[OPINIÓN] Llegamos al colmo del descaro… La corrupción no se disimula

Por Marimer Lanza González-Rodiles

Ayer el pueblo de Puerto Rico tuvo frente a sus ojos a plena luz del día como aprobaron la confirmación del nombramiento para juez a Samuel Acosta, unos de los creadores de la famosa orden divina en la cual pretende legalizar lo ilegal.

Ya no hacen las cosas como ladrones en la noche…. Ahora con su arrogancia, prepotencia y autoritarismo lo hacen sin ningún reparo y sin ningún tipo de cargo de conciencia en avalar un acto claro de corrupción. 

Ayer fue un día para la isla en el cual quedará marcado en la historia de nuestra isla. Un día en el cual premian a una persona por su fidelidad y lealtad a sus líderes.

Líderes que nos han demostrado su poder totalitario y selectivo.

Líderes que se aprovechan de su poder para poder ejercer a su gusto y gana de como mover las fichas a su favor para poder conseguir todo lo que quieren.

Líderes que su prioridad siempre ha sido para su beneficio personal y en vez de que sea un beneficio para el pueblo.

Líderes que no se postulan para servirles al pueblo, si no para repartirse lo que le corresponde al pueblo.

Líderes que buscan una mejor calidad de vida, y no por su labor, si no de la manera más fácil en la que pueden generar dinero, lujos y buena vida….

Entonces se atreven a seguir con la frase trillada de que aquí no somos como Cuba y Venezuela.

¿Pero qué nos diferencia de ellos?

Para los cortos de memoria, aquí el que proteste en contra de las medidas y abusos de este sistema los persiguen, les dañan la reputación y hasta los indisponen.

Un sistema que utiliza a la policía para que les sirva de escudos, y hasta agreden los manifestantes… los utilizan para hacer el frente que estos no se atreven hacer, porque son unos cobardes. Y utilizan a estos servidores como marionetas para lograr sus objetivos. 

Servidores que los tienen igual de oprimidos que al pueblo, que se burlan de ellos, no les aumentan el sueldo y no les aseguran un retiro digno.

Cada vez que los necesitan, ahí es que tocan el tema de que los van a ayudar para que estos se enfrenten al pueblo. Y cuando el sistema logra su cometido también se olvidan de ellos, hasta la próxima ocasión que los necesiten.

¿En qué más ya nos parecemos a Cuba y Venezuela? Pues fácil, de la misma manera que en aquellos dos lugares sus líderes se han robado todo y han dejado al pueblo atrás…

Que ellos son los que tienen los privilegios y la buena vida a costa del sufrimiento de un pueblo que sigue tratando de tener la esperanza que algún día llegue un líder que se acuerde de ellos.

Un pueblo que grita por servicios de salud, por una buena educación, por una buena estabilidad social.

Un pueblo que sufre por no poder pagar los servicios básicos que todos necesitamos para poder vivir.

Un pueblo que sufre cada vez que uno de los suyos se tiene que ir lejos para poder echar pa’ lante para poder superarse y vivir un poco más cómodo. 

Somos un pueblo sufrido, un pueblo maltratado, un pueblo que tiene todavía la esperanza de que todo va a cambiar.

Somos un pueblo que ciegamente, que estamos depositando todas nuestras esperanzas de que algún día llegue este líder que nos mire y nos tome en cuenta…

Yo como algunos siento que está todo perdido, que estamos remando contra la corriente.

Estamos todos navegando en un mar de turbulencias y que cada vez recibimos un marullo que nos aplasta.

Pero el que me sienta así en ciertas ocasiones, no me puedo permitir caer y mucho menos claudicar mis valores y mis principios y mucho menos perder el amor a mi gente y a mi patria.

Por ahí dicen que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista… Y ya nosotros hemos sabido unirnos y nos hemos levantado.  Ya esto no es cuestión de tiempo, es cuestión de actuar. De tener el valor… De sacarnos el miedo que nos atormenta.

[COLUMNA] ¿Quién manda en el DRNA?

Por Víctor Alvarado Guzmán, secretario de Asuntos Ambientales del PIP

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) es, en teoría, la agencia que tiene la responsabilidad de proteger los ecosistemas más valiosos de Puerto Rico. Sin embargo, la pregunta que surge a raíz de los últimos acontecimientos es inquietante: ¿quién manda realmente en el DRNA?

