebra y la privatización de la AEE. “Si nadie define qué es un desempeño mínimo, me parece difícil en la práctica cancelar el contrato”.
El informe de métricas refleja, además, un incremento en la tasa de días perdidos por sus empleados debido a lesiones o condiciones médicas asociadas al trabajo (Severity Rate, de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos). “El incremento en la tasa de gravedad de lesiones reportado por LUMA es inaceptable”, expresó el NEPR el 10 de junio de 2024, cuando ordenó a la empresa mostrar causa por la cual no debía imponerle una sanción. Diez días después, LUMA puso en evidencia la aparente falta de fiscalización. Respondió que el NEPR no podía multarle porque el Reglamento de Incentivos Basados en Desempeño del ente regulador no ha establecido los parámetros para imponer penalidades, lo que alegadamente viola el debido proceso de ley al que tiene derecho la empresa. El Severity Rate de 23 de LUMA es menor que los 31 de la AEE en 2020. El consorcio sostuvo en su respuesta al NEPR que en este renglón sus números han sido sistemáticamente mejores que los de la corporación pública.
La AAPP no ha enviado carta de incumplimiento a LUMA
El CPI preguntó a la empresa si considera que ha incumplido el contrato, ya que no mejoró el índice de duración de apagones al cumplirse el tercer año. “LUMA no ha incumplido su contrato y dar a entender de alguna manera que lo ha hecho es completamente falso”, indicó Mario Hurtado, Principal Oficial Regulatorio de LUMA, en declaraciones enviadas.
Añadió que trabaja en proyectos para eliminar la vegetación que afecta las líneas de transmisión y distribución, lo que alegadamente reducirá los apagones en un 45% una vez que se complete el proyecto, y la instalación de contadores que monitorean el servicio en tiempo real y detectan las interrupciones, lo que reduce el tiempo de respuesta.
Un chequeo de datos de CPI encontró que es engañoso el alegato de que LUMA lanzó la iniciativa de eliminar la vegetación. Esta no ha iniciado en su totalidad y, durante casi un año, no envió la información requerida por FEMA para comenzar la evaluación y aprobación del proyecto.
Para el representante legal de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez, el Gobierno pudiera activar al menos una de las cláusulas del contrato para cancelarlo.
La sección 14.1 del contrato, en el inciso D, indica que el consorcio estaría en incumplimiento si no lleva a cabo una obligación material. Esto se refiere a una falla significativa en la ejecución de sus obligaciones, que afecta la esencia del contrato y priva al Gobierno de lo que tenía derecho a esperar, explicó Emmanuelli. Indicó que las fluctuaciones de energía, las constantes fallas en la operación del sistema y los apagones masivos son producto de la “incapacidad de la empresa” de manejar eficientemente el sistema.
“Es un incumplimiento del contrato, porque el contrato tiene el propósito de que bajo el operador privado precisamente se superen las métricas que tenía la AEE y mejorar el servicio, la confiabilidad y el costo de la energía eléctrica”, indicó Emmanuelli. “Y entonces, cuando tú ves que ya han pasado tres años de la ejecución del contrato, donde se ve que no han logrado alguna mejoría, sino que básicamente las métricas principales tienen una desmejora significativa, pues me parece que aquí hay incumplimiento material”, sostuvo.
El inciso D dispone que el Gobierno señale por escrito la falla, poniendo en récord el incumplimiento. La empresa entraría en incumplimiento si no subsana el señalamiento en 60 días, según el contrato. Podría tener 30 días más si demuestra que está intentando subsanarlo “diligentemente y de buena fe”.
Eso depende de que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, la administradora del contrato, haga la diligencia, señale el incumplimiento y escriba la carta.
“La AAPP no ha cursado notificación escrita a LUMA Energy relacionada con un evento de incumplimiento de una obligación material, conforme al Artículo 14 del contrato de Operación y Mantenimiento”, informó al CPI mediante declaraciones escritas el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés.
“Si la AAPP no hace nada, como aparentemente está ocurriendo, que no ha escrito ninguna carta, pues esa cláusula no podría ejercitarse en este momento porque no está en el expediente. Esas declaraciones evidencian lo que hemos denunciado: la AAPP no está fiscalizando al operador privado”, explicó Emmanuelli.
Fontanés, el secretario auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos, Francisco Berríos Portela, junto al director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, y la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, forman parte de una investigación para determinar si hubo negligencia en los apagones de junio pasado, que afectaron a un millón de ciudadanos.
A estos eventos se añaden las interrupciones en el servicio de la primera semana de junio en los pueblos de Coamo, Aibonito y Santa Isabel, por causa de una avería en un transformador. El consorcio trató de reemplazarlo con otro equipo, transportándolo por mar y tierra a un costo de $4 millones, y el reemplazo falló por un “problema interno”, según LUMA.
