Iván comenta: Puerto Rico, un barco a la deriva y sin capitán

barco a la derivaPor: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA/AAA

Este país ha estado pasando por momentos sumamente difíciles. Degradaciones del crédito, reducción drástica en los recaudos como consecuencia del aumento en impuestos y lo más reciente, el impago de reintegros y de obligaciones con los bonistas. Esto último, jamás nadie pensó que ocurriría, pero al final se materializó.

Más de 57 millones de dólares era el pago que debía dar el Gobierno de Puerto Rico a la Corporación para el Financiamiento Público que iría al pago de la deuda con los bonistas en o antes del 1 de agosto.

Distintos funcionarios del gobierno como son la jefa del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta; el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez; y el secretario de Estado, David Bernier, intentaban explicarle al país, desde su perspectiva, las consecuencias, si alguna, del impago ocurrido.

Pero, ¿Y dónde rayos estaba el gobernador Alejandro García Padilla en un momento tan importante? Bueno, después de éste haber dicho y repetido que los empleados públicos tenían muchos días libres… ¿Saben qué? EL GOBERNADOR ESTABA DE VACACIONES FUERA DEL PAÍS. aquaviva weekend 2

Ah sí, muchos dirán que él tiene derecho a coger vacaciones. Pero mi gente, ya ellos sabían que el impago era una posibilidad latente y tal vez inminente. Por lo tanto, quien tenía que dar la cara al país, no era ni Melba Acosta, ni Víctor Suarez ni mucho menos David Bernier, sino que tenía que ser Alejandro García Padilla.

El momento requería que el gobernador del país se mantuviera al frente del gobierno, porque el nuevo escenario requeriría la preparación de un plan para las agencias del gobierno y toma de decisiones que aún no se han anunciado al país.

Pero si creíamos que los bonos y los reintegros era lo único que se ha dejado de pagar, se equivocan. Tanto los suplidores que le venden a las agencias del gobierno central, como los que le dan servicios a algunas corporaciones públicas, no han recibido pago alguno. Tenemos conocimiento que hay suplidores a los que se les deben millones de dólares y aún en este momento continúan vendiéndole equipos a su cliente.

¿A dónde quieren llevar al país?

Ya el gobierno no tiene crédito por lo que no puede ir al mercado de bonos. Pero además, con la declaración del gobernador de que la deuda es impagable, metió en un mismo pote las deudas de las corporaciones públicas y los municipios, por lo que no me extraña que eso sea lo que está afectando la emisión de bonos que pretenden hacer algunas de estas corporaciones públicas.

Lo peor de todo esto es que éste barco va a la deriva y sin capitán.

Ni a los bonistas, ni a los contribuyentes les pagan sus deudas

bolsillos vaciosPor: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA/AAA

Al momento de escribir estas líneas, domingo en la mañana, no se había confirmado si se pagaron o no, los $57.9 millones a los bonistas de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés)*, un hecho que de concretarse, sería uno sin precedentes en la historia de nuestro país. Sin embargo, si hay uno que ya se concretó y es el que le deben a miles de contribuyentes de los reintegros de las planillas de contribución sobre ingresos.

A diario vemos en las redes sociales y escuchamos en las emisoras radiales a personas quejándose de que no han recibido su reintegro. Éstas, cumplieron responsablemente con su deber de rendir planillas y de pagar sus contribuciones, sin embargo es el propio gobierno quién no ha cumplido su deber con ellos. Aunque este hecho no es la primera vez que pasa, por lo menos es la más sonada en el país por la diversidad de medios que hoy tenemos a nuestro alcance para hacer correr las noticias.

En cuanto a la PFC, ya hemos escuchado a los bonistas a los cuales se les debe, amenazar con demandar al gobierno si al lunes 3 de agosto no se cumple con el pago vencido. Obviamente una demanda de esa naturaleza tendría implicaciones nefastas para el país.aquaviva weekend 2

Pero, ¿En qué ha gastado el gobierno el dinero que día a día recibe de nuestras contribuciones y de los servicios que se le cobran al país? Es una pregunta que mucha gente se hace en estos momentos, porque hace al menos 15 años, que no vemos construcciones de gran envergadura que requieran emisiones importantes de bonos para poder realizarlas. Ah claro, los contratos de amigos y conocidos son los que se llevan gran parte del presupuesto, no solo del presupuesto general sino también el de las agencias y corporaciones públicas, que algunas de ellas tienen a los proveedores con deudas millonarias porque no han podido pagarles.