El actual secretario, Waldemar Quiles Pérez, se ha visto en el centro de decisiones que ponen en duda hasta dónde llega su autoridad. La más reciente se relaciona con la muerte de tres manatíes en Salinas desde que comenzó el 2025. Quiles, alarmado por el impacto que tienen las motoras acuáticas (jet ski) sobre esta especie en peligro de extinción, delegó la redacción de una orden administrativa para prohibir el uso de estos vehículos en esa zona.

La medida, que tiene un fin loable, busca reducir las lesiones que sufren los manatíes por choques con hélices de motoras acuáticas que circulan a exceso de velocidad en la Bahía de Salinas. La Ley de Navegación y Seguridad Acuática ya establece un límite máximo de cinco millas por hora en marinas y áreas de anclaje, precisamente para evitar oleajes que afecten a embarcaciones y fauna marina.

No obstante, según el propio Quiles, hay quienes hacen caso omiso y ponen en riesgo tanto la vida marina como la seguridad de otras personas. Además, la falta de personal que aqueja al DRNA es un obstáculo para atender la situación y expedir las multas requeridas por las infracciones en el mar.

“Esto nos debe tomar un tiempo razonable y recibir el visto bueno de más arriba”, reconoció el secretario al anunciar la iniciativa. Esa frase —“más arriba”— revela una dinámica poco discutida: el jefe de Recursos Naturales no es quien toma las decisiones en la agencia. Sus disposiciones deben pasar por un filtro de supervisores superiores. Pero ¿quiénes son y en qué momento se convierten en un poder prominente dentro de la agencia?

En la práctica, el DRNA parece operar bajo una jerarquía donde el secretario no siempre tiene la última palabra. La pregunta clave es si esas instancias “más arriba” responden a criterios técnicos de conservación ambiental o a presiones políticas y económicas. La tensión entre lo legal, lo ambiental y lo político es una constante en la historia reciente de esta dependencia.

Un ejemplo claro se dio a inicios de este mismo año, cuando Quiles firmó la Orden Administrativa 2025-01 que legalizó las casetas construidas ilegalmente en La Parguera, en Lajas. Estas estructuras, levantadas sobre terrenos marítimo-terrestres, han sido objeto de controversias legales y ambientales durante décadas. Organizaciones ambientales, expertos en derecho y hasta informes legislativos habían coincidido en que muchas de esas casetas representan una ocupación ilegal de bienes de dominio público.

La decisión de Quiles, más que resolver el problema, lo profundizó. Para sus críticos, fue una medida política que abrió la puerta a la privatización encubierta de áreas naturales, beneficiando a grupos con poder económico y conexiones políticas, como el caso de los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón.

Esa experiencia en La Parguera genera dudas sobre la nueva orden propuesta para la bahía de Salinas. ¿Será verdaderamente un ejercicio de facultad para proteger al manatí o terminará diluyéndose en el laberinto de aprobaciones “de más arriba”? La respuesta no es clara. Lo que sí está sobre la mesa es que, incluso cuando Quiles expresa determinación —“no tengo miedo en ejercerla, que me lleven a corte”—, admite que depende de un aval jerárquico.

El caso de las motoras acuáticas también plantea otro dilema: mientras se intenta restringir su uso en un área crítica para los manatíes, se mantiene libre la circulación de botes en la misma bahía. Algunos sectores ya anticipan que esta diferencia podría interpretarse como discriminatoria o inconsistente, lo que añade más presión política y legal a la medida.

Lo que ocurre en el DRNA es un reflejo de la fragilidad institucional en Puerto Rico. Una agencia llamada a ser guardiana de la naturaleza opera bajo sombras de presiones externas, conflictos internos y decisiones administrativas que no siempre responden al interés público. Cuando un secretario admite que sus órdenes requieren aprobación “más arriba”, se diluye la idea de que la protección ambiental está en manos de quienes se supone lideran esa misión.

Por eso la pregunta inicial cobra más fuerza: ¿quién manda realmente en el DRNA? Algunos pensarán que la contestación es obvia. Pero, mientras no se aclare esa línea de mando, las decisiones sobre el futuro de nuestras playas, bosques, arrecifes y especies en peligro seguirán siendo rehenes de intereses ajenos a la conservación. Y eso, en un país que depende tanto de su entorno natural, es un riesgo demasiado grande.