“Una vez se tenga toda la información requerida, se dará paso a una evaluación interna por parte de los componentes del Gobierno de Puerto Rico [que incluyen a la AAPP] asignados a esta investigación. Se espera que la conclusión de dicha investigación esté finalizada para el mes de septiembre”, indicó el director ejecutivo de la AAPP.
Berríos Portela, quien también preside la Junta de Gobierno de la AEE, no respondió a la solicitud de entrevista del CPI. Fontanés tampoco estuvo disponible para entrevista, pero explicó mediante declaraciones escritas que “el contrato y el Negociado de Energía disponen de mecanismos para penalizar a LUMA si alguna investigación concluyera que la empresa incumplió con sus responsabilidades. No es responsable hablar de la cancelación del contrato sin tener los fundamentos necesarios”.
Pero en una conferencia de prensa el 30 de noviembre de 2022, cuando iba a anunciar la extensión del contrato suplementario de LUMA, el Gobernador expresó algo distinto a lo que dice ahora Fontanés. Pierluisi sostuvo que dicho acuerdo se podía cancelar y que “el Negociado de Energía tiene la facultad de establecer métricas e imponerle multas a LUMA si su desempeño se aparta de las mismas o afecta significativamente la confiabilidad de nuestro sistema eléctrico”. El mandatario aseguró que no era adecuado cancelarlo en ese momento porque se retrasarían las obras de reconstrucción y habría que buscar un nuevo operador, lo que hubiera sido más costoso y afectaría aún más el servicio. Dijo, además, que los costos estimados de la cancelación del contrato oscilarían entre $300 y $600 millones.
Sin concretar la fiscalización legislativa
Tras iniciar el contrato suplementario de LUMA, fueron múltiples las gestiones en la Legislatura para fiscalizarlo. Ninguna de las resoluciones conjuntas, que requerían la aprobación del Gobernador y que buscaban tomar acción para proteger a diferentes sectores, se concretaron.
Estas resoluciones intentaron investigar el contrato. Enmendarlo para incluir cláusulas que aseguren una supervisión adecuada. Ordenar su cancelación, en dos ocasiones, por incumplimiento. Fiscalizar el uso de métricas de desempeño. Cancelar incentivos no contemplados en el contrato original. La mitad de las iniciativas legislativas, en efecto, tienen que ver con la cancelación del contrato. Pero ninguna ha logrado su objetivo.
Incluso, previo a que el consorcio tomara el control del sistema, la Legislatura buscó posponer la implementación del contrato por considerar que hacía falta enmendarlo.
Las propuestas incluían disposiciones para una mejor supervisión, para proteger al consumidor y asegurar el trato adecuado de los empleados de la AEE durante la privatización. El Gobernador frenó la resolución mediante un veto expreso el 5 de mayo de 2021. La Legislatura no consiguió los votos para ir por encima del primer mandatario.
LUMA experimenta un problema de opinión pública y críticas continuas por parte de la población en general, el sector empresarial, las organizaciones sin fines de lucro, varios candidatos a posiciones electas, alcaldes y legisladores.
Jenniffer González, candidata a gobernadora por el Partido Nuevo Progresista, expresó en medio de su campaña primarista que se debe revisar el contrato para asegurar una mejor rendición de cuentas. Jesús Manuel Ortiz, candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, anunció que está montando un equipo para documentar el incumplimiento de LUMA. La alianza del Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño se manifestó en contra del consorcio y ha dicho que cancelará el contrato de llegar a La Fortaleza.
La empresa ha sostenido sistemáticamente que sigue encontrando “muchos desafíos” debido al mal mantenimiento, operación y diseño del sistema que heredó de la AEE. El consorcio tuvo la oportunidad de estudiar la red eléctrica durante al menos un año antes de entrar en el negocio.
Escenario “indeseado”
“Ahora mismo estamos en una encerrona”, analizó Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía. “Hemos llegado un punto en que LUMA está arrastrando los pies. Pero cancelar el contrato es un remedio extremo”, opinó.
Marxuach dijo que la cancelación abriría un escenario indeseado para el Gobierno, por el dinero que costarían las disputas legales. Implicaría devolver el sistema a la AEE que, al estar desmantelada, no tiene la capacidad para asumir la responsabilidad, y la transición tomaría meses, dijo.
Podría también concederse la privatización a otra empresa mediante alianza público privada, algo que podría tardar años.
“LUMA ha demostrado ser incapaz de atender los problemas ahora. Si fueras un operador privado, tendrías que pensarlo para venir, y sería pidiendo una compensación mayor. Yo creo que no habría mucha gente en fila para querer operarlo. La opción de terminar el contrato hay que pensarla bien”, reflexionó.