De hecho, cuando el gobernador Alejandro García Padilla dijo que la deuda era impagable, sin distinguir cuál de las deudas lo era, el efecto de esas palabras fue incluir la deuda de éstas corporaciones públicas que hoy, algunas como la Autoridad de Acueductos, no han podido ir al mercado de bonos por el efecto que tuvieron las palabras del gobernador de desconfianza del mercado hacia éstas corporaciones.

Hoy al igual que hace un año, hablan de quitarle beneficios a los trabajadores alegando que es para el desarrollo económico y alentar a la creación de empleos. Se habla de quitarles el bono de navidad, el pago de horas extras, incluso legislar medidas ya legisladas como el “flexitime” y que violan la Carta de Derechos de nuestra Constitución, al hablar de jornadas de más de ocho horas, entre otras medidas.

De hecho, cuando se les quitó la paga doble de los domingos a los empleados de los comercios con las enmiendas a la ley de cierre, aducían a que crearían empleos e incentivarían el comercio. Sin embargo, no solo no han creado empleos sino que tampoco ha provocado que el comercio esté más tiempo abierto como se alegaba. En algunos casos, la única diferencia ha sido extender una hora de operación los domingos, pero el empleado no recibe su incentivo de paga doble.

No sabemos cuánto más pueda soportar este pueblo callado y sumiso al gobierno, pero me parece que el tiempo de las protestas se está agotando. No digan que donde están las uniones, digamos que donde ha estado este pueblo cuando las uniones han salido a la calle a defenderlos.

*La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, alegó el lunes, 3 de agosto, que no se hizo el pago correspondiente al servicio a la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP), “debido a la falta de fondos asignados para este año fiscal”.

 

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Fondos buitre acorralan a Puerto Rico

"Sin advertir sobre las consecuencias de la transacción, ese día los principales funcionarios financieros de la administración de Alejandro García Padilla, incluyendo a Melba Acosta, entonces secretaria del Departamento de Hacienda, y el presidente de la Junta del BGF, David Chafey, fueron fotografiados con sus lugartenientes en la sede de Morgan Stanley de Wall Street bajo un letrero que decía "Felicidades Puerto Rico, $3.5 mil millones en “Histórica Transacción de Bonos Municipales". Eran todo sonrisas y se chocaban las manos aludiendo a un gran triunfo" (Archivo).

“Sin advertir sobre las consecuencias de la transacción, ese día los principales funcionarios financieros de la administración de Alejandro García Padilla, incluyendo a Melba Acosta, entonces secretaria del Departamento de Hacienda, y el presidente de la Junta del BGF, David Chafey, fueron fotografiados con sus lugartenientes en la sede de Morgan Stanley de Wall Street bajo un letrero que decía “Felicidades Puerto Rico, $3.5 mil millones en “Histórica Transacción de Bonos Municipales”. Eran todo sonrisas y se chocaban las manos aludiendo a un gran triunfo” (Archivo).

Por Joel Cintrón Arbasetti y John Marino

Centro de Periodismo Investigativo

La emisión de bonos del 11 de marzo de 2014 fue celebrada por los funcionarios del gobierno de Puerto Rico.

Como un buitre es un ave de rapiña que se alimenta de carne muerta, un fondo buitre viene a ser una firma de inversión con un gusto muy similar: su alimento principal proviene de los países en crisis, especialmente de la deuda de las corporaciones públicas. Y esas firmas ya aterrizaron en Puerto Rico, luego de su vuelo por países en desgracia económica como Argentina, Grecia y España.

De Puerto Rico a los fondos buitre les apetece, por ejemplo, la deuda de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), pues el alto costo de la factura del agua les asegura sus ganancias. Ya tres firmas de fondos buitre compraron casi toda la deuda de la AAA.

Les gustan también los Bonos de Obligación General (BOG), con los que el gobierno pide préstamos amparado en la buena fe, el buen crédito y los impuestos del Estado Libre Asociado. Además, los BOG cuentan con una garantía constitucional de repago.

Estos fondos también desean los bonos de COFINA, los bonos de obligación del Sistema de Retiro, los del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y los de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), pero los dos últimos no tienen suficiente oferta de bonos en el mercado para satisfacerlos.

¿Qué no le gusta a los fondos buitre? La deuda de la Universidad de Puerto Rico, debido a la resistencia a subir los cargos de matrícula y por la tendencia demográfica que muestra que cada vez más jóvenes se mudan del país.

Lo que le gusta y no le gusta a los fondos buitre lo precisaron fuentes del sector financiero al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), quienes detallaron que actualmente entre un 40 o un 50 por ciento de la deuda del gobierno de Puerto Rico está bajo control de los fondos de cobertura (hedge funds en inglés), de los que forman parte los fondos buitre.

“De pronto bajó radicalmente el valor de todos los bonos de Puerto Rico. Ahí llegaron los fondos buitre”. Así describe un asesor de finanzas el reciente interés de estos fondos por los bonos del país.

¿De dónde salen los fondos buitre?

Los fondos buitre son compañías de inversión, principalmente estadounidenses, que pertenecen al grupo de firmas llamadas fondos de cobertura. La U.S. Securities and Exchange Commision (SEC), agencia federal que se supone regule el mercado de valores, no distingue entre fondos de cobertura y los llamados fondos buitre.

La SEC describe a los fondos de cobertura en general como un tipo de fondo que usa estrategias de inversión especulativas con menos regulaciones federales y en los que pueden invertir solamente individuos de altos ingresos a los cuales denomina “inversores acreditados”.

Sin embargo, expertos del sector financiero y abogados familiarizados con Wall Street sí distinguen a los fondos buitre entre los fondos de cobertura, confirmó el CPI.

“Los fondos buitre como tal, son fondos que se dedican a buscar bonos y acciones de compañías y países que ellos creen que están bajo presión económica y que tienen un alto riesgo de impago. Pero no todos los fondos de cobertura hacen eso, son solamente un subconjunto dentro del universo de fondos de cobertura que se dedican a ese tipo de inversión”, especificó Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE).

“Les decimos fondos buitre porque tradicionalmente a ellos no les interesaba para nada invertir en los bonos de Puerto Rico. Si usted va cinco años atrás, ninguno de esos fondos de cobertura estaban ahí. Ellos buscan la crisis y muchas veces cuando se aprovechan de invertir en esa situación agudizan la crisis de la entidad en la cual están invirtiendo. Es una forma de invertir que no añade al crecimiento de la economía a largo plazo y cobran cargos muy altos por usar sus servicios”, añadió Stephen Albrecht, asesor financiero de la Unión Internacional de Empleados de Servicio (conocida en inglés como SEUI).

Un ejemplo patente de cómo los fondos buitre agudizan la crisis es el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), donde los bonistas, en caso de una nueva transacción, podrían pedir como garantía los “activos físicos”, es decir, edificios, plantas, maquinarias y terrenos de la corporación pública.

Las estrategias especulativas

Los fondos de cobertura y los fondos buitre usan varias estrategias de inversión para aprovechar las crisis económicas. Una de ellas, según la SEC, es la venta corta (short selling en inglés), una estrategia donde los inversores venden a un precio alto hoy, compran a un precio bajo en poco tiempo -entre seis a nueve meses- y la diferencia es su ganancia.

En Puerto Rico esto se refleja también en la AEE, donde los fondos buitre “lo que quieren es que se reestructure la corporación y poder sacar su dinero lo más rápido posible. A ellos lo que les interesa es tener una ganancia rápida, o sea que a ellos en verdad les importa muy poco lo que pase en la economía de Puerto Rico a largo plazo. Estos fondos están disponibles para proveer liquidez al gobierno de Puerto Rico, pero va a ser a un precio mucho más alto de lo que era antes”, explicó Marxuach.

“Puerto Rico ha aumentado su dependencia en inversores no tradicionales que tienden a tener estrategias de inversión a corto plazo, lo cual incrementa nuestro nivel de preocupación”, comentó la casa de corretaje UBS de Nueva York en el informe Puerto Rico Credit and Market Update.

Las estrategias especulativas de inversión de los fondos buitre han sido denunciadas a nivel internacional. El experto independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre las consecuencias de la deuda externa, Juan Pablo Bohoslavsky, declaró que los fondos buitre “obstaculizan saldar las deudas externas de los Estados y atentan contra los derechos humanos”. Por esa razón, Bohoslavsky exigió a la ONU el mes pasado una mayor regulación de las entidades comerciales privadas del sector financiero como los fondos buitre.

“No solo los países menos desarrollados, sino también los de recursos medianos y los altamente desarrollados están siendo blanco, cada vez más, de los fondos buitre”, advierte Bohoslavsky.

¿Cómo llegaron a la isla?

Atraídos por la colosal tasa de interés real pagado de 8.727% libre de impuestos (el llamado rendimiento), los fondos de cobertura no dejaron pasar el negocio que Bank of America Merrill Lynch describió como la transacción de bonos basura más grande y más costosa de la historia hecha por un emisor de bonos municipales: la emisión de $3.5 mil millones que hizo el gobierno de Puerto Rico el 11 de marzo de 2014.

Sin advertir sobre las consecuencias de la transacción, ese día los principales funcionarios financieros de la administración de Alejandro García Padilla, incluyendo a Melba Acosta, entonces secretaria del Departamento de Hacienda, y el presidente de la Junta del BGF, David Chafey, fueron fotografiados con sus lugartenientes en la sede de Morgan Stanley de Wall Street bajo un letrero que decía “Felicidades Puerto Rico, $3.5 mil millones en “Histórica Transacción de Bonos Municipales”. Eran todo sonrisas y se chocaban las manos aludiendo a un gran triunfo.

Pero desde finales del año pasado la presidenta del BGF, Melba Acosta, ha estado discutiendo esfuerzos para ampliar la base de inversionistas de Puerto Rico, a medida que lograr ofertas para los bonos de la isla se ha vuelto cada vez más difícil debido a las crecientes demandas de los fondos de cobertura y la cada vez mayor resistencia de los legisladores para cumplir con ellos.

Puerto Rico ha tenido que depender de los fondos de cobertura en parte porque los inversionistas tradicionales del mercado municipal de Puerto Rico, que son conservadores por naturaleza, se asustaron por la rebaja de los bonos del país a la condición de chatarra.

“Queremos ver cómo acceder a otros grupos de inversores. Tú tienes los inversionistas del mercado municipal, los fondos de cobertura y otro grupo de inversores que compran deuda soberana. Estas personas tienen métricas que no usamos necesariamente o típicamente. Así que estamos pensando cómo podemos acceder a ellos”, dijo Acosta.

El acceso a este nuevo inversor requerirá que Puerto Rico equilibre su presupuesto, mejore sus informes financieros y sea más transparente, según el analista de inversiones Charles Blitzer.

Como parte de esos requerimientos, el BGF contrató a una empresa consultora que tiene como empleados a ex funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) para incorporar requisitos más rigurosos de información financiera. También contrató al analista financiero Todd Hagerman como especialista en relaciones con inversores. Hagerman ha trabajado para los principales bancos de Estados Unidos y para el Banco de la Reserva Federal. Además, recientemente organizó Rockwood Capital, una firma de inversión en Bienes Raíces que maneja 6 mil millones en fondos con oficinas en San Francisco, Los Ángeles y Nueva York.

La idea es tener información más oportuna en todas las entidades del gobierno que dé un panorama más claro de la deuda y la posición de otros activos líquidos de Puerto Rico. Esto pondría a Puerto Rico en una posición de poder cumplir con las normas de información financiera del FMI requeridas por todos los inversores de deuda soberana.

Para algunas compañías de fondos buitre, la emisión de bonos del 11 de marzo de 2014 presentaba una oportunidad dorada para obtener ganancias invirtiendo en Puerto Rico, donde una larga década de recesión económica hizo trizas el valor de activos, tales como propiedades, acciones locales y ahora los bonos municipales.

Firmas como Paulson & Company, Och-Ziff Capital Management LLC, Fir Tree Partners, Perry Capital LLC y Brigade Capital Management compraron cada una más de $100 millones de la emisión de bonos del 2014.

Los fondos buitres con los que el gobierno de Alejandro García Padilla contrajo deuda incluyen  a firmas notorias por la presión que ejercen sobre los gobiernos de Grecia, Argentina y otros países en crisis para que paguen la totalidad de sus deudas.

Un ejemplo de la presión y el nivel de influencia que los fondos buitre ejercen en Argentina se ve en el hecho de que, aunque representan solo el 1% de los bonistas, no estuvieron de acuerdo con la reestructuración de la deuda que ese país logró en 2004 y 2005 con otro 93% de sus bonistas. Desde entonces, los fondos buitres llevan litigando ante el juez de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, quien determinó que Argentina debe pagar el 100% de la deuda con los “fondos buitre” que no aceptaron la reestructuración. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner continúa apelando las demandas en Nueva York e invirtiendo millones en ese proceso.

Entre las firmas que compraron la emisión de bonos de Puerto Rico se encuentran también Third Point, Appaloosa Management, Farallon Capital Management, Avenue Capital Group, Maglan Capital, Matlin Patterson, Highbridge, PSAM, Apolo, Angelo Gordon, Fundamental Advisors, Arrowgrass, Marathon Asset Management, Pine River Capital Management, Knighthead Capital Management, Davison Kempner, Candlewood Invest Group, Meehan Combs y Blue Mountain Capital Management.

A ciegas el gobierno sobre quién posee los bonos del país

Los bonos se compran en primer lugar en el “mercado primario”, que es cuando el inversor o una firma compra directamente al gobierno en su emisión de bonos original. Pero si ese inversor a su vez decide revender a terceros los bonos que compró, lo hace en lo que se llama el “mercado secundario”.

“Ahí el inversor lo vende a otra entidad o a otra persona en una transacción que ya no tiene nada que ver con el gobierno de Puerto Rico. Ellos lo que tienen son unos bonos que dicen que el gobierno de Puerto Rico les va a pagar ‘tanto de interés’ y un principal a tal fecha. Y si necesitan venderlos antes de esa fecha, buscan a otra persona que esté interesada en comprarlos. Usualmente esa venta se hace a través de un broker como UBS o Popular Securities. Ellos se encargan de conseguir un comprador y el inversor le vende a esa persona esos bonos a cambio de un precio en el que estén mutuamente de acuerdo; ese es el mercado secundario”, abundó Marxuach.

“El Banco Gubernamental de Fomento no controla el mercado secundario por lo que no tenemos la información del universo de fondos que puedan tener deuda de Puerto Rico ni qué cantidades de bonos poseen en la actualidad cada compañía”, dijo Betsy Nazario, portavoz de prensa del BGF.

“Los fondos de cobertura pudieran comprar en ambos mercados, pero los fondos buitre en específico usualmente compran primero en el mercado secundario a precios bien baratos, porque ahí es que ellos ven la oportunidad de después poder reestructurarlos o revenderlos a un precio más alto”, añadió el economista.

Aunque no sabemos en detalle quiénes son los que tienen qué cantidad de la deuda del país, su influencia en las decisiones de política pública cada vez es más evidente.

Entre abril y mayo de 2015 el gobierno de Puerto Rico pretende hacer una nueva emisión de bonos. Entre los aspectos que complican la transacción, según Acosta, están los cuestionamientos de los bonistas sobre la reforma contributiva, la AEE y la baja en los recaudos de Hacienda.

PNP asegura que Hacienda “tiene aguantados” cheques de reintegro de contribuyentes

José Aponte Hernández, Secretario General del PNP

José Aponte Hernández, Secretario General del PNP

SAN JUAN: El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte Hernández, acusó el lunes a la secretaria de Hacienda, Melba Acosta Febo, de “aguantar deliberadamente” los pagos de los reintegros de planillas de contribución sobre ingresos de individuos.

En un comunicado de prensa, Aponte le exigió a la funcionaria que presente toda la información sobre cuántos contribuyentes solicitaron reintegros y a cuántos se les ha enviado el mismo.

“Se podría solicitar una auditoria externa, pero la realidad es que eso no resuelve el que los contribuyentes reciban su reintegro a tiempo”, dijo.

El expresidente de la Cámara de Representantes dijo que la secretaria Acosta “miente” cuando alega que se enviaron todos los reintegros. “Miles de contribuyentes todavía no han recibido su cheque de reintegro. Esa es la verdad. Hay muchos puertorriqueños que cuentan con esos cheques para hacer sus compras del regreso a la escuela, o para pagar alguna deuda. Es injusto que se les mienta descaradamente. Una cosa es que se prepare el cheque y otra muy diferente es que se envíe”, manifestó Aponte.

El líder novoprogresista estimó en sobre 10 mil las personas con derecho a reintegro que todavía aguardan para recibir su cheque.

Por otro lado, Aponte Hernández catalogó como “deplorable y abusiva” la práctica de retrasar el envío de estos pagos utilizando pretextos como las ya famosas cartas emitidas por Hacienda que aluden a un alegado “error matemático o de transcripción en planilla de individuos” para no tener que emitir el pago en o antes del 31 de julio, tal y como estipula el Código de Rentas Internas de Puerto Rico.

“De esa manera se apropian ilegalmente de dinero de los contribuyentes”, opinó